Un plan antiobrero integral

Finalmente, Macri parece haberse decidido a poner en marcha la agenda que le pidieron los empresarios en el “mini Davos” del año pasado. Se trata de comenzar un ataque a fondo contra la clase trabajadora, contra sus conquistas, sus derechos, su nivel de vida y sus condiciones laborales, bajo la forma de una cruzada por la “productividad” y la “competitividad” que necesita el capitalismo argentino. La clase capitalista argentina está convencida de que esto sólo puede lograrse modificando condiciones laborales y legales que son herencia de las relaciones de fuerza del período anterior de la lucha de clases en este país. Y en esa dirección apuntan varias iniciativas que el gobierno ha lanzado en simultáneo. Ahora nos concentraremos en dos: el paquete de reformas laborales y el “proyecto piloto” que se ha anunciado con motivo del plan de inversiones en Vaca Muerta.

Una batería de proyectos a medida de los empresarios

Con el nuevo año y el nuevo equipo económico, el macrismo ha lanzado, o reactualizado, una serie de propuestas en el ámbito laboral. Por supuesto, varias de ellas habían sido objeto de críticas de parte de la burocracia de la CGT. El macrismo, en lo que por su reiteración ya parece un modus operandi, respondió dando palmadas y abrazos a los burócratas y después haciendo los anuncios que se había comprometido a suspender. Total, debe pensar el gobierno, ya cebado, esta gente de la CGT nunca nos molesta en nada importante. Así que podemos incluso burlarnos abiertamente de ellos, violar toda promesa y todo acuerdo, que los burócratas van a seguir garantizando la gobernabilidad mientras emiten solicitadas críticas. Hasta ahora, los hechos le dan la razón a Macri.

Enumeremos algunas de las medidas que prepara o anuncia el gobierno. Primero, un plan de blanqueo laboral con condonación de multas a los empresarios por cargas y contribuciones sociales no pagadas de trabajadores en negro. Segundo, el lanzamiento de la ley de Primer Empleo (una de las que había acordado cajonear a pedido de la CGT), que implica una rebaja de aportes patronales. Tercero, la vuelta al sistema de pasantías laborales para estudiantes o trabajadores desocupados sin formación. Cuarto, impulsar la inclusión de criterios de competitividad y productividad en las paritarias 2017, llevando la cantidad de convenios que consideran esas cláusulas de un 30% a un 50% de las negociaciones paritarias de este año. Quinto, reducir la “litigiosidad laboral”, quitándole al trabajador el derecho de cobrar extras indemnizatorios por falta de registro o registro tardío del trabajador. Sexto, implementar una rebaja generalizada (no sólo para los jóvenes y pasantes) de las cargas patronales para los nuevos contratos.

Posiblemente no todas estas iniciativas se lancen o concreten en lo inmediato, pero es evidente la intención de rebajar costos laborales al conjunto de la clase capitalista argentina y de reventar, “gradualmente” o a lo bestia, las condiciones laborales no sólo de los nuevos contratados sino de toda la clase trabajadora argentina, por la vía de una mayor fragmentación, precarización y flexibilización.

Algunos de los funcionarios macristas se esfuerzan por marcar alguna diferencia con medidas muy similares implementadas durante la década del 90 bajo el menemismo; otros, francamente, ni se molestan: saben que es tarea imposible. No sólo las medidas son similares, sino que incluso algunos de los nombres involucrados son los mismos. No hay forma de vestir de seda a este verdadero King Kong.

No vamos a desmenuzar una a una cada propuesta, lo que nos llevaría demasiado espacio; por otra parte, ni al macrismo se le ocurre pensar este paquete como una propuesta articulada. Lo que da unidad a todas ellas es favorecer la posición de los patrones dentro y fuera de las empresas y, como dijo el abogado laboralista Lucio Garzón Maceda, propiciar que los trabajadores sean “salvajemente explotados”. Los detalles, las formas y con cuál o cuáles de estas leyes se logrará eso son, para el macrismo, cuestiones totalmente negociables.

