Socialismo o Barbarie, periódico Nº 145, 19/02/09
 

 

 

 

 

 

La coyuntura nacional

La clase obrera debe intervenir en la crisis

La coyuntura política se está complicando. Quizás sus actores más connotados no se hayan percatado del todo, metidos como están en la lid electoral. Pero el hecho es que está en curso un cruce de tendencias que tiene su epicentro en el acelerado debilitamiento y pérdida de sustentación política y social del gobierno de Cristina K. La verdad que a tres años que restan de su mandato es difícil figurarse cómo llegará al final del mismo.

Fundamentalmente dos son las tendencias contrapuestas que marchan rumbo a un choque de proporciones sobre el trasfondo de la imparable profundización de la crisis mundial. Por un lado, desde el punto de vista estrictamente “político”, es un hecho que la oposición burguesa (que mayormente corre por derecha al gobierno de la mano de las entidades patronales del campo), es la que está capitalizando el escenario “superestructural” del descontento con el gobierno de los K. Esta tendencia tiene un grave problema: está en total contradicción con el derrumbe mundial del discurso neoliberal que supo ser hegemónico en las últimas tres décadas.

Al mismo tiempo, la evolución de la crisis mundial –que empieza a llegar con fuerza a nuestro país– apunta a corto o mediano plazo inevitablemente a espolear –a pesar de todos los esfuerzos de contención de la CGT y la CTA– la emergencia de un nuevo ciclo de luchas y organización de la clase obrera argentina.

Es esta emergencia la que podría romper la polarización burguesa que impera, hoy por hoy en el país, colocando la situación política sobre nuevos puntos de referencia. Esta perspectiva es por la que debe trabajar la izquierda revolucionaria de nuestro país.

Tendencias contrapuestas

Como venimos señalando, existe una aguda contradicción entre las tendencias internacionales y el dogma que levantan conjuntamente la oposición patronal y las cuatro entidades del campo. Su programa es uno de liberalización de la economía: no intervención del Estado, libre exportación de cereales y derogación de las retenciones. En las condiciones de una crisis económica que crece en el país a ojos vista, con la presión de crecientes despidos, una inflación que no ha sido realmente moderada, aumentos de tarifas, caída del producto industrial y las exportaciones, la aplicación del programa de las cuatro entidades del campo lo único que lograría es hacer saltar por los aires los equilibrios sociales que restan como legado burgués de los K. Un conocido vocero campestre acaba de señalar que “Lula es casi el único líder del mundo que ha levantado su voz contra el proteccionismo y el único, quizás, que promueve con fuerza la vigencia del libre comercio (…). No es un mérito menor en un mundo donde comienza a percibirse, aun en los países más desarrollados, el peligroso embrión del proteccionismo. Lo único malo es que Lula está solo, y que la Argentina no lo acompaña, sobre todo porque la estructura económica local necesita desesperadamente del libre comercio”[1].

Más allá de si “la Argentina necesita desesperadamente del libre comercio” (sic), lo contradictorio del caso se manifiesta precisamente en el hecho de que no se trata sólo de que el dogma neoliberal esté cuestionado en la periferia del sistema. En los propios EEUU, el reciente paquete fiscal de rescate del gobierno de Obama acaba de incluir una cláusula de “compre norteamericano” que si bien terminó siendo relativamente atenuada, tiene plena validez para países “en desarrollo” como la Argentina.

Pero además, todos los medios especializados están señalando que las tendencias en el orden mundial al proteccionismo están creciendo; incluso crecen en el “pago chico”: al interior del Mercosur cuesta frenar esta dinámica a pesar de las bellas palabras de los gobierno de Cristina y Lula. No importa: los campestres están levantando las banderas del “libre comercio” cuando las mismas están por el piso en todo el mundo.

No se trata de un problema meramente ideológico. La consecuencias concretas de sus exigencias en un contexto de deterioro fiscal del gobierno K y de que se da en la Argentina el hecho que la inflación sigue siendo inusitadamente alta para los actuales estándares internacionales, no harían más que sumar presión sobre las ya deterioradas condiciones de vida de la clase obrera: a los despidos crecientes sumaría más deterioro por la vía del derrumbe final del salario. ¡Y todavía hay sectores que se dicen de “izquierda” que defienden esta basura!

¿Cuál es entonces la contradicción? Un gobierno debilitado que en las alturas está espoleado por derecha mientras que por abajo –a pesar del rol “estabilizador” de las burocracias sindicales– el péndulo va a ir crecientemente en un sentido exactamente contrario.

