El pasado jueves 29 de septiembre, en el plenario de Diputados se emitió un dictamen por mayoría alrededor de la reforma electoral. El mismo fue votado por prácticamente todas las fuerzas del arco político, a excepción del FpV y el FIT.

Este proyecto de ley, una de las promesas de campaña de Macri, viene a reforzar los aspectos más antidemocráticos y proscriptivos de la anterior reforma, votada en el 2009 bajo el kirchnerismo.

Un poco de historia

La anterior reforma electoral fue obra del kirchnerismo, allá por el 2009. La misma respondía a una profunda preocupación de la burguesía: intentar reconstruir un régimen político y un sistema de partidos maltrecho por el Argentinazo y su “¡Que se vayan todos!”. En este aspecto, el kirchnerismo cumplía a pie juntillas la principal tarea que se dio apenas asumió como gobierno: institucionalizar el país.

La conmoción producida por la rebelión popular había impuesto una primera reforma que facilitaba la participación de distintos grupos políticos, en particular de izquierda. Mientras tanto la UCR estaba en una crisis prácticamente terminal, en el PJ se reproducían las dudas de la burguesía sobre qué rumbo darse, y aparecía dividido en diversas fracciones.

Una vez pasado el punto más álgido de la crisis, el kirchnerismo evaluó que era momento de ir un paso más allá, y montó una reforma electoral que se dio dos propósitos fundamentales: por un lado, que las querellas entre las fracciones de la burguesía sean resueltas al interior de los mismos partidos, evitando la fragmentación; por el otro, intentar cerrar el paso al ascendente peso de la izquierda en la sociedad, la cual post-Argentinazo, se venía tonificando. La mejor expresión de esto último la ofreció Aníbal Fernández con su habitual verborragia al decir: “no puede ser que diez amigos armen un partido y se presenten a elecciones”.

Con esta reforma quedaron instituidas las PASO, y con ella el proscriptivo 1,5% para presentarse en la elección general.

Esto es un atentado en un doble sentido. En primer lugar, es una intromisión del Estado en la vida de los partidos, que habilita a que individuos que no son afiliados e inclusive pueden no tener ninguna identificación con su programa e ideas, puedan intervenir en la su votación y decidir la elección de sus candidatos. Por otro lado, es profundamente antidemocrático, dado que fuerzas que posean miles de votos, pero que no logren superar las PASO, quedan excluidas (proscriptas) de la elección general y de este modo se impide que sus votantes se vean representados en la misma, obligándolos a votar a otras fuerzas o a no votar.

Una reforma reaccionaria

El macrismo, con la anuencia de casi todos los partidos patronales, está llevando adelante la suya propia. Macri aprovecha la controversia alrededor de la boleta de papel, muy cuestionada por el punteraje (realizado tanto por el PJ como por la UCR, que integra Cambiemos con el PRO) y la discreción que da a los grandes aparatos, y que tuvo un pico en la elección del año pasado en Tucumán, cruzada por denuncias de robo y fraude.

Esto no esconde otra cosa que la debilidad de la fuerza gobernante en tanto aparato, de lo cual se deriva el apuro irresponsable (cuestionado por especialistas en el tema) en implementar la Boleta Única Electrónica[1] a partir del 2017.

Sin embargo, esta nueva reforma no posee nada de progresivo. No sólo reafirma todo lo proscriptivo de la reforma K, como el 1,5% de piso en las PASO, sino que introduce una serie de modificaciones en pos de estrechar la posibilidad de votar de los ciudadanos. Es el caso del antidemocrático artículo por el cual el votante sólo podrá participar de la interna de un partido, evitando de esta manera el corte de boleta.

Nos explicamos: hasta ahora los votantes tenían la posibilidad de cortar boleta y votar al representante de un partido en la categoría de “senador”,  y a otro partido en otra categoría como puede ser la de “diputados”, y así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad de categorías existentes en la votación. Esto perjudica, en primer lugar a los votantes, quienes no pueden elegir libremente a quién quieren votar; pero además perjudica a los partidos más chicos, dado que muchos votantes al no ver que tengan chances de ser electos para los cargos ejecutivos, deciden cortar boleta y votarlos sólo a los cargos legislativos, cosa que con esta reforma no van a poder hacer.

Con la introducción de este artículo eso se termina y obliga a votar a un candidato, y en consecuencia a la lista completa, reduciendo las varias categorías que se presentan en la elección a una sola. Por ejemplo, en el 2019 se vota a Presidente, por lo tanto, al elegir el candidato deseado, automáticamente se está obligando a los votantes a elegir a una ristra de legisladores y puestos ejecutivos por el mero hecho de estar colgados de la misma boleta, constituyendo una verdadera “lista sábana”.

Como bien señala La Nación: “la cláusula beneficia a los frentes políticos con un sello bien instalado, como Cambiemos, el PJ y en menor medida el Frente Renovador”.

Veda

A su vez, el proyecto incluye una cláusula para permitir que la veda electoral rija en un ámbito que hasta ahora no estaba sancionado: las redes sociales. Este también es un ataque a los partidos más chicos y con menos recursos, los cuales se ven de por sí imposibilitados de sostener campañas multimillonarias en cartelería, afiches, acceso a programas de TV y radio, etc.; y para las cuales las redes sociales, con el peso que poseen en la actualidad, son una oportunidad de llegar a franjas de la población como la juventud, entre las cuales casualmente la izquierda tienen un inmenso peso.

Dime quién te financia y te diré quién eres

Las últimas semanas han aparecido informes y auditorias sobre los aportes y los gastos de campaña del FpV y del PRO en las últimas elecciones. En las mismas hay un conjunto de irregularidades que muestran cómo se financia hoy la política burguesa: proxenetas, narcos, blanqueadores de dinero, contratistas del Estado. Además un conjunto de gastos en negro, no declarados, que impiden saber los gastos reales de cada campaña.

El escándalo de la vicepresidenta Michetti, a quien le robaron el 22 de noviembre una fortuna de dinero en efectivo en su propia casa, se oscurece cada día más al no clarificarse el origen y destino de tamaña suma. Todos los funcionarios del PRO encabezan sendas “Fundaciones” que a la postre no constituyen más que mecanismos espurios de financiamiento político.

Este punto de fundamental importancia sería tratado en una ley aparte. Por la negativa, en el proyecto no se han incorporado medidas tales como la prohibición de las donaciones y gastos en efectivo, ni la regulación del uso de los recursos públicos y la propaganda de gobierno en tiempos de campaña electoral.

Pero la idea del macrismo es ir aún más allá y legalizar el aporte de empresas privadas. Es una reproducción del sistema político estadounidense, donde las grandes empresas ponen millonadas a tal o cual candidato, con la consiguiente compra de compromisos y favores.

Maxi Tasan

[1] La misma se presenta como el alfa y omega de la transparencia, cuando en realidad hay sobrados ejemplos en el mundo de su fracaso.

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