Los
hechos de corrupción relacionados con el proyecto Sueños
Compartidos provocaron un escándalo político. Golpean al
gobierno en plena campaña por la reelección.
Resquebrajaron la Muralla China levantada alrededor de las
Madres y salpican cada vez más a funcionarios del entorno
presidencial. No lo pueden tapar por más premios que le
otorguen a la Sra. de Bonafini.
Pero
no es sólo eso. Cuestionan uno de los pilares de su gestión:
su política de derechos humanos.
Política
agitada y llevada adelante durante estos años, que consistió,
centralmente, como lo expresamos en notas anteriores, en
castigar a algunos centenares de milicos para salvar a la
institución FF.AA. Esto fue vía los juicios a asesinos y
apropiadores y por otro lado, la cooptación de los
principales organismos.
La
bandera no alcanzó para investigar la desaparición de
Julio J. López, el asesinato de Silvia Suppo ni tampoco el
de los compañeros originarios Qom.
Pero
a pesar de estas y otras contradicciones, ganaron la adhesión
de un sector importante de jóvenes, trabajadores, población
en general, que vio con buenos ojos el accionar de la
justicia K en este terreno, comparándola con los nefastos
Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín y el indulto de
Menem. Lo vio como un avance y simpatizó con este perfil,
aun cuando cuestionara otras orientaciones gubernamentales.
Fueron
pasos adelante indudables el encarcelamiento de reconocidos
genocidas, mérito que se atribuyó el gobierno como propio,
ninguneando 30 años de pelea sostenida.
El
escándalo Schoklender provocó un cimbronazo político en
este sector. Una crisis que excede las medidas K, que se
extiende como una mancha de aceite sobre la legitimidad de
una lucha histórica en el país.
Muchos
se preguntan: “¿Esto fue todo un engaño, todos los
activistas por los derechos humanos son unos corruptos,
estuvieron 35 años robando mientras nos hicieron creer que
luchaban?”
¿De
dónde salen los “malditos”?
La
Sra. Hebe de Bonafini expresó su deseo de que los
“malditos” vayan presos.
¿Pero
de qué entraña salieron esos “malditos”?
Si
la expresión está referida a los hermanos Schoklender, no
es su historia personal lo que define su accionar
fraudulento. En todo caso, su historia personal no es ajena
al rol que jugaron estos años en el principal organismo de
derechos humanos K.
Pero
esta conducta corrupta no surge de la mente de ningún
Maquiavelo. Las condiciones materiales que se crearon dieron
origen a que los negociados y el accionar delictivo se
expandieran en organizaciones que antes no tenían esa
conducta.
Para
nosotros existe una fundamental que es la cooptación por
parte del Estado con la política y con la billetera.
Pero
además coadyuvan un mecanismo de funcionamiento de estas
organizaciones donde hay cero de democracia interna, donde
todo se decide por la cúpula. Acompañado de un acérrimo
“apoliticismo”.
Esta
característica no es ni fue privativa de las Madres, fueron
campeones en su burocratismo acérrimo y un falso
apoliticismo los organismos dirigidos por el PC y los
partidos burgueses, pero ellas no escaparon a esta mecánica
donde los o las referentes resolvían todo. Donde las
reuniones y el debate eran un adorno para respaldar la política
llevada adelante por los dirigentes. Y donde el declarado
apoliticismo escondió siempre posiciones políticas, aunque
no fueran partidarias. Además acotó el desarrollo de un
amplio debate que hubiera sido útil entre la vanguardia
luchadora.
En
el ámbito de la Universidad de las Madres, que debería ser
el más democrático, por su carácter de centro de
aprendizaje y de formación cultural e ideológica, son
conocidas las expulsiones de varios profesores de renombre
por discrepancias políticas. Es emblemático el alejamiento
de Vicente Zito Lema, secretario académico de esa institución,
en febrero de 2003, quien expresó públicamente en una
carta el motivo de su renuncia:
“Sólo
con perversidad o inocencia desmedida se puede afirmar que
me alejo de la Universidad porque me deben mis sueldos como
trabajador en la misma. Las Madres no pueden mentir. Ellas
saben que nunca les reclamé pago alguno. Mi salario fue
fijado por ellas y el administrador. Me han pagado siempre
con demoras y a la fecha me deben seis sueldos
aproximadamente. Insisto que nunca reclamé a las Madres, ni
en forma verbal ni por escrito. Eso sí, he disputado con el
administrador, por entender que se me ofendía en la medida
de ser el único trabajador de la Universidad a quien no se
le pagaba correctamente. Eso lo saben incluso los demás
trabajadores de la Universidad, docentes amigos y el propio
delegado de los trabajadores no docentes de la Universidad.
El administrador me ha reconocido que las irregularidades en
el pago de mis sueldos era practicadas como forma de
presionarme políticamente.”
A
esta denuncia acompañó otra en relación a amenazas
recibidas.
Las
Madres de Plaza de Mayo de Neuquén cuestionaron desde el año
2007 el apoyo al gobierno, la suspensión de la Marcha de la
Resistencia y el emprendimiento constructivo. Según sus
referentes principales, Lolín Rigoni e Inés Ragni, fueron
aisladas y “no nos dan fondos ni para viajar a Buenos
Aires”, declararon
cuando la Sra. Bonafini fue a inaugurar casas en esa
Provincia, acto del cual no participaron.
La
falta de democracia hace que cualquier voz que se levante
cuestionando algún criterio político o de manejo de fondos
no pueda prosperar.
Esta
es la cruda explicación de por qué surgen estos
“malditos”, que corroen el entramado social tanto de
organismos de derechos humanos, de desocupados y de
trabajadores. Aquellos que son atrapados por sus redes no
pueden zafar aunque declamen años de lucha y buenas
intenciones.
¿Cómo
avanzar sobre estos obstáculos?
Mucho
se ha dicho y escrito en estos días sobre el necesario
control de los organismos del Estado sobre los fondos públicos
para que no sucedan casos como éste.
Si
algo está demostrado, es la inutilidad de estos controles.
Existen la UIF (Unidad de Información Financiera), la AFIP,
el Defensor del Pueblo y un largo etcétera que ni en éste
ni en otros casos sirvieron para nada. O podríamos decir,
que en la mayoría de ellos sirvieron para dilatar o tapar
que aparecieran a la luz pública.
Debemos
buscar los mecanismos que nos permitan avanzar en otro lado.
En primer lugar, una política que tome en sus manos la
lucha legítima por el castigo a todos los culpables del
genocidio y las apropiaciones, sean civiles, militares o
eclesiásticos, con total independencia de cualquier sector
gubernamental, patronal o burocrático.
Junto
con esto, un funcionamiento democrático que permita
rectificar la política y controlar el funcionamiento
cristalino de las organizaciones.
Es
fundamental poner todo nuestro esfuerzo político y
militante para que este hecho se transforme en un
aprendizaje y un avance en la conciencia que permita a los
luchadores sacar las conclusiones adecuadas.
•
¡Relegitimemos la lucha por los derechos humanos usurpada
por los K!
•
¡Por la movilización y organización independientes!
•
¡Castigo a todos los culpables!