Cuestiones de estrategia frente a la crisis capitalista

Ocupación, estatización y control obrero

Por José Luís Rojo

“Cada huelga encierra la hidra de la revolución”
(ministro prusiano en el siglo XIX).

En el laboratorio de experiencias de lucha en que se está convirtiendo el mundo, por la crisis económica más dramática desde los años ‘30, se está comenzando a expresar una tendencia a ocupaciones de fábrica. Ocupaciones que parafraseando a un ministro alemán del siglo XIX, potencialmente muestran la capacidad de los trabajadores para dirigir los asuntos de la sociedad. Las mismas plantean el problema del destino ulterior de la empresa, colocándose así cuestiones que tienen que ver con la propiedad y la gestión de las empresas (como en el caso en nuestro país de la papelera Massuh)[1]. Se trata entonces de ir sacando las enseñanzas del caso delimitando educativamente la serie de elementos que están en juego en estas experiencias.

Nada que perder, salvo las cadenas

En un trabajo publicado semanas atrás realizábamos un análisis acerca de cual sería la mecánica de la respuesta obrera a la crisis. Decíamos que no era fácil encontrar los puntos de apoyo para la acción cuando el mundo se hunde bajo los pies; que a la clase obrera siempre le ha costado pelear bajo las condiciones de desempleo de masas. Además, que había que entender la respuesta obrera en las condiciones de las enormes transformaciones objetivas y subjetivas sufridas por la clase obrera en estos últimos 30 años: una herencia de fragmentación y de crisis de su conciencia y organismos de lucha y representación política.

Sin embargo, esto tiene necesariamente una contratendencia, la misma crisis termina generando las condiciones materiales para que en determinado momento la base obrera se vea obligada a reaccionar, cuando el ataque atañe a la mayoría social de los trabajadores; cuando la patronal, el gobierno o el Estado actúan sin las necesarias “mediaciones”; cuando se tiene a mano un ejemplo exitoso reciente; o cuando se pone a los obreros entre la espada y la pared de no tener ya nada que perder salvo sus cadenas, la clase obrera reacciona desbordando incluso el nefasto contrapeso contrarrevolucionario de las burocracias de todos los colores.

En este último sentido, muchas veces se pierde de vista el carácter realmente reaccionario de la mediación burocrática y el hecho de que la estrategia (no tácticas determinadas) nunca podría ser la insulsa “exigencia” de que haga algo (cuestión en la que caen la mayoría de las corrientes de la izquierda en nuestro país), sino el impulsar la tendencia revolucionaria a su desborde y a la organización independiente de los trabajadores[2].

La tendencia a la ocupación de fábrica

En este contexto, está ocurriendo un fenómeno singular: ante la quiebra empresaria, si bien no todavía de manera generalizada, los obreros están procediendo a la ocupación de plantas. Quebrado el mito de los supuestos beneficios de la “mano invisible del mercado” y la “inviolabilidad” de la propiedad privada, los trabajadores se aferran a sus fuentes de trabajo concientes de la “muerte social” que significaría quedar sin trabajo. Esto está redundando en la “generalización” de una medida de lucha de inmensa importancia: la ocupación obrera de la planta evitando las trampas jurídicas y los aprietes para que las desalojen[3], y su eventual puesta a producir bajo su responsabilidad.

En realidad, las experiencias que están ocurriendo en el norte del mundo se están llevando a cabo –hoy por hoy– sólo para lograr el cobro de las indemnizaciones por los despidos, no todavía para imponer la continuidad de la fuente de trabajo[4]. Este limitado programa es el que ha caracterizado experiencias como las de los obreros de “Republic Windows & Doors” en Chicago, EEUU, a comienzos del año; o mismo recientemente el caso de la “Visteon” en Gran Bretaña.

Un proceso más avanzado podría estar comenzando a manifestarse en nuestro país, no casualmente está el precedente de las experiencias del 2001[5], de una tendencia a la estatización. En casos como la papelera Massuh (o mismo Pilkington), los compañeros no buscan la indemnización sino la continuidad de la fuente de trabajo habiendo logrado imponer su estatización parcial y/o la reincorporación de todos los despedidos.

