Socialismo o Barbarie, periódico Nº 123, 03/04/08
 

 

 

 

 

 

Sociedad Rural vs. gobierno K

Una pelea por la renta extraordinaria

Por José Luis Rojo

Para unificar a la clase trabajadora con los pequeños productores y demás sectores populares

Un programa para acabar con los
grandes capitalistas agrarios

Mientras escribimos este periódico todavía los medios están “inundados” de las repercusiones del paro agropecuario más largo de la historia Argentina. Todas las cuestiones que hacen a la política socialista para el campo se han puesto sobre la mesa.

Porque desde la izquierda y los trabajadores se necesita un programa agrario que vaya en el sentido opuesto a la subordinación de la Federación Agraria Argentina a la Sociedad Rural.

Un programa que comience por rescatar los derechos de la clase obrera rural en unidad con la clase obrera urbana. Y que desde allí, tienda un puente hacia los pequeños productores agroganaderos.

Para esto, insistimos, hace falta lo opuesto a la política actual de la FAA y al planteo de Buzzi de que la aspiración de su organización sería que los productores pequeños y medianos se transformen en una nueva “burguesía nacional”.

En esta perspectiva esbozamos una serie de punto que requerirán, sin embargo, un mayor estudio y profundización:

1) Por un Plan Agropecuario Nacional bajo control de los trabajadores urbanos, rurales y pequeños productores que garantice el desarrollo equilibrado de los distintos sectores agropecuarios.

2) Abajo la ley de la dictadura militar 22.248. Basta de trabajo en negro: blanqueo de todos los trabajadores rurales. Aumento general de salarios igual a la canasta familiar. Por la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad y el apoyo incondicional a sus luchas.

3) Impuestos progresivos y retenciones diferenciales para los grandes propietarios, acopiadores y comercializadores del campo al tiempo que se ponen en marcha créditos baratos e insumos subsidiados para los pequeños productores.

4) Anulación sin pago de los contratos de arrendamientos para los productores que quieran volver a producir en su tierra

5) Créditos baratos que incentiven la formación de cooperativas agrarias permitiendo de esta forma la producción en escala y el acceso a la última tecnología.

6) Plan de obras públicas que construyan nuevas rutas y mejoren las existentes. Puesta en marcha de todos los ramales ferroviarios bajo control de sus trabajadores. Ésta es la única forma de hacer eficiente la llegada de los productos del campo a las ciudades y a los puertos.

7) Expropiación sin pago de los pools de siembra, fondos de inversión y grandes terratenientes así como de los grandes frigoríficos e industrias lácteas que acaparen y / o osen desabastecer las grandes ciudades.

8) Expropiación sin pago de Monsanto, Dupont y Nidera, única forma de acceder a la tecnología más avanzada a precios no extorsivos.

9) Expropiación sin pago de los grandes acopiadores y comercializadores como Cargil, Dreyfus y Bunge. Basta de puertos privados. Nacionalización del comercio exterior bajo control de las organizaciones obreras y populares.

En síntesis, un programa socialista revolucionario que liquide la gran propiedad agraria, dé pasos firmes en la socialización del sector agropecuario (grandes unidades productivas con una tecnología avanzada), única forma de unificar a los trabajadores con los pequeños productores y demás sectores populares.

Un aspecto decisivo para comprender lo que ha ocurrido en las últimas semanas tiene que ver con comprender qué es la renta agraria. Allí ha estado el núcleo central de la disputa “campo” vs. gobierno K, y de ahí que la pelea se haya ordenado alrededor del nivel de las retenciones que es un impuesto a las exportaciones de productos agrarios.

Desde el campo se dice que se les mete “la mano en el bolsillo”... Veremos que esta es una hipocresía completa salvo en lo que tiene que ver con los pequeños propietarios (pero por otras razones). Por su parte el gobierno habla de “redistribución”. Veremos que de tal “redistribución” (mas allá de una serie de paliativos obligados por la crisis) los trabajadores hemos visto poco y nada.

En lo esencial no se trata de una cosa ni la otra, sino de una pelea de tiburones alrededor de quién se queda con la renta extraordinaria que está generando el campo argentino en estos momentos de boom de precios internacionales de los llamadas commodities.

