Recrudecen los asesinatos de activistas sociales y políticos

Por Rafael Salinas

Es toda una lección de política y geopolítica comparar el lugar que en los últimos tiempos ocupan en los medios de falsificación masiva y en las agencias internacionales de noticias los artículos sobre Venezuela y Colombia, especialmente en América Latina.

Venezuela ha venido copando los titulares, aunque con altibajos. Se aprovechan los descalabros de Maduro y su pandilla, para exponer diariamente otro “fracaso del socialismo”, igual o peor que el derrumbe de la Unión Soviética de 1989/71. En cambio, de Colombia sólo trascienden de tanto en tanto “buenas noticias”.

Hace tiempo que se logró “la paz” con la guerrilla de las FARC. Y la que restaba –el ELN– sigue la misma ruta. Su presidente, Juan Manuel Santos, recibió el merecido Premio Nobel de la Paz por haberla gestionado. Y este año el papa Francisco viajó especialmente para bendecir todo eso… La frutilla del postre es que el gobierno de Santos también ofrece sus esfuerzos (junto con Trump) para “pacificar” Venezuela…

Por bien del pueblo venezolano, esperamos que el señor Santos, respaldado por Trump, no pueda meter mano allí. Es que, además, en Colombia, la tan publicitada “paz” están resultando ser la “paz de los cementerios”.

En un artículo del mes pasado –”¿Al fin ‘paz’ en Colombia?”, SoB Nº 438, 07/09/2017– explicamos cómo en ese país comenzaba a darse la norma de prácticamente todos los “acuerdos de paz” de su historia, abundante en guerras civiles y otros conflictos armados.

Esa norma ha sido la de masacrar a quienes abandonan las armas, confiando en “acuerdos de paz” y/o amnistías. Las matanzas las cometen organismos del Estado y/o distintos tipos de bandas armadas. Y el exterminio se extiende esencialmente, a activistas y dirigentes sociales y políticos, especialmente los que tengan que ver con organizaciones de trabajadores, campesinas y/o de izquierda.

Sobre este tema literalmente de vida o muerte, en un artículo de septiembre pasado, señalábamos que:

“En marzo pasado, ya se contabilizaban oficialmente 156 líderes sociales asesinados en 2016 e inicios de 2017. Ahora se llegaría aproximadamente a los 200.

“Es que el desarme de las FARC y ahora la tregua del ELN no han hecho desaparecer a todas las organizaciones armadas ‘extraoficiales’ en Colombia. Sólo se han desarmado las de izquierda. Simultáneamente, están volviendo a escena los llamados ‘paracos’, las organizaciones paramilitares de extrema derecha que, en connivencia con las Fuerzas Armadas oficiales, masacraron a decenas de miles de campesinos y obligaron a huir a otros cientos de miles, facilitando así el robo de sus fincas por los terratenientes.

“En parte por presiones de EEUU porque los ‘paracos’ se habían volcado ostensiblemente al narcotráfico, y también por el repudio nacional y mundial de sus matanzas, el Estado colombiano se vio obligado a disolver las principales organizaciones paramilitares y enviar a muchos de sus jefes al cementerio o las cárceles estadounidenses. Pero en los últimos tiempos, paralelