El jueves 5 de agosto, alrededor de
las tres de la tarde se produjo un derrumbe en una mina de
oro y cobre al norte de Chile. Treinta y tres mineros
quedaron atrapados, a más de 700 metros de profundidad, en
el Yacimiento San José, de la minera San Esteban, a 800 kilómetros
de Copiapó, en el desierto de Atacama. Recién ocho horas
después llegaron al lugar los primeros equipos de rescate.
Como suele ocurrir ante este tipo de accidentes, el gobierno
y los medios del país donde ocurren, buscan crear
expectativas optimistas para frenar, ante todo, la bronca de
familiares y compañeros de los accidentados. Por ejemplo,
en este caso, medios y autoridades gubernamentales dijeron
en un primer momento, que la treintena de trabajadores
atrapados en las galerías de la mina podrían haberse
refugiado en un recoveco de la misma, preparado para
refugiarse en estos casos con agua y alimentos. Luego
comenzaron las versiones de que dicho refugio carecería de
alimentos pero tendrían agua. Aclarando que las provisiones
en el mencionado refugio les alcanzarían por 72 horas.
Finalmente, el gerente de la mina San Esteban, declaró que
“realmente no se sabe si les han caído rocas encima o
no”. O sea, no tenían ni tienen la mínima idea del
estado de los mineros. La Iglesia, por supuesto, acercó su
aporte a esta política de “ablandamiento” trayendo una
estatuilla de San Lorenzo, que en Chile es el santo de los
mineros, y al arzobispo de Copiapó para bendecir el rescate
y rezar junto a los familiares. El presidente Piñera se
encontraba de gira por Ecuador y Colombia, y regresó
inmediatamente.
Una historia de explotación obrera
Chile es el primer productor de cobre
en el mundo, y la explotación minera se divide en gran
minería, mediana y pequeña. La gran minería es uno de los
principales soportes de la economía exportadora. Por su
parte, el Yacimiento San José pertenece a la mediana minería
aunque esto no le impide facturar dos millones de dólares
mensuales. Es en estos dos estratos, mediano y pequeño,
donde las condiciones de trabajo, seguridad e higiene son
las peores. Es moneda corriente para los capitalistas del
cobre no respetar la legislación vigente y son frecuentes
los accidentes.
Esta impunidad patronal cuenta con la
complicidad de los funcionarios del Servicio Nacional de
Geología y Minería (SerNaGeoMin) que hacen la vista gorda
ante el incumplimiento de la reglamentación vigente.
En 1945 en el país trasandino, en
Sewell, de la empresa Bradden Cooper, murieron 345
trabajadores que no pudieron salir luego de un incendio. En
1968, en otro complejo minero murieron 12 trabajadores
debido a una explosión de gas. El 29 de julio de 1989 una
carga de dinamita explotó provocando la inundación de un
pozo de la mina de carbón Los Castaños en Curanilahuen,
región del Biobío y murieron 29 mineros ahogados en su
interior.
La historia de la minería en Chile,
como en otras partes del mundo, está jalonada de accidentes
y las ganancias de la patronal minera crece abonada por la
sangre y la explotación de sus trabajadores.
Cotidianamente, sin más lumbre que la lámpara de sus
cascos, tiznados y llenando sus pulmones de polvo y gases
raros, los trabajadores recorren las galerías sin los
elementales servicios sanitarios y expuestos a que un
derrumbe, un incendio o una explosión termine con sus
vidas. “En la mina se sabe cuando se entra pero no se sabe
si se sale”, es el decir de los mineros, sintetizando el
punto más duro de su vida obrera.
Luchar para terminar con los capitalistas
El 7 de febrero del 2004 se dio a
conocer en el Diario Oficial de Chile, el Reglamento de
seguridad minera, decreto Nº 152 del Ministerio de Minería
que en su introducción dice, entre otros párrafos: “Considerando que los
adelantos tecnológicos y la mayor exigencia ante las
condiciones de nuestra industria extractiva minera, hacen
necesario modernizar nuestros reglamentos”. Sin duda para
los chupasangres del cobre la modernización significa mayor
explotación y reducción de costos a expensas de la
seguridad de sus trabajadores. Lo ocurrido en el Yacimiento
San José es una muestra de lo que entienden los patrones
por modernización de la minería.
Los mineros se encuentran organizados
en distintos sindicatos por zonas o por empresas, los que a
su vez se nuclean en la Federación Minera de Chile (FMC).
Distintas organizaciones llamaron a un Encuentro de todos
los sindicatos y federaciones mineras en Copiapó. A tal fin
llegaron a Atacama Agustín Latorre, Jorge Flores, Carlos
Retamales y otros dirigentes de la Federación. En el
Encuentro, realizado el martes 16 de agosto, también
estuvieron presentes delegados de la Central Única de
Trabajadores de Chile y organizaciones estudiantiles. La
Federación Minera emitió una declaración donde se
solidariza con los familiares de los compañeros atrapados
por el derrumbe, y responsabiliza a la empresa y los
organismos fiscalizadores del Estado por no salvaguardar la
vida de los trabajadores. Pero no llama a tomar medida
alguna frente a tamaña tragedia.
En momentos de escribir esta nota, a
trece días del accidente, las tareas de rescate se han
complicado ya que han ocurrido nuevos derrumbes al interior
de la mina. Quienes conocemos los que es una mina sabemos
que las posibilidades de supervivencia de los trabajadores
son muy difíciles. Mientras tanto, el presidente Sebastián
Piñera salió a decir en forma hipócrita: “Estamos
pensando en un desarrollo integral (para el país) y parte
de ese desarrollo tiene que ver con la calidad de los
trabajos que ofrecemos a nuestros compatriotas y por eso, a
la luz del accidente que ha ocurrido en la mina San José
(...) he dispuesto como Presidente que se realice una
completa revisión y reformulación de las condiciones en
que trabajan los chilenos” (La Tercera, 18-8).
Es lo que dicen siempre estos gusanos
ante las calamidades y las tragedias que el capitalismo
provoca a los trabajadores y sus familias. Terminar con este
sistema de explotación es la tarea más importante aunque
sea la más ardua para los trabajadores. Ése debe ser el
horizonte estratégico de los nuevos activistas y luchadores
para que la clase obrera les haga pagar una a una las
cuentas pendientes a sus explotadores.
