Guiños, presiones y mentiras

El dictamen de la Corte Suprema sobre el tarifazo, que obliga al gobierno a anular las subas anteriores para usuarios residenciales y a convocar a audiencias públicas para definir la tarifa, dejó mucha tela para cortar. Por lo que dice, desde ya, pero no sólo por lo que afirma en voz alta, sino también por lo que advierte en voz baja, lo que desliza, lo que sugiere y lo que no dice. Hay varios puntos que merecen aclaración y otros que merecen ser más resaltados.

La presión oficial salió por la culata

Por supuesto, el fallo fue en principio una derrota política para el gobierno, que esperaba –por razones no muy claras– un resultado más favorable. En realidad, a medida que se acercaba la fecha tal vez el macrismo intuyó que la cosa no venía bien, lo que explica la insólita, burda y desencajada marea de presiones sobre la Corte, bajo la forma de declaraciones de funcionarios diversos que no eran más que puro terrorismo verbal. En efecto, se amenazaba con que si no había aval al tarifazo el país se quedaría sin gas, que habría “parálisis de obra pública” (Prat Gay y Lopetegui), que renunciaría Sturzenegger al Banco Central… faltó decir que nos invadirían los zombies. No hubo caso: este dudoso ejercicio de “republicanismo” que fue el chantaje alevoso al máximo tribunal de parte del macrismo (¿y la “división de poderes”?) fue más bien contraproducente y terminó pariendo un fallo más duro del esperado.

La Corte respondió al chantaje oficial desmintiendo que el mundo se venga abajo por no cobrar tarifas más altas: en su dictamen sostuvo que el gobierno tiene diversas vías compensatorias, y recordó que las compañías licenciatarias recibieron ingresos pagados por los usuarios para invertir en infraestructura (contra el chantaje de esas empresas que amenazaron, no muy disimuladamente, que “el servicio se va a resentir”). Y el recién ingresado Horacio Rosatti hasta se dio el lujo de advertir al macrismo que sus torpes manejos “afectan la seguridad jurídica”.

Antes de considerar el dictamen más en detalle, cabe señalar ciertos aspectos de manejo interno de la Corte que tuvieron su papel. Por lo pronto, la Corte apuró su decisión al jueves 18 para que el fallo tuviera cuatro votos, es decir, antes de que asumiera Rosenkrantz, el más claramente macrista de los jueces supremos.(1) El más proclive a ayudar al gobierno era, naturalmente, el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti. Pero rápidamente se vio en minoría, ya que Elena Highton y Rosatti querían dejar claro su rol “independiente”, y Juan Carlos Maqueda vio la posibilidad de subir su actual perfil, un tanto desdibujado. Con Rosenkrantz la cosa habría sido más peleada. Pero Lorenzetti, parece, no quiso quedar expuesto a un resultado 3 a 1, y al dejar pasar, e incluso acompañar, un fallo, en lo exterior, unánime, en cierto modo se subió el precio frente al gobierno (es una metáfora, desde ya).

Por otra parte, un fallo pro gobierno 3 a 2, con Rosenkrantz inclinando la balanza, hubiera convertido a esta Corte en digna sucesora de la “mayoría automática” de la época menemista. Escenario que aterraba a los cuatro jueces (no se sabe si a Rosenkrantz le importa; probablemente no).

¿Corte “populista”, liberal o qué?

Más allá de estas cuitas internas, el fallo tiene serias contradicciones, y no sólo en lo jurídico, sino en su intento de manejar la relación con el gobierno. Por un lado, buscó dejarle margen al macrismo al anular el tarifazo sólo para los hogares, que son apenas un cuarto del consumo total (aunque, a la vez, abarcan la gran mayoría de los usuarios). También reconoció la potestad del Poder Ejecutivo para fijar las tarifas. Pero, por el otro, dejó dos fuertes interrogantes: si las cámaras pymes, que reclamaron quedar afuera del tarifazo, terminarán recibiendo el mismo beneficio que los hogares (lo que agrandaría el agujero de recaudación), y, sobre todo, qué va a pasar con la tarifa de electricidad. El sudor frío que recorre la nuca del macrismo y los empresarios es que el fallo de la Corte, en el fondo, no cerró la cuestión, sino que promete nuevas entregas de un novelón tarifario que no parece acabar nunca.

