Hay que bajar los impuestos, la carga tributaria impide la inversión,  es necesaria una reforma tributaria, repiten  los “periodistas” de los medios. Según  Infobae: “La piden los empresarios. La piden los inversores. También los organismos y think thank internacionales cuando señalan cuáles son las principales trabas para hacer negocios en la Argentina. La reforma tributaria es un objetivo que el gobierno de Cambiemos quiere llevar al Congreso para que se debata y apruebe en 2018, luego de las elecciones legislativas de octubre” poniendo como ejemplo que “el gigante del comercio electrónico Amazon planea instalar start-ups en la región, y vio en Buenos Aires una oportunidad. Pero cuando comenzaron a hacer los números, la compañía estadounidense calculó que de cada 100 dólares que invertía, 40 dólares se iban en impuestos y trámites burocráticos”. Más adelante veremos cuánto hay de cierto en estas afirmaciones.

Lo que no aclaran todos los expertos es cómo, con semejante nivel de imposición, los empresarios argentinos solos, sin incluir las ganancias de las multinacionales, acaban de blanquear 110.000 millones de dólares, de los cuales 90.000 los tienen en el exterior. Lo cual es sólo una parte de sus ganancias negreadas.

Si miramos la estructura impositiva del país, o sea de dónde saca la plata el Estado nacional para financiarse, vemos que los impuestos de mayor recaudación son los llamados impuestos al consumo (IVA e internos), que aportan el  50% de la recaudación. Los trabajadores lo pagan al prender la luz, comprar yerba y fideos, usar la estufa, tomar el colectivo, ir a la cancha, hablar por teléfono, comprar el guardapolvo de los pibes, como una maldición que persigue su cada vez más escaso consumo personal. Los patrones también lo pagan, pero la proporción de estos impuestos en relación a sus ingresos es mínima; por eso se dice que estos impuestos son regresivos: paga lo mismo el pobre que el rico.

Sigue en importancia el Impuesto a las Ganancias, con el  31% del total recaudado. Pero aquí encontramos, a pesar de la escasa información oficial, que la mitad de la recaudación de este impuesto está pagada por los asalariados y autónomos y la otra mitad por las empresas.

El otro gran rubro de ingresos del Estado, los llamados Recursos No Tributarios (que no son impuestos) son los Aportes y contribuciones de la Seguridad  Social, con destino a ese fin, compartido por trabajadores y empleadores: aquí, por fin, éstos pagan un poco, no mucho más. La contrapartida, los millones que dejan de aportar sobre el más del 30% del trabajo en negro.

La primera conclusión es clara: es el pueblo trabajador el que sostiene los gastos del Estado. Pero, ¿cómo es que las empresas aportan tan poco? Después de todo las empresas pagan, o deberían pagar, una tasa del 35% de sus ganancias, un porcentaje relativamente alto en relación a la media mundial. Es conocido el espíritu negrero de la patronal argentina; pero para las multinacionales, que deben rendir su gestión al exterior, este mecanismo no les sería tan sencillo de usar.

Sin embargo, un estudio encargado por Naciones Unidas establece  que Argentina ocupa el quinto lugar mundial en evasión impositiva, sólo por lo que evaden las multinacionales. ¿Cómo lo hacen? Trasladando sus ganancias de sus subsidiarias en los países con impuestos más altos, donde se desarrolla la actividad económica real, a otras subsidiarias en «paraísos fiscales». Esto suele ser logrado por la empresa multinacional que establece operaciones internas que explotan las reglas fiscales internacionales para mover los beneficios imponibles de una jurisdicción a otra.

Alex Cobham y Petr Janský,  llevaron a cabo el análisis que recrea la metodología de un estudio publicado por investigadores del Fondo Monetario Internacional en 2016. Cobham y Janský replican el análisis del FMI y luego lo repiten utilizando una fuente más sólida de datos sobre ingresos fiscales nacionales.

