Idas y venidas en el Congreso –

Al momento de cerrar esta edición se difundió la noticia de que el macrismo «suspendía» el “dietazo” a diputados, retrotrayendo al incremento del 31% que corresponde por paritarias de los empleados legislativos. Sin embargo, la Cámara de Senadores aún no ha dicho esta boca es mía, y aún subsiste la duda respecto del resto de los componentes de la dieta. Este paso atras es una muestra del delicado equilibrio en que se maneja el gobierno nacional: entre aplicar un ajuste en regla como le exigen los sectores más neoliberales y parte de la gran burguesía, y el sostener una compleja gobernabilidad basada en la fuerte unidad burguesa que lo sostiene, pero también en una cierta legitimidad hacia abajo. El trasfondo de este retroceso de última hora, hay que buscarlo en la necesidad de no provocar en demasía a una sociedad a la cual se le está aplicando un ajuste de manera sostenida.

Ocurre que el auto “salariazo” que se habían aplicado los diputados y senadores de la mano de la vicepresidente Gabriela Michetti en su calidad de presidenta del Senado, y Emilio Monzó como titular de la Cámara de Diputados, no sólo es obsceno, sino que además fue demasiado inoportuno. Durante todo el mes de octubre el gobierno, los popes de la burguesía argentina y los burócratas de la CGT estuvieron trabajando mancomunadamente para desactivar un paro que pese a que nadie lo quería llamar, estaba sobrevolando en el aire. El macrismo se había alzado con una victoria importante. Es que a cambio de una seudo promesa de un mini bono de fin de año, que no está nada claro quién lo va a cobrar, no sólo había conjurado la amenaza del paro, sino que además había clausurado el debate de la apertura de paritaria y así se había allanado el camino para terminar el 2016 en relativa calma.

Parecería que Macri se saldría con la suya. Usufructuando el discurso de que todos tienen que hacer un esfuerzo para superar los traumas de la “pesada herencia”, pretende que los trabajadores se banquen los bajos salarios, las suspensiones, los despidos, los tarifazos y la inflación. El problema fue que la cúpula del PRO se confió demasiado, y confundió la inmensa paciencia de la población que aún mantiene expectativas en que las cosas mejoren, con un apoyo efectivo al gobierno. Y así no más, como quien no quiere la cosa, entre gallos y medianoche, se auto otorgaron un suculento aumento en las dietas de los diputados y senadores que superaban el 60%, alcanzando la suma de 140.000 pesos.

Esto generó el rechazo del conjunto de la sociedad, y a pesar de que en un principio todo el arco opositor quiso mirar para otro lado y efectivizar el aumento, con el correr de las horas el costo político empezó a agrietar el frente único, dando lugar a una votación en la Cámara de Diputados que terminó prácticamente empatada 112 a 104 a favor de no discutir el tema en el recinto.

Un Estado burgués con dietas burguesas

Veamos primero en qué consiste el “dietazo”. El ingreso mensual de un legislador nacional está compuesto de una serie de ítems: el salario propiamente dicho, el cual se ajusta automáticamente junto con la paritaria de los empleados del Congreso; los gastos de representación, que son una suma fija que cobra cada legislador para hacer política; el desarraigo que se les otorga a todos los legisladores que viven a más de cien kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires; y además tienen un paquete de pasajes de micro y de avión que eventualmente pueden canjearlo por efectivo. El salario de los legisladores estaba fijado en la friolera de 57.000 pesos limpios en carácter de salario y gastos de representación, a lo que había que agregarle otros 10.000 pesos en concepto de desarraigo y una suma equivalente a los 18.500 en carácter de pasajes; esto suma un total de 85.500 pesos de bolsillo. A este “pequeño” monto que equivale a más de 10 salarios mínimos, ahora se le sumó un 31% sobre el salario y se pretendió duplicar los gastos de representación fijándolos en 20.000 pesos, dejando un ingreso limpio de 85.000 pesos; el desarraigo se lo elevó en un 60% poniéndolo en 16.000 pesos; y el gasto en pasajes se lo hizo trepar a los 40.000 pesos configurando un ingreso de más de 140.000 pesos por mes, lo que significa un aumento de más del 60% y equivale a 18 salarios mínimos.

Pero el caso de los diputados y senadores no es una excepcionalidad. En realidad es el criterio general que rige a todos los funcionarios políticos del Estado. Veamos por ejemplo el Poder Ejecutivo: Macri cobra 175.000 pesos brutos por mes, Gabriela Michetti se lleva 160.000 pesos, y el conjunto de los ministros oscila entre 155.000 y 160.000 pesos mensuales. El Poder Judicial se lleva las palmas: un juez federal cobra alrededor de los 180.000 pesos, y un ministro de la Corte Suprema oscila entre los 220.000 y los 240.000 pesos… y además ellos han tenido la “picardía” de resolver que están exentos de pagar impuesto a las ganancias.

