Amnistía fiscal para patrones con la complicidad de la CGT

La reunión del ministro de Trabajo Jorge Triaca y los burócratas de la CGT el 21 de septiembre pasado dejó un resultado tan cristalino que no va a ser necesario mucho análisis sesudo. Como veremos, las cosas se explican casi solas.

La primera preocupación de los muchachos cegetistas era recibir una confirmación oficial de que la reforma laboral que está por perpetrar el gobierno no siga los pasos de Brasil en el punto que más preocupa a los burócratas. Que no es justamente las condiciones de trabajo de sus afiliados, sino, más simplemente, el hecho de que sigan siendo sus afiliados.

Recordemos que la reforma brasileña permite, entre otras medidas “modernas” (del siglo XIX), que los trabajadores se desafilien del sindicato de rama para constituir un sindicato “propio” por empresa (naturalmente, las empresas serán las primeras en impulsar tales “sindicatos”). Concomitante a esto es la facultad de negociar salarios por rama en paritarias nacionales en vez de acuerdos por empresa. A esta módica lista inicial de reclamos, el ministro Triaca respondió tranquilizando a sus ex colegas burócratas: no, no se hará nada de eso (por ahora, habrá pensado el hijo de burócrata pro empresas devenido funcionario pro empresas).

El tema central de la agenda laboral del gobierno es (siempre por ahora) el llamado “blanqueo” laboral. Algún ingenuo pensará que se trata de un plan para poner en blanco al casi 35% de trabajadores en negro. Pero no. Aunque por supuesto para la tribuna electoral el gobierno lanzará la consigna “informalidad cero”, la distancia entre el verso y la realidad será similar a la de “pobreza cero”. De hecho, en privado la gente de PRO no tiene escrúpulos en reconocer que mienten. Uno de los funcionarios encargados del tema, citado por el periodista Marcelo Zlotogwiazda, admitió que “si logramos formalizar 300.000 personas, será un gran logro” (Ámbito Financiero, 28-7-17). Cinismo sin límites, como siempre.

Entonces, si formalizar empleados no es un objetivo, ¿adónde apunta este blanqueo? Pues a salvarle el cuello a infinidad de empresarios de todos los tamaños que, además de ahorrar en sueldos más bajos que se le pagan al trabajador en negro, se ahorraban también los aportes patronales previsionales. Esto es un delito económico, además de un obvio perjuicio al trabajador y a las arcas estatales. Pero el blanqueo laboral viene a solucionar el problema diciéndoles a los empresarios algo así como “muchachos, ¿no pagaron un mango de aportes desde hace años? No se preocupen, todo está perdonado y les garantizamos que el Estado no les va a hacer juicio por la guita que ustedes le afanaron todo este tiempo”. ¿Qué deberán hacer los empresarios a cambio de este gracioso regalo que les hace el Estado gestionado por Macri? Pues nada. Salvo que se considere gran cosa blanquear esos 300.000 trabajadores, el logro de máxima del citado funcionario PRO. Esto es, un insignificante 6,6% del total de asalariados en negro, que según los últimos datos del INDEC rondan los 4,5 millones.(1) Tal como se lee: no se exigirá a los empresarios ningún compromiso formal de blanquear a todo su personal en negro a cambio de la condonación total de la deuda con el fisco.

¿Y la CGT, que dice? No mucho: los burócratas le solicitaron amablemente a Triaca la posibilidad de “colaborar en la fiscalización” del blanqueo. Es posible que el gobierno acceda; francamente, difícil que tanto funcionarios como patrones tengan mucho que temer de fiscales tan “implacables” como los burócratas. Si algún empresario pretende abusarse demasiado de tantas ventajas, pues el burócrata del gremio en cuestión le dará un tironcito de orejas, que el empresario retribuirá con algún pequeño favor en metálico o en especie, y aquí no ha pasado nada. Las tres partes saben cómo se manejan estas cosas. Hablando se entiende la gente.

A los patrones, perfume francés; a los trabajadores, ruda macho

Ahora bien, ¿cómo queda el trabajador en negro, que ahora supuestamente pasaría a estar en blanco? Según confesión del citado funcionario, esa “dignificación del trabajo” será para una ínfima minoría, pero incluso para los que pasen a tener cobertura social y aportes jubilatorios, el daño anterior será irreparable. Lo vergonzoso del caso es que una cosa es que el Estado renuncie a cobrar aportes a los patrones, pero otra muy distinta es que deje desprotegido al trabajador respecto de la inconducta anterior de su empleador.

