En las últimas semanas se ha venido dando en el Gran Buenos Aires un fenómeno que atenta contra las libertades democráticas y alerta a amplios sectores de la población: las requisas a pasajeros y «bajadas de bondi» por parte de efectivos de las policías Bonaerense, Municipal y Federal. Estas prácticas que con justa razón nos recuerdan a la época de la dictadura cívico-militar o más cercanas en el tiempo a las razzias de los 90′, se dan en un contexto de mayor saturación de efectivos policiales en las calles.

Con la excusa de «prevenir el delito», los uniformados proceden de idéntica manera. Ya sea en Lanús, Quilmes, Almirante Brown, La Plata, Lomas de Zamora, Avellaneda u otros sectores del conurbano, la policía sube a los colectivos y con el método de «portación de rostro» hace descender de los mismos a jóvenes varones que le remitan algún tipo de «sospecha». Una vez abajo se les piden los documentos y en algunos casos se revisan las mochilas y efectos personales. Ante las preguntas del caso responden que simplemente se están llevando adelante «procedimientos» u «operativos», y si dichos pedidos de explicaciones no caen en gracia, la cosa se vuelve más pesada.

Si bien es cierto que este modo de operar nunca desapareció del todo, es categórico como han aumentado los casos en el último mes. Es que a nadie se le puede escapar que con un gobierno nacional como el de Macri queriendo reinstalar la teoría de los dos demonios, relativizando la cantidad de desaparecidos, catalogando como una «guerra sucia» el genocidio llevado adelante por la última dictadura cívico militar o haciendo desfilar por la 9 de Julio a las Fuerzas Armadas, este incremento del hostigamiento por parte de las fuerzas policiales sea mera casualidad. Al mismo tiempo, busca legitimarse hacia su base social (sectores reaccionarios de las clases medias y altas) imponiendo una política de represión y persecución hacia los sectores populares, de cara a las próximas elecciones legislativas.

De aquí, surgen dos primeras consecuencias. Por un lado, el hecho de la cada vez más evidente persecución a la juventud popular de los barrios. La estigmatización de ser un «pibe chorro» por la gorra, la capucha, las zapatillas, el lugar en el que vivís, se suma al ataque constante a las condiciones de vida, a la falta de perspectiva para un sector cada vez más grande de jóvenes, a la imposibilidad de conseguir laburos estables. Esos factores ya plantean la posible culpabilidad de los pibes, y niega cualquier tipo de salida a largo plazo.

Por el otro, la institucionalización del hostigamiento policiaco y el aval ante el mismo, sientan un peligroso precedente que busca fortalecer al aparato represivo del estado como garante último del orden burgués establecido, apuntándolo contra las luchas de los trabajadores y demás sectores populares, al tiempo que lo desliga de su rol fundamental en el crimen organizado como el narcotráfico o la trata de personas.

Entendemos que esta política de persecución y marginación de la juventud popular, y el fortalecimiento de la institución policial, deben ser repudiados de la forma más enérgica y enfrentados de conjunto por todos los sectores de trabajadores y jóvenes. La pelea debe partir de la base de entender que el ataque del gobierno es global, y que la respuesta debe ser de las mismas características. Se debe afrontar una pelea que le pare la mano al ajuste de Macri, a su disciplinamiento y represión, y que al mismo tiempo logre una mayor inserción de la juventud en un mercado laboral sin contratos basura, sin precarización ni abusos, con sueldos en blanco junto con subsidios para poder estudiar y continuar con la formación. Todas conquistas que de ser arrancadas, darían una nueva perspectiva a todo un sector y fortalecerían de conjunto a los trabajadores en su lucha contra el ataque del gobierno.

Cristian Erre

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