Los datos mostraron que, si bien las mayores pérdidas se produjeron en economías ricas como Estados Unidos, los países de ingresos más bajos fueron las mayores víctimas del traslado de ganancias a los paraísos fiscales. Algunos países, como Argentina,  perdieron una proporción significativa de su PBI. Los grandes perdedores son, en dólares:

USA 188.000 millones 1,13% PBI

China 67.000 millones 0,75% PBI

India 41.000 millones 2,34% PBI

Japón 47.000 MILLONES 0,93% PBI

Argentina 21.400 millones 4,42% PBI

El traslado de los beneficios a los paraísos fiscales ha sido un gran foco de atención internacional, ya que los escándalos de compañías como Apple y Amazon  revelaron la escala de distorsiones, y la naturaleza sistémica de los esquemas de evasión que fue desnudada en las revelaciones conocidas como los “Luxemburgo Leaks”.

Este escándalo reveló los detalles de las operaciones secretas de 343 grandes empresas transnacionales para evitar el pago de impuestos, ahorrándose miles de millones de dólares, mediante acuerdos secretos con el gobierno de Luxemburgo, que tiene una tasa de impuesto del 29%, pero con la intermediación de los Big 4 (los más grandes estudios contables del mundo) lograban un “tratamiento excepcional”. Las multinacionales más conocidas son  Cargill, Citigroup, Credit Suisse, Pepsi, Ikea, JP Morgan, FedEx, Abbott Laboratories, Amazon (la misma que según Infobae la Argentina le resulta “cara”), DeutscheBank, Apple, Verizon, Vodafone, Gazprom, HSBC, Bradesco, Banco Itaú.

Un lector desprevenido puede pensar que nos estamos poniendo conspirativos. Pero recordemos que todas las empresas, nacionales y extranjeras, radicadas en el país, pagan de Impuesto a las Ganancias  un 5.57% del PBI. Y las multinacionales solas evaden un 4.42% del PBI.

Vayamos entonces al caso de la megaminería, dominio exclusivo de las multinacionales, y su  emblema: el oro.

Barrick Gold y Yamana Gold

Son bien conocidos en el país los desastres ambientales provocado por la megaminería en la cordillera: un uso irracional del agua para su operación, sin preocuparse por evitar envenenarla, con sus continuos derrames de cianuro y nubes de polvo en suspensión, que han cambiado la tonalidad del cielo cuyano, son las consecuencias del accionar de la Barrick Gold, la minera más grande del mundo en Veladero, San Juan. Es también conocida la lucha del pueblo de Famatina, en La Rioja, también contra el accionar criminal de la misma Barrick Gold.

Menos conocido es que la megaminería cuenta con un régimen de beneficios impositivos en Argentina casi infinito: doble deducción de los gastos de exploración, amortización acelerada de los bienes de uso, prohibición de creación de nuevos impuestos,  exención de derechos de importación, devolución del IVA por compras, fijación de un valor ridículo de regalías, y un largo etc.

Este régimen fue creado en los 90 por el menemismo y sigue vigente hasta hoy. Así, el impuesto más importante que pagan es la regalía minera, que no podrá exceder el  tres por ciento (3%) sobre el valor «boca mina» (previo a cualquier proceso de transformación) del mineral extraído. Y quién  determina este valor: las propias mineras, ya que se pueden deducir  los costos necesarios para llevar al mineral a la boca de la mina, y sus gastos administrativos asociados.

De yapa, se estableció que no se le podrían crear impuestos nuevos o alterar  los existentes por 30 años después de la presentación del estudio de factibilidad. Todo con el cuento de que vengan las famosas inversiones a crear empleo de calidad. Suena, ¿no?  Bueno, en este caso las inversiones vinieron, pero el empleo no: minas y canteras tienen el 1% del trabajo registrado y el 0,75% del trabajo total.

