Lo que corresponde es la expropiación

En nuestra edición anterior señalábamos que el elemento más resaltante de la actual coyuntura es la recuperación de Cristina. Su reciente embestida contra Fibertel y Papel Prensa ha venido a confirmar esta caracterización. Esto ocurre en el contexto de un escenario de renovada polarización entre los de arriba. Se trata de la desacostumbrada situación de un gobierno capitalista que sale a enfrentarse a un determinado grupo patronal. La circunstancia requiere una explicación sobre el verdadero alcance de la movida. Y, sobre todo, sentar una posición independiente desde la izquierda.

Las razones de una ofensiva

Hay que explicar esta acometida. Una explicación muy pobre la reduciría a una pelea entre distintos intereses económicos: sacarle Fibertel a Magnetto para dársela a las Telefónicas. En este caso el gobierno actuaría por cuenta de unos empresarios contra otros. Este elemento existe y tiene su peso. Pero es un hecho que en la jugada de los K por Papel Prensa hay otro tipo de causas. Estas son de orden más “político”: tienen que ver con la recuperación de la autoridad del gobierno de Cristina en particular y del Estado en general.

La embestida expresa dos objetivos. El primero es obvio, escarmentar a un grupo económico que viene cumpliendo un indisimulado papel en la disputa que divide a los sectores patronales desde el año 2008. Una pelea que puso en entredicho el “modelo” K de país. Sobre todo cómo repartir –entre los de arriba– las superganancias que está logrando el campo argentino. Pugna donde Clarín y La Nación quedaron incondicionalmente del lado de las patronales campestres.

Pero existe otro elemento más general, el gobierno está jugado a recuperar su capacidad de “arbitraje” –la de él y la del Estado en general- entre sectores patronales. Este arbitraje –nos referimos al gubernamental, del Estado hablaremos más abajo– quedó casi herido de muerte en oportunidad del conflicto con las organizaciones patronales del campo.

Señalemos primero que cuando hablamos de “arbitraje” nos referimos a la capacidad de un gobierno de administrar las relaciones entre las clases (y al interior de las clases mismas) en un determinado período incluyendo aquí el reparto general de las ganancias entre los grupos económicos.

Esta capacidad la tuvo el gobierno de Néstor K, que dadas las circunstancias extremas post-2001, le facilitó encabezar un gobierno de cuasi unidad nacional. Pero Cristina perdió este atributo casi desde el comienzo mismo de su gestión.

En este contexto, la embestida contra Clarín y La Nación, lo que está expresando, es el escarmiento a aquellos grupos económicos que se introducen de manera demasiado directa en la esfera directamente política (y, peor aún, cuando se trata de medios de comunicación de masas). Con su embestida los K parecen decir, “la política es para los políticos profesionales y los grupos económicos que se ocupen de hacer negocios”.

Esto que venimos señalando está vinculado, además, a un objetivo más general de la gestión K desde 2003, tiene que ver con la re-legitimación del mismo Estado y de las instituciones de la democracia de los ricos después del descalabro del 2001: “CFK ha continuado la reconstrucción de la autoridad presidencial y la primacía de la política sobre los poderes fácticos que Kirchner inició en 2003, cuando el descrédito del sistema representativo democrático había llegado a un punto intolerable”[1].

Economía y política en la democracia de ricos post-neoliberal

Así las cosas, en el fondo, la movida K busca a la vez que sancionar a un grupo opositor políticamente, reestablecer una cierta “separación” entre política y economía, separación que se “volatilizó” casi completamente (acá y en el mundo) en las últimas décadas de imperio urbi et orbi del neoliberalismo y que en Latinoamérica estalló bajo la forma de rebeliones populares en medio del descrédito generalizado de las instituciones de la democracia de ricos.

Claro que esta pretendida “separación” no puede negar la realidad materialista básica de que la política (y el Estado) no es otra cosa que economía concentrada: expresa y no puede dejar de expresar los intereses de la clase dominante.

Pero el problema que genera que esto sea demasiado “visible” para la gobernabilidad burguesa de la sociedad, es que la reducción de la política a meros intereses económicos “desnudos” dificultan a las instituciones cumplir su supuesto rol “mediador” de los conflictos sociales y económicos.

El periodista Osvaldo Papaleo, hermano de la esposa de David Graiver, ex secretario de prensa de López Rega y actual espada del kirchnerismo, no deja de señalar este elemento: “El origen de este conflicto está en la diferencia entre el poder y los medios de comunicación que quieren manejar el poder. Con el voto, los dirigentes políticos dirigen la sociedad y encaminan el país, mientras que los medios de comunicación, con dinero y empresas monopólicas, quieren hacer lo mismo, sin arriesgar su estabilidad política porque lo hacen desde afuera, haciendo negocios con el Estado”[2].

