En el mes de Agosto el gobierno nacional anuncia la creación de una nueva modalidad de funcionamiento para la salud pública: la Cobertura Universal de Salud (CUS). Muy por arriba se anuncia que el plan apunta a unas 15 millones de personas sin obra social y les brindaría cobertura así como una credencial con su ficha médica, historia clínica unificada y acceso a descuentos en medicamentos. Está claro que hay un nuevo régimen ya que hasta el momento esta gente accede a la salud por medio de lo que ya contamos: hospitales y centros de salud. Al parecer, esta nueva modalidad brindaría acceso tanto en el sistema público, como en el… ¡privado! Es decir, que este nuevo plan abre las puertas definitivamente a una privatización del derecho a la salud en todo el país.

Con total ausencia de un plan público sobre las verdaderas modificaciones que se vienen, el gobierno esconde sus intenciones tras el objetivo de garantizar “un funcionamiento más equitativo, organizado y eficiente del sistema de salud”. Tres palabras que denotan una fuerte impronta empresarial en la que, se invierta lo menos posible para garantizar los mayores beneficios. Lejos quedaría de esta forma un sistema público de salud, gratuita, universal y de calidad. Por otro lado la palabra cobertura en sí misma denota un alejamiento de la palabra derecho. La cobertura la brinda un seguro, no es la atención que garantiza un derecho. Por lo tanto, al no ser un derecho, no es el Estado quien debe garantizar su acceso.

El sistema fue creado a través de la antidemocrática herramienta ya denunciada en estas páginas: los Decretos de Necesidad y Urgencia. El DNU N°908/16 establece una serie de medidas en las que se distribuyen las cifras acumuladas hasta el momento en el Fondo Solidario de Redistribución[1]. Lo que dice el decreto es que se establece una distribución excepcional de tales fondos que no fueron distribuidos durante el 2015. Por lo tanto, por única vez se destinarán para la creación del Plan $ 8.000 millones, lo que Macri definió que sería “fortalecer el sistema de salud pública y nuestros queridos hospitales” (si fueran tan queridos, no estaría financiando tan descaradamente al sector privado). Por otro lado, de destinarán $ 4.500 para el Fondo de Emergencia y asistencia en el que se designan como efectores para tal servicio a los agentes del seguro de salud, que brindará asistencia financiera a las obras sociales ante casos de epidemias y para el desarrollo de programas de prevención o la atención de situaciones especiales.

Otros 14 mil millones serán colocados en bonos del Tesoro cuyos intereses seguirían siendo destinados a la salud. Y unos $ 2.704 millones serán girados para el  pago de prestaciones que se “adeudaba” a las obras sociales. Parece que las negociaciones llevaron varias reuniones con los más altos dirigentes como José Luis Lingeri, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Antonio Caló y Gerardo Martínez. Al parecer quedó muy contento Lemus por la “colaboración de la dirigencia sindical” que «desde un principio apostó a llevar adelante esta estrategia de Cobertura Universal y mostró claramente que puede extender su vocación solidaria hacia los más necesitados»[2]. Es decir, a cambio de unos cuantos millones de pesos, las obras sociales abren sus puertas a la atención de aquella gente sin cobertura. Total, las/os que pagan, ¡somos las/os trabajadoras/es!

Enumeremos algunos alertas más: 1) Los fondos por medio de los cuales se crea el Plan provienen del Fondo Solidario de Redistribución, que hoy cuenta con una gran cifra porque no fue distribuido durante un largo período. Es decir, cuando ese dinero se acabe ¿De dónde provendrá el dinero para financiar el plan? La Nación planea correrse de su responsabilidad y avanzar en la descentralización para que provincias y municipios asuman cada vez más estos costos. 2) Tal como la palabra “cobertura” lo dice, el plan establecerá una serie de prestaciones a las que sí se dará acceso, pero serían prestaciones definidas como “básicas”; para ello se creará la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, encargada de acotar las prestaciones a cubrir por las obras sociales que se deberán mantener en un nivel de “racionalidad”. Todas aquellas cuestiones que sean de una mayor complejidad a las que hoy sí se accede, sólo se accedería por medio de la judicialización (como pasa hoy en Chile, Colombia y México, países que ya han llevado adelante esta reforma) o, deberán ser costeados individualmente por el “consumidor”. 3) Otro aspecto es la engañosa formulación “descuentos en medicamentos” a los que se accedería en las farmacias. Hasta el día de hoy, el gobierno nacional provee por medio del Plan Remediar medicamentos gratuitos. Otro “exceso” en el gasto que será recortado a la vez que se incrementa el negocio para las cadenas de farmacias. 4) ¿Alguien mencionó el acceso de las/os extranjeras/os? En nuestro país circulan hoy un gran número de personas provenientes de otros países, que vienen a trabajar en condiciones totalmente precarias, como peruanos, bolivianos, paraguayos, etc., quienes no podrían acceder a la cobertura. 5) Simultáneamente, el Ministerio de Salud suspende el cobro que se hace a las empresas de medicina prepaga del 2 por mil de sus ingresos que pagaban para sostener el funcionamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Para finalizar, y por si quedan algunas/os incrédulas/os sobre los verdaderos objetivos del gobierno, queremos señalar que este Plan habilita un mayor financiamiento del sector privado de atención, lo cual genera un nuevo mercado, nuevos consumidores, y una ley de oferta y demanda que regulará el acceso a lo que es un derecho. Una reforma que iría hacia un Estado que asegura los fondos para prestaciones mínimas y una gran cantidad de empresas que se financian por éste, que prestan los servicios.  Además jerarquiza la atención de las obras sociales para que, con el dinero que aportan las/os trabajadoras/es (y que dejaría de aportar el Estado) se financie el acceso de miles de personas que no tienen trabajo en blanco, por lo que no cuentan con obra social.

Estamos ante un gran ataque sin precedentes, a un derecho básico de la población y también de trabajadoras y trabajadores de la salud que serán también afectados por el desfinanciamiento universal de este Plan. Por lo que, la organización para pelear en contra de este ataque así como los que ya venimos sufriendo en el sector, se convierte en una tarea de primer orden, planteada desde la más amplia unidad, para todas/os aquellas/os que vemos la necesidad de frenar a este gobierno.

[1]      Fondo que se constituye de un 15% de los descuentos para las obras sociales de los salarios de los trabajadores. El FSR tiene una serie de programas para compensar a las obras sociales con empleados de menores ingresos y financiar tratamientos de alta complejidad. Según sus reglas, lo que no se usa de este fondo debe devolverse y repartirse equitativamente entre las obras sociales.

[2]     Sitio de la Casa Rosada.

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