El fantasma que agita Macri para justificar esta andanada antiobrera es el trabajo en negro, que ronda el 38%. Por supuesto, esa cifra es en lo esencial responsabilidad del kirchnerismo, que jamás combatió seriamente la informalidad laboral pese a cacarear en contrario. Pero ya Menem y Cavallo en los 90 habían usado la misma excusa para las mismas políticas, con los mismos resultados: el trabajo en negro no baja e incluso sube, pero suben también las condiciones de explotación, la productividad, la precarización legal y las ganancias empresarias.

Por otra parte, el propio kirchnerismo había intentado en 2014 un plan de rebaja de cargas patronales para las empresas que no despidiesen y tomasen nuevo personal. Como todas las medidas de este tipo, no logró absolutamente nada en términos de reducción de la informalidad, pero los empresarios aprovecharon los beneficios.

Lo mismo pasa con las cláusulas de productividad en los acuerdos laborales. Aunque en los 90 casi no había paritarias, desde 1994 Cavallo impuso que todo convenio incluyera esas cláusulas. Ahora el ministro Triaca es más específico: sugiere que entre los mecanismos de aumento de la productividad se recurra a menos personal para la misma tarea y se baje el costo por hora de trabajo.

Tampoco hay novedad en la rebaja de cargas patronales, medida que implementó también Cavallo en los 90, en ese momento no contra el trabajo en negro sino con el supuesto objetivo de combatir la desocupación. ¿Hace falta aclarar que la desocupación siguió subiendo, el Estado dejó de recaudar un ingreso precioso que debió cubrir con más deuda y que los empresarios se embolsaron la diferencia sin contratar un solo trabajador nuevo? Pero como el macrismo confía en que nadie se acuerda de nada, va a la carga con la idea de un recorte de entre el 10 y el 34% en los aportes patronales, según la región y vigencia del contrato, por un lapso de hasta tres años. Digamos de paso que los muchachos PRO insisten con la misma receta de los 90 también en esto: achicar gasto público en áreas hipersensibles, como PAMI, salud, educación o ciencia, y regalar ingresos públicos alegremente a los pobrecitos empresarios que tanto sufren.

A los pasantes los van a “comer y descomer”

Párrafo aparte merece el plan de pasantías (los pasantes, púdicamente, son mencionados en el proyecto como “aprendices”). Al parecer, la única iniciativa conocida del gobierno al respecto operará como caso testigo: se trata del acuerdo de pasantías en McDonald’s, por el cual los incautos adolescentes desesperados por trabajar tendrán el privilegio de ser hiperexplotados por “salarios” de vergüenza, menos derechos laborales y con aportes patronales y hasta parte del salario a cargo del Estado.

La idea de las pasantías (perdón, “período de aprendizaje”) es que la formación de los jóvenes directamente se dé “por fuera del marco laboral”, es decir, van a trabajar… pero legalmente no serán trabajadores. ¿Por cuánto tiempo? Por “un período de 3 a 12 meses”, según la Planificación 2017 del Ministerio de Trabajo.

¿Perdón? ¿“Aprendizaje” de un año entero? ¿Tanto hay para aprender en un Burger King? ¿Esos jóvenes van a ser empleados de comidas rápidas o astronautas? Suena incluso peor que los 90, pero en el Ministerio de Trabajo algunos no se hacen problema por la comparación, con el argumento de que “no vamos a matar a todos los perros porque uno esté rabioso”. Ya veremos el nivel de hidrofobia del proyecto actual.

Por supuesto, esta es una relación laboral sin riesgos legales (“fuera del marco laboral”), sin derechos y uno se atrevería a decir casi sin salario. Horrible, sí, pero para el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, ex directivo de Techint, esa porquería es exactamente “la única posibilidad” (sic) de “acceder al mundo real del trabajo” que tienen los estudiantes o desocupados sin formación.

Debe ser por esa visión un tanto apocalíptica del mercado laboral que el citado Ponte pronunció estas palabras verdaderamente memorables: “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia de ese mundo. Como en el organismo lo es comer y descomer” (Ámbito Financiero, 9-1-17). Algunos funcionarios intentaron relativizar sus dichos, pero el daño estaba hecho (y el verdadero pensamiento macrista en estado puro, formulado).