En otras palabras, con su embestida los K parecen decir que los grupos económicos no deben meterse directamente en la lucha política; eso hay que dejárselo a los partidos políticos (patronales), para eso están; y si otros grupos se meten en política van a ser sancionados igual que Clarín. Este elemento también hace al “arbitraje” en la medida que eligiendo un “blanco” se llama al orden a todo el resto.

Insistimos. Más allá de la recuperación de la autoridad presidencial, está la del Estado mismo, la necesidad que no sea visto como un mero “juguete” en manos de los grupos económicos más concentrados de manera tal de recuperar su capacidad de dominio y gobernabilidad.

Esto tiene otro costado: si un gobierno capitalista es como decía Marx “la junta que administra los intereses comunes –o generales– de la burguesía”, esto no quiere decir que no deba hacerse valer muchas veces “pisando los callos” de uno u otro sector patronal.

Esto es también parte de la recuperación de esta capacidad de arbitraje que buscan los K: separar los intereses presentados como “generales” –de “toda la sociedad”– de los particulares. Porque el problema con la afirmación de los intereses particulares en la escena pública de manera tan descarada como se dio en los años 90 –o como expresa el mismo Clarín– es que cuando estos intereses se presentan de manera tan directa llevan agua al molino de la deslegitimación del Estado y las instituciones mismas: ¡abren las puertas al “Que se vayan todos”!

Insistimos: no ver esta dimensión de la actual semi crisis política y creer que todo se reduce a sacarle a un grupo económico para darle a otro es una estrecha visión que reduce mecánicamente las cosas a una interpretación de tipo vulgar que desarma políticamente acerca de cuál debe ser el eje para sentar posición desde la izquierda revolucionaria.

Los límites de clase de los esposos K

Lo que venimos señalando se conecta con otro aspecto. Los K son un personal político patronal ultra-pragmático, en su accionar no hay ni una pizca realmente de “principios” incólumnes. Su íntima amistad con Domingo Cavallo en los años 90 así lo testimonia.

Pero lo que los diferencia de los demás políticos patronales es su capacidad de apreciar lo que podríamos llamar “el espíritu de la época”. Son el elenco político que mejor “leyó” (en clave burguesa, claro está) las razones de la crisis de los años 90. Comprenden mucho mejor que la oposición –exageradamente “gorila” para los tiempos que corren– las condiciones creadas por la rebelión popular del 2001.

Esta particular “sensibilidad” implica comprender algunas de las razones de esa crisis, claro que para “resolverla” en clave “reformista” (en realidad, los K, ni llegan a serlo), limitadamente “estatista” y burguesa.

Hay varios aspectos. Uno es la ya señalada capacidad del Estado de recuperar cierto arbitraje respecto del funcionamiento de la economía nacional no dejando completamente librados los mercados a su solo arbitrio[3]. Pero desde el punto de vista político lo que buscan es recrear la idea de que el Estado estaría por encima de las clases. No sería –como es– la junta que administra los intereses comunes de los capitalistas... sino una aparente entidad “neutral” que estaría por arriba de la sociedad.

Contradiciendo lo anterior, desde el comienzo mismo de la embestida contra los medios han quedado expuestos los límites de clase de la jugada oficialista. El hecho es que el kirchnerismo está imposibilitado de ir hasta el final en su ofensiva en tanto que gobierno burgués que es. Todo el mundo sabe ya que fue el propio gobierno de Obama el que le exigió no llegar a la expropiación. Esta es la frontera del gobierno “nacional y popular”: lo que opine el amo yanqui desde el norte.

Porque lo que correspondería de manera inmediata ante la magnitud de la denuncia realizada por la misma Cristina, es la expropiación sin pago –y bajo control de los trabajadores– de una empresa que ha sido apropiada de manera indebida incluso para los cánones burgueses de la libertad de mercado.

Pero de ninguna manera el kirchnerismo quiere ir tan lejos, lo suyo es solamente “girar todo a la justicia” y presentar un proyecto de ley para “regular” el mercado del papel.

Estos límites tienen que ver con los alcances y límites del accionar de un gobierno burgués (por añadidura, en el fondo, bastante normal) contra determinados capitalistas. Simplemente se trata de recuperar capacidad de arbitraje para el Estado al tiempo que reestablecer una mayor “distancia” entre economía y política.

El retorno de la fantasmagórica burguesía nacional

¿Qué tenemos entonces? Una gran ofensiva discursiva cuyo resultado es parir un ratón. Se hace semejante cuestión solamente para llamar a implementar “una regulación de la producción de papel”. En esto está la marca del orillo burgués de los K: su acción discursiva va mucho más allá que las medidas prácticas que toman.

Una marca registrada de su gobierno, se tienen determinados embates con sectores de la oposición política y económica burguesa. Pero siempre teniendo en la mira el gobernar para el conjunto de la clase burguesa.