Expliquemos esto. Hoy, uno de los principales factores de la “inseguridad jurídica” (para los capitalistas, claro) y del “costo argentino” es la posibilidad que hoy tiene el trabajador de hacer juicio a su patrón por haberlo tenido en negro y haberse quedado con los aportes jubilatorios que son legalmente parte del salario (actual y diferido) del trabajador. Aunque, por razones lógicas de terrorismo patronal, falta de recursos y de acceso a medios legales, etc., sea una minoría la que pueda efectivamente ejercer ese derecho, éste existe. El blanqueo laboral macrista lo primero que hace es arrasar con esa posibilidad y ese derecho que hoy le asiste a todo trabajador en negro. Inversamente, la medida trae alivio y tranquilidad al patrón, que ahora tendrá la seguridad de que ni el Estado (por renuncia voluntaria) ni sus trabajadores (por despojo de derechos perpetrado por el Estado) podrán reclamarle nada por sus perrerías anteriores.

Entonces, ¿el trabajador pierde todo derecho a reclamar por los años en que estuvo en negro? Bueno, todo no. El Estado, tan desmedidamente generoso con los patrones, recuerda que los trabajadores también existen y le dejan una o dos migajas de esa generosidad, bajo la forma del reconocimiento de “algunos años” de aportes. Es decir, el Estado pagará (a sí mismo) una parte de los aportes que el empresario debió haber pagado y que ahora le condonan. ¿Cuánto va a ser eso? No está definido aún, pero a no ilusionarse: se habla de tres o cuatro años de aportes jubilatorios, por supuesto tomando como remuneración el salario mínimo. Y sí, es poquito, pero qué se le va a hacer: la cuota de regalos buenos ya se la llevaron los capitalistas, y a los trabajadores les tocan las baratijas. La gorda condonación de deuda a los patrones se pagará con los escuálidos haberes de los futuros jubilados… si es que les alcanzan los años de aportes.

Un blanqueo que chorrea mugre

Pero no seamos tan injustos con los burócratas de la CGT, que a cambio de su apoyo y “fiscalización” del blanqueo/amnistía laboral también consiguieron algunas otras cosas. Sólo que los benefician a ellos y no benefician en nada, o más bien perjudican, a los trabajadores a los que “representan”.

Por ejemplo, lograron una promesa (no compromiso, claro) de Triaca de que el gobierno apaciguará (pero no eliminará) la ola de intervenciones de sindicatos que tan eficaz le ha sido al macrismo para domesticar todavía más a este león herbívoro que es la CGT.

Mucho peor es que, en sintonía con los objetivos adelantados de la reforma educativa, se relanza el sistema de pasantías laborales, sólo que, como el nombre genera escozor, ahora se las denominará, púdicamente, “prácticas formativas”.(2) ¿Cómo logró el gobierno que los burócratas aceptaran un esquema del que durante años habían abominado? Bueno, hay 700 millones de razones, que son los pesillos que el gobierno destinará a los sindicatos como aporte de recursos para las tareas de capacitación en esas “prácticas formativas”. Que, dicho sea de paso, deben ser mucho más que formativas y pasar a ser abiertamente productivas, dado que los muchachos de la CGT pidieron, y obtuvieron, que se incluyeran en los futuros convenios colectivos (con lo cual, naturalmente, los pasantes van a pasar a ser aportantes al sindicato y a la obra social).

Hablando de eso, la frutilla de la muy amigable reunión Triaca-CGT es la promesa (otra más) de que se pondrá en funciones una agencia de evaluación de tecnologías en salud, largamente reclamada por la burocracia. ¿Por qué? Porque uno de los principales roles de esa agencia será, vean ustedes, “poner un límite a las prácticas de salud y remedios ordenados por la Justicia a las obras sociales sindicales y prepagas a partir de demandas de los afiliados” (M. Martín, Ámbito Financiero, 19-9-17). ¿Se entendió? ¡La agencia creada por el gobierno se encargará de proteger la caja de la burocracia contra los fallos judiciales que le den la razón a los afiliados cuando las obras sociales no cumplan con prestaciones médicas! ¡Es el colmo del enjuague macrismo-burocracia contra los trabajadores!

Ya sé, ustedes estarán preguntándose, en el marco de este productivo encuentro, cómo habrá caído la mención del “plan de lucha” de la CGT que Juan Carlos Schmid anunció el 22 de agosto pasado. No se lo pregunten más: el tema no se mencionó en ningún momento. Se ve que a ninguna de las partes le interesaba mucho. Después de todo, eso es apenas una preocupación de los trabajadores que la pasan mal, no de burócratas actuales y pasados que se reúnen a hacer excelentes negocios.

Marcelo Yunes

Notas

1. La última Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (enero-marzo 2017) estimó en un 33,3% los trabajadores en negro, sobre una oferta laboral de unos 19,9 millones de personas, de los cuales 18,06 millones están ocupadas. De ese total, 13,4 millones son asalariados (4,5 millones en negro), y 4,6 millones son cuentapropistas o independientes, de los cuales 1,2 millones están en negro.
2. Si les suena casi igual a las “prácticas educativas” de las que hablaba la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, defendiendo las pasantías laborales para alumnos/as de quinto año del secundario, es porque entre las reformas laboral y educativa del macrismo hay muchos más vasos comunicantes de lo que parece.

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