La riqueza es producto del trabajo humano

La primera cuestión a establecer es que cuando se trata del campo bajo el capitalismo las leyes que rigen su producción son las mismas que las de la producción en general. En cualquier industria el valor de una mercancía (producto) se compone de los gastos realizados por el capitalista en las materias primas, la inversión-desgaste de las máquinas utilizadas, el salario que se le paga al trabajador (que no atañe al conjunto del trabajo que realiza sino sólo lo que necesita para poder estar nuevamente al otro día en el puesto de trabajo) y la parte del trabajo del trabajador que no es remunerada y que constituye la ganancia del capitalista.

El fundador del movimiento socialista, Carlos Marx, explicaba que bajo el capitalismo toda la riqueza proviene del trabajo del trabajador. Llamaba al primer componente (materias primas más máquinas) trabajo muerto ya acumulado o capital constante, y al segundo (la fuerza de trabajo humana en acción) trabajo vivo o capital variable. La suma del capital constante más el capital variable hace al valor total del capital y/o de cada mercancía como componente del mismo.

Y claro está que sólo si hay una parte del trabajo del obrero que no es remunerado puede haber ganancia para el propietario de la empresa porque esa ganancia no puede venir del aire sino precisamente de aquel trabajo no remunerado. Precisamente, se trata de la explotación del trabajo del obrero, o más gráficamente: de un robo descarado de una parte del trabajo del trabajador.

La superexplotación de los trabajadores rurales

En el caso de la producción capitalista en el campo las circunstancias son idénticas. Es decir, la inversión en materias primas para la producción (fertilizantes, herbicidas, etc.), máquinas (sembradoras, cosechadoras, etc) y la remuneración del trabajo de los peones rurales entran como los costos del capitalista en la industria.

Es precisamente del trabajo no pagado del asalariado del campo de donde proviene la ganancia que se embolsa el capitalista agrario. Trabajo no pagado que, en la argentina K, no tiene nada que envidiarle a otros periodos históricos, cuando es un hecho que de los un millón trescientos mil trabajadores rurales, prácticamente un millón están en negro, regidos por una ley de la dictadura militar que sigue vigente, con trescientos cincuenta mil de los mismos como “golondrinas” y siendo –según todos los analistas- el sector de trabajadores en peores condiciones luego de los desocupados. La UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales), bien gracias.

“Como en antiguos vínculos laborales de servidumbre, se les paga con comida y viviendas precarias en el área de producción. Existen también 350.000 golondrinas, que desplazan su fuerza de trabajo según los periodos de las cosechas. La mano de obra rural es la peor paga, la que enfrenta pésimas condiciones laborales y la más explotada. Sólo los desocupados están en peor situación. Del universo de trabajadores, constituyen el sector más castigado. Sólo un pequeño núcleo de peones calificados como los que manejan esas maravillas mecánicas de tractores y cosechadoras perciben ingresos relativamente dignos. Este vergonzoso panorama laboral se desarrolla en uno de los mejores periodos históricos de la actividad agropecuaria. Sólo la existencia de una bien arraigada hipocresía patricia, con el acompañamiento nada ingenuo de la mayoría de los medios de comunicación, permite a las entidades empresarias del sector denominar paro del campo a una protesta política e ideológica de raíz conservadora. El campo no está en huelga, sus patrones siguen haciendo trabajar a sus peones, las vacas siguen siendo ordeñadas, el trigo sigue creciendo y los cerdos siguen alimentándose”. (Peones rurales, Página 12, 26-03-08).

Retomando el hilo de la argumentación, hasta aquí se puede hablar de ganancia de manera indistinta en el campo o la industria a costa de la superexplotación directa de los trabajadores.

La renta agraria propiamente dicha

Sin embargo, la particularidad del campo (lo mismo cuando se trata de la minería o los hidrocarburos) es que interviene otro elemento. Este tiene que ver con la propiedad del suelo como tal. Suelo que puede estar en propiedad del productor capitalista agrario como tal o puede estar alquilado a un tercero (arrendatario) por parte del dueño del campo. El tema es que el alquiler de la tierra (como todo alquiler) devenga entonces un “interés” o ingreso particular en calidad de los derechos de propiedad y es este concepto al que se llama renta de la tierra. Igual situación ocurre si el propietario trabaja directamente sus tierras: es como si se alquilara a sí mismo el terreno y se pagara a él mismo su propio alquiler.