Como decíamos, uno de los grandes problemas del fallo es que no corta de cuajo la posibilidad de que continúen los reclamos legales y amparos, tanto en el gas como en la electricidad. Aceptó que los usuarios residenciales forman un “interés homogéneo” (habilitando lo que se suele llamar en derecho “acción de clase”, es decir, un litigio que busca proteger el mismo derecho para muchas personas), pero no se pronunció –esto es, no descartó– sobre ese criterio para el caso de las pymes, clubes, ONGs, etc. (ya los llaman los “me too”, es decir, “yo también”).

De más está decir que es un absurdo que un dueño de casaquinta con pileta en un country pertenezca al mismo grupo –usuario residencial– que un inquilino de un dos ambientes en Gerli, pero que a la vez el heladero o el verdulero de Gerli que viven al lado del anterior deban pagar el 500% porque son comercios. Eso es lo que podría (o no) cambiar. De allí que el alivio inicial del gobierno cuando hizo la cuenta de que se anulaba el tarifazo para sólo el 26% de las facturas quedó en el aire.

Siguiendo con las señales mixtas, la Corte en su fallo hace dos observaciones sobre las audiencias. Primera, que por su carácter “esencial” en la conformación del cuadro tarifario no pueden ser una mera formalidad, como quería Macri, y que además deben tener en cuenta criterios de “razonabilidad y gradualidad”. La segunda, de sentido más “doctrinario” y que sorprendió a muchos, es que el carácter obligatorio de las audiencias se desprende del hecho de que, desde 2002, es el Estado el que regula los precios de gas en boca de pozo. En cambio, si el precio del gas estuviera regido por un esquema totalmente de mercado, basado en la oferta y la demanda, ¡no habría ninguna necesidad de audiencias! ¡La Corte se muestra, en este punto, más liberal que el mismísimo PRO!

El razonamiento es éste: si la decisión escapa al mercado porque regula el Estado, no puede hacerlo a su arbitrio; debe recurrir a los mecanismos de consulta y consenso, como las audiencias. Pero si regula el mercado “libre”, adiós audiencias, porque tampoco las hay para el precio de todos los demás artículos cuyo precio se fija por la oferta y la demanda. Por supuesto, el PRO no está en condiciones de imponer este criterio ahora mismo. Pero la Corte le da la cobertura legal para hacerlo en cuanto la relación de fuerzas se lo permita. Ahí va a ser el llorar y el rechinar de dientes de los que ahora elogian la “valentía e independencia” del máximo tribunal.

¿Qué se va a oír en la audiencia?

Las audiencias (o la audiencia; en realidad no se sabe aún si va a haber sólo una en Buenos Aires o habrá más en el interior), como es sabido, no es vinculante, pese a lo cual el gobierno nunca quiso saber nada con ella.(2) Pero sería un error grosero y sectario sacar la conclusión de que será decorativa, por dos razones, una formal y otra política. La formal es que la Corte advirtió expresamente que la audiencia pública no puede ser de carácter “testimonial”, para que el gobierno diga “ya la hice, listo, corre el tarifazo”. De hecho, recuerda que deben cumplirse criterios de “gradualidad”. Pero si a pesar de todo el macrismo avanza –por ejemplo, con el argumento de que un 500% es “gradualismo”–(3), el revuelo político que generaría burlarse tan abiertamente de la población sería de dimensiones insospechadas. Y el despelote no sería sólo político, sino también judicial, ya que se darían nuevas presentaciones en la Justicia que una Corte despechada podría habilitar.(4)

