Sociedad Rural vs. gobierno K
Una pelea por la renta extraordinaria
Por José Luis Rojo
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Para
unificar a la clase trabajadora con los pequeños
productores y demás sectores populares
Un
programa para acabar con los
grandes capitalistas agrarios
Mientras
escribimos este periódico todavía los medios están
“inundados” de las repercusiones del paro
agropecuario más largo de la historia Argentina.
Todas las cuestiones que hacen a la política
socialista para el campo se han puesto sobre la mesa.
Porque
desde la izquierda y los trabajadores se necesita un
programa agrario que vaya en el sentido opuesto a la
subordinación de la Federación Agraria Argentina a
la Sociedad Rural.
Un
programa que comience por rescatar los derechos de la
clase obrera rural en unidad con la clase obrera
urbana. Y que desde allí, tienda un puente hacia los
pequeños productores agroganaderos.
Para
esto, insistimos, hace falta lo opuesto a la política
actual de la FAA y al planteo de Buzzi de que la
aspiración de su organización sería que los
productores pequeños y medianos se transformen en una
nueva “burguesía nacional”.
En
esta perspectiva esbozamos una serie de punto que
requerirán, sin embargo, un mayor estudio y
profundización:
1)
Por un Plan Agropecuario Nacional bajo control
de los trabajadores urbanos, rurales y pequeños
productores que garantice el desarrollo equilibrado de
los distintos sectores agropecuarios.
2)
Abajo la ley de la dictadura militar 22.248.
Basta de trabajo en negro: blanqueo de todos los
trabajadores rurales. Aumento general de salarios
igual a la canasta familiar. Por la unidad de los
trabajadores del campo y la ciudad y el apoyo
incondicional a sus luchas.
3)
Impuestos progresivos y retenciones diferenciales para
los grandes propietarios, acopiadores y
comercializadores del campo al tiempo que se ponen en
marcha créditos baratos e insumos subsidiados para
los pequeños productores.
4)
Anulación sin pago de los contratos de arrendamientos
para los productores que quieran volver a producir en
su tierra
5)
Créditos baratos que incentiven la formación de cooperativas
agrarias permitiendo de esta forma la producción
en escala y el acceso a la última tecnología.
6)
Plan de obras públicas que construyan nuevas
rutas y mejoren las existentes. Puesta en marcha de
todos los ramales ferroviarios bajo control de sus
trabajadores. Ésta es la única forma de hacer
eficiente la llegada de los productos del campo a las
ciudades y a los puertos.
7)
Expropiación sin pago de los pools de siembra,
fondos de inversión y grandes terratenientes así
como de los grandes frigoríficos e industrias lácteas
que acaparen y / o osen desabastecer las grandes
ciudades.
8)
Expropiación sin pago de Monsanto, Dupont y Nidera, única
forma de acceder a la tecnología más avanzada a
precios no extorsivos.
9)
Expropiación sin pago de los grandes acopiadores y
comercializadores como Cargil, Dreyfus y Bunge. Basta
de puertos privados. Nacionalización del comercio
exterior bajo control de las organizaciones
obreras y populares.
En
síntesis, un programa socialista revolucionario que
liquide la gran propiedad agraria, dé pasos
firmes en la socialización del sector agropecuario
(grandes unidades productivas con una tecnología
avanzada), única forma de unificar a los
trabajadores con los pequeños productores y demás
sectores populares. |
Un aspecto decisivo para comprender lo que ha
ocurrido en las últimas semanas tiene que ver con
comprender qué es la renta agraria. Allí ha estado
el núcleo central de la disputa “campo” vs.
gobierno K, y de ahí que la pelea se haya ordenado
alrededor del nivel de las retenciones que es un impuesto a
las exportaciones de productos agrarios.
Desde el campo se dice que se les mete “la mano en
el bolsillo”... Veremos que esta es una hipocresía
completa salvo en lo que tiene que ver con los pequeños
propietarios (pero por otras razones). Por su parte el
gobierno habla de “redistribución”. Veremos que de tal
“redistribución” (mas allá de una serie de paliativos
obligados por la crisis) los trabajadores hemos
visto poco y nada.
En lo esencial no se trata de una cosa ni la otra,
sino de una pelea de tiburones alrededor de quién se
queda con la renta extraordinaria que está generando el
campo argentino en estos momentos de boom de precios
internacionales de los llamadas commodities.