La dificultad estriba en saber de dónde proviene este ingreso “plus” que está más allá de la ganancia propiamente dicha y que constituye la renta agraria.

La particularidad del caso es que –de una manera contradictoria con el resto de las mercancías– los productos agrarios y/o mineros se venden en el mercado mundial no al precio de aquellos campos donde se los obtiene de la manera más productiva y barata, sino de aquéllos donde su producción es más dificultosa, menos productiva y por lo tanto más cara. Esto es producto de la tendencia creciente a ir teniendo que desplazar la explotación desde las tierras más fértiles a las más incultas.

En el caso del campo argentino (y, sobre todo, de la pampa húmeda) es sabido que históricamente su fertilidad ha estado al tope de las mejores tierras en el concierto mundial, por lo que el componente de renta del campo argentino siempre ha sido de inmensa importancia.

Porque precisamente la renta agraria o, más precisamente, la renta diferencial de la tierra, se constituye a partir de la diferencia entre los costos de producción (que incluyen el nivel de ganancia media) de una determinada tierra/país más productiva y los costos de producción promedio en el mercado mundial que tienden a ser más caros. Precisamente, si se produce de una manera menos onerosa pero se vende a un precio promedio mundial mucho más caro, lo que se obtiene es un diferencial o plus-ganancia. Esto producto de que la producción en las tierras más productivas es más barata. Esa plus-ganancia es entonces la renta agraria. Una renta que se obtiene por la transferencia –en el mercado– de valor producido menos productivamente, al sector que es más productivo.

De los ’90 a la era K: una renta quintuplicada

La cosa es que en los años de gobierno K (a primera vista, de manera contradictoria respecto del paro del campo que hemos visto estas semanas) no sólo las ganancias sino la renta agraria como tal, han sido extraordinarias desde cualquier ángulo que se la mire.

Es decir, la suma de la ganancia por el trabajo no pagado a los peones rurales (con sueldos y condiciones de trabajo miserables y en pesos devaluados), sumados a la plus-ganancia obtenida por las favorables condiciones de renta en el mercado internacional, han dado lugar a la emergencia de esta renta extraordinaria.

Precisamente, el contenido real del paro del campo ha sido la disputa alrededor de la apropiación de esta renta agraria que en la actualidad es, repetimos, absolutamente extraordinaria.

Según un trabajo de Javier Rodríguez y Nicolás Arceo (donde se compara los niveles de renta agraria en la década del ‘90 y en la actualidad): “la devaluación de la moneda en el año 2002 provocó una modificación sustancial de la magnitud de la renta agraria apropiada por los productores, que se quintuplicó con respecto a los valores registrados en los años noventa. En efecto, la renta agraria apropiada pasó de un promedio de 1.288 millones de pesos en los años noventa, a alrededor de los 10.000 millones de pesos en las dos últimas campañas (2003, 2004), ambos valores considerados a precios constantes del año 2004 (...). Si bien a partir del año 2001 se asistió a un significativo aumento en el precio internacional de los productos agrícolas, fue la devaluación de la moneda, y su efecto sobre la estructura de los precios relativos, el determinante central en el incremento de la renta apropiada por los productores agropecuarios” (Renta agraria y ganancias extraordinarias en la Argentina, 1990-2003, CENDA).

Como si lo anterior fuera poco, estos investigadores agregan que “(...) la devaluación de la moneda no sólo implicó una mayor apropiación de la renta agraria por parte de los productores, sino que también significó una elevada ganancia patrimonial (valuación de los campos, J.L.R.). Es decir, se produjo un importante incremento del patrimonio del conjunto de los propietarios agropecuarios como consecuencia de la suba del precio de la tierra (...). Si se considera sólo la superficie agrícola de la provincia de Buenos Aires, los propietarios obtuvieron ganancias patrimoniales cercanas a los 13.5000 millones de dólares, mientras que si se incluye la superficie dedicada a la ganadería, dichas ganancias superaron los 23.000 millones de dólares” (Rodríguez y Arceo, ídem).

