Presentan el proyecto de ley de reforma de la ley de ART –

El viernes pasado (21/10) el gobierno ingresó al Senado el proyecto de ley para modificar la ley de ART, que ya fue modificado en 2012, esta nueva modificación es una vuelta de tuerca más contra los trabajadores. El objetivo confeso es bajar la litigiosidad del sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo bajo la remanida excusa de la “la industria del juicio”. Porque estos juicios, que en muchos casos pierden las aseguradoras, hacen subir los costos que deben pagar las empresas y eso hace subir el costo laboral argentino.

Pongamos números a la “industria del juicio”, para tomar dimensión de lo que se habla. Se estima que en los últimos tres años se sustanciaron más de 350.000 juicios y eso equivale a la friolera de 5.000 millones dólares en “gastos”. El otro dato relevante es que si el promedio que paga una industria en seguros es un 3,5% de la masa salarial, en los sectores con más accidentes y riesgos estos gastos llegan al 10% de la masa salarial.

¿La industria del juicio o las industrias de las enfermedades, las mutilaciones y las muertes?

Lo primero que hay que preguntarse es por qué hay tantos juicios. Acá las razones son claras y básicamente dos. Por un lado, porque hay un sin fin de accidentes de trabajo, producto de las malas condiciones de trabajo y de los altísimos ritmos de producción y segundo, porque las ARTs ofrecen indemnizaciones miserables que obligan a los trabajadores a recurrir a la vía judicial.

¿Cómo quiere resolver el problema la nueva ley? ¿Con mayor prevención? ¿Con puestos de trabajo más seguros? ¿Con más medidas de seguridad e higiene? ¿Con más estudios ergonométricos para que las tareas no causen enfermedades? ¿Se harán estudios para que la repetición mecánica de movimientos no causen tendinitis u otras enfermedades? ¿Se harán estudios sobre los pesos y las cargas mecánicas a las que son sometidos los trabajadores para que no se lesionen? ¿Se invertirá en maquinaria y en tecnología nueva? No. Nada de eso está previsto en la reforma.

Aclaremos –de paso– que la maquinaria y la tecnología que muchas veces reclaman los trabajadores no son robots de última tecnología, sino cambiar las ruedas cuadradas de los carros por otras redondas que rueden… Recordemos que muchas veces el avance tecnológico pasó del “lo atamos con alambre” al “lo arreglamos con un precinto”.

En concreto, habría que implementar comisiones de seguridad e higiene integradas por trabajadores y con plenos poderes sobre la producción para hacer los estudios y determinar las inversiones correspondientes para cuidar la salud de los trabajadores, pero esto está fuera de la agenda del gobierno y de los empresarios, esto aumenta el costo laboral argentino.

Entonces la solución es fácil: terminar con la industria del juicio que las mismas ARTs provocan al ofrecer indemnizaciones miserables y obligar al trabajador a litigar. Una vez que atiborraron los juzgados de expedientes las mismas ARTs piden que se termine la industria del juicio, que los trabajadores se rompan, que no hagan juicio y que agarren las migajas que les ofrecen.

El presidente patrón

Nuestros lectores pueden pensar que es una exageración del redactor pero no… mejor dejemos que lo explique Macri. En un reportaje aparecido hace unos meses y ante la pregunta de qué se necesita para que vengan inversiones, respondió: “Primero, una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. (LN24/07, reportaje de J. M. Solá a Macri)

Profundizando su pensamiento, durante el discurso del Bicentenario, el presidente aclaró: «cada vez que un gremio logra reducir la jornada horaria, cada argentino lo está asumiendo como un costo, y no está bien» y para rematarla pidió a los argentinos «alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas«.

Bueno, como los trabajadores argentinos son vagos, faltan mucho, se enferman y encima, ganan juicios, cambiamos las leyes para que no hagan juicios o, si los hacen, que los pierdan. Ese es el contenido de la reforma. De mejorar las condiciones de trabajo, bajar los ritmos y los riesgos de trabajo… nada.

La reforma de la reforma

Recordemos que en 2012 ya se reformó la ley, para cerrar la doble vía, es decir, la posibilidad que tenía el trabajador de cobrar la indemnización de la ART, e iniciar juicio contra el patrón por la diferencia. Luego de la reforma, el trabajador tiene que optar si cobra la indemnización ofrecida por la ART o si demanda a la patronal. Como la ART mayoritariamente no reconoce la “incapacidad” o reconoce un porcentaje mínimo de la misma, el trabajador recurre a la justica laboral y muchas veces gana los juicios.

El proyecto, que fue redactado por Gustavo Morón, mandamás de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en acuerdo con las ARTs, establece que será el fuero Federal de la Seguridad Social y no el fuero Laboral, como ocurre en la actualidad, el ámbito jurisdiccional en el que deberán litigar los trabajadores cuestiones vinculadas a accidentes o enfermedades laborales. Este fuero –de la Seguridad Social– hoy día ya se encuentra colapsado por los juicios de reajustes de jubilados, por lo que la duración de los juicios que se inicien incrementará drásticamente; además en él no se aplicarán los principios del Derecho Laboral; es decir, que ante la duda de interpretación de una norma, siempre se tenderá a aquélla que sea más favorable al trabajador, la parte más débil (induvio pro obrero).

El nefasto proyecto, además de intentar el cambio de jurisdicción -al fuero de la Seguridad Social-, crearía un organismo de carácter administrativo denominado comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial.

El macrismo, con la complicidad de los partidos patronales, pretende que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de «cosa juzgada», en forma similar a lo que ocurre con las conciliaciones que son homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) del Ministerio de Trabajo.

El proyecto crearía un nuevo Servicio de Homologación, que funcionará en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales y tendrá la función de «sustanciar y homologar” los acuerdos por incapacidades laborales permanentes definitivas y fallecimiento, mediante funcionarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,

Estos funcionarios que “sustancian y homologan” serán los encargados de decirles a los trabajadores que les conviene arreglar en el momento por dos pesos y no hacer un juicio reclamando lo que por ley les corresponde.

Con la venia de la burocracia

El moyanista Juan Carlos Schmid salió a apoyar el proyecto de limitar los juicios: «Acá hay una actitud de coincidencia de que no le sirve ni al trabajador, ni al empresario, pero hay vivos que se están haciendo la América» con los juicios laborales. Obvio que reclamó el «endurecimiento» de las normas «para los que no cumplen con la prevención y el trabajo», pero de eso el proyecto no dice nada, ahora se entra en periodo donde se tratará en comisiones, luego irá al recinto del Senado, luego pasará con media sanción a Diputados y el proyecto final podrá tener muchas modificaciones, pero el contenido es bajar el costo laboral a costa de los trabajadores.

Una vez más quedará en manos de la izquierda, los sectores independientes y luchadores, hacer una fuerte campaña contra este proyecto de ley que refuerza las malas condiciones de trabajo y los consecuentes accidentes y lesiones.

Rodolfo Torres

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