La Audiencia Pública por las tarifas del gas resultósemiclandestina, al ser ninguneada por todos los medios masivos,  presentando un vallado que impedía acercarse hasta 5 cuadras de la Usina del Arte, a pesar de las promesas de instalar pantallas gigantes para el público que no pudiera acceder.No presentó grandes novedades,  ya que Aranguren ocultó todo lo que debería informar, pero expuso aúnmás la  sumisión del gobierno a las privatizadas, y mostrótambién  las dotes dramáticas de los representantes de las privatizadas:  fueron puro llanto.

El objetivo de la Audiencia fue fijar el valor del gas en boca de pozo (PIST, Punto de Ingreso al Sistema de Transporte),  su traslado a las tarifas y las tarifas transitorias de transporte y distribución, hasta su aprobación final por una nueva audiencia a realizarse en octubre.

La matriz energética del país muestra como un factor de primer orden el gas,  con un participación de más del 50% en la misma. A su vez, el gas es utilizado en un 37% por las usinas eléctricas para generar electricidad, un 29% por la industria y un 23% por los hogares.

Con la liquidación de Gas del Estado, se privatizó a inicios de los 90 el transporte y la distribución de gas. Se crearon así Transportadora Gas del Norte (TGN)  y  Transportadora Gas del Sur (TGS), sociedades anónimas concesionadas por 35 años, encargadas de llevar el gas desde los pozos hasta las ciudades y 9 distribuidoras para el suministro, residencial e industrial:  lasmás importantes son Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas, Gas Natural Fenosa y Litoral Gas. El ente estatal encargado de la regulación, control y aprobación tarifaria es ENaRGas.

El marco privatista de los 90 estableció que los únicos componentes regulados de la tarifa del gas son el transporte y la distribución, siendo el precio del gas libremente negociado entre distribuidoras y productores, puesto que la actividad de producción no fue  definida como servicio público.

Sin embargo, a partir del Argentinazo, y con el correlato político de rechazo a las políticas de los 90, el precio del gas dejó de ser “libre”  y pasó a ser resultado de la intervención estatal (claro que no sin beneficio para las empresas, como veremos mas adelante) en base a  acuerdos celebrados con los productores en 2004  y en 2007 y  fijado directamente por la Secretaría de Energía en 2008 y 2014.

Tambiénse renegociaron los contratos con las transportadoras y distribuidoras, aprobándose en 2015 una  «asistencia económica transitoria» para ellas.  Además, se les dio una “compensación”,  dado que  el Estado se encargó de ampliar los gasoductos, pagándole a TGN y TGS supuestos  “honorarios de asesoramiento de obra”. Y a pesar que tanto TGN como TGS pagaron a su vez “honorarios de gestión” a sus empresas controlantes, y que en todos sus balances lloraban por no poder ajustar las tarifas, ello no les impidió tener ganancias. TGS distribuyó U$S 90 millones de dividendos en los últimos años.

Aranguren y el gobierno han batido el parche sobre los subsidios como “eje del mal” y la imposibilidad de mantener el esquema vigente, que habrían provocado falta de inversión y traído como consecuencia la importación masiva de gas. El gobierno acusa U$S 5.700 millones de subsidios en 2015 y que el 30% del gas consumido es importado (de Bolivia, a través de barcos, y finalmente en gas oil como reemplazo).

El tarifazo traería como solución mágica las inversiones, el aumento de la producción y la eliminación de los subsidios de manera gradual.

Sin embargo, lo que el gobierno omite decir es que los “malditos”  subsidios no son sólo para los usuarios: se dividen entre el costo del gas importado  (para los usuarios), y el Plan Gas, destinado a los productores: se estimaba en U$S 1.300 millones la deuda del gobierno con YPF por este concepto. Básicamente, dicho plan premiaba con un precio de U$S 7,50 por millón de BTU (el doble del valor del gas boliviano U$S 3,56)  la producción incremental de las empresas a partir de 2013: la  respuesta fue inmediata, duplicaron la producción de gas.  Lo que el gobierno ahora pretende es que sean los usuarios los que se hagan cargo de esa cuenta.

Los nuevos precios: un tarifazo al cuadrado

En la presentación de Aranguren explicó que por hora no es posible  la “aplicación inmediata del principio de libertad de precios en la compraventa de gas natural”,por lo que el gobierno se ocuparía  de “la necesidad de su regulación con el objeto de proteger los  derechos de los usuarios”.

