Escalada de los precios y desabastecimiento

¿Qué hay detrás del “paro agropecuario”?

Por Juan José Funes

Desde el gobierno de De la Rúa que no hay un paro de todas las entidades que nuclean a la actividad agrícola ganadera (SRA, CRA, FAA, etc.). Al cierre de esta edición, el paro llevaba siete días, con tractorazos y cortes de rutas, y se empezaba a sentir en carnicerías y verdulerías tanto en los precios como en el abastecimiento.

El desencadenante de la medida de protesta fue el aumento del gobierno en las retenciones a las exportaciones de soja, girasol, aceite de soja (comestible y biodiesel) y aceite de girasol.[1] También ha fijado una banda fluctuante de retenciones, que en el caso de la soja, por ejemplo, si llegara a subir a 600 dólares la tonelada (FOB, es decir puesto sobre barco) subiría el impuesto a 49%, y de ahí para arriba congelaría el precio neto para el sector en 280 dólares la tonelada.

Los grandes ganaderos y los dueños de los grandes tambos quieren más subsidios; los poderosos del sector agrícola quieren regatear el porcentaje de las retenciones. Es una pelea entre tiburones: el Gobierno y el sector agrícola acomodado; el objetivo es el reparto de la renta agraria extraordinaria. Se avecina un invierno de crisis energética en la Argentina y habrá que importar (con precios internacionales por las nubes y consumo local altamente subsidiado). Y los K necesitan recaudar para que los números cierren.

Un paro reaccionario

Desde el vamos hay que decir que el paro del campo contra el gobierno es una medida reaccionaria: es decir, no expresa intereses populares, de los explotados y oprimidos, sino que la Sociedad Rural y los grandes propietarios agrícolas llevan a la rastra a las entidades representativas de los pequeños productores en una pelea que se anuda alrededor de la extraordinaria renta agrícola que se ha generado, entre otras cosas, debido a los altísimos precios de las materias primas en el mercado mundial.

Desde ya que el carácter reaccionario de esta pelea entre el campo y el gobierno K no quiere decir que el gobierno sea el que exprese los intereses populares. En el fondo, es una pelea para ver quién se queda con la renta extraordinaria, más allá de que el gobierno pretenda aparecer como el representante de la población afectada por la brutal escalada de los precios.

Con este libreto, el ministro de economía Lousteau salió a plantear que “no es lo mismo un pequeño tambero que un gran pool de soja (…); el gobierno utiliza las retenciones para impedir que el alza de los precios internacionales se traslade totalmente a los domésticos (…); ante el riesgo de la sojización de la economía, debemos velar por el equilibrio (…); la medida retrotrae los valores de los granos a diciembre del 2007, que ya eran altísimos (…); el sector sigue siendo muy rentable” (Clarín, 14-3-08).

Efectivamente muchas de las afirmaciones que señala aquí Losteau son ciertas, pero lo que el ministro no dice es que el gobierno K no tomó una sola medida que afectase la estructura de la propiedad agraria en todos sus años de mandato: sólo pretende –sobre la base de la actual estructura súper concentrada de la propiedad y la economía del campo– lograr que los “barones del campo” le entreguen una tajada de la renta agraria para ponerla al servicio de la caja del Estado.

Los pequeños productores no pueden ir detrás de la Sociedad Rural

Desde la Sociedad Rural[2] salieron al cruce diciendo que “las medidas son confiscatorias y atentan contra la rentabilidad del sector” y para la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) "son medidas de neto corte fiscalista que tienen un único objetivo: recaudar más". Por su parte, Eduardo Buzzi, presidente de FAA (Federación Agraria Argentina, pequeños y medianos productores) señaló que “potenciará aún más la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos".

Aquí se observa con claridad la contradicción de este frente único de todo el campo. Es que cuando se habla del “campo” siempre hay que diferenciar de quién hablamos: si de los grandes empresarios y latifundistas o de los pequeños y medianos productores (ni hablar cuando se trata de los trabajadores asalariados que trabajan bajo patrón en el ámbito rural).

