La aplicación del artículo 155 de la Constitución que implica la suspensión de la autonomía catalana ya está en marcha. Las medidas concretas las decidió un Consejo de Ministros extraordinario el pasado sábado 21 y tendrán que ser aprobadas por mayoría en el Senado, en manos del PP, en una votación prevista para el viernes 27. El paquete de medidas que el Ejecutivo presentó ha sido pactado con el PSOE y C´s (Ciudadanos), confirmándose el acuerdo para convocar a elecciones en enero.

Veamos algunas de las medidas más significativas que ilustran la ferocidad de Madrid.

• La facultad de disolver el Parlamento de Catalunya pasa al presidente del Gobierno. Se convocarán elecciones en un plazo máximo de seis meses, «aunque mi voluntad», ha dicho Rajoy, «es hacerlo tan pronto como se recupere la normalidad».
• El Gobierno pide autorización al Senado para proceder al cese del presidente, del vicepresidente y de los consejeros del gobierno catalán. El ejercicio de sus funciones lo asumirán los ministerios correspondientes durante el tiempo que dure esta situación excepcional.
• La Generalitat continuará funcionando y seguirá siendo la administración ordinaria de la Comunidad Autónoma. Esta administración actuará bajo las directrices de los órganos designados por el Gobierno de la nación, es decir, por los ministros.
• Limitación de funciones del Parlament. Seguirá cumpliendo su función representativa. Sin embargo, la Presidenta del Parlament no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni plantear plenos de investidura. Tampoco llevar a cabo iniciativas que sean contrarias a la Constitución o al Estatut. El Gobierno tendrá un plazo de 30 días para vetar, de producirse, dichas iniciativas.
• El Gobierno podrá tomar control de TV3 para garantizar la transmisión de «una información veraz, objetiva y equilibrada».
• Las autoridades designadas por el Gobierno podrán dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los Mossos d’Esquadra que podrán además ser sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Esta es la reacción del gobierno central ante la voluntad hecha acción del pueblo catalán por su derecho a decidir. Esta es la respuesta ante la manifestación del legítimo derecho y deseo a independizarse: un brutal ataque a la autonomía, instituciones y autoridades catalanas elegidas democráticamente y que sienta un grave precedente para las futuras luchas del pueblo español que vayan en el sentido de cuestionar la falsa y forzada unidad de España y el podrido régimen monárquico actual heredero del franquismo, que ya no da para más y tiene que volar por los aires.

Así, el gobierno español avanza retomando la manija, luego de que el pasado jueves venciera el último plazo dado al presidente de la Generalitat para que rectifique si declaró la independencia y al considerar que Puigdemont no contestó de manera clara a sus “requerimientos para volver a la legalidad española”.

En una primera carta como respuesta al requerimiento, en la que no se aclaraba si se había proclamado la independencia y se ofrecía abrir un periodo de dos meses para dialogar, Carles Puigdemont dijo en una nueva misiva que «si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión», el Parlament «podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10″.

La línea política del gobierno central, del Rey y de sus aliados PSOE y C`s han sido muy claras desde el primer momento y el mensaje oficial que se mantiene es contundente: la unidad de la “España una” no se negocia, el Régimen del 78 no se toca y la Constitución emanada del mismo es el amparo legal con el cual justificar las cargas policiales y la intervención a una Autonomía. Y en el frente internacional, cierto es que el Gobierno cuenta con el apoyo de sus principales socios (Merkel y Macron) y de Bruselas contra una declaración unilateral de independencia.

Ahora el problema se centra en la manera concreta que asuma la aplicación del 155, es decir, cómo el gobierno llevará adelante dichas medidas y de cómo responderá el gobierno de la Generalitat que ya ha llamado a un pleno del Parlament para los días jueves y viernes para debatir la situación y donde probablemente se declare la independencia. En este sentido, la Fiscalía general se ha pronunciado con el planteo de que ante la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) se podría procesar a Puigdemont por el delito de “rebelión”, lo que supone una pena de 30 años de prisión. También se especula con que Puigdemont asista, por derecho, a la sesión del Senado del día jueves para que realice sus alegatos y se habla de que probablemente se plantee un debate cara a cara con Rajoy.

En este tire y afloje por arriba entre la Generalitat y Gobierno existe un tercer actor sobre el cual ambos sobrevuelan midiendo sus fuerzas y sus próximos pasos: el movimiento surgido al calor de la pelea por la defensa del derecho a decidir y que se expresó con fuerza, dando muestras de su capacidad de organización y potencialidad, con las masivas movilizaciones ante las detenciones y allanamientos en el mes de setiembre, con las acciones para garantizar la realización del referéndum el 1-O, con el paro cívico del 3-O y con la gran movilización frente a los encarcelamientos de los presidentes de la ANC y Ómnium.

Cómo aplicará el gobierno las medidas y de qué manera responderá el Govern catalán, es una incógnita. Pero lo que no es ninguna incógnita es que han tomado nota de que con su accionar juegan con el sentimiento de un movimiento convencido que ya expresó su voluntad y ahora quiere y espera una resolución a su favor.

El Gobierno sabe que hubo y hay actuaciones que los catalanes no aprueban, no sólo los independentistas, y que el mecanismo excepcional del 155 debe servir para disolver el Gobierno catalán con una intervención «mínima» en la autonomía y para que se celebren elecciones lo antes posible, “para no prolongar demasiado una situación de interinidad que nos desgasta a todos y que es difícil de explicar a los catalanes, por eso es necesario que las decisiones que afecten a la autonomía sean lo menos invasivas”, sostienen desde Moncloa.

