A principio de semana, el diario Clarín publicaba que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en lo que va del año habían eliminado unas 70.000 pensiones por discapacidad y 18.000 estaban frenadas por revisión.  Para llevar adelante este ajuste, desde la cartera de Carolina Stanley echaron mano a un  decreto de 1997 del gobierno menemista con el que se aumentan  los requisitos y las condiciones para acceder a las pensiones por invalidez: que el tutor a cargo de la persona con discapacidad no puede percibir un ingreso equivalente a tres jubilaciones  mínimas, es decir de 1.9200 pesos;  o que la persona con discapacidad no puede tener un bien a su nombre, como por ejemplo un auto, sin contemplar que dependiendo de la discapacidad la persona necesita tener su propia movilidad, ya que el subte o el colectivo no son accesibles; o que el cónyugue de una persona con discapacidad no puede cobrar una jubilación o pensión, incluso la mínima de 6.377, considerando que pueden vivir sin caer bajo los índices de pobreza.
Básicamente, el gobierno de Cambiemos desconoce la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que en la Argentina tiene jerarquía constitucional desde 2014 y que obliga al Estado argentino a garantizar a las personas con algún tipo de discapacidad el derecho a vivir de manera independiente y a ser incluido. Además, otro hecho gravísimo, es que el gobierno, al no comunicarles con anterioridad la suspensión del beneficio, les negó el derecho de defensa que tienen las personas para poder justificar sus gastos.

Paradójicamente, ante el  creciente repudio por el ajustazo y la circulación de distintos posteos  donde las  personas con discapacidad contaban las situaciones de incertidumbre que vivieron al enterarse de manera abrupta de la pérdida de las pensiones, Guillermo Badino – presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales- salió a defender el recorte, por un lado,  justificando “que el gobierno kirchnerista  hizo un uso clientelar” de las mismas , y, por el otro, afirmando que «una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara». Una declaración nefasta en varios sentidos, uno porque hasta el mismo Marcos Peña tuvo que reconocer que el gobierno nacional, a pesar de realizar concursos (nadie sabe por dónde se publican dichos concursos, ya que la página de concursar está desactualizada) aún están muy lejos de cumplir la ley que exige que el 4% de la plantilla de personal del Estado deben ser personas con algún tipo de discapacidad. Sumando las encuestas difundidas por el mismo diario Clarín, en el que los empresarios afirman que durante este año no tienen pensado aumentar su personal. Y otro sentido, más nefasto, es que desconoce las complejidades con las que se enfrentan las personas con síndrome de Down, y cualquier persona con algún tipo de discapacidad, para poder acceder e insertarse en el mercado laboral.
Asimismo, esta declaración muestra el desinterés del gobierno de Cambiemos por garantizar el acceso a un trabajo genuino a los trabajadores en general y a las personas con discapacidad en particular. Porque cuando dichas personas logran insertarse en el mercado laboral, no lo hacen con un sueldo real que les permita cubrir todas sus necesidades, incluidas las de su discapacidad, sino que ingresa con un sueldo mínimo que no le permite lograr su autonomía y encima les dan de baja las pensiones por estar en blanco.

Más allá de la foto electoral con la que Michetti se “solidarizó” con un grupo de jóvenes con discapacidad por ser discriminados en una pizzería. Esta medida del gobierno nacional no sorprende, porque como ya dijimos en ediciones anteriores, aun siendo un año electoral, Macri debe realizar un ajuste para bajar el gasto fiscal y cumplir con sus metas propuestas de bajar la inflación para continuar normalizando el país. Además, no nos olvidemos que ya en los primeros meses de gobierno de Cambiemos, con la excusa de sacar a los “ñoquis K” del Estado, la misma Michetti llevó adelante una ola de despidos de trabajadores estatales, entre los que se encontraban personas con discapacidad, como mujeres con licencia por maternidad. Asimismo, el gobierno nacional frenó y/o dio de baja varios de los concursos, dilatados por el kirchnerismo y puestos a andar a meses de dejar el poder, para que personas con discapacidad entren a trabajar en el Estado.

LuB

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