Justamente como la mano viene complicada es que el gobierno ya está buscando aliados que defiendan su posición en las audiencias. Y como billetera mata “opositor”, los candidatos son los de siempre: los gobernadores del PJ, que, tanto como para ir aceitando la relación, recibirán en estos días 24.000 palitos adicionales a los ya girados en créditos blandos del Fondo de Garantía de Sostenibilidad. Sí, la sacrosante “plata de los jubilados” financia el intercambio de favores PRO-PJ. Al mejor estilo de la mafia, es el pago por la protección…

A todo esto, está por verse si el gobierno se anima a abrir una caja de Pandora llevándose todo por delante; por lo pronto, el “ala política” (o sea, los “no CEOs”) quiere que prime la cordura, y en 2017 pensamos qué hacemos… O antes. Porque en octubre deberían hacerse las audiencias públicas para el cuadro tarifario definitivo de 2017, tanto del gas como de la electricidad. Ahora bien, la pregunta del millón, tanto respecto de la audiencia de septiembre por las tarifas 2016 como respecto de la de octubre por las tarifas 2017, es muy clara: ¿qué propuesta de tarifas va a presentar el macrismo en esas audiencias?

Un liberal con criterio político (especie rara si las hay), Fernando Navajas, economista jefe de FIEL, teme que el macrismo sea demasiado testarudo, que no entienda los límites políticos y no resuelva bien lo que él llama “confusionismo tarifario”. En ese caso, advierte, “a muchos hogares les van a venir aumentos significativos aun con la decisión de la Corte, y van a chocar igual contra el 400%. Si esto no es correctamente anticipado, y evaluada su magnitud, vamos a volver a la bronca y de ahí a la judicialización. Es importante que el gobierno se dé cuenta de que todavía tiene la opción de cambiar su política energética” (Ámbito Financiero, 22-8-16).

Pero no parece ése el rumbo del gobierno, por lo que es inevitable formularse otra serie de interrogantes. ¿Qué viabilidad política tendrá esa propuesta? ¿Qué diferenciación habrá, si la habrá, entre hogares, entidades de bien público, comercios e industrias? ¿Dejará satisfechos a millones  de usuarios que, como el gobierno tiene muy presente, votarán en 2017? Y, por otro lado, ¿tendrá coherencia ese cuadro tarifario con las metas macroeconómicas del gobierno, desde el déficit fiscal al índice de inflación? ¿Cómo hará el macrismo para conformar a la vez a los usuarios, a las compañías concesionarias y a los mercados, sin dejar flancos abiertos que se puedan explotar por la vía judicial?

El escenario al que podemos ir puede reeditar, según el citado Navajas, “algo que los votantes no veían desde la resolución 125. El error de política económica de ese episodio estuvo en el hecho de iba a provocar transferencias de ingresos de modo brusco que, al margen de los aspectos técnicos, no eran consideradas legítimas por una parte de la sociedad que tenía poder para bloquearla” (Ámbito Financiero, 16-8-16).

Dejemos de lado, claro, el “detalle” de que esa “parte de la sociedad” en 2008 eran los millonarios sojeros, y en 2016, el 90% atacado por un gobierno de millonarios. Pero la lógica política no es tan distinta: hay “bruscas transferencias de ingresos” a cargo de una “parte de la sociedad” (en este caso, ultra mayoritaria) que “no son consideradas legítimas”. De lo que se trata, por supuesto, es de convencer ahora a los afectados, los trabajadores y demás sectores populares, de que efectivamente tienen el “poder para bloquear” ese ataque brutal.

