La noticia no era inesperada, pero igual sacudió a la sociedad: un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica calculó que a finales del tercer trimestre de 2016 el 32,9% de la población está por debajo de la línea de pobreza. La cifra supera la marca de diciembre de 2015 del 29%, y representa un aumento de 1,5 millones de nuevos pobres para alcanzar un total de 13 millones de pobres. Las cifras de indigencia fueron igualmente brutales: se estimó en un 6,9%, unos 2,7 millones de personas, 600.000 más que al asumir Macri. Es decir, uno de cada tres habitantes de la Argentina es pobre, y de ellos, uno de cada cinco no tiene ni siquiera posibilidad de alimentarse bien y su supervivencia misma está en peligro (eso es lo que significa indigente).
El hecho de que la fuente del estudio fuera la UCA dio lugar a controversias de lo más hipócritas. El kirchnerismo, que cuando gobernó se negó a tomar en consideración ésta o cualquier otra medición que no fueran los absurdos (o inexistentes) números del INDEK, ahora reverencia la UCA como palabra bíblica. Inversamente, el macrismo, que cuando era oposición revoleaba por la cabeza a los K los datos de la UCA, ahora no sabe cómo disfrazarlos. Fue gracioso ver el ridículo espectáculo que daban los voceros PRO en los medios haciendo piruetas con las cifras para terminar, indefectiblemente, con el argumento de que “la pobreza la generó el kirchnerismo” o “no podemos deshacer en quince meses los doce años anteriores”.
Así, ambos pretenden tomar a la población por idiota: los K no tienen forma de negar que en doce años no lograron una reducción significativa de la pobreza estructural (con manipulación escandalosa de las cifras para ocultar esa realidad), y el macrismo no tiene cómo escapar del dato más sencillo y elemental de todos, a saber, que los que venían a reducir la pobreza a cero (nada menos) no han hecho otra cosa que aumentarla a niveles insólitos para tan poco tiempo de gestión.
¿Cómo se llegó hasta aquí? Aclaremos que la información es fragmentaria: el Observatorio de la UCA toma datos a partir de 2010, y el kirchnerismo reventó las estadísticas no sólo de inflación sino de pobreza desde 2007. Pero los patrones no son tan difíciles de identificar, incluso si tomamos los porcentajes con un generoso margen de error.
El pecado original de los 90
En primer lugar, evaluar los datos de pobreza e indigencia lleva a conclusiones diferentes según contra qué período se compare. El kirchnerismo solía mostrar índices espectaculares de progreso en la lucha contra la pobreza porque comparaba siempre con el piso de los últimos 30 años, a saber, el período 2001-2002. Pero si miramos números más históricos, por ejemplo, las pasadas cuatro décadas, es posible definir algunos criterios. A nuestro juicio, el principal es que la década del 90 marcó un corte sociológico, el establecimiento de una verdadera línea de falla en lo social, lo laboral y la grilla de ingresos de la población, que se dio en llamar “pobreza estructural”. Esa pobreza estructural se define, en el fondo, por un criterio: acceso al mercado laboral formal o falta de él.
En la década menemista se dio una combinación particular de factores que dieron origen a ese fenómeno, a saber: a) destrucción de empleos formales (en blanco) y de relativamente baja calificación en el sector público vía las privatizaciones, b) destrucción de empleos formales de calificación media o alta en la industria, como resultado de la devastación del tejido productivo a instancias de la apertura masiva de importaciones, c) una profunda modificación a nivel internacional de las formas de organización del trabajo en la industria, con un fuerte componente de incorporación de nuevas tecnologías, electrónica y robótica. Este último cambio dio lugar a la vez a una recualificación de los trabajadores que conservaron su puesto de trabajo, reciclando sus capacidades, y a una descalificación casi definitiva de trabajadores que, una vez expulsados del “viejo” circuito productivo, hallaron que les resultaba muy difícil o imposible reinsertarse en la industria cuando el ciclo económico volvió a ser ascendente.
Por un lado, la nueva estructura productiva requería muchos menos trabajadores (y con otras habilidades y calificaciones) que la industria nacional de los años 70 y 80; por el otro, los años transcurridos fuera del mercado laboral habían dejado una “huella sociológica”: muchos trabajadores del período anterior fueron arrastrados a la informalidad, el cuentapropismo o la lisa y llana lumpenización. Allí está el origen de una “pobreza estructural” que había sido desconocida, como tal, en la historia social argentina de posguerra; en los períodos anteriores, por ejemplo, los “bolsones de pobreza” eran casi exclusivamente de origen rural, y la movilidad social urbana relativa era incluso superior a la de los perdedores de la década del 90.
