Cada tanto tiempo un nuevo caso de violación y femicidio logra superar el cerco de tolerancia, traspasa el ocultamiento mediático y se vuelve grito en cada rincón del país. Y no porque sea excepcional: cada 18 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en la Argentina. Ahora mismo hay una cantidad de chicas desaparecidas, que las familias, amigas y amigos están buscando, como Araceli Fulles de San Martín y tantas otras. Pero cada cierto tiempo algún caso, por lo aberrante, porque tocó a una chica cuya familia tiene más recursos para hacerse oír, explota en la cara de toda la sociedad. Pasó con la absolución de los proxenetas de Marita Verón en 2012, que convocó a cientos de miles que se movilizaron en Tucumán y en todo el país; pasó con Chiara, aquella chica que encendió la mecha de la movilización del #NiUnaMenos en 2015; pasó con Lucía, que catalizó la bronca y se transformó en la bandera del primer paro nacional de mujeres en octubre de 2016; pasa ahora con Mica, que conmueve al país y por quien hubo movilizaciones masivas en Entre Ríos, en Capital Federal, en Córdoba, en La Plata, aun bajo la lluvia torrencial del sábado 8 de abril y el martes 11 con una masiva movilización en Plaza de Mayo.

Y cada vez que alguno de estos casos moviliza miles y cientos de miles, los gobiernos aparecen “tomando medidas”, aparecen haciendo como si… Ahora no es la excepción. La repuesta del gobierno reaccionario y represor de Macri es la creación de una “mesa de trabajo contra los femicidios”, por medio de un decreto de la ministra de represión Patricia Bullrich. ¡Es una canallada! El gobierno al que no le tiembla la mano para reprimir docentes; para reprimir en la Panamericana cuando las y los trabajadores ejercen su derecho a hacer activo un paro; que organizó una razzia contra activistas el movimiento de mujeres el mismísimo 8 de Marzo (cuando había terminado la enorme movilización que coronó el Paro Internacional de Mujeres) saca de la galera un decreto, cuando ya es tarde para Mica, haciendo parecer que se preocupa por la vida de las chicas.

Es el mismo gobierno que el 1° de marzo en la apertura de las sesiones del Congreso se atrevió a apropiarse del grito #NiUnaMenos. Ese es el operativo que viene intentando Macri. Ya desde que asumió nombró a Fabiana Túñez como presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres. Túñez venía de la militancia en el movimiento de mujeres, “feminista popular” se define a sí misma. Pero un año y medio de gestión demuestran lo que Las Rojas denunciamos en aquel momento: Túñez entró al gobierno para lavarle la cara a Macri. A esta altura el Consejo Nacional de las Mujeres no es más que la oficina de marketing y propaganda para hacer creer que Macri se preocupa por las mujeres. Pero no tiene un peso, ni una acción, ni una medida a favor de las mujeres, ni siquiera para garantizarle el mínimo tratamiento y medicamentos a Karina Abregú, sobreviviente de femicidio que sufre secuelas de tener más de la mitad de su cuerpo quemado.

Garantismo o punitivismo: las trampas patriarcales y capitalistas de la ley

Con la violación y femicidio de Micaela no sólo se despertó una vez más la bronca social contra el aberrante ataque, sino que puso el foco sobre la “justicia”, una de las patas de conservación del poder de los ricos y poderosos. Puso en foco cómo funcionan los jueces de este sistema. Mientras un sector ligado al kirchnerismo se declara garantista y por eso no exige cárcel para el violador, y ni siquiera la destitución del juez, el gobierno de Macri y todo el coro reaccionario claman por penas más firmes, por bajar la edad de imputabilidad (para perseguir jóvenes pobres) y mano dura para reprimir la protesta social.

En el debate sobre garantismo o punitivismo, las feministas socialistas queremos ser claras: sólo es posible entender el debate y posicionarse partiendo de que ambos son selectivos: depende de quién sea juzgado, depende de qué “delito” se juzgue, porque la justicia, como todas las instituciones del Estado, es capitalista y patriarcal.

