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Decenas
de organizaciones marcharon por tercera
vez en San Pedro Sula para reclamar a la
empresa privada el respeto al decreto
presidencial que elevó el salario mínimo
de un 60 por ciento y para llevar su
apoyo incondicional a la lucha de los
trabajadores del STIBYS. El día
siguiente se reunieron en la capital
Tegucigalpa para analizar el contexto
actual y buscar una plataforma común
frente a los comicios del próximo mes
de noviembre.
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Carlos
Amaya
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José
Luis Baquedano
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Frente
a la ofensiva del Consejo Hondureño de
la Empresa Privada (COHEP) que
sigue impulsando una política de
rechazo al aumento dictado por el
presidente Manuel Zelaya, el
Bloque Popular (BP), la
Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular (CNRP), las principales
centrales sindicales del país y otras
decenas de organizaciones sociales han
decidido seguir con sus movilizaciones,
hasta lograr el cumplimiento del decreto
y el rechazo por parte de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de los
más de 200 recursos de amparo
presentados por los empresarios.
Frente
a una impresionante afluencia de gente
que rebasó la capacidad de los locales
del edificio del STIBYS en la
capital hondureña, Carlos Amaya,
representante de la CNRP, analizó
el contexto político y económico que
vive el país.
“Hoy
Honduras atraviesa un momento
particularmente dramático, signado por
el fin de todo un modelo de acumulación
capitalista que sirvió por más de cien
años: la famosa república bananera,
donde todo lo que ocurría en el país
estaba dictado por los intereses de las
compañías bananeras y por los políticos
liberales y nacionalistas que les servían
a estos intereses.
La
burguesía hondureña –continuó Amaya–
no encuentra un nuevo modelo que permita
desarrollar nuestro país y allí están
las cifras: más de un millón de
hondureños tuvieron que irse del país
por el desastre de una política económica
y social de la clase dominante. La falta
de un modelo por parte de la burguesía
provocó el colapso del Estado y tenemos
niveles de corrupción jamás vistos
antes. Los
campesinos luchando por un pedazo de
tierra han sido asesinados, encarcelados
y perseguidos sin encontrar el respaldo
de ninguna institución”.
En
este contexto dramático se enmarca la
lucha por el salario mínimo.
“Los
empresarios en estos días están
utilizando miles de mecanismos para no
pagar a los trabajadores el salario mínimo,
que de todas formas sería solo una mínima
parte de lo que históricamente les han
robado a la clase trabajadora, que está
siendo amenazada con despidos
masivos”, concluyó el representante
de la Coordinadora Nacional de
Resistencia Popular.
El
papel de los movimientos sociales
Frente
a esta realidad, los movimientos
sociales que aglutinan a un sinnúmero
de organizaciones populares se han
venido levantando para exigir sus
reivindicaciones, construyendo espacios
unitarios.
Como
comentó a Sirel el fiscal y
asesor legal de la Confederación
Unitaria de los Trabajadores de Honduras
(CUTH), José Luis Baquedano,
“En estos últimos meses hemos
marchado tres veces para pedir el
respeto al decreto presidencial 374-08 y
también hemos presentado un documento a
la Corte Suprema de Justicia, en el cual
desvirtuamos todos los argumentos que
plantea la empresa privada en cuanto a
la supuesta violación de garantías
constitucionales. Nos reunimos también
con los magistrados de este poder del
Estado para plantearles nuestro punto de
vista y exigiéndoles, al mismo tiempo,
que emitieran un fallo apegado a derecho
respetando los derechos adquiridos por
los trabajadores”, manifestó Baquedano.
Según
datos de la CUTH, el 65 por
ciento de las grandes empresas ya estarían
pagando el nuevo salario mínimo,
mientras entre las empresas medianas y
pequeñas ese porcentaje baja
sensiblemente, alcanzado solo el 30 por
ciento.
Una
maniobra que están usando los
empresarios para burlar el decreto
presidencial es atemorizar a los
trabajadores para que acepten negociar a
nivel interno el nuevo salario, lo cual
es violatorio del artículo 3 del Código
del Trabajo.
“Es
algo que, además de ser ilegal, es
también vergonzoso, ya que pese al
aumento el salario no llega a cubrir ni
el cien por ciento de la canasta básica
y esto no permite a la gente
desarrollarse dignamente. Frente a esta
situación hemos logrado alcanzar una
unidad granítica entre todos los
sectores y organizaciones populares y
ese derecho no lo vamos a perder y lo
vamos a defender tanto por la vía jurídica
como en las calles”, aseveró Baquedano.
Pese
a las dificultades, el Ministerio de
Trabajo comenzó ya una serie de
inspecciones para averiguar si las
empresas están pagando el nuevo salario
y se está esperando que la CSJ se
pronuncie de manera definitiva sobre los
recursos que presentaron los
empresarios.
Salomón
Batres,
subdirector general de Trabajo, aseguró
a Sirel que “lamentablemente la
Inspectoría del Trabajo no cuenta con
el personal suficiente para monitorear
el cumplimento del decreto presidencial
por parte de las empresas. Hacemos lo
que podemos –continuó Batres–
aunque el gobierno de Honduras tiene
como objetivo aumentar el número de
inspectores, para poder ampliar la
cobertura sobre todo en las regiones
menos pobladas. Ya este año el
presidente Zelaya hizo una
asignación presupuestaria
extraordinaria a la Secretaría de
Trabajo, dedicada a las inspecciones
para mejorar los salarios y extender
nuestras labores a nivel nacional”.
Según
Batres ya se detectaron varias
empresas que han violado el decreto y si
no rectifican su actitud van a ser
sancionadas. Sin embargo, los
movimientos sociales piden que las
multas sean elevadas, ya que hasta el
momento se trata de cantidades que
rondan los 50 dólares, lo cual resulta
insignificante para las empresas y al
mismo tiempo, una burla para los
trabajadores.
“La
empresa privada está tratando de romper
el orden legal y ha caído en desacato y
esta situación es el reflejo de la
actitud de una clase empresarial que está
acostumbrada a pisotear los derechos de
los trabajadores. El
caso de SABMiller es un claro ejemplo de
ello. Esa empresa –aclaró el líder
sindical de la CUTH– ha venido
violentando sistemáticamente el
convenio colectivo y los derechos de los
trabajadores, utilizando también el
mecanismo de la tercerización para no
asumir las responsabilidades que tiene
en cuanto a la seguridad social y las
prestaciones.
En los días pasados el STIBYS lo
que hizo fue simplemente tomar acciones
a fin de garantizar que los derechos no
se siguieran violentando. Juntos con
otras organizaciones sindicales y
populares, la CUTH ha apoyado al STIBYS
y lo vamos a seguir haciendo hasta que
la empresa deponga sus actitudes
antiobreras”, concluyó Baquedano.
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