¡Vamos por la libertad de todos los presos políticos indígenas!

El martes 24 de octubre, el juez de Apelación de la Cámara Primera en lo Criminal de la Justicia de Formosa, Ramón Alberto Sala, revocó el auto de procesamiento con prisión preventiva para Agustín Santillán y Hugo Delgado, declarando la falta de mérito e inmediata libertad para ambos. Agustín y Hugo son activistas wichí de Ingeniero Juárez que representan los reclamos de tierras y mejores condiciones para sus comunidades; hasta el martes pasado, ambos se encontraban detenidos por el gobierno de Gildo Insfrán. Según señaló Daniel Cabrera, abogado defensor, la causa había sido armada por la policía y el juez, Marcelo López Picabea, para aleccionar a las pocas voces disidentes al gobierno formoseño. En el expediente de la causa se le imputaba a Agustín Santillán el delito de robo agravado por uso de arma de fuego, pero en el mismo “no figura el secuestro de las armas y las órdenes de allanamiento que se pidieron y se llevaron adelante no fueron ejecutadas por la policía de la provincia de Formosa […] tampoco se encontró ningún objeto del robo”.[1]

Un factor de presión importante a la hora de visibilizar y dar a conocer la situación de Ingeniero Juárez se vio representado por la lucha de las mujeres wichí, particularmente de Gabriela Torres y Lorena Frías, ambas con pedido de captura y perseguidas por las fuerzas policiales.[2] Y no hay que olvidar que todavía hay activistas wichí que continúan detenidos, como es el caso de Roberto Frías, y decenas de procesados o con pedidos de captura.

La situación de Ingeniero Juárez es la de un verdadero estado de excepción y de genocidio localizado, necesario para la continuación del proceso de acumulación por expropiación en el que, bajo la égida de Gildo Insfrán, se articulan los intereses de la expansión agropecuaria, la explotación carburífera, la trata, el tráfico de órganos y el narcotráfico. El avasallamiento a los derechos humanos, sociales y políticos de estas comunidades es constante; por ejemplo, se ha denunciado que el último fin de semana los wichí de Juárez fueron encerrados por políticos del gobierno con vistas a garantizarse “electores cautivos” para las elecciones. Estas prácticas mantienen una continuidad con las de décadas anteriores, y ya habían sido denunciadas por miembros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENdePA) en un memorándum presentado al Ministerio del Interior de la Nación en 2003, el cual describe el modelo de encierro y cautiverio de las campañas electorales que se reproduce en la mayor parte de las comunidades aborígenes de la provincia.[3]

Es necesario continuar visibilizando y luchando para acabar con esta situación. El caso de Ingeniero Juárez tiene que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ser conocido por toda la sociedad. Es necesario seguir ejerciendo presión para que liberen a Roberto Frías y desprocesen a los demás luchadores perseguidos.

¡Liberación inmediata de Roberto Frías y demás presos políticos, como Facundo Jones Huala!

¡Basta de persecución, y desprocesamiento a los luchadores wichí!

¡Basta de genocidio, de represión y de desalojos!

Gildo Insfrán y Mauricio Macri son responsables

[1]          Agustín Santillán fue puesto en libertad, la Cámara Primera revocó la prisión preventiva (24 de octubre de 2017, El Comercial).

[2]          Una nota del año 2013 destacaba ya la organización y el rol de las mujeres de la comunidad, las cuales encabezan la resistencia a los desalojos de tierras además del cuidado y seguridad de los niños: “Pero estamos fuertes. Estamos unidas. Nos ayudamos y colaboramos en la comunidad. Y somos las primeras en resistir cuando la policía viene y nos quieren sacar de nuestras tierras, porque hace décadas estamos acá”. Véase Ruffa, E. (13 de agosto de 2013, Ser indígena, ser mujer. Agencia.de.Noticias.Redacción).

[3]          Durante el tiempo pre-electoral, se arman “punteros aborígenes” y se suplen ciertas necesidades básicas de las comunidades en calidad de pago político, y “el día de la elección se los lleva en camionetas o acoplados tirados por tractores y camiones hasta el lugar de la votación y allí el puntero le entrega a su dueño el DNI con la boleta, que generalmente no ha leído y que está doblado como avión, pájaro o barquito para que el fiscal de mesa de ese sub-lema controle a la hora de abrir las urnas”. En caso de no ganar, son despojados, como castigo, de servicios básicos como el agua. Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. (8 de diciembre de 2003, Formosa, un pueblo cautivo. Noticias paginadigital).

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