En primer lugar tenemos que definir qué es y que no es el “garantismo”. Solemos englobar en este concepto a la teoría del derecho penal mínimo de Luigi Ferrajoli, cuya variante local es encarnada por Zaffaroni, aunque no es exactamente igual[1]. La propuesta del derecho penal mínimo convoca a utilizar, como aparece en la Constitución y los tratados internacionales que la complementan y amplían, el poder punitivo del Estado como ultima ratio, es decir, como último recurso cuando todas las otras respuestas sociales y legales han fallado.

Se trata de una serie de principios y postulados que indican, por ejemplo, que no se puede aplicar pena sin ley previa al hecho del proceso, que no hay pena si no hay culpabilidad, que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario y que deberíamos, como regla general, pasar el proceso penal en libertad, entre muchas otras. Además el derecho penal mínimo insta a sólo aplicar una pena después de un juicio rodeado de garantías sobre el imputado de un delito para que pueda defenderse de un poder estatal con todo el aparato que eso implica, recayendo sobre un solo individuo.

Son libertades básicas conquistadas contra “el soberano”  y que hacen a los mínimos rigores de la democracia burguesa. Es necesario defenderlas porque son las mínimas defensas que tenemos contra el poder represivo del  Estado.

Hecha esta salvedad, es necesario entender que estas herramientas se encuentran diseñadas y utilizadas por el Estado burgués y sus operadores, para el caso, los jueces.

Se trata de no ser ingenuos: Las instituciones del sistema democrático burgués son patriarcales y reproducen eso en todas las oportunidades posibles. Y en nuestro medio quien detenta el poder del Estado actualmente es un gobierno reaccionario y patriarcal. El problema es, entonces la política criminal y la perspectiva, tal como señalamos anteriormente de que no existe la mentada igualdad ante la ley, porque es imposible que podamos considerar de igual manera a oprimidos y opresores. Algunos son más iguales que otros: ahí está operando todo el aparato judicial para dilatar hasta el infinito la investigación sobre la estafa de la familia Macri con el Correo Argentino.

No podemos confiar en la igualdad ante la ley ni el ascetismo de las teorías del delito y de la pena cuando las mismas se aplican sobre las mujeres (y también de otros sectores oprimidos) de manera diferencial, persiguiéndolas de manera machista en los casos más extremos y desamparándolas en todos los demás.

En el Caso de Higui, por ejemplo, se trata de una violación arbitraria a sus derechos de defensa. Higui se encuentra, a pesar de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario,  en prisión preventiva sin ninguna razón más que descargar poder punitivo sobre las mujeres que se apartan del rol que el patriarcado les asigna, que se plantan ante la violencia, que la enfrentan porque si no las mata. No hay garantías para Higui, no hay ejercicio de la legítima defensa para ella.

A las mujeres en un mundo patriarcal, siendo el Poder Judicial un reproductor de dichas lógicas de dominación, nunca hay garantías. No las hay durante el juicio como no las hubo para Belén que estuvo con prisión preventiva sometida a un proceso totalmente injusto y arbitrario ante un aborto espontáneo y no las hay en la cotidianeidad de la calle, donde el Estado, desde ninguna institución, ni el Consejo de la Mujer de Túñez, mucho menos desde la justicia patriarcal nos garantiza que vivamos una vida libre de violencia. Un mundo donde se cuestiona el acceso al derecho a circular “porque una mujer no puede andar sola, ni ir al boliche,” entre otras tantas cosas. No hay garantías para las mujeres que son víctimas de violencia y tienen que vivir con un “botón antipánico” por, valga la redundancia, el pánico que les genera que su golpeador camine libre por la calle.

