Al momento de redactar este artículo, parecen haber finalizado, por una semana, las danzas y contradanzas a las que estuvo sometido el proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias. Mientras que a comienzo de la semana los medios daban como un hecho la aprobación por el Senado del proyecto de la oposición aprobado en Diputados, en la sesión de hoy miércoles 14, el gobierno, corriendo detrás de los hechos, se apoyó en los gobernadores del PJ para postergarlo, trabando el dictamen de la Comisión de Presupuesto del día martes 13, donde había sido girado adrede  por el gobierno.

Entonces, los senadores del PJ comandados por Pichetto le ofrecieron una tregua al gobierno, condicionada a la convocatoria a un diálogo amplio con la CGT, sindicatos y gobernadores.

Mientras tanto, negociando con el cuchillo abajo del poncho, Pichetto intentó cambiar dos  senadores del propio PJ de la Comisión de Presupuesto, por otros favorables, para obtener dictamen y así poder aprobarlo con mayoría simple en la sesión, ya que sin el mismo se necesitan los 2/3 de los votos. La maniobra fracasó, porque necesitaba el aval de Michetti,  por lo que Pichetto hizo votar en la sesión de hoy miércoles 14, tratar el proyecto el próximo miércoles 21, donde amenaza aprobarlo por mayoría simple.

Pero a no engañarse: el ejercicio de estas maniobras parlamentarias sólo tienen como objetivo negociar en las mejoras condiciones posibles con el gobierno todo tipo de prebendas: el tratamiento se haría “si no hubiera un camino alternativo… que permita alentar las posibilidades concretas del acuerdo”. La cueva de bandidos del Parlamento se ha visto visitada esta semana por lobbistas de todo tipo y color: empresarios mineros, bingueros y financistas afectados, todos exponiendo sus razones en contra, y las maldiciones que caerían sobre el país en caso de aprobarse el proyecto.

Por su parte, el ministro Frigerio se dirigió al Hotel Savoy, para reunir  a los gobernadores del PJ, amenazando con que Macri no vetaría la ley, provocándoles de este modo un agujero fiscal a las provincias. Así, los ministros de Economía provinciales emitieron un comunicado, con un cinismo difícil de superar, declarando haber conocido recién ayer “el impacto fiscal real del proyecto”, y pidieron posponerlo hasta “evaluar el impacto sobre las finanzas, la obra pública y los servicios esenciales del Estado”, tirando el proyecto para atrás.  ¿Pero, de qué  “terremoto fiscal”  estamos hablando?

El proyecto de Macri y la jugada de la oposición

Macri había mandado a sesiones extraordinarias su propio proyecto de modificar el Impuesto a las Ganancias, en el cual se elevaban apenas los mínimos (15%), se reducían deducciones, y se subían gradualmente, en tres años, las escalas del impuesto congeladas desde hace 16 años. Esto provocaría que rápidamente se pagaran alícuotas cercanas al 30%. Como el aumento de los mínimos no imponibles era inferior a la inflación proyectada para 2017, el gobierno admitía explícitamente la incorporación de más trabajadores al impuesto, a los que se los “compensaba” con una alícuota reducida (2%). Con su reforma empezaban a pagar a partir de $ 30.000 los casados con dos hijos, y $ 26.000 los solteros.  El costo fiscal del proyecto, Macri lo presentaba en el orden de los $ 32.000 millones, (como veremos, sin datos precisos). Habiendo presupuestado una recaudación por Ganancias de $ 540.000 millones y una recaudación tributaria total para el 2017 de $ 2.500.000 de millones, su efecto en la  recaudación era menor al  5% en  Ganancias, y de un 1% de la recaudación total.

La oposición, que había acompañado al gobierno en sus proyectos más importantes (buitres, blanqueo, presupuesto), y sólo le había impuesto la ley anti despidos, vio la oportunidad de lanzarse de lleno al año electoral. Masa ocupó el centro de la escena y unificó su propio proyecto con el del kirchnerismo y el PJ, elevando aún más los mínimos, ampliando las deducciones, a alquileres y gastos de educación, elevando también las escalas: así un casado con 2 hijos pasaría a pagar a partir de $ 44.000 de bruto, y un soltero, a partir de $ 35.000. Además excluye a los jubilados hasta $ 60.000 de bruto, al aguinaldo, las horas extras y los bonos por productividad, incrementando las deducciones  en las provincias patagónicas.  Y en un gesto de “responsabilidad”, establecieron una serie de nuevos impuestos para compensar la pérdida de recaudación: a los plazos fijos superiores a $ 1.500.000, al dólar futuro, a las apuestas on-line y los tragamonedas ($ 4.000 millones), reparto de dividendos e inmuebles improductivos, reimplantando además las retenciones a las mineras ($ 5.000 millones). En realidad, como el Impuesto a las Ganancias es coparticipable (se reparte prácticamente a medias entre la Nación y las Provincias) estos nuevos impuestos, de muy dudosa cobrabilidad, salvo a las retenciones mineras y al juego, intentaron operar como convencimiento a los gobernadores.