Pacto social para atarle las manos a la clase obrera

Si este escenario aún no ha irrumpido es producto del rol de la burocracia sindical. Por ahora ha venido funcionando la política de administrar la crisis. Esto es así, básicamente, porque la crisis sólo en estas últimas semanas comienza realmente a pegar con todo: la caída del producto industrial (sobre todo el derrumbe de la producción automotriz) y de las exportaciones así lo están indicando.

Esto tiene mucha importancia: no es lo mismo dejar en la calle a “algunos” (básicamente, los compañeros contratados) mientras que a los demás se les asegura sus puestos de trabajo, aun en medio de suspensiones y rebajas parciales de salarios. El panorama cambiaría completamente de afectarse a planteles enteros; en ese caso las mediaciones y engaños de que la crisis es “pasajera” y sólo hay que “aguantar unos meses” seguramente no funcionarían tan bien.

Este podría ser el caso, por ejemplo, de los masivos despidos de trabajadores –si bien también contratados– en el SMATA Córdoba. Se trata de compañeros a los que se les había hecho creer que “no perderían sus puestos de trabajo”; pero ahora comienzan a tomar conciencia que han sido estafados por la burocracia del sindicato mecánico cordobés mediante un acta de despidos a plazo fijo a concretarse el 31 de marzo próximo.

Así, mientras las entidades patronales del campo deshojan la margarita alrededor de cuándo anunciar su nuevo plan de lucha (están moviéndose con mucho cuidado precisamente conscientes que la crisis está llegando; no quieren perder el consenso social logrado el año pasado) y acaparan el escenario político nacional, Moyano y Yasky de hecho compiten por cuál es más eficiente en atarles las manos a los trabajadores para que no puedan irrumpir con sus reclamos en la escena política del país.

Es ahí donde se introduce la nueva prédica alrededor de la eventualidad de un “pacto social” para “capear” el temporal de la crisis. Pacto social cuyo pato de la boda serían los salarios y también cientos de miles de puestos de trabajo más o menos “invisibles”.

El proyecto del gobierno es lógicamente sentar a la mesa a industriales, campestres y burocracia sindical, de manera tal de legitimar un plan para hacerle pagar la crisis a los trabajadores con el verso de que “todos debemos hacer esfuerzos”…

Del Subterráneo de Buenos Aires al SUTNA de San Fernando

En el contexto que venimos señalando, se está dando un efecto contradictorio de la polarización que viene viviendo el país. Es un hecho que ésta ha dejado poco espacio para la izquierda independiente en la última coyuntura, marcada por el conflicto con el campo y que sigue siendo la línea central de demarcación política hasta hoy. Sin embargo, está en curso una “reversibilidad” de este fenómeno: es que por entre esas mismas líneas de contradicción se están abriendo brechas por donde podría emerger un nuevo ciclo de organización de porciones de la clase obrera.

Esto que estamos señalando tiene dos planos. A nivel superestructural, es decir, de instituciones como la Corte Suprema, la misma viene emitiendo fallos y anunciando una serie de resoluciones respecto a la organización de la clase obrera que presenta eventuales consecuencias contradictorias. El reciente fallo de “libertad sindical” es parte de un impulso por debilitar el monopolio pejotista sobre la clase trabajadora. Está claro que su “libertad sindical” busca la promoción de un modelo burgués de sindicalismo al estilo “europeo”; no el impulsar una democracia auténtica de las bases.

Sin embargo, el solo hecho del cuestionamiento al modelo sindical dominante está –en tiempo real– concretamente abriendo brechas por donde se están colando luchas auténticas y genuinas de sectores de la base obrera independiente cuyo ejemplo más claro es la pelea del cuerpo de delegados del Subte alrededor de la formación del nuevo sindicato.

Pero hay más aún: ahora parece que la Corte estaría llamando a una audiencia pública alrededor de casos de “discriminación sindical”. Se trata de circunstancias donde injustamente se echó a quienes cumplieron el papel de delegados de sus compañeros sin serlo formalmente, razón por la cual las patronales aprovecharon para despedirlos: “La Corte Suprema prepara un fallo que prohibiría los despidos discriminatorios. Impediría por ejemplo, que las empresas echaran a trabajadores que tuvieran actividad gremial pese a no estar afiliados a un sindicato (…). El máximo tribunal llamaría a audiencia pública para estudiar el tema”[2].

Esta circunstancia, por ejemplo, incluye un caso tomado por abogados vinculados a nuestro partido (Abogados Laboralistas de Izquierda) donde luego de una batalla legal lograron el reestablecimiento en su puesto de trabajo de una compañera que valientemente había cumplido este papel.

Es decir, hay un conjunto de circunstancias contradictorias en las alturas que podrían tender a abrir brechas por abajo mucho más allá de un mero “reparto” burocrático de la organización de los trabajadores entre la CGT y la CTA..