En este contexto particular, de escalada reaccionaria por el gobierno de Macri y los CEOs, que reprimen a los trabajadores y trabajadoras docentes por poner una carpa en Plaza Congreso, no podemos permitir que empantanen nuestra bandera y reclamo legítimo de justicia por Micaela con su agenda retrógrada, machista, represiva y antiobrera.  Tenemos que seguir luchando por justicia en todos los casos de femicidio, por cambiar a las viejas voces machistas que imparten justicia exigiendo su destitución. Pero la experiencia ya nos ha indicado que la justicia la  conquistaremos reclamando en la calle y no depositando confianza en ninguna variante leguleya ni con tecnicismos.

Las Rojas no somos punitivistas, ese es un reclamo de los sectores más reaccionarios y de lo más retrógrado de la sociedad expresado en la justicia para ajusticiar pobres, para defender lo que en última instancia es más preciado para la burguesía: su propiedad privada.

Si hoy Wagner está detenido, si el juez Rossi está tan cuestionado, es por la movilización y la indignación frente a la impunidad. La justicia, que como decíamos, es patriarcal, tiene un largo historial de defender pedófilos, abusadores y femicidas. Ahí está la denuncia de que el cura Grassi no sólo tiene una celda vip en la cárcel, sino que podría salir rápidamente de prisión. Mientras tanto la impunidad frente a la violencia hacia las mujeres es lo más común, ahí tenemos la absolución del policía violador Marcelo Cuello.

El mismo gobierno aprovecha el discurso represivo, el que expresan los minoritarios sectores reaccionarios que se movilizaron el 1A pidiendo mano dura y represión contra las luchadores y los luchadores. El gobierno, de manera cínica, se aprovecha de la justa bronca hacia el juez Rossi para dar rienda suelta a su discurso represivo. Así justifica por ejemplo, su proyecto de baja de la edad de imputabilidad y de regimentar y reprimir la protesta social. Todo es parte de un combo: plan de ajuste, paritarias a la baja, endeudamiento que redundan en peores condiciones de vida para las trabajadoras y los trabajadores, que afectan sobre todo a las mujeres, junto con represión y mano dura para las y los que protesten.

Al mismo tiempo que exigimos la destitución inmediata del juez Rossi, desde Las Rojas señalamos claramente que es Macri y su gobierno de CEOs el responsable de que no haya dinero para educación, para salud, ni para solucionar los problemas de las mujeres y que su mano dura es la respuesta de un gobierno archi reaccionario a la protesta social. Sólo con la movilización lograremos torcerle el brazo al gobierno y al Poder Judicial para lograr justica por Micaela, y esa movilización es indispensable para frenar la impunidad que impone la justicia patriarcal capitalista.

Pero para lograr que no haya ni una mujer ni joven más amenazada en su libertad de salir a la calle, a vestirse como le guste, a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, para que no haya #NiUnaMenos, hay que cambiar todo. Porque en el marco del Estado burgués y patriarcal no hay realmente justicia. La única manera de solucionar de fondo el problema es organizarse y construir una alternativa a todas las miserias de este mundo capitalista y patriarcal de opresión y explotación, junto a la clase trabajadora,  todos los oprimidos y todas las oprimidas luchar por un mundo socialista, verdaderamente humano, verdaderamente libre, verdaderamente justo.

Cárcel efectiva a Wagner

Destitución inmediata del juez Rossi y de todos los jueces y funcionarios que amparan a violentos, violadores, femicidas y proxenetas

El gobierno es responsable: Por presupuesto para prevenir la violencia, por planes de vivienda y trabajo genuino para mujeres y trans en situación de violencia. Por el desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual

[1] Mientras que en “derecho y razón” Ferrajoli señala la desproporcionalidad de las penas aplicadas en el código penal italiano y convoca a repensar qué bienes jurídicos ameritan o no la reacción desde el derecho penal y cuáles otros valores necesitan otros abordajes, sosteniendo la vigencia de la aplicación de penas pero restringiéndola sólo a lo mínimo indispensable y siempre con previo juicio justo; la obra de Eugenio Zaffaroni analiza la estructura del derecho penal y sus instituciones, concluyendo que la aplicación de penas no cumple con los fines de resocialización y por tanto abandona la finalidad de la pena.

Inés Zeta y Daniela López

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