Rajoy prefiere que las elecciones las convoquen en Catalunya con la “excusa” que sea consecuencia del bloqueo político y de la presión de la CUP (Candidatura de Unidad Popular) antes que verse obligado a convocarlas él. A su vez, el Ejecutivo y el PSOE coincidieron en asegurar que el 155 se frenaría si Puigdemont disolviera la Legislatura y anunciara unos comicios. Pero incluso en el caso de que los vistiera como elecciones constituyentes la intervención podría paralizarse, porque una declaración de independencia se recurriría al Tribunal Constitucional (TC) y los comicios se celebrarían de acuerdo a la ley electoral, sostienen en las fuerzas constitucionalistas.

Desde la Generalitat se amenaza con la declaración unilateral de independencia como respuesta al artículo 155 y se descartan las elecciones, al menos de momento.

En el Gobierno preocupa que la Generalitat intente utilizar el desarrollo del artículo 155 en su beneficio, para borrar su ambigüedad en el manejo de la declaración unilateral de independencia, el sí pero no del Parlament, y para agitar de nuevo la calle con la propaganda victimista. La intervención es un camino sembrado de riesgos, para la Generalitat y también para el Gobierno. Porque media el movimiento, el gobierno sabe que debe ser sutil y prudente pero firme cuando se trata de la defensa del régimen y porque Puigdemont sabe que el sentimiento es de rabia e indignación. Y sobre todo porque saben, y no desean, que el movimiento se les pueda ir de las manos a ambos.

Rabia, indignación e impotencia es el sentimiento predominante entre la gente. Rabia e indignación ante la feroz actuación del gobierno e impotencia y sabor a poco porque DUI no hay y hoy, más que ayer, con las calles vacías y dos presos, parece estar más lejos de alcanzarse.

La dirección burguesa del proceso y su estrategia de la resistencia pasiva

Es evidente que el estado de movilización permanente quedó en suspenso debido al frenazo que Carles Puigdemont provocó a la hora de declarar la independencia. No pudo decir que no, porque eso hubiese significado un fraude y una estafa de cara al movimiento, pero tampoco dijo claramente que sí; en su lugar llamó al diálogo abriéndose un impase en la movilización y esperó a que el gobierno jugara sus cartas con el 155. Y el gobierno, obviamente, las jugó.

Es notorio que esto ha influido en el movimiento, que continúa vivo aunque ha bajado en intensidad y protagonismo y se verifica un cambio de actitud de las movilizaciones, ahora más pasiva y defensiva que antes y a la espera de lo que diga o haga el gobierno. Un minué en las alturas de las instituciones del régimen al cual el movimiento asiste como espectador para ver los próximos pasos que se darán de un lado y del otro.

Es que hasta el momento la respuesta del Govern se ha quedado puramente en el terreno formal de las palabras y declaraciones, pero nada ha pasado al terreno de los hechos dando pasos con medidas concretas que signifiquen la independencia, ni se ha convocado a enfrentar al 155 con la movilización activa en las calles. Sin embargo, se sigue insistiendo en el diálogo y la negociación. Nada más alejado de las legítimas y sentidas aspiraciones que el pueblo catalán expresó y defiende.

A esto hay que agregar que tanto en los discursos como en las acciones convocadas por la ANC y Ómnium cuesta encontrar alguna referencia o interpelación hacia los trabajadores, las mujeres y los jóvenes del resto del Estado español para pedir su solidaridad y apoyo, aun cuando hubo inmensas manifestaciones a favor de la causa del pueblo catalán.

Esto se debe a la política que viene llevando adelante la dirección del proceso, que parece ser que va más por el lado de la resistencia pacífica y por arriba, respetando los canales de la legalidad y las instituciones para imponer una independencia pactada y negociada aunque nos lleve 100 años de negociación, que por la vía revolucionaria de imponer la independencia apostando por el camino de una verdadera desobediencia civil que vaya en el sentido de romper la legalidad con la lucha y la acción directa de las masas en las calles.

Un claro ejemplo de esta política de resistencia pasiva la demostraron los Jordis y su encarcelamiento, que aun sabiendo que la prisión era la opción más segura para el régimen y el Estado monárquico, acudieron a Madrid ante las instancias institucionales a las que fueron requeridos, no desobedecieron la citación, y por supuesto, quedaron presos. Una estrategia que desgasta y desorienta al movimiento y debilita la posición frente a Madrid.

Por todo esto tampoco es descartable un escenario de nuevas elecciones, donde ambos vuelvan a jugarse la legitimidad en el terreno electoral. Lo que en el fondo significa entregar la lucha del pueblo catalán.

El 155 es un aberrante e inadmisible hecho frente al cual hay que plantarse categóricamente en contra y plantearle una respuesta a la altura de su brutalidad, salir a enfrentarlo activamente en las calles con autoorganización y desde una perspectiva propia e independiente de los partidos y organizaciones burguesas que conforman la dirección del proceso y de unidad de clase de todos los trabajadores, las mujeres y la juventud que vivan y trabajen en Catalunya.

Y por esto también se hace una necesidad la construcción de una alternativa independiente y de una radicalización por abajo y por fuera de la dirección burguesa actual, apostando a los sectores más activos que se movilizaron como los estudiantes y los CDR para enfrentar en las calles el 155 y seguir peleando y presionando para que se declare de una vez la independencia. Asimismo hay ya convocadas manifestaciones de la comunidad educativa y huelga de estudiantes, los trabajadores de TV3 en asamblea se han pronunciado en contra de obedecer órdenes de Madrid y se han hecho varios llamamientos a desobedecer y enfrentar al 155. Desde SoB ponemos nuestra energía y fuerza militante al servicio de esta perspectiva y nos encontrarán en las calles junto al pueblo catalán y su lucha.

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