El creciente clima de lucha que se viene viviendo en los ultimos meses, con sus picos mas altos con la lucha docente y el parazo del 10 de abril, que puso a los piquetes organizados por el activismo y la izquierda en el centro de la escena, pusó en alerta al gobierno K que teme que su plan de ajuste quede cuestionado desde abajo por los trabajadores. En este marco el diputado Carlos Kunkel ha formalizado finalmente en un proyecto de ley lo que la presidenta viene pidiendo desde la apertura de las sesiones del congreso: una ley contra los piquetes. Kunkel junto a los diputados Sandra Mendoza, Diana Conti, María Teresa García, Gustavo Martínez Campos, José María Díaz Bancalari y Juan Manuel Pedrini, presentó en el Congreso de la Nación su proyecto de “Ley de Convivencia en manifestaciones políticas”.

En el mismo se le da la potestad al gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, de decidir que cortes de calle o manifestaciones son “legítimos” o “ilegítimos”. La cosa funcionaría más o menos así: si vas a realizar un reclamo y tenés pensado cortar una calle, tenés que enviarle un informe a los funcionarios del Ministerio con 48hs. de anticipación, especificando el motivo, horario y lugar, además de enviar un delegado a peticionar el derecho a efectuar el corte ante las autoridades. Es decir que para el ex montonero Kunkel, no hay reclamo justo, si no es autorizado por las fuerzas represivas. Y en caso que el gobierno encuentre ilegítima una manifestación, esta será legítimamente “dispersada” por las fuerzas de seguridad, tanto la Policía como la Gendarmería.

Que es ilegitimo para Kunkel y los diputados K que acompañan el proyecto: “todas aquellas manifestaciones que impidan el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud pública”. Es decir que a siete años del asesinato de Carlos Fuentealba, el Frente para la Victoria pretende legalizar la represión que mató a nuestro compañero en un corte de ruta organizado por los docentes.

Una ley de convivencia a la medida del ajuste

Si bien Cristina siempre encuentra unos minutos en sus apariciones públicas para atacar a los trabajadores que salen a luchar, este año ha hecho gala de un antiobrerismo radicalizado reafirmando con dureza la condena sobre los compañeros petroleros de Las Heras e intentando poner a la opinión pública en contra de los docentes que se negaban a aceptar un acuerdo salarial muy por debajo de sus necesidades. Fue en ese mismo discurso donde hizo su pedido de una legislación que coartara el derecho a realizar cortes y piquetes en las huelgas.

Es que los trabajadores le vienen diciendo al gobierno que no van a dejar que el ajuste que viene implementando pase felizmente y sin olas. La histórica huelga docente en la provincia de Buenos Aires marcó la tónica de la pelea contra el ajuste, en un proceso de movilización del gremio inédito en la última década. Las luchas en crecimiento contra las suspensiones en las fábricas son otra muestra en ese sentido. Y el parazo del 10 de abril, que paralizó al país y que además puso, a través de los cortes y piquetes de la izquierda y los trabajadores combativos y antiburocráticos, una denuncia política contra la política ajustadora del gobierno en el centro del debate nacional.

El único objetivo de este proyecto, es cercenar el derecho a la protesta porque el gobierno insiste en hacer pasar el ajuste cueste lo que cueste, mientras los trabajadores empiezan a poner en cuestión el techo salarial.

El derecho a protesta no se toca

Según los fundamentos redactados por Kunkel y sus amigos, el proyecto busca “garantizar y afianzar derechos” de los ciudadanos. Pero cuando los que salen a cortar calles y a organizar piquetes son los trabajadores que rechazan las suspensiones o las maestras y profesores que exigen un aumento salarial, lo único que se busca garantizar es la continuidad del ajuste del gobierno, y el derecho de los empresarios a explotar, suspender y despedir a los trabajadores. Así como afianzar el rol de las fuerzas represivas, dándole al Ministerio de Seguridad, la policía y la gendarmería, la absoluta capacidad de decidir si un corte es legítimo o no, así como el amparo legal para reprimir abiertamente las luchas de los trabajadores.

Desde el Nuevo MAS rechazamos esta ley reaccionaria que atenta contra el elemental derecho democrático de protesta, al mismo tiempo que reivindicamos todas las formas en que tradicional y legítimamente se organizan los trabajadores y sectores populares: las manifestaciones y marchas, las huelgas, cortes y piquetes. Y nos encontraremos en las calles sin pedirle permiso ni a Berni ni a ningún funcionario del gobierno, enfrentando este proyecto para que el Congreso no lo apruebe, pero también en cada una de las luchas de los trabajadores para garantizar y afianzar el derecho de los explotados y oprimidos a resistir los ataques de los explotadores, y para que la crisis la paguen los patrones.

Flor Gilda

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