En un país donde la mitad de los trabajadores recibe menos de 8.000 pesos por mes, el sueldo promedio es de 10.771 pesos y el 30% cobra menos de 5.300 pesos; en donde todavía se está discutiendo si alguien va a poder cobrar un miserable bono de 2.000 pesos; que los “representantes del pueblo” se lleven entre 140.000 pesos y 240.000 pesos es una obscenidad difícil de tragar… pero no de explicar.

Lo que hay en el fondo es un razonamiento 100% burgués y empresarial. El credo macrista es sencillo: si pretendo que el personal jerárquico más capacitado trabaje en el Estado, debo pagarle igual que como se le paga en el sector privado. Es la lógica de la mercantilización/profesionalización de la política. En la Argentina PRO no hay espacio para la idea de vocación política ni de trabajar por el bien común. Eso lo reflejó cabalmente Susana Balbo, diputada nacional de Cambiemos por Mendoza: “Deberíamos estar ganando el doble. Hoy, las personas que están en cargos importantes de mi empresa ganan mucho más de lo que gano yo como diputada». Es una marca de la época posmoderna en donde el individuo se eleva por encima del conjunto. Cuando la crema de la clase capitalista busca ocupar directamente ella los puestos del Estado, pretende que se le reconozcan ingresos semejantes a los que obtenían manejando sus empresas.

La utopía de un “gobierno barato” para la burguesía

Engels, en su famoso análisis sobre el origen del Estado, explicaba cómo el funcionariado y las fuerzas represivas taponaban todos los poros de la sociedad burguesa, consumiéndola y no dejándola respirar. Marx, cuando analizaba la experiencia de la Comuna de París en la Francia proletaria de 1871, daba cuenta cómo en poquísimas semanas los obreros franceses habían hecho realidad el anhelo que siempre soñó y jamás logró la burguesía liberal del siglo XIX: el de un gobierno barato que no asfixie a la sociedad. Y además establecieron criterios efectivos para que no se alcen barreras entre los representantes y los representados. Explica Marx que una de las primeras medidas que propusieron los comuneros fue que “Desde los miembros de la Comuna para abajo, todos los servidores públicos debían devengar salarios de obreros. Los intereses creados y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron con los altos dignatarios mismos”. En el mismo sentido, y dando cuenta de una situación más compleja, Lenin dispuso que la escala salarial en la Rusia soviética no podía superar la relación de 5 a 1, es decir, que ningún funcionario podría cobrar más que el equivalente a cinco salarios mínimos.

Los obreros franceses, al igual que Marx y Lenin, querían evitar que las diferencias de funciones entre trabajadores que ocupan cargos políticos y quienes trabajan en las diversas esferas de la sociedad redunden en diferencias materiales que alejasen a unos de otros, generando que entre los representantes políticos surjan intereses particulares distintos a los de la sociedad en su conjunto.

Curiosamente, en sentido diametralmente opuesto, es lo mismo que busca el gobierno de Cambiemos. Al igualar los ingresos de los funcionarios políticos con el de los cargos jerárquicos de las empresas, buscan soldar más fuertemente la fusión de intereses entre el gobierno, el Estado y la clase burguesa como un todo.

Hay que reabrir las paritarias

El escenario no puede ser más obsceno. Mientras Micheti y Monzó se auto decretan suculentos aumentos con sólo una firma, los trabajadores, entregados impunemente por la burocracia de la CGT, están tratando de descubrir quiénes son los que van a cobrar aquel miserable bono de 2.000 pesos que en teoría se había acordado con el gobierno y las entidades patronales.

Si finalmente Monzó optó por retroceder parcialmente en relación al “dietazo” en Diputados, no es porque les haya carcomido la conciencia, sino porque el macrismo mide una y mil veces antes de decidirse a chocar de frente con la opinión pública y verse obligado a enfrentar prematuramente con las relaciones de fuerza que vienen heredadas del Argentinazo.

En los lugares de trabajo ya está circulando un juego de palabras irónico a propósito del bono de Macri, en donde se afirma que “bono vas a tener Navidad, bono vas a comer asado, bono vas a tener nada”. Esto es un indicador de que la bronca con el gobierno poco a poco se viene acumulando. Es necesario apoyarse en esta experiencia y acelerarla. Hay que impulsar por abajo el reclamo por la reapertura de paritarias, y por un salario mínimo igual a la canasta familiar, para que no haya ningún trabajador pobre en la Argentina.

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