Pararle la mano a
la escalada represiva con
la movilización popular y una
gran jornada
nacional de lucha el 20 de diciembre
Los
asesinatos del Parque Indoamericano
Cristina
lo volvió a hacer.
En no más de cuarenta días ha habido 5 compañeros y compañeras
asesinados por reclamar sus derechos. Mariano Ferreyra
por salir a apoyar a los tercerizados del Roca. Los compañeros
Tobas asesinados por la policía del gobernador K Gildo
Insfrán por exigir sus tierras ancestrales. Bernardo
Salgueiro y Rosemari Puja en la pelea del Indoamericano por
tener techo propio.
El
gobierno de los Kirchner se jactó siempre de “no
reprimir”. En realidad, los límites a la represión los
había puesto las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001
cuando a pesar de sus casi 30 asesinados la población
movilizada no se asustó e iba por más. En la jornada del
pasado martes 7 ocurrió lo mismo: el miércoles 8, acompañados
por figuras políticas, la militancia de la izquierda y
diversos movimientos sociales, los
vecinos volvieron a ocupar el Parque a pesar de los
asesinatos.
Sin
embargo, con el antecedente del asesinato de Mariano
Ferreyra el pasado 20 de octubre y tras la muerte de
Kirchner, se está
verificando un giro conservador en la conducción del país.
El gobierno de Cristina está a la búsqueda de la reelección
del 2011. Para esto se ha corrido hacia
la derecha buscando tomar en sus manos algunas de las
principales banderas de la patronal, entre ellas, el
“control del conflicto social”.
Las
patronales exigen hechos.
La ocupación del Parque Indoamericano le daba al gobierno
de Cristina una “oportunidad” para demostrar buena letra
[1]. El operativo fue en conjunto entre la Policía
Metropolitana y la Federal. Los
gobiernos de Cristina y Macri acordaron expresamente el
operativo de desalojo. Por esto mismo, tras la reacción
popular ante los asesinatos, el gobierno nacional no ahora
puede venir a descargar la responsabilidad en Macri cuando
la orden represiva vino de ambos…
Para
cubrir sus espaldas aparecieron las Madres de Plaza de Mayo
línea Hebe de Bonafini. El rol de las mismas -por boca de
Sergio Schoklender- linda
la provocación. Su vergonzoso comportamiento ha sido el
de buscar cuidar el “flanco izquierdo” del gobierno K a
como dé.
Está
documentado que fue esta organización la que al ver que se
comenzaban a producir las
“ocupaciones” en el terreno
del Parque Indoamericano hizo
la denuncia ante el gobierno de la Ciudad.
Ayer,
miércoles 8, luego de los dos asesinatos de la noche
anterior, Schoklender –apoderado legal de la organización-
llevó a cabo
escandalosas declaraciones declarando que los
manifestantes serían “narcotraficantes armados”…
Los
vecinos movilizados desmintieron
esto de inmediato dando la verdadera versión de los
hechos: “Según el relato de M. F. (se preserva su
identidad), la toma del parque comenzó el sábado en la
zona opuesta a la villa 20 y cercana al Club Deportivo Español.
Fue liderada por una comunidad boliviana de Los Piletones,
pero acompañada por habitantes de Mataderos, el Bajo Flores
y la villa 1-11-14. No
hubo más organización que el ‘boca a boca´. Llegamos
a 100 metros del alambrado de la Fundación y empezamos a
marcar los terrenos cuando vino una combi verde de las
Madres. Les aclaramos que no íbamos a entrar en sus
terrenos, pero igual nos amenazaron con armas’, agregó M.
F. La situación se repitió el domingo por la noche y
desembocó en la
denuncia y el pedido de desalojo que la Fundación vinculada
a los derechos humanos radicó en la comisaría 36ª.
Ese pedido dio paso a la intervención judicial y la
posterior represión. Los vecinos, tanto de Los Piletones
como de la villa 20, apuntaron
que los únicos armados eran los guardias de las Madres”[2].
Es
simple, a la luz de los hechos
está claro que el comportamiento de las Madres ha sido
indefendible: una
vergüenza explicable solamente porque se trata de una
organización absolutamente cooptada al aparato de Estado y
el gobierno K con los cuales lleva a cabo, además,
negocios.
Repetimos,
no hubo ninguna “banda de narcotraficantes”. Se trató
simplemente de habitantes de barrios carenciados que
salieron a intentar tomar en sus propias manos la resolución del dramático estado de abandono en lo que los ha sumido
la política habitacional de la Ciudad: “En la
Capital, 500.000 personas viven en una situación de grave déficit
en materia de acceso a la vivienda. De ellas, más de
210.000 habitan en villas; más de 30.000, en asentamientos
precarios; más de 2000 se encuentran en situación de calle
(…) En 2004 la Legislatura declaró la emergencia
habitacional (…) En 2007 el Estado nacional –de Néstor Kirchner- y el local –de
Mauricio Macri- ya se habían convertido en los mayores
desalojadores de la ciudad (…). En 2007, el
presupuesto para la vivienda representaba el 3.4% del total
de la recaudación; en 2008, el 3.2%; en 2009, el 3%; y en
2010, el 2.4%. Para culminar la provocación,
en los primeros nueve meses de este año se ejecutó sólo
el 16.8% de ese presupuesto” [3].
Las
palabras huelgan sobre la justa
naturaleza del reclamo. Además, el hecho es que organizaciones
de desocupados reconocidas del movimiento popular (CCC,
FPDS, etcétera) están al frente o tienen una participación
en los reclamos.