La riqueza es producto del
trabajo humano
La primera cuestión a establecer es que cuando se
trata del campo bajo el capitalismo las leyes que rigen su
producción son las mismas que las de la producción
en general. En cualquier industria el valor de una mercancía
(producto) se compone de los gastos realizados por el
capitalista en las materias primas, la inversión-desgaste
de las máquinas utilizadas, el salario que se le paga al
trabajador (que no atañe al conjunto del trabajo que
realiza sino sólo lo que necesita para poder estar
nuevamente al otro día en el puesto de trabajo) y la parte
del trabajo del trabajador que no es remunerada y que
constituye la ganancia del capitalista.
El fundador del movimiento socialista, Carlos Marx,
explicaba que bajo el capitalismo toda la riqueza
proviene del trabajo del trabajador. Llamaba al primer
componente (materias primas más máquinas) trabajo muerto
ya acumulado o capital constante, y al segundo (la fuerza de
trabajo humana en acción) trabajo vivo o capital variable. La
suma del capital constante más el capital variable hace
al valor total del capital y/o de cada mercancía como
componente del mismo.
Y claro está que sólo si hay una parte del
trabajo del obrero que no es remunerado puede haber
ganancia para el propietario de la empresa porque esa
ganancia no puede venir del aire sino precisamente de aquel
trabajo no remunerado. Precisamente, se trata de la explotación
del trabajo del obrero, o más gráficamente: de
un robo
descarado de una parte del trabajo del trabajador.
La superexplotación de los trabajadores rurales
En el caso de la producción capitalista en el campo
las circunstancias son idénticas. Es decir, la
inversión en materias primas para la producción
(fertilizantes, herbicidas, etc.), máquinas (sembradoras,
cosechadoras, etc) y la remuneración del trabajo de los
peones rurales entran como los costos del capitalista en la
industria.
Es precisamente del trabajo no pagado del
asalariado del campo de donde proviene la ganancia
que se embolsa el capitalista agrario. Trabajo no pagado
que, en la argentina K, no tiene nada que envidiarle a otros
periodos históricos, cuando es un hecho que de los un millón
trescientos mil trabajadores rurales, prácticamente un millón
están en negro, regidos por una ley de la dictadura militar
que sigue vigente, con trescientos cincuenta mil de los
mismos como “golondrinas” y siendo –según todos los
analistas- el sector de trabajadores en peores
condiciones luego de los desocupados. La UATRE (Unión
Argentina de Trabajadores Rurales), bien gracias.
“Como en antiguos vínculos laborales de
servidumbre, se les paga con comida y viviendas precarias en
el área de producción. Existen también 350.000
golondrinas, que desplazan su fuerza de trabajo según los
periodos de las cosechas. La mano de obra rural es la
peor paga, la que enfrenta pésimas condiciones laborales y
la más explotada. Sólo los desocupados están en peor
situación. Del universo de trabajadores, constituyen el
sector más castigado. Sólo un pequeño núcleo de
peones calificados como los que manejan esas maravillas mecánicas
de tractores y cosechadoras perciben ingresos relativamente
dignos. Este vergonzoso panorama laboral se desarrolla en
uno de los mejores periodos históricos de la actividad
agropecuaria. Sólo la existencia de una bien arraigada
hipocresía patricia, con el acompañamiento nada ingenuo de
la mayoría de los medios de comunicación, permite a las
entidades empresarias del sector denominar paro del campo a
una protesta política e ideológica de raíz
conservadora. El campo no está en huelga, sus patrones
siguen haciendo trabajar a sus peones, las vacas siguen
siendo ordeñadas, el trigo sigue creciendo y los cerdos
siguen alimentándose”. (Peones rurales, Página 12,
26-03-08).
Retomando el hilo de la argumentación, hasta aquí
se puede hablar de ganancia de manera indistinta en el campo
o la industria
a costa de la superexplotación directa de
los trabajadores.
La renta agraria propiamente dicha
Sin embargo, la particularidad
del campo (lo mismo cuando se trata de la minería o los
hidrocarburos) es que interviene otro elemento. Este
tiene que ver con la propiedad del suelo como tal. Suelo que
puede estar en propiedad del productor capitalista agrario
como tal o puede estar alquilado a un tercero (arrendatario)
por parte del dueño del campo. El tema es que el alquiler
de la tierra (como todo alquiler) devenga entonces un “interés”
o ingreso particular en calidad de los derechos de propiedad
y es este concepto al que se llama renta de la tierra.
