El asesinato de Raúl Reyes

El bombardeo a una salida negociada del
conflicto colombiano

Por Claudio Testa

El ataque llevado a cabo por el ejército “colombiano” al campamento de las FARC en Ecuador tenía como objetivo humano al comandante Raúl Reyes. Pero, como gran objetivo político, se trataba de bombardear las negociaciones de liberación de prisioneros y, más ampliamente, a una salida negociada del conflicto mismo.

Reyes, como titular de la Comisión Internacional de las FARC, era el hombre de las relaciones diplomáticas y de las negociaciones de esa organización guerrillera. Como revelaron las declaraciones a Reuters (03/03/08) del ministro francés de Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner, “el comandante de las FARC que murió a manos de las fuerzas colombianas era el contacto de Francia para las negociaciones que buscan la liberación de Ingrid Betancourt… es una mala noticia que el hombre con el que estábamos dialogando, con quien teníamos contactos, haya muerto…”

En esas negociaciones por Ingrid Betancourt –que se venían haciendo con conocimiento y aprobación (de labios para afuera) del mismo Uribe–, el gobierno de Ecuador jugaba un rol de intermediario, similar al de Chávez. Por eso son de un cinismo increíble las “acusaciones” del gobierno colombiano de que el presidente ecuatoriano Correa mantenía contactos con Raúl Reyes y las FARC! ¿Cómo podría, de otra manera, negociar?

Pero las negociaciones de intercambio de prisioneros y de liberación de rehenes son sólo el primer tramo de un curso político más importante: una “salida negociada” a la situación de guerra civil “sui generis” que vive Colombia, y que se remonta a 60 años atrás, incluso mucho antes de la fundación formal de las mismas FARC.

Esta cuestión ya la examinamos en nuestros artículos de Socialismo o Barbarie (periódico) Nº 118, del 24/01/08. Para decirlo con palabras de Chávez (el principal gestor internacional, pero no el único, de una salida negociada): hace falta una nueva Contadora.

Ahora, la invasión a Ecuador y el asesinato de Reyes son la respuesta –instrumentada por el gobierno yanqui, que es quien arma el operativo a través de su fantoche de Bogotá– de que no quieren ninguna “solución negociada”.

¿Qué fue Contadora?

Para mejor ubicarnos, recordemos qué fue “Contadora”, que Chávez y muchos otros invocan como el modelo para una salida al conflicto.

A inicios de la década del ‘80, después del triunfo de la Revolución Sandinista de Nicaragua, en julio de 1979, en Centroamérica se estaban desarrollando luchas revolucionarias en medio de una extrema polarización, que en algunos países, como El Salvador, habían llevado a una situación de guerra civil. Asimismo, el imperialismo yanqui había montado en Honduras una guerrilla contrarrevolucionaria (la llamada “contra”) para atacar en territorio de Nicaragua al nuevo régimen sandinista.

En esa situación, en la isla de Contadora (Panamá), se reunieron los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela (a los que posteriormente se agregaron los de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), para iniciar gestiones por un acuerdo de paz.

Los pactos que finalmente se suscribieron –en el “Acuerdo de Paz de Esquípulas” (1987) y otros posteriores– fueron completamente reaccionarios. Significaron el entierro de la Revolución Centroamericana.

¿Por qué rechazan una nueva Contadora?

¿Por qué hoy Bush, Uribe y los sectores de la burguesía colombiana que los apoyan, no se avienen a negociar algo así con las FARC? Después de todo, en Centroamérica, los ex guerrilleros –reconvertidos en honorables diputados, ministros y hasta presidentes (como Daniel Ortega)– son hoy los máximos defensores de “la ley y el orden”… capitalistas.

Aquí juegan varios problemas. En primer lugar, esa línea negociadora –bien denominada en su momento como la política de reacción “democrática”– no ha sido la línea preferida de quien tiene hoy la última palabra en este asunto, el gobierno de Bush. El centro de su política –con resultados desastrosos– ha sido la de atropellar militarmente.

En el caso colombiano, el llamado Plan Colombia, iniciado bajo Clinton pero llevado adelante (y relativamente modificado) en la era Bush, no contempla otra alternativa que el aniquilamiento militar de la guerrilla y/o su rendición prácticamente incondicional. Una consecuencia de esa política es la negativa a reconocer a las FARC como beligerantes y encadenarse a su clasificación como “grupo terrorista”.

Los otros interesados, el gobierno y la burguesía de Colombia, presentan un panorama más complejo, pero cuya resultante no es muy distinta a la de Washington.

En primer lugar, Uribe, un político que hizo su carrera con un pie en el narco y otro en el paramilitarismo (que hoy son prácticamente sinónimos), ha sido el predicador de la línea de derrota militar de la guerrilla sin negociación: una traducción al castellano de las órdenes que llegan de la Casa Blanca.

Aunque las opiniones en la burguesía colombiana y su personal político son más contradictorias y matizadas, hoy la balanza se inclina también a jugar la carta militar. El triunfalismo delirante que ha provocado en estos medios el asesinato de Reyes, ha reforzado esto. Por supuesto, las cosas pueden cambiar rápidamente si, cuando despierten de la borrachera, los hechos demuestren que la cosa no es tan fácil.

Además, en Colombia, el estado y las clases dirigentes tienen un antecedente inquietante. Mientras en Centroamérica los “acuerdos de paz” funcionaron a las mil maravillas integrando a los ex guerrilleros al régimen, en Colombia todos los antecedentes similares terminaron con la masacre de los combatientes que firmaron esos acuerdos o los estaban negociando. Invocando esos funestos precedentes, las FARC, antes de firmar nada, reclaman mayores garantías que sus pares centroamericanos: principalmente dominio territorial.

Pero nos parece que el principal motivo para la obcecada oposición a una nueva Contadora (tanto de Washington, como de, hasta ahora, la mayoría de la burguesía colombiana) reside en el contexto internacional y latinoamericano en que tendría efecto.

La primera Contadora y sus acuerdos de paz se realizaron en los años ‘80, cuando se estaba desplegando la ofensiva imperialista Reagan-Thatcher y una ola reaccionaria mundial que llevaría la restauración del capitalismo en la URSS, China y el Este europeo, a derrotas generalizadas de los movimientos obreros y a la imposición del neoliberalismo puro y duro.

Con todas sus contradicciones, la actual situación mundial y latinoamericana tiene otras tendencias. Concretamente, una nueva Contadora para resolver el conflicto colombiano, significaría constituir un grupo de gobiernos latinoamericanos que impulsaría las negociaciones entre Bogotá y las FARC y definiría los términos de la “paz”.

Pero ese nuevo Grupo de Contadora tendría a Chávez a la cabeza, y no a agentes de Washington como Carlos Andrés Pérez en los ‘80.

Por supuesto, los resultados de ese hipotético acuerdo de paz (visto además lo que proponen tanto las FARC como Chávez) estarían totalmente en los marcos del capitalismo. Pero, al mismo tiempo, marcarían el fin del virtual “protectorado” que Washington ejerce en Colombia. Sería un golpe más (y muy grave) en la ya seria crisis de hegemonía mundial del imperialismo yanqui y sobre todo de su dominio en América Latina.

Es por eso que no sólo Bush desde Washington ha festejado la cobarde hazaña de su títere de Bogotá. También Hillary Clinton y Barack Obama aplaudieron a Uribe. Más allá de las diferencias que tienen con Bush, ven que aquí se trata de una “política de estado”. Es decir, se juega un interés común de la burguesía imperialista yanqui.