Sorprendido por la maniobra, el gobierno los primeros días sólo atino a dos cosas: quejarse de Massa, y presentar planillas donde el costo fiscal de su proyecto crecía mágicamente a $ 49.000 millones, y el de la oposición se multiplicaba, de estimaciones iniciales de $ 80.000 millones a $ 140.000 millones, volviéndolo “inviable” (un número imposible, ya que esa es la recaudación estimada para 2016 de Ganancias para  los asalariados, que continuarán pagando, aunque menos, y los nuevos impuestos, algo deberían recaudar) .

El IArAF (Instituto Argentino de Análisis Financiero), vinculado al macrismo, estimaba el 22/11 un costo fiscal de $ 21.000 millones para 2017, $ 46.000 millones para 2018 y $ 68.000 millones para 2019, cuando Macri anunció su proyecto, admitiendo que la “transparencia” declamada por el gobierno es bastante opaca: no se cuentan datos precisos sobre la distribución de la recaudación de Ganancias ni de 2015 ni de 2016, por lo que sus estimaciones se basan en una extrapolación del 2014. En base a ella, nos enteramos que de una recaudación estimada de $ 435.000 millones para 2016, $ 140.000 millones correspondería a los asalariados y $ 80.000 millones a los cuentapropistas, y  si bien esta categoría puede incluir directivos y afines, que no son trabajadores, una primera aproximación nos indica que por cada $ 1 que pagan los asalariados y autónomos, las empresas capitalistas pagan $ 0,98.

También le asignaba en esa fecha al proyecto opositor un costo para 2017 de $ 40.000 millones adicionales al del gobierno, reconociendo que hay aspectos imposibles de estimar, por desgravar horas extras o productividad, o aumentar deducciones (como así también la mayor recaudación de IVA por un aumento del consumo, agregamos) y partiendo de asignar nula importancia a los nuevos impuestos, salvo a las mineras y al juego.

El proyecto opositor, si bien claramente excluye un mayor número de trabajadores del impuesto, y reduce su carga, no lo elimina: según Masa hoy pagan impuesto 2 millones de asalariados, y por su proyecto dejan de pagar 1 millón y medio millón evitarían  incorporarse. Si eso es cierto, simplemente volveríamos al nivel de 2010, y remedando el postulado K que ellos gravaban los “altos ingresos”, no Ganancias, se establece que el 10% de los trabajadores registrados en el SIPA (privados) siempre lo pague: al nivel actual unos 650.000 trabajadores, el nivel de trabajadores gravados en 2007. Aun entre los mismos autores, difieren en los números. Y si el empleo crece, crecerán los aportantes.

Por su parte, según el Instituto CIFRA (CTA) en 2016 pagó el impuesto 1,3 millones de trabajadores, mientras que en 2012 llegaron a pagarlo casi 2,5 millones de trabajadores, hasta que Cristina, producto de la presión social, lo redujo al millón, esto es, el nivel de 2009. Pero como el gobierno elude mostrar datos, todas las cifras no son sino aproximaciones indirectas.

Todos tienen su planilla Excel, gobierno y oposición, pero todos están lejos del interés de los trabajadores: el interés se centra en estos momentos, por un  lado, en obtener el mayor rédito político, propinándole una derrota inesperada al gobierno, y por el otro,  en “minimizar daños”: entramos de lleno al año  electoral. Macri, con el suspiro de postergar todo aunque sea una semana, ahora eximió por decreto el aguinaldo de los salarios menores a $ 30.000.

El problema de fondo, sea cual sea el proyecto que se apruebe, seguirá subsistiendo: la retrógrada estructura impositiva de la Argentina, que hoy tiene una tasa efectiva, para los salarios netos de $ 25.000 del orden del 20%, el doble del promedio de América latina[1].

En la última década, la recaudación por Ganancias ha oscilado entre 31% y el 37% de la recaudación de impuestos internos: un importe muchísimo menor al IVA e Internos, impuestos al consumo, y para 2016, apenas el triple del impuesto a los débitos y créditos bancarios, que grava los movimientos bancarios. Ello agravado por el peso extraordinario que tiene dentro del impuesto la carga sobre los salarios: mientras en 2000 pagaban 400.000 trabajadores, a partir de 2010 nunca dejaron de pagarlo más de 1.000.000 de trabajadores: es un verdadero escándalo. Para 2016 los asalariados aportaron casi el doble por Ganancias que los campestres y el resto de exportadores por derechos de exportación ($ 140.000 millones contra $ 76.000 millones).

Si la estimación del IARAF resulta cierta, para 2016 las empresas pagarán por Ganancias $ 215.000 millones, un 11% de la recaudación total, incluyendo aportes y cargas sociales, o un 15% de la recaudación impositiva, una insignificancia, todo al revés del “mundo” con que sueña Macri.

Lo que demuestra que para que los trabajadores dejen de pagar Ganancias definitivamente, sin tanta deducción, actualización ni escala, porque el salario no es ganancia, aun en términos capitalistas, ni siquiera hay que inventar un impuesto al juego: basta con que la patronal pague los millones que evade, no premiarla con un blanqueo. Y para mejorar las condiciones de educación, salud, transporte e infraestructura, ahora sí, crear impuestos a las grandes fortunas y a las ganancias extraordinarias. Tan fácil y tan difícil cuando sos un político patronal.

Sergio Gurrieri

[1] IARAF. Informe Económico 375.

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