¿Cuál
es la explicación de fondo de esta escalada represiva? En
la última década, motorizados por la enorme crisis económica,
social y política, los
trabajadores y sectores de las masas populares salieron a
ganar la calle para garantizar sus reclamos. La patronal
le exige al gobierno de Cristina que “resuelva” el
problema para “volver a confiar” en él.
Por
un lado, están las cuestiones de “desorden
público”: desocupados que cortan rutas; sectores sin
tierras o vivienda que toman espacios para satisfacer esta
necesidad; trabajadores que hacen huelgas u ocupan plantas
contra los despidos, la tercerización o por el salario.
Superpuesto
a lo anterior, la patronal cuestiona que mediante las luchas
y los reclamos se afecte “la
propiedad privada”. Se cuestiona el derecho de los
trabajadores a hacer huelga porque esto “afectaría el
libre desenvolvimiento de la producción cuestionando los
derechos de propiedad privada”. O como en Formosa y el
Parque Indoamericano, que los sectores sin tierras -o
viviendas- se
“apropien” de aquellas que les corresponden o están
ociosas…
Los
acontecimientos del 2001 pusieron sobre la mesa otra
interpretación de las cosas. Que la protesta social,
popular u obrera es
un derecho frente al avasallamiento de los de arriba.
Que la propiedad privada no es más que el producto del trabajo humano arrebatado a los mismos trabajadores
mediante la explotación.
Entonces,
cuando una firma quiebra, o cuando una tierra histórica
pretende ser arrebatada a la misma población que se asentó
por ella durante siglos, o cuando se niega el derecho a la
vivienda en función de no se sabe qué “mega
emprendimiento inmobiliario”,
la
lucha obrera y popular cuestiona esa propiedad arrebatada a
los trabajadores y el pueblo.
Esta
es otra de las “anormalidades” que Cristina quiere venir
a “resolver” camino a su reelección 2011. De ahí su giro
represivo. Esta cerrada defensa del “orden público”
y la “propiedad privada” contra la lucha obrera y
popular está marcando el giro
conservador del gobierno K (a pesar de las bellas
palabras acerca de la profundización del “proyecto
nacional y popular” pronunciadas en las últimas semanas).
Ya
es un hecho evidente que desde la muerte de Néstor Kirchner
el gobierno ha venido operando un
giro hacia la “moderación”. Cubiertos por las
fanfarrias y los oropeles del “mandato de la Plaza de
profundizar el modelo”, el hecho es que el gobierno ha
venido operando este giro hacia satisfacer las demandas de
lo más granado de la patronal, giro
que no casualmente se ha cobrado la vida de 5 compañeros y
compañeras.
Está
claro que no se puede dejar pasar esta escalada represiva. Hay
que poner en pie una gran campaña democrática por el
juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de
Mariano, los compañeros Tobas y ahora lo del Parque
Indoamericano. No hay que descansar hasta que los mismos estén
detrás de las rejas y la responsabilidad política
compartida de los gobiernos provinciales, de la Ciudad y
Nacional en la picota.
Para
este objetivo la jornada del 20 de diciembre –noveno
aniversario del Argentinazo- es una enorme oportunidad. El emergente “nuevo clasismo”, los
luchadores populares, y la izquierda, tenemos la enorme
posibilidad de convertir este aniversario en una gran
Jornada Nacional de Lucha, con marcha y acto a la Plaza de
Mayo en la Capital Federal.
Al servicio de
esto debemos levantar las banderas de los trabajadores en
lucha –en primer lugar, del resto de las tercerizadas del
ferrocarril que no son del Roca, como es el caso de los
compañeros del Belgrano norte entre otros-; de la lucha
democrática contra la represión; por la cárcel a Pedraza;
y contra el Pacto Social que preparan gobierno, empresarios
y burocracia sindical.
Este
sábado 10 de diciembre el gobierno llevará adelante un
acto por “los derechos humanos” para lavarse la cara.
Una verdadera ridiculez atendiendo al triste record
represivo de las últimas semanas. La verdadera jornada
contra la represión y en apoyo a las luchas obreras es la
que se llevará a cabo el lunes 20 de diciembre: la
misma puede ser realmente multitudinaria y nacional.
Esta
posibilidad está planteada porque
la vanguardia obrera y la izquierda han vuelto a aparecer, y
con mucha fuerza, en la palestra política nacional desbordando
por izquierda al gobierno K.
El
corrimiento hacia la derecha del mismo, y la mayor unidad
entre los de arriba, han vuelto a colocar en el centro de la
escena la pelea entre el gobierno, la patronal y la
burocracia sindical con la vanguardia obrera, popular y la
izquierda: van a recrear para el 2011 la Santa Alianza contra los conflictos
obreros y populares como se ha visto ahora en el
Indoamericano.
Esa
es la perspectiva para los duros
enfrentamientos que se vendrán en el 2011. Parte de
ellos será también la batalla por hacer saltar por los
aires el pretendido “Pacto Social” que nos quieran
imponer.
Transformemos
la jornada del 20 en una enorme instancia de lucha nacional,
democrática, contra la tercerización, por el salario,
contra el Pacto Social y por la emergencia de un nuevo
clasismo en nuestro país. Desde el nuevo MAS nos jugaremos
para contribuir a estos objetivos en todo el país.
Notas:
1.-
Ni hablar de la llegada por estas horas de una misión del
FMI para “ayudar a establecer un índice confiable de
inflación”…
2.-
La Nación, 9-12-10.
3.-
Facundo Di Filippo, ex presidente de la Comisión de
Vivienda de la Legislatura, La Nación, 9-12-10.