Joven argentino, ya sabes: el “mundo real del trabajo” se rige por implacables leyes naturales, que consisten en lo siguiente: cuando la empresa te necesita, te come, y cuando deja de necesitarte, te descome, es decir, te caga.

Vaca Muerta y la alianza patrones-CGT

De más está decir que todas las patronales olvidaron toda diferencia real o hipotética con el macrismo para salir a aplaudir todas estas ideas. La UIA, que había lanzado unos quejidos ahogados respecto de la apertura de importaciones, se alineó incondicionalmente con el gobierno por boca del eterno Daniel Funes de Rioja, que elogió la idea de (guitarra) “encarar los desafíos de competitividad necesaria para exportar valor agregado” y (acá vamos a los bifes) “superar los traumas del ausentismo elevado, la litigiosidad desmesurada y los impuestos al trabajo”.

Como dijimos, el plan piloto de la “filosofía laboral” del macrismo es Vaca Muerta. Desesperado por mostrar alguna nube, ya que no lluvia, de inversiones, el gobierno nacional cerró con el gobierno de Neuquén, compañías petroleras (incluida YPF, pero también Pan American Energy, Shell y Total) y, muy importante, la burocracia sindical, un acuerdo que el propio presidente ve como un “modelo”. ¿En qué consiste? Básicamente, en esto: las empresas hacen lo que quieren (veremos cuánto traen de los 5.000 millones de dólares comprometidos para 2017), el Estado hace la vista gorda y los trabajadores se joden.

Veamos los detalles. Por lo pronto, las empresas tienen libre disponibilidad de las divisas que generen. Pero lo genial es esto: si el precio del petróleo sube, el Estado elimina las retenciones y renuncia a toda cuota parte de esa ganancia extraordinaria, que se quedan las compañías. Pero en el caso del gas, si el precio baja, ¡el Estado le garantiza a las compañías un precio sostén bien alto, de 7,50 dólares el millón de BTU (que baja hasta 2020 sólo hasta 6 dólares)! ¡El Estado renuncia a cobrar retenciones, pero se compromete a poner plata para que las petroleras no pierdan!

En cuanto a la supuesta “creación de empleo” que va a generar este acuerdo idílico para las compañías, por ahora lo que hay es destrucción de empleo, porque el gobierno avala la actual avalancha de despidos en el sector y se compromete a pagar un subsidio a los despedidos durante 6 meses, prorrogables por otro año. Las empresas prometen que van a empezar a retomar trabajadores a partir de mediados de año. Prometen, porque no hay nada escrito y, por ende, no hay compromiso legal. Por supuesto, las provincias renuncian a todo nuevo gravamen que moleste a los señores empresarios.

La frutilla del postre es la entregada del sindicato de petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, liderado por Guillermo Pereyra, que permitirá una reducción del costo laboral de entre el 30 y el 40%, gracias a la liquidación de conquistas como la eliminación de las horas taxi (se computaba el horario laboral desde la salida de la casa, algo totalmente justificable en las condiciones particulares de la explotación), la reducción de la cantidad obligatoria de obreros por pozo, incorporación de tareas nocturnas y la eliminación de las “horas viento” en superficie y restricción en altura, que obligaban a parar la producción cuando el viento supera los 60 km por hora, lo que compromete brutalmente la seguridad de los trabajadores.

No es de extrañar que Macri haya felicitado a Pereyra como crítico de “la Argentina de la pequeña ventaja, que no va más”, y que se haya exaltado afirmando que “este tipo de convenios es lo que necesitamos en todos los sectores de la Argentina”. En efecto, parece que la Argentina que quiere Macri, con la complicidad abierta de la dirigencia de la CGT, es una donde prosperen no las “pequeñas” sino las inmensas ventajas para las patronales, en detrimento de los derechos y de la vida de los trabajadores.

Marcelo Yunes

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