Igual situación ocurre si el propietario trabaja
directamente sus tierras: es como si se alquilara a sí
mismo el terreno y se pagara a él mismo su propio alquiler.
La dificultad estriba en saber de dónde proviene
este ingreso “plus” que está más allá de la
ganancia propiamente dicha y que constituye la renta
agraria.
La particularidad del caso es que –de una manera
contradictoria con el resto de las mercancías– los
productos agrarios y/o mineros se venden en el mercado
mundial no al precio de aquellos campos donde se los obtiene
de la manera más productiva y barata, sino de aquéllos
donde su producción es más dificultosa, menos
productiva y por lo tanto más cara. Esto es producto de
la tendencia creciente a ir teniendo que desplazar la
explotación desde las tierras más fértiles a las más
incultas.
En el caso del campo argentino (y, sobre todo, de la
pampa húmeda) es sabido que históricamente su fertilidad
ha estado al tope de las mejores tierras en el concierto
mundial, por lo que el componente de renta del campo
argentino siempre ha sido de inmensa importancia.
Porque precisamente la renta
agraria o, más precisamente, la renta diferencial de la
tierra, se constituye a partir de la diferencia entre
los costos de producción (que incluyen el nivel de ganancia
media) de una determinada tierra/país más productiva y los
costos de producción promedio en el mercado mundial que tienden
a ser más caros. Precisamente, si se produce de una
manera menos onerosa pero se vende a un precio promedio
mundial mucho más caro, lo que se obtiene es un diferencial
o plus-ganancia. Esto producto de que la producción en
las tierras más productivas es más barata. Esa
plus-ganancia es entonces la renta agraria. Una renta
que se obtiene por la transferencia –en el mercado–
de valor producido menos productivamente, al sector que es más
productivo.
De los ’90 a la era K: una renta quintuplicada
La cosa es que en los años de gobierno K (a primera
vista, de manera contradictoria respecto del paro del campo
que hemos visto estas semanas) no sólo las ganancias sino
la renta agraria como tal, han sido extraordinarias desde
cualquier ángulo que se la mire.
Es decir, la suma de la ganancia por el trabajo no
pagado a los peones rurales (con sueldos y condiciones de
trabajo miserables y en pesos devaluados), sumados a la
plus-ganancia obtenida por las favorables condiciones de
renta en el mercado internacional, han dado lugar a la
emergencia de esta renta extraordinaria.
Precisamente, el contenido real del paro del campo ha
sido la disputa alrededor de la apropiación de esta
renta agraria que en la actualidad es, repetimos,
absolutamente extraordinaria.
Según un trabajo de Javier Rodríguez y Nicolás
Arceo (donde se compara los niveles de renta agraria en la década
del ‘90 y en la actualidad): “la devaluación de la
moneda en el año 2002 provocó una modificación
sustancial de la magnitud de la renta agraria apropiada
por los productores, que se quintuplicó con respecto
a los valores registrados en los años noventa. En efecto,
la renta agraria apropiada pasó de un promedio de 1.288
millones de pesos en los años noventa, a alrededor de los
10.000 millones de pesos en las dos últimas campañas
(2003, 2004), ambos valores considerados a precios
constantes del año 2004 (...). Si bien a partir del año
2001 se asistió a un significativo aumento en el precio
internacional de los productos agrícolas, fue la
devaluación de la moneda, y su efecto sobre la
estructura de los precios relativos, el determinante central
en el incremento de la renta apropiada por los productores
agropecuarios” (Renta agraria y ganancias extraordinarias
en la Argentina, 1990-2003, CENDA).
Como si lo anterior fuera poco, estos investigadores
agregan que “(...) la devaluación de la moneda no sólo
implicó una mayor apropiación de la renta agraria por
parte de los productores, sino que también significó una elevada
ganancia patrimonial (valuación de los campos, J.L.R.).
Es decir, se produjo un importante incremento del patrimonio
del conjunto de los propietarios agropecuarios como
consecuencia de la suba del precio de la tierra (...). Si se
considera sólo la superficie agrícola de la provincia de
Buenos Aires, los propietarios obtuvieron ganancias
patrimoniales cercanas a los 13.5000 millones de
dólares, mientras que si se incluye la superficie dedicada
a la ganadería, dichas ganancias superaron los 23.000
millones de dólares” (Rodríguez y Arceo, ídem).