Cambio y continuidad en la era K
Ahora bien, ¿qué cambió y qué no cambió de este panorama durante los años de gestión kirchnerista? Resumimos a riesgo cierto de simplificar: en el mandato de Néstor Kirchner hubo a) recuperación del empleo público, en general de baja calificación y productividad, que absorbió parte de esos contingentes de trabajadores desplazados, b) recuperación (en menor medida) del empleo industrial, que absorbió más bien a una nueva generación de trabajadores jóvenes, en condiciones de precariedad laboral y explotación del trabajo mucho mayor que antes de los 90; c) consolidación de un mercado laboral fragmentado, con divisiones entre empleos formales y precarizados no sólo entre distintas ramas productivas sino incluso dentro de una misma fábrica; d) consolidación de un “núcleo duro” de exclusión laboral (y en cierta medida social) duradera y no susceptible de ser reducida simplemente con la mejora del nivel de actividad. Durante el primer y, sobre todo, el segundo mandato de Cristina Kirchner, el patrón fue similar pero con un peso cada vez mayor del empleo público en detrimento del empleo privado.
El resultado fue que los años de crecimiento y relativa recuperación de la producción industrial (sobre todo entre 2003 y 2008) mejoraron los índices de ocupación, pero no erradicaron la fragmentación y precarización de la fuerza laboral ni perforaron ese sector de la población que había quedado fuera del mercado laboral desde los 90. De hecho, como dijimos, los años K consolidaron ese panorama, algo que fue en parte una insuficiencia de su modelo económico (que no llegó de ninguna manera a reconfigurar la estructura productiva argentina) y en parte también una decisión de política económica. Porque pronto el kirchnerismo descubrió que los sectores sociales que quedaban excluidos de la relación laboral formal eran presa fácil del control social y la clientelización electoral vía planes sociales que no hacían más que perpetuar la condición de pobreza.
Macrismo: aumentar la pobreza al servicio del capital
Esto es lo que heredó el macrismo, cuya estúpida promesa electoral de “pobreza cero” (inexistente en ningún país del mundo) fue desmentida explícitamente en cuestión de meses por los mismos cínicos que la habían anunciado. Pues bien, todas y cada una de las medidas que tomó Macri fueron en la dirección de aumentar la pobreza, no de reducirla. Y sólo los incautos pueden desconocer que no se trata de “efectos no deseados”, sino de una decisión consciente y deliberada de aumentar la desocupación, bajar el salario, reventar las condiciones de trabajo y así facilitar las condiciones para la libre explotación del trabajo para los capitalistas argentinos. Más que pobreza cero, el objetivo confeso del macrismo es costo laboral lo más cercano a cero posible.
En efecto, cuando el macrismo y sus repetidoras mediáticas hablan del “costo argentino”, en el fondo lo que los angustia es el costo salarial argentino, que para el empresariado es siempre demasiado alto. De allí que no sea difícil enumerar los ataques de Macri a la clase trabajadora, su salario y sus condiciones de trabajo, así como la reducción implacable de la ayuda social para los sectores empobrecidos que no tienen acceso al empleo. Aquí se dan la mano el objetivo de recrear el “ejército industrial de reserva” (Marx) que presione a la baja el salario con el ajuste de las cuentas fiscales y en el gasto de asistencia a personas que el macrismo considera directamente innecesaria y fuente exclusivamente de problemas.
Para la visión PRO, los excluidos no tienen valor ni siquiera como desocupados reales, es decir, trabajadores que esperan reingresar al mercado laboral, sino que son población sobrante, puramente objeto de políticas de eventual clientelización (o al menos neutralización) electoral, de contención del delito y económicamente inservibles. Esperar de gente con esa concepción el menor progreso en indicadores sociales es pecar de ingenuidad irremediable.
El resumen de la “política social” macrista es sencillito: para los trabajadores, rebaja salarial, desocupación, flexibilización laboral, menos atención de accidentes, menos derechos de organización y protesta, más represión para los sectores que quieran escapar de este esquema celosamente custodiado por un acuerdo con las patronales y la burocracia sindical. Para los pobres estructurales, el olvido, el recorte de gastos, la demagogia sin plata o la represión. No hace falta ser mago para saber que las próximas mediciones de pobreza, de la UCA o de quien sea, van a dar cada vez peor. Sólo la movilización y organización de los trabajadores y los sectores populares puede frenar esta caída.
Marcelo Yunes