Asi,  “para la determinación de un valor regulado del gas, el regulador debe  intentar establecer cuál sería un valor de referencia en un hipotético mercado  desregulado” para aproximarse a ese valor en camino al enigmático valor de mercado.

En esta determinación Aranguren considera tres elementos:

En primer lugar, “el valor al que puede producirse localmente el gas natural requerido, para el que toma como referencia el valor fijado en los planes de promoción de la producción de gas vigentes, que ha propiciado un incremento en las inversiones en producción de gas natural” (pero cómo, no era que el problema es que no había más producción porque no había más inversiones?) (U$S 2,49  el precio fijado a los niveles de producción de 2012 y U$S 7,50 el precio de lo que supere esa producción base, lo que  da un promedio de U$S 4,72).

En segundo lugar, el valor al que puede importarse el gas natural, GNL (U$S6,65).

En tercer lugar, el valor del combustible sustituto disponible, en particular, el precio del gas oil en el mercado (U$S 11,20).

Con lo que Aranguren establece un “precio de mercado en boca de pozo” de U$S 6,78, para 2019, basándose principalmente  en un precio acordado en 2012 entre el Estado y las productoras.  Pero el “regulador” al dolarizar las tarifas está aplicando un tarifazo al cuadrado: todas las  nuevas devaluaciones automáticamente se trasladarán a los precios.

¿Cuál es el precio del gas hoy en EEUU?: U$S 2,29 no en boca de pozo sino en la puerta de las ciudades. Con lo que el regulador Aranguren termina fijando un precio que no existe en ningún mercado.  No podía ser de otra manera, porque en ningún momento mostró la más mínima documentación de la estructura de costos  de las empresas que justifiquen los nuevos valores.

El gobierno parte de un precio promedio  actual de U$S 1,29 para pasar a U$S 3,42 (el intento de abril fue llevar el precio a U$S 4,72) pero continuando con un esquema de aumentos semestrales para llegar a los U$S 6,78 el 01/10/2019.

Ello implica una disminución gradual de los subsidios, pero los productores  “continuarán recibiendo un precio mayor al precio del gas en PIST que se establezca para las fases iniciales”. “Dicho subsidio del Estado Nacional es  otorgado a través del programa Plan Gas al que se hizo referencia más arriba”. En conclusión, a los únicos que les saca el subsidio es a los usuarios.

El negocio del gas

Argentina es uno de los 4 países del mundo junto a EEUU,  China y Canadá, donde hay producción de shale gas y se calcula que para 2040 proveerán el 70% de la producción mundial. Además, Argentina es el segundo país después de China en potenciales reservas de shale gas.

Esto es lo que llevó a Chevron a programar una inversión inicial de U$S 1.200 millones, lo que llevó a Pampa Energía a comparar Petrobras en U$S 890 millones y a los Bulgheroni a comprar a su socio British Petroleum su parte de Pan American Energy en U$S 7.000 millones.

El negocio del gas está unido al petrolero. No hay empresas exclusivas de gas. Y es otro rubro también subsidiado por el gobierno anterior y el actual. Pan American Energy, la segunda productora del país, declaró $1.300 millones de ganancias en el primer semestre de 2016 y subsidios del gobierno por $ 383 millones.

Vale preguntarse cómo la EIA (Agencia de Energía de USA)  tiene disponible hasta los cortes geológicos de los yacimientos gasíferos de Vaca Muerta, Los Molles y el resto de los yacimientos gasíferos, y los publica, mientras YPF se niega a publicitar las cláusulas secretas del acuerdo con Chevron. Lo que demuestra que ya no alcanza con que una empresa de propiedad estatal explote los recursos energéticos del país.

Lo que el gobierno se niega a aceptar es que los servicios públicos son un derecho de la población, y no un negocio sujeto a la tasa de ganancia y la lógica  de los capitalistas. Por eso, mientras impulsamos la más amplia unidad para rechazar los tarifazos, levantamos la bandera de la nacionalización bajo control de los trabajadores y usuarios de los recursos energéticos del país, como única manera real de avanzar en el desarrollo de la infraestructura del mismo.

MARCELO BUITRAGO

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