Independientemente de lo anterior, el hecho es que el proceso de ocupación de fábrica es un fenómeno inmensamente progresivo: coloca sobre la mesa una situación de cuestionamiento al monopolio de la autoridad de la patronal: una situación de verdadero doble poder en el seno de la planta. Una circunstancia de poder dual entre el cuestionado patrón –que sin embargo tiene de su lado a las instituciones del Estado– y los trabajadores, que pasan a ejercer un control de hecho por intermedio de la ocupación misma: “Nos hemos dado cuenta de nuestro poder” decía un obrero de la Visteon, Gran Bretaña, cuando comentaba la principal conclusión que había sacado de la ocupación de la planta.

Si la ocupación se resuelve exitosamente garantizándose la continuidad de la fuente de trabajo, el resultado es entonces que se frena la tendencia a la descomposición de la clase trabajadora que es uno de los subproductos de la crisis. Es decir, la orientación capitalista a hacerle pagar la crisis a los trabajadores mediante el expediente de la creación de un enorme “ejercito industrial de reserva” que deprime los salarios y las condiciones de trabajo de toda la clase.

Como está visto, la experiencia de la ocupación es estratégica: revela el verdadero poder que anida en la acción colectiva de la clase obrera cuando se saca de encima todas las telarañas mentales, jurídicas y de todo tipo y color que oprimen su conciencia.

Exige, por lo tanto, la decidida atención, seguimiento, aprendizaje y vuelco por parte de los socialistas revolucionarios para ir sacando las enseñanzas que las mismas comienzan a dejar.

¿Cooperativa o estatización?

Tres son –groso modo– las “alternativas” en materia de propiedad que se están poniendo sobre la mesa frente a la realidad de quebranto empresario. Desde diversos sectores gubernamentales, patronales o sindicales el programa que se esgrimió en oportunidad de la lucha de Massuh apuntaba a resolver las necesidades del empresario: ni siquiera se rozaba el derecho de propiedad privada. Bajo excusas del tipo “defensa de la industria nacional” lo que se propone es una serie de medidas de protección para sectores patronales…

Dentro de esta tónica entra la “opción” de buscar un nuevo capitalista que se haga cargo de la empresa declarada en bancarrota[6]. Esta perspectiva, por definición, excluye lo elemental: el apoyo a la lucha que están llevando adelante los trabajadores cuando ocupan una planta y que como tal supone de suyo ya un cuestionamiento a la propiedad capitalista.

Por el contrario, la respuesta suele ser el “bombardear” la ocupación mediante una batería de medidas: desde oficios librados por algún fiscal, pasando por las conciliaciones obligatorias, hasta la abierta represión “legal” (la policía), o mismo ilegal (las patotas sindicales). Todo esto siempre en defensa de la ya señalada “intangibilidad” de la propiedad privada capitalista[7].

Si no consiguen un nuevo patrón, una variante que levantan habitualmente sectores de los de arriba (en el caso de Massuh el intendente de Quilmes y dirigente de la UOM “Barba” Gutiérrez) es la cooperativa, la más de las veces, además, transitoria, sin la expropiación definitiva de su dueño capitalista.

Partiendo de la situación de hecho creada por la ausencia de la patronal, y del justo impulso de los trabajadores a tomar en sus manos la conducción de la producción, esta propuesta entraña una grave contradicción: se pretende que el Estado se desentienda de toda responsabilidad sobre la situación de la empresa, a la que se deja aislada, sin una perspectiva de conjunto, sin financiamiento, bajo el inevitable imperio de las leyes del mercado capitalista que llevan a la auto-explotación de sus trabajadores para competir en él. Es por esto que en muchas de estas experiencias rápidamente se comienzan a imponer criterios de “productividad” para garantizar los ingresos. Es decir, de “competencia” entre compañeros. Se pretende incluso que los trabajadores pongan plata de sus bolsillos para sacar la empresa adelante o para pagar una “indemnización” a los empresarios que se han fugado y han hundido la empresa...

Estatización y control obrero

En síntesis: la cooperativa somete a sus trabajadores a una ley de hierro de la cual no pueden zafar: el intentar “salvarse” admitiendo todas las leyes de la producción capitalista y dejando que el Estado se desentienda de toda responsabilidad en el financiamiento de la misma. Se trata de luchar por otra perspectiva: la estatización sin pago de las empresas que pretendan despedir masivamente y/o cerrar bajo el control o la administración de sus trabajadores. En este tipo de experiencias hay tres aspectos que remarcar. En primer lugar, la estatización y/o expropiación debe hacerse sin indemnización alguna al capitalista que ya se cobró de sobra mediante los años y años de explotación obrera[8].

