Por Johan Madriz

Nuevamente los guatemaltecos están en la calle exigiendo la renuncia de un presidente. El gobierno de Jimmy Morales, estrechamente ligado con la cúpula militar y empresarial del país, enfrenta movilizaciones masivas contra la corrupción. Esto acontece a sólo dos años de que la presión popular obligara al entonces presidente Otto Pérez Molina a renunciar, tras darse a conocer su participación en una millonaria defraudación tributaria.

Luego de la salida de Pérez Molina, el descontento fue canalizado por la burguesía a través de elecciones donde ninguno de los candidatos representaba una opción para los trabajadores y las clases populares. En esa ocasión señalábamos que “la estrategia de la burguesía para ponerle un alto a la crisis política, sería absorber la indignación y el enojo a través de las elecciones y así legitimar la institucionalidad, quedando todo igual”.

El tiempo nos ha dado la razón y ahora Jimmy Morales es cuestionado por la justicia por recibir donaciones ilegales en la campaña electoral del 2015 cuando era secretario general de su partido, el Frente Convergencia Nacional (FCN).

En esas elecciones Morales se presentó como la opción del cambio, un outsider y “supo capitalizar las exigencias de las movilizaciones al utilizar un discurso vacío que no propone nada: ‘ni corrupto, ni ladrón’, pero que tuvo eco en la sociedad guatemalteca al calor de los casos de corrupción. Y es que si bien Morales se presentó como una cara nueva, sin pasado político, sin ‘rabo que le majen’, es uno más de los mismos. Es un empresario conservador que tiene entre sus principios fundamentales ‘la familia y el temor a Dios’ y es candidato de un partido ligado a militares retirados (esos que ya hicieron desastres en las décadas pasadas), que además tiene posiciones ultra nacionalistas como su deseo ‘de construir una Guatemala feliz e inmortal’.”

La acusación contra Morales fue presentada por la CICIG, el mismo organismo que destapó la corrupción de Molina y que responde directamente a los intereses del imperialismo norteamericano. La CICIG fortalece la institucionalidad burguesa en el marco de la Alianza para la Prosperidad para desviar cualquier posible rebelión popular. En respuesta, dos días después el presidente ordenó la expulsión del país del principal representante de esa misión, resolución que la Corte de Constitucionalidad suspendió. La Corte Suprema de Justicia solicitó el retiro de la inmunidad del presidente al Congreso, petición que fue rechazada con 104 votos (de un total de 158).

El Congreso, donde cinco diputados son investigados, convocó y sometió a votación de urgencia una reforma al Código Penal que protege a los políticos acusados de financiamiento ilegal. La modificación le atribuye la responsabilidad a los contadores y no a los secretarios generales. Además permite que este tipo de delitos puedan ser compensados con una fianza evitando el encarcelamiento. La ley fue aprobada por tres diferentes partidos de oposición y el oficialismo. Si bien el 15 de septiembre, en una sesión extraordinaria, tuvieron que dar marcha atrás, resultado de las protestas, queda muy claro cuáles son las intenciones de los diputados.

En medio de esto se dio a conocer que el Ejército, estrecho aliado del presidente, le asigna un bono de 7.300 dólares (sumado a su salario mensual de 20.100 dólares) por “responsabilidad y riesgo”, siendo el gobernante con la mejor remuneración de América Latina, en un país donde el 59% de la población es pobre (83% en el caso de indígenas).

La indignación por el descaro de los políticos fue creciendo y cientos de guatemaltecos se concentraron en la capital el 14 de septiembre durante los actos protocolarios previos al día de la Independencia repudiando al presidente y a los diputados.

El 15 las protestas se dirigieron frente a las puertas del Congreso donde sesionaban los diputados, a los que se les impidió la salida a condición de su renuncia. Después de 8 horas la policía antimotines dispersó a los manifestantes con lacrimógenos y gas pimienta.

Esta legítima acción de protesta dio pie a que el gobierno calificara esta actuación como el secuestro de 130 congresistas y se escudara en el discurso de que las protestas son violentas. Típico argumento para desprestigiar el movimiento y legitimar el uso abusivo de las fuerzas de seguridad. Si eliges a un payaso espera un circo.

Ante este panorama, desde la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie reiteramos nuestro llamado a profundizar la experiencia de lucha que se abrió en 2015. Una experiencia muy progresiva, con la participación de una nueva generación de luchadores, con especial presencia de la juventud. Pero no se puede depositar ninguna confianza en el Estado guatemalteco ni en la ONU, garantes de genocidios, corrupción, narcotráfico y demás lacras. Por eso creemos que hay que continuar en las calles y apoyar la convocatoria al paro nacional del próximo 20 de septiembre convocado por varias organizaciones sociales, es necesaria la incorporación de la clase obrera y las organizaciones campesinas e indígenas mediante la huelga general para lograr las demandas populares y exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, Plurinacional Inclusiva, Soberana y Democrática.

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