Finalmente, los autores señalan que en los ‘90 “la sobrevaluación de la moneda fue equivalente a la aplicación de retenciones promedio del 35.2% del valor del producto durante la vigencia del plan de convertibilidad (...). No deja de resultar en un sentido paradójico que la Sociedad Rural Argentina realice en la actualidad activas campañas tendientes a reducir las retenciones y modificar la actual política económica frente a la quietud y hasta el acompañamiento que presentó en los ‘90 con respecto a las políticas que aplicaron. Porque merece resaltarse una vez más que en la actualidad los productores agropecuarios apropian una proporción mucho más significativa de la renta agraria que en los noventa” (Rodríguez y Arceo, ídem).

En síntesis: la realidad es que bajo el gobierno K, el “campo” se ha apropiado de una parte comparativamente sin igual de la renta agraria en los últimos años. Y no olvidemos –ni por un instante- que esta renta agraria de la que se apropian es por el solo hecho de ser meros propietarios (o monopolistas en algunos de los momentos del negocio agrícola) del suelo. Suelo que debería ser considerado propiedad social y/o del Estado. Porque se trata de una apropiación total y/o usufructúo completamente parasitario de lo que naturalmente rinde la tierra argentina dada su fertilidad –verbigracia– natural.

Los pequeños vs. los grandes

Sin embargo, está claro que a partir de esta evaluación general, cabe hacer una consideración particular atendiendo las diferencias entre el pequeño productor y el grande. No es que a partir de determinadas dimensiones de su negocio, el pequeño y mediano productor no explote trabajadores ni que obtenga alguna proporción de la renta. Pero está claro que frente a los grandes propietarios, empresas oligopólicas de comercialización y/o servicios y pools capitalistas de la soja que operan en escalas enormes, una parte muy importante de su propia renta agraria va a parar a las manos de ellos.

En este sentido los mismos Rodríguez y Arceo señalan que: “dentro de los grandes propietarios, asumiendo por ellos a los que tienen más de 2.500 hectáreas, la diferencia de rendimientos entre aquellos tendencialmente grandes (grupos económicos) y los más chicos alcanza el 28%. Asumiendo como tendencia general que la renta es aproximadamente el 50% del valor del producto final, la media de los productores obtiene $ 100 de producto. La renta de cada uno es de $ 50. Pero el mayor rendimiento que obtienen los propietarios más concentrados, indica que éstos obtienen un 28% adicional de producto. Es decir, un producto que pueden vender a $ 128 (...). Es decir, que la renta es un 56 % mas alta que la que obtienen los otros productores.

Observado este fenómeno, la aplicación de retenciones a las exportaciones no debería pasar por alto la existencia de diferentes estructuras de costos y rendimientos, como consecuencia de la presencia de suelos de distinta fertilidad. El actual mecanismo de alícuotas uniformes grava diferencial y regresivamente (J.L.R.) a los distintos productores, penando a los localizados en tierras de menor fertilidad y por lo general, con menores dotaciones de capital y tierras”. Es decir, como todo en el mundo K, afecta más a los mas chicos! (Rodríguez y Arceo, ídem).

Así, a pesar de toda esta disputa por la renta, campo K en la Argentina de hoy significa que unos 6.900 propietarios (familias, empresas y empresas-familias) sean dueños del 49.7% de la superficie cultivable y productiva del país. O, que según el Censo Agropecuario del 2002, 936 grandes propietarios de tierras posean 35 millones de hectáreas (casi toda la superficie de cultivo!) con un promedio de 38.000 hectáreas cada una, mientras que 137.021 pequeños productores posean solo 2.288.000 hectáreas, con un promedio de menos de 20 hectáreas.

Está claro que en estas condiciones, aun habiendo ganado plata en los últimos años, los pequeños productores ceden renta a los grandes cuando no son directamente desalojados por la vía del arriendo a un gran pool de la soja o, lisa y llanamente, de la venta de sus tierras a alguna gran empresa agrícola.

El gobierno K sólo se ha limitado en estos años a extraer una parte de esta renta extraordinaria sin tocar o, mas bien, alentando con todo esta estructura hiper desigual de apropiación de la renta. Porque no hay que olvidar que hasta este paro agrario Néstor y Cristina eran los representantes políticos de estos mismos pools con los cuales se han enfrentado en estas semanas.