Otro costado tiene que ver con el contenido de clase de la embestida de los K. El hecho es que cuando la emergencia de la dictadura militar se operó dentro de la patronal un “ajuste de cuentas”. Grupos económicos que por una u otra razón se encontraban más estrechamente vinculados al gobierno peronista fueron “sancionados”. Esto es lo que pasó con los Graiver, fueron despojados de sus empresas –sobre todo Papel Prensa– a precio de remate; precio vil se dice para una operación que está por debajo del valor real de los bienes[4].

El hecho es que tan temprano como en el año 1985 el gobierno de Alfonsín resarció económicamente a los Graiver con fondos del Estado por cuenta de Clarín, La Nación y La Prensa (que siguieron usufructuando la empresa mal habida).

El gobierno lleva a cabo ahora su ofensiva en nombre de esos intereses patronales en su momento caídos en desgracia. Nunca se lo vio tan activo –a pesar de su discurso de los derechos humanos– con los que fueron los verdaderos damnificados por el golpe militar: la clase obrera, los estudiantes y demás sectores populares...

Hay que tratar de comprender por qué estas “cuentas” con las historia son llamadas a ser “pagadas” ahora. La razón creemos que tiene que ver con el más puro pragmatismo: aquí no está en juego ningún “principio” democrático real.

El hecho es que la totalidad de la patronal de nuestro país no sólo se ha dedicado toda su vida explotar a la clase trabajadora, sino que ha sido casi abiertamente cómplice de los más siniestros, anti-populares y anti-obreros gobiernos, tal el caso de la última dictadura militar. Los propios Graiver eran íntimos de la dictadura de Juan Carlos Onganía, amasaron parte de su fortuna bajo su gobierno, incluso la adquisición de la propia Papel Prensa original de mano de sus anteriores dueños.

La razón de los K es más “profana”: tiene que ver con el buscar un elemento de peso que pudiera poner sobre la picota a los medios, dado su rol a partir del conflicto del 2008. Eso es todo, ahí comienzan y terminan los “principios” K.

Expropiación sin pago

Finalmente, una cuestión a responder es cómo ubicarse frente a este tipo de medidas gubernamentales que parecen tener elementos “progresistas”. Casos como la re-estatización de los aportes jubilatorios, ciertos aspectos de la Ley de medios, la Ley de matrimonio de parejas del mismo sexo y la actual embestida tienen este tipo de aspectos. Una embestida contra los medios de comunicación más concentrados no puede dejar de tener costados “progresivos”.

En otras palabras: se trata de las consecuencias no queridas de la acción gubernamental. La denuncia de “chavización” del mismo es sólo una mirada interesada. Hay algo que separa tajantemente uno de otro (entre otras cosas): si Chávez ha apelado a la movilización controlada de las masas, los K nunca jamás lo han hecho realmente. Ni siquiera cuando estuvieron contra las cuerdas durante el 2008 hicieron a las masas trabajadoras una concesión real. Lo suyo siempre se ha limitado a la movilización... de su “aparato”. Este caso no deja de ser diferente: la denuncia contra Clarín y La Nación se anuncia por cadena nacional pero sin llamar a ninguna movilización popular al efecto.

Sin embargo, sí es un hecho que su embestida no puede dejar de tener consecuencias no queridas por el elenco gubernamental. Se trata del hecho que es la primera vez desde 1983 que proviniendo de las alturas del poder se presenta una denuncia acerca de la connivencia de uno los más grandes grupos económicos con la dictadura militar. Esto –de alguna manera– ilegitima fortunas amasadas al amparo de los genocidas. Tiene otro costado: cuestiona en los hechos la propiedad privada “mal habida” de estos grupos sobre Papel Prensa.

Son estas consecuencias las que “preocupan” al resto de los grupos económicos y al gobierno de Obama. De ahí el faltazo patronal en la ceremonia de anuncio de las medidas respecto de Papel Prensa y que los empresarios estén clamando que la embestida vuelve a “arruinar el clima de inversiones”.

Es un hecho que el gobierno se apresuró a señalar que “no pretende la estatización de la empresa” (lo cual es completamente verdad). Sin embargo, la propiedad de Papel Prensa por Clarín y La Nación ha quedado en entredicho dado su origen espurio.

Otra consecuencia de importancia es que esta pelea no puede más que politizar el ambiente político. Hoy por hoy, esto es capitalizado mayormente por el gobierno. Pero no deja de ser un factor que en determinado giro de los acontecimientos se le podría escapar de las manos. Esta es otra preocupación de los empresarios: ¡no se puede dejar “desnudo” –frente a la opinión pública– el origen ilícito de uno de los más grandes grupos empresarios del país!

En síntesis la posición de la izquierda revolucionaria debe ser clara: se trata de explotar las consecuencias no queridas de esta pugna de manera independiente. La cuestión que ha quedado colocada es qué hacer con esta empresa mal habida bajo el amparo de la dictadura militar. Es muy claro: lo que procede es la expropiación sin pago de Papel Prensa y su puesta a producir bajo control de los trabajadores.