Marcelo Yunes

Notas

1. Y no solamente macrista en particular, sino pro empresas en general. De hecho, más que hombre de Macri, es hombre de las grandes compañías, empezando por el Grupo Clarín. He aquí un breve prontuario de Carlos Rosenkrantz: representó a Clarín contra la ley de medios, pero fue abogado representante de La Nación, Cablevisión, América TV, Ávila (medios), McDonald’s, las petroleras YPF y Panamerican Energy, los garcas del campo de CARBAP y la Sociedad Rural, las cerveceras Quilmes y Anheuser, y los fondos de inversión GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus (cuyo CEO era Mario Quintana, hoy secretario del jefe de gabinete). Su especialidad: litigar contra el Estado nacional, cosa que hizo hasta representando a provincias como Santa Fe. En suma, un profesional legal todo terreno de la clase capitalista.
2. La audiencia pública representa un peligro potencial que ya intuía Aranguren antes de ser ministro: “Cuando Juan José Aranguren comandaba en 2015 las reuniones de los equipos técnicos de Mauricio Macri, ya aseguraba que no era necesario realizar audiencias públicas para subir las tarifas” (G. Laborda, Ámbito Financiero, 19-8-16).
3. No es una broma: Aranguren ha dicho que el esquema tarifario antes del aumento cubría el 11% del costo del gas, y que con el tarifazo llegaría al 30%, “con lo cual se mantiene el 70% de subsidio”. ¿Acaso eso no es gradualismo?
4. Como para aliviar la presión, la Corte en su fallo pidió también que se designe de una vez al Defensor del Pueblo, cargo vacante desde 2009. Se trataría de otro colchón institucional adicional que permitiría, entre otras cosas, procesar y dilatar reclamos como el del tarifazo, de manera de no obligar tan seguido a la Corte a exponerse con fallos de alta densidad política. De paso, esa designación reaviva la interna peronista, aunque los caraduras de Cambiemos tienen incluso la intención de poner a alguien propio en ese sillón. ¿“Defensor del pueblo” contra los abusos del gobierno o defensor del gobierno contra las protestas del pueblo? Pura república, diría la inefable Carrió.

Una estafa al servicio de las empresas

Cuando hacemos números, vemos que los anuncios catastrofistas del gobierno eran pura campaña de terror. Por empezar, según datos de 2015 del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Argentina produce el 74% del gas que consume, e importa el 26% restante. ¿Cuál es el precio del gas? El gobierno kirchnerista había establecido un valor bastante elevado de 7,5 dólares por millón de BTU (unidad termal británica, equivalente a unos 27 metros cúbicos). Pero ese precio obedecía, primero, a incentivar la producción de las compañías petroleras-gasíferas locales, y segundo, a precios de importación que eran sensiblemente más altos que los actuales.

Según Miguel Bein, ex asesor estrella del candidato Scioli y hoy nada antimacrista, nada justifica ese valor de 7,5 dólares, que excede tanto el precio internacional como el de importación: el gas boliviano se paga a menos de 3 dólares y el gas natural licuado importado vale no más de 4,5 dólares. Incluso sumando el costo de la regasificación del gas licuado no se llega a más de 5,5 dólares. De esta manera, se da una situación que técnicamente se conoce como de “subsidios cruzados”, algo expresamente prohibido en el mismo marco regulatorio legal. Como dice Fernando Navajas, de FIEL, “este solo hecho sería un elemento de prueba para declarar ilegal el aumento del gas natural y obligar al gobierno a volver a armar los cuadros tarifarios” (Ámbito Financiero, 16-8-16).

Hay más incongruencias: del total del consumo de gas en 2015 (43.500 millones de metros cúbicos), el 24% va a los hogares, el 29% a la industria, el 7% al GNC, el 4% al comercio y entes estatales, el 2% a la subdistribuidoras. El 34% restante se destina a las centrales eléctricas. Esto es, el gas representa un insumo de la electricidad. ¡Pero, contra toda lógica económica, el precio del insumo (gas) es hoy más alto que el del producto final (electricidad)! De hecho, en todos los países con importante producción propia de gas, la electricidad es siempre más cara. Aquí es al revés.

La campaña del terror del macrismo oculta que Argentina, lejos de ser un país dependiente de otras fuentes de energía, cubre con gas más de la mitad de sus necesidades totales de energía, cuando esa proporción no llega al 15% en Brasil o al 10% en Chile. Por supuesto que el kirchnerismo destruyó el autoabastecimiento en hidrocarburos con su política energética, pero lo que el macrismo no dice es que la política actual no hace más que profundizar ese desastre. En efecto, el “error” (consciente) del kirchnerismo fue ser demasiado generoso con los intereses de la “oferta” (es decir, las petroleras), criterio que Macri lleva al paroxismo.