En segundo lugar, se trata de hacer cargo al Estado capitalista de la bancarrota económica y de la responsabilidad por el quebranto de estas empresas. Al revés que en el caso de las cooperativas, el “embrete” de la estatización apunta a que el Estado se haga responsable del financiamiento de la empresa en cuestión. Responsable en la medida en que en su carácter de representante general de los intereses de los capitalistas es una trampa el que pretenda lavarse las manos de la situación.

En tercer lugar, el planteamiento de la estatización también es opuesto a la cooperativa en la medida que da a entender la necesidad de ponerse desde una perspectiva de conjunto: hacia el resto de las industrias y ramas de la producción[9].

Pero hay que ser conscientes que con ser la estatización una medida justa e imprescindible, la pelea no puede terminar de ninguna manera ahí: ¡no es una panacea que venga a resolver todos los problemas!

No se debe perder de vista la perspectiva de acabar realmente con la explotación de la clase obrera. ¿Qué quiere decir esto? Que la perspectiva consecuente con los intereses obreros es que la producción pase a ser controlada por los propios trabajadores y no por parte de un funcionario tipo Guillermo Moreno. La estrategia no puede ser que la producción sea organizada por un Estado capitalista que erigiéndose por encima de los trabajadores se quede finalmente con la parte del león de la misma apoyándose en la subsistente explotación obrera.

Por el contrario, se debe pelear para que la conducción económica esté verdaderamente en manos de los trabajadores mismos. Esto es imprescindible para poder luchar por criterios de solidaridad y cooperación entre los trabajadores y no de competencia, “productividad”, y guerra de todos contra todos como caracterizan a la empresa capitalista aún sea esta estatal.

Esto va de la mano con la necesidad de pasar de los criterios de la ganancia a costa de la explotación obrera a los criterios de considerar la producción como valor social: el ponerla al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales.

Es preciso ser conscientes que durante la lucha contra el capitalismo (e incluso en la primera etapa de la transición al socialismo), seguirá imperando –por razones de necesidad y escasez– una forma de “explotación” derivada: la “auto explotación” entre trabajadores. Trabajadores que por voluntad conciente deben decidir que parte de su trabajo queda para la acumulación de mejores condiciones para las generaciones futuras y la reproducción ampliada del “capital” y que parte va a su propio consumo. Es la administración de este excedente de su propio trabajo la que debe ser decidida colectivamente y no dejada en manos del Estado capitalista por más “progresista” que el mismo se presente

La perspectiva debe ser el poder

En el fondo, aunque los compañeros no lo sepan, la dinámica de las ocupaciones de fábrica y la estatización de las mismas lo que coloca sobre la mesa es la incapacidad de los capitalistas de seguir dirigiendo la sociedad. Claro que esta tendencia es mediatizada e inhibida por las medidas de estatización burguesa: el Estado patronal sale al rescate de los capitalistas privados pero no para acabar con la propiedad privada sino a la postre para garantizar su continuidad como clase social (así como la forma política que les corresponde). De ahí que las estatizaciones que se han venido procesando en estos últimos años en Latinoamérica –gobierno de Chávez y Evo Morales– no han puesto en cuestión la continuidad del capitalismo en la región.

Estas medidas han involucrado sobre todo la reestatización de lo anteriormente privatizado (sobre todo en materia de explotación de recursos naturales) más que avanzar sobre áreas de propiedad privada de “toda la vida”.

Esto por una razón sencilla: la gestión de este “nacionalismo burgués” del siglo XXI (a igual modo que el del siglo XX) no busca acabar con el capitalismo sino sólo darle más peso al Estado en la gestión del mismo en circunstancias de crisis precisamente para rescatarlo de la crisis, cuestión que la propia crisis mundial ha actualizado hoy a escala mundial. 

La política de los esposos K es un pálido reflejo de esto último: pálido decimos porque sus medidas “estatizantes” (como la de las jubilaciones privadas) han llegado en plena decadencia del mismo, lo que las hace aún más inestables.

En definitiva, aquí se termina planteando un problema político-estratégico: la perspectiva de la estatización debe ponerse sobre la mesa íntimamente ligada a educar en la necesidad del poder de la clase trabajadora como solución definitiva a sus problemas (no puede haber salida económica que por sí misma solucione los problemas de los trabajadores).

Desde este punto de vista, más que a la estatización la perspectiva de los socialistas revolucionarios apunta a la abolición de la propiedad privada en las principales ramas económicas por la vía de la expropiación de los grandes grupos capitalistas: la convergencia entre la pelea por la expropiación de la clase capitalista con la toma del poder por parte de los trabajadores.