“El país vive de nosotros, porque inyectamos dinero y porque el Gobierno siempre nos mete la mano para sacar plata fácil” se ufana y se queja, al mando de su camioneta Toyota Hilux 0 km, Cristian Villarreal, mediano-gran productor agropecuario desde Casilda (Santa Fe), capital nacional de la soja. Desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, zona triguera no muy apta para la soja, Juan Casas, pequeño productor, dice “los acopiadores nos pagan lo que quieren; encima está cerrada la exportación de trigo”. Dos realidades muy distintas, las de Villarreal y Casas.

El campo no es uniforme; a grandes rasgos hay –a nivel productivo– cuatro sectores: 1) agrícola, 2) ganadero, 3) lechero, 4) frutihotícola. Todos tienen algo en común, la tierra como fuerza productiva, y están profundamente interrelacionados, pero cada uno de ellos tiene características propias a nivel de la propiedad que lo diferencian de los demás. Porque, como hemos señalado, no es lo mismo la SRA y el pool sojero que los pequeños productores.

Cuando la SRA critica las medidas por “confiscatorias” o la CRA las señala como de “neto corte fiscalista”, lo único que están señalando es que sobre la base de las leyes que resguardan la propiedad privada les correspondería a ellos, de manera íntegra y total, algo que les viene absolutamente gratis: la prodigalidad del campo argentino, en condiciones donde además los precios de las commodities están por las nubes.[3]

Está claro que el ángulo de Buzzi (FAA) luce distinto al dar cuenta del proceso histórico de concentración de la tierra en pocas manos, que tiene décadas y parece imparable. Pero Buzzi se ubica del lado equivocado de la trinchera cuando dice que "el campo se ha unido tras un único objetivo”. Porque el 10% del sector agrícola produce el 90% de la soja y vive un período de esplendor, pero al mismo tiempo esta situación ha hecho entrar en crisis estructural al pequeño chacarero que, con sus 200 hectáreas en una economía mundializada, es víctima de los grandes acopiadores de granos y de las empresas de biotecnología (Monsanto, Nidera), no teniendo más remedio, la mayoría de las veces, que arrendar su campo.

Pero entonces, ¿qué hace una organización de pequeños y medianos productores –que son los que ponen la gente en los cortes de ruta en el interior– a la rastra de los intereses de los grandes tiburones del campo? No tienen nada que hacer allí, junto a los que quieren quedarse con toda la renta agraria y liberalizar los precios, lo que solo podría hacerse a expensas de los trabajadores y sectores populares del campo y la ciudad.

Por una alianza independiente de los explotados y oprimidos de la ciudad y el campo

Dirigentes como D’Elía, Depetris y otros han salido a convocar una marcha hacia la Sociedad Rural. Estos sectores K pretenden hacer su repudio al paro del campo desde la ubicación de la defensa cerrada del gobierno. No es esto lo que se necesita. Porque los problemas de los pequeños y medianos productores son reales y, en realidad, el propio gobierno que ahora sufre el paro agrario, en todos estos años, como está dicho, no tomó una sola medida contra el proceso brutal de concentración de la tierra y la renta agraria.

La única salida que tienen los pequeños productores es aliarse con los trabajadores y demás sectores oprimidos, porque ambos son víctimas de la política del gobierno kirchnerista. El gobierno no ha corregido los desequilibrios; por el contrario, bajo los K se han acentuado. Desaparecerán más y más chacareros y los pools del campo se harán cada vez más fuerte.

No es alineándose entonces con el gobierno K como se podría dar una salida tanto a los problemas de estos productores, como a la escalada de los precios y el desabastecimiento que se comienza a notar en carnicerías y verdulerías. Lo que hace falta es otra cosa: es la unidad de estos pequeños productores con los trabajadores urbanos y rurales, en la vía tanto de impulsar medidas de auténtica reforma agraria y socialización del campo como de un estricto control de precios de los productos de primera necesidad, así como la expropiación de todos aquellos grandes propietarios que especulen con los precios y/o provoquen desabastecimiento.

Es decir, para resolver los problemas de los pequeños productores y los trabajadores del campo hace falta una alianza de clase opuesta: ni con la SRA ni con el gobierno K: con los trabajadores.