Al menos, es lo que dice Bein en su informe de abril pasado, con ocasión del anuncio del tarifazo. Bein estimaba que el tarifazo tendría un impacto de 3.500 millones de dólares, que deberían solventar íntegramente los usuarios con los nuevos precios (el cálculo del gobierno es algo mayor, unos 5.300 millones de dólares). Pero, advertía, de ese monto “sólo una tercera parte iría a reducir las erogaciones del fisco, mientras que el resto iría a parar a las empresas del sector”. Y concluye: “Además del monto completamente exagerado de la transferencia, la decisión resulta difícil de explicar considerando que no implica señal a la oferta [es decir, incentivo para invertir. MY], sino una mejora directa en los balances de las compañías” petroleras (en http://estudiobein.com.ar/post/1/776).

Y en efecto, el Ministerio de Energía estima ahora que el agujero fiscal que le provoca el fallo de la Corte será de entre 800 y 1.300 millones de dólares (contando las compensaciones a las empresas), esto es, unos 20.000 millones de pesos que corresponden a los usuarios residenciales. El paquete total del tarifazo alcanzaba 80.000 millones de pesos; como vimos, los hogares representan un cuarto de esa cifra. Si eso no se modifica –esto es, si la Corte no hace un nuevo dictamen protegiendo, además de los hogares, a otros usuarios–, el macrismo no piensa hacerse mucho problema: se emitirá más deuda en pesos o dólares, y se acabó. ¿Tanto generar pánico para eso?

De todos modos, una cosa es segura: el objetivo del gobierno no es modificar los patrones de consumo “derrochón” (¡ni siquiera se hace campaña para ahorrar luz, siendo que gastando menos luz se ahorra gas!), ni salvaguardar la obra pública, ni aumentar el volumen de producción en dirección a recuperar el autoabastecimiento energético. De lo que se trata es de recomponer las ganancias de las compañías, más allá de lo que produzcan e inviertan. En lo que va del gobierno de Macri, la producción de hidrocarburos no dejó de caer, pese a un cierto reanimamiento del precio internacional. Pero todas las resoluciones del Ministerio de Energía referidas al tema fijan compromisos de inversión sólo para distribuidoras y transportistas, no para las petroleras, a pesar de que se llevan la parte del león de las nuevas tarifas. ¿Quedan claras las prioridades PRO?

M.Y.

Aranguren go home

El gobierno prepara, no muy sigilosamente, la eventual eyección del ministro de Energía, Juan José Aranguren. El ministro de Justicia, Germán Garavano, mostrando realmente poco espíritu de cuerpo con su colega, aclaró tras el fallo de la Corte que la suba de tarifas fue un “proceso técnico” generado en el ministerio, no en una decisión presidencial (“¡Macri no fue, Macri no fue!”, le faltó decir). Y en una reunión de gabinete sobre las tarifas, Macri trató el tema con Prat Gay, Marcos Peña, Lopetegui y Quintana… pero no con el ministro del área. Parece claro que Aranguren está para recibir los cachetazos mientras pueda, salvaguardando a los verdaderos creadores de las medidas que él ejecuta.

Dicho esto, como se desarrolla en nota aparte, es absurdo el razonamiento de que como Aranguren “ya es un cadáver político”, no hay que exigir que se vaya. Es obvio de toda obviedad que si el gobierno, finalmente, se ve obligado a desprenderse de este fusible, eso lo va a dejar más débil que antes, no más fuerte, para enfrentar la reacción contra el tarifazo. Y a la inversa, su renuncia será legítimamente vista por los sectores populares como un triunfo parcial de su propia lucha. ¿Realmente hace falta explicarle esto al PO y otros “izquierdísimos”?

M.Y.

Dejanos tu comentario!