Hasta mediados de la década, las exportaciones de oro promediaban los 100 millones de dólares. Pero en 2007 saltaron a más de 500 millones. Empezaba una suba imparable del valor del oro que pasó de 400 a 1800 dólares la onza de 2003 a 2013, y por consiguiente, un ataque de fiebre extractiva. El gobierno K creó entonces el régimen de retención a la minería, de entre el 5% y el 10% del valor de las exportaciones. Se estaba violando la sacrosanta “seguridad jurídica” y la “estabilidad fiscal” establecida por la ley, pero las ganancias eran tan fabulosas, el impuesto tan “razonable” y el desastre ambiental tan impune, que las megamineras cedieron: entre 2008 y 2015 exportaron oro por más de 14.000 millones de dólares, transformándolo en el séptimo complejo exportador argentino. Si le agregamos el cobre, subirían al cuarto puesto, superando al complejo bovino: sí, Argentina exporta más oro y cobre que carne y leche.

Y entonces vino Macri, Y no sólo le sacó las retenciones a los sojeros: también a la megaminería, lo que significan unos 220 millones de dólares por año, más el regalo extraordinario de la devaluación que incrementó sus ingresos en pesos en más de un 50%.

Pero nada es suficiente para las grandes empresas. La canadiense Yamana Gold, décima minera mundial, tiene 8.000 empleados en el mundo, cotiza en las Bolsas de Londres, Toronto y Nueva York. En Argentina tiene un 16% de su producción mundial, exportando la totalidad de su producción de Gualcamayo en San Juan, y está por poner en producción Cerro Moro en Santa Cruz,  con lo que duplicará su producción  mundial de este metal.

Tiene Activos globales de 8.800 millones de dólares e Ingresos por 1.800 millones de dólares, de los cuales 1.400 corresponden a oro.

El Luxi Leaks expuso su  acuerdo secreto con el gobierno de Luxemburgo, a donde  trasladó su administración,  en 2010, haciéndose  acreedores a  un “tratamiento excepcional”.

En el convenio con Luxemburgo declaran que en Argentina tuvieron en 2008 pérdida fiscal y en 2009 cero utilidad  por la doble deducción de los gastos de exploración y amortización acelerada (permitidos por la Ley de inversiones mineras). Sin la última, estaría gravada a una tasa efectiva del 30%. Pero estas deducciones permiten restar más gastos los primeros años, y menos los últimos… por lo que había que buscar otra salida: que toda la ganancia fuera a parar contablemente a Luxemburgo, lo mismo que en sus explotaciones en Brasil, Barbados, Chile y México.

Y confirmando esto, después de la denuncia en 2014, en 2015 y 2016 empiezan a declarar pérdidas globales, provocadas por un incomprobable «deterioro de propiedades mineras» por la pequeñez de 1.400  y 700 millones de dólares, respectivamente.

A pesar de la escasa o nula obligación de información pública que deben brindar las grandes empresas en el país, podemos afirmar sin mucha temeridad que Yamana Gold nunca pagó un peso de Impuesto a las Ganancias en el país: primero por los beneficios del régimen minero, después por el traslado de sus ganancias a Luxemburgo, ahora porque inventan pérdidas. En 2016 Yamana Gold tuvo 3.500 millones de ingresos en Argentina; Impuesto a las Ganancias pagados: cero.

Y no desentonan con el resto de la banda de la minería: en el 3er trimestre de 2016 la actividad de explotación de minas y canteras por sociedades determinó el 1,2% del total del Impuesto a las Ganancias determinado por las sociedades de todas las actividades económicas, a pesar de presentar el oro y el cobre solos, el 5% de las exportaciones.

Es hora de terminar con esto. Que sean los empresarios los que paguen y no el pueblo trabajador. Que el aumento de los presupuestos de salud, educación, transporte, viviendas, jubilaciones, sea pagado por los que nunca pagaron. Y que los que crean toda la riqueza empiecen a disfrutar de ella. En el caso de la minería además, siendo la naturaleza «primera fuente de todos los medios y objetos de trabajo» y condición de existencia de las actuales y de las futuras generaciones, se impone la defensa de los recursos naturales más vitales, como el agua, la detención de la contaminación ambiental, de sus propios trabajadores y sus comunidades, a la par que luchamos por un nuevo sistema de producción  social que deje de minar las dos fuentes de donde surge toda la riqueza: la tierra y el trabajador.

Marcelo Giecco

Pre candidato a senador provincial

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