Esto es así porque este fenómeno en las alturas se entrecruza con otro –mucho más importante y decisivo– que viene desde abajo: el proceso de recomposición de la vanguardia obrera en curso a lo largo de todos estos últimos años. Por ejemplo, no ha sido nada casual que esta pelea tenga plena expresión en estos momentos a nivel del Subterráneo de Buenos Aires. Es que se trata de una de las principales conquistas de organización independiente de sectores de vanguardia de los trabajadores de los últimos años. Y claro, no es un hecho menor que uno de los sindicatos más fuertes del país controlado históricamente por la burocracia cegetista como es la UTA, pierda su monopolio sobre una de las concentraciones más importantes del mismo como es el Subterráneo de la capital del país. De ahí que no deban sorprender las declaraciones del ministro Tomada en el sentido de que el reciente plebiscito realizado por los compañeros (donde se votó abrumadoramente por la formación de un nuevo sindicato) no tenga “ninguna validez”…

Sin embargo, este fenómeno apunta a ir mucho más lejos aún: se trata de un ejemplo que está impactando entre amplios sectores de la base obrera y que al calor del casi inevitable ciclo de luchas que se va a abrir paso con la crisis, podría generalizarse mucho más.

En este sentido, con ser más el resonante caso del Subte, está también la experiencia inmensa del SUTNA San Fernando. Hay que subrayar que en este caso de lo que se trata es de un batallón principal del proletariado industrial. Un proceso que comenzó con la elección en asamblea de paritarios, que siguió con el descabezamiento prácticamente a los puños del cuerpo de delegados y la directiva burocrática, la conquista democrática de ambas instancias e incluso la disputa por la dirección nacional del gremio. Esto tanto electoralmente, como más importante aún, en el último conflicto, habiendo perdido la Marrón la Asamblea General por tan sólo 30 votos frente al mismísimo Pedro Wasiejko. Pelea por la dirección del conjunto del gremio que luego de un obvio impasse después del cierre del último conflicto, sigue abierta estratégicamente.

En síntesis: de lo que se trata es de no tener una orientación infantil. Hay que aprovechar todas las brechas que se abran en las alturas sin perder de vista que lo que decide en última instancia es siempre la lucha. Es decir, la existencia de un sector activo de compañeros que sepan aprovechar esas mismas brechas. Porque las mismas no van a funcionar automáticamente a favor de los trabajadores sino que, a priori, sólo buscan distribuir el “estofado” de la clase obrera entre las distintas burocracias.

No al pacto social. Reparto de las horas de trabajo. Que el Estado se haga cargo de las empresas que cierren o despidan. Aumento de salarios. Que los trabajadores se organicen como ellos quieran.

Hay que prepararse para un ciclo renovado de luchas que más temprano que tarde va a irrumpir. Como ya hemos señalado, en el SMATA de Córdoba acaba de conocerse una noticia que era un secreto a voces: los más de mil compañeros “suspendidos” son lisos y llanos despedidos a plazo fijo como venimos alertando en estas páginas. También están los casos de Paraná Metal (donde la situación no termina de “normalizarse”), Indugraf, el diario Crónica, etc., etc.

En este contexto, en la zona sur del Gran Buenos Aires, está en desarrollo un importante conflicto en la papelera Massuh. Un conflicto como hace años no se veía en esta región, una de las capitales nacionales del desempleo. Claro, por ahora, no ha tenido mayor prensa y el gobierno nacional, el provincial de Scioli y el propio “Barba” Gutiérrez (que posa de “progresista”) se vienen haciendo los distraídos.

Sin embargo, entre los trabajadores de la papelera, ante la falta de respuesta por la continuidad laboral, se comienza a abrir paso la discusión acerca de qué hacer con la planta. Esto coloca un problema de enorme importancia que va más allá de la propia Massuh. En la medida que los despidos se comiencen a generalizar, y de que haya plantas que aparezcan vaciadas, se va a colocar a la orden del día la ocupación de las mismas y que el Estado se haga cargo bajo el control de sus trabajadores. Y en este marco, la formación de comités de apoyo a las luchas, la coordinación entre los diversos lugares de trabajo, el instalar carpas frente a las sedes del poder político, etc.

Para esta perspectiva hay que prepararse: para la irrupción de un proceso de luchas que rompa la estrategia gobierno K-patronales-burocracia sindical de que las luchas de la clase obrera no hagan su aparición en la escena política nacional levantando un programa para que la crisis la paguen los capitalistas y dando pasos en la organización independiente de los trabajadores.


[1] Joaquín Morales Sola, diario La Nación, 18-02-09.

[2] La Nación, 10-02-09.