El martes 15 de agosto fue publicado en el Boletín Oficial un decreto firmado por el presidente Macri que dice “Delégase en el Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias».

Desde la cartera encabezada por Guillermo Dietrich le quitaron relevancia al decreto, bajo el argumento de que sólo se trata de una norma  “meramente administrativa, para ahorrar pasos burocráticos”. En realidad, están escondiendo un cambio fundamental en la legislación vigente en materia ferroviaria, que hasta ahora nadie se había atrevido a realizar, hasta el martes era necesaria la “firma del presidente” para el desmantelamiento de una traza ferroviaria, ahora sólo alcanza con la “firma de un ministro”.

El texto no establece ningún criterio o restricción para la clausura definitiva de los ramales o trayectos que sean considerados en desuso. Esta aparente vaguedad y desjerarquización del tema obedece a una política deliberada que tiene dos objetivos que van unidos: continuar con  la degradación del ferrocarril y tener las manos libres de “trabas burocráticas” para vender terrenos ferroviarios favoreciendo el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios.

Esta política comenzó a principios de la década del 60 con el gobierno de Frondizi y continuó con los militares y gobiernos democráticos, en particular bajo el menemismo, donde se privatizó todo el sistema ferroviario mediante concesionarios, dejando 70.000 ferroviarios en la calle y miles de kilómetros de vías cerrados y cientos de pueblos aislados. Durante el kirchnerismo, esa política de degradación desembocó en la Masacre de Once, que destapó los negocios sucios de Jaime y de De Vido, en complicidad con la burocracia sindical que participó de todos los negociados producidos con la tercerización bajo el gobierno anterior, llegando al extremo de matar a Mariano Ferreyra para no perder los privilegios que usufructuaba.

Pero hasta ahora ningún gobierno había avanzado en el remate de los miles de hectáreas que tiene en propiedad el ferrocarril. Para llevar adelante los negocios, Macri designó a Marcelo Orfila como presidente de Trenes Argentinos, un empresario que proviene del campo inmobiliario: entre 2011 y 2014 fue gerente general del Grupo Monarca, una firma dedicada a este tipo de emprendimientos. Su nombramiento al frente de la empresa que decide el destino de los terrenos ferroviarios está marcado por los negocios que sobrevienen a su vaciamiento premeditado. El mismo funcionario declaró que no es prioridad de su gestión habilitar las líneas que se encuentran paralizadas, y mucho menos realizar nuevas.

Muy lejos han quedado las promesas electorales de priorizar el transporte ferroviario; bajo el macrismo lo que se ha visto es más destrucción. La gobernadora Vidal decidió el año pasado el cierre definitivo de Ferrobaires, la empresa que operaba los trenes de la Provincia de Buenos Aires, dejando sin trenes a más 600.000 habitantes de un centenar de pueblos y ciudades, obligados a pagar mucho más para transportarse con las empresas de micros privadas.

La desidia gubernamental con un medio de transporte estratégico como el ferroviario se verifica con la lentitud que realizan las obras para terminar la obra de electrificación del Roca hasta La Plata, que cada día no sólo está más lejos de concretarse, sino que inclusive existen comentarios de que hay un proyecto de que termine en Tolosa, para aprovechar la traza que queda libre para proyectos inmobiliarios.

Los negocios y las ganancias son tan jugosas que nadie se quiere quedar afuera, el ejemplo es el apoyo que logró el jefe de gobierno de CABA Larreta en la Legislatura porteña, donde casi todos los bloques (incluido el kirchnerismo) votaron la entrega a los especuladores inmobiliarios de los terrenos ferroviarios en Retiro y Colegiales para la construcción de grandes edificios.

Este simple decreto es como entregarle al zorro la llave del gallinero. Es decir, el gobierno de CEOs y empresarios beneficia a ellos mismos; o sea, otros empresarios. La discrecionalidad que le otorga el decreto a Dietrich es una de las características más peligrosas de la medida, ya que anuncia la profundización de la doble política del macrismo que combina el desmantelamiento del ferrocarril con la liberación de las grandes extensiones de tierras de propiedad estatal  ubicadas en lugares estratégicos de las grandes ciudades del país sólo para beneficio de los empresarios privados.

Frente a este nuevo ataque a los trabajadores y a la propiedad estatal, los burócratas sindicales de los gremios ferroviarios se han declarado “en estado de alerta”. Con eso no basta, para frenar este atropello es necesario impulsar asambleas de las bases ferroviarias para poner en pie un plan de lucha por la derogación completa del decreto 625/2017, evitando que la propiedad estatal sea enajenada a favor de la clase capitalista, en la perspectiva de la estatización completa del sistema ferroviario bajo control de sus trabajadores, en el marco de un plan estratégico al servicio del desarrollo económico planificado que apunte a beneficiar a las mayorías.

Héctor “Chino” Heberling

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