Finalmente, los autores señalan que en los ‘90
“la sobrevaluación de la moneda fue equivalente a la
aplicación de retenciones promedio del 35.2% del valor del
producto durante la vigencia del plan de convertibilidad
(...). No deja de resultar en un sentido paradójico que la
Sociedad Rural Argentina realice en la actualidad activas
campañas tendientes a reducir las retenciones y modificar
la actual política económica frente a la quietud y hasta
el acompañamiento que presentó en los ‘90 con respecto a
las políticas que aplicaron. Porque merece resaltarse una
vez más que en la actualidad los productores
agropecuarios apropian una proporción mucho más
significativa de la renta agraria que en los noventa”
(Rodríguez y Arceo, ídem).
En síntesis: la realidad es que bajo el gobierno K,
el “campo” se ha apropiado de una parte comparativamente
sin igual de la renta agraria en los últimos años.
Y no olvidemos –ni por un instante- que esta renta agraria
de la que se apropian es por el solo hecho de ser meros
propietarios (o monopolistas en algunos de los momentos
del negocio agrícola) del suelo. Suelo que debería
ser considerado propiedad social y/o del Estado.
Porque se trata de una apropiación total y/o usufructúo
completamente parasitario de lo que naturalmente
rinde la tierra argentina dada su fertilidad
–verbigracia– natural.
Los pequeños vs. los grandes
Sin embargo, está claro que a partir de esta
evaluación general, cabe hacer una consideración
particular atendiendo las diferencias entre el pequeño
productor y el grande. No es que a partir de
determinadas dimensiones de su negocio, el pequeño y
mediano productor no explote trabajadores ni que obtenga
alguna proporción de la renta. Pero está claro que frente
a los grandes propietarios, empresas oligopólicas de
comercialización y/o servicios y pools capitalistas de la
soja que operan en escalas enormes,
una parte muy
importante de su propia renta agraria va a parar a las manos
de ellos.
En este sentido los mismos Rodríguez y Arceo señalan
que: “dentro de los grandes propietarios, asumiendo por
ellos a los que tienen más de 2.500 hectáreas, la
diferencia de rendimientos entre aquellos tendencialmente
grandes (grupos económicos) y los más chicos alcanza el
28%. Asumiendo como tendencia general que la renta es
aproximadamente el 50% del valor del producto final, la
media de los productores obtiene $ 100 de producto. La renta
de cada uno es de $ 50. Pero el mayor rendimiento que
obtienen los propietarios más concentrados, indica que
éstos obtienen un 28% adicional de producto. Es decir,
un producto que pueden vender a $ 128 (...). Es decir, que
la renta es un 56 % mas alta que la que obtienen los otros
productores.
Observado este fenómeno, la aplicación de
retenciones a las exportaciones no debería pasar por alto
la existencia de diferentes estructuras de costos y
rendimientos, como consecuencia de la presencia de suelos de
distinta fertilidad. El actual mecanismo de alícuotas
uniformes grava diferencial y regresivamente (J.L.R.)
a los distintos productores, penando a los localizados en
tierras de menor fertilidad y por lo general, con menores
dotaciones de capital y tierras”. Es decir, como todo en
el mundo K, afecta más a los mas chicos! (Rodríguez
y Arceo, ídem).
Así, a pesar de toda esta
disputa por la renta, campo K en la Argentina de hoy
significa que unos 6.900 propietarios (familias, empresas y
empresas-familias) sean dueños del 49.7% de la superficie
cultivable y productiva del país. O, que según el Censo
Agropecuario del 2002, 936 grandes propietarios de tierras
posean 35 millones de hectáreas (casi toda la superficie de
cultivo!) con un promedio de 38.000 hectáreas cada una,
mientras que 137.021 pequeños productores posean solo
2.288.000 hectáreas, con un promedio de menos de 20 hectáreas.
Está claro que en estas condiciones, aun habiendo
ganado plata en los últimos años, los pequeños
productores ceden renta a los grandes cuando no son
directamente desalojados por la vía del arriendo a un gran
pool de la soja o, lisa y llanamente, de la venta de sus
tierras a alguna gran empresa agrícola.
El gobierno K sólo se ha limitado en estos años a
extraer una parte de esta renta extraordinaria sin tocar o,
mas bien, alentando con todo esta estructura hiper
desigual de apropiación de la renta. Porque no hay que
olvidar que hasta este paro agrario Néstor y Cristina eran
los representantes políticos de estos mismos pools con
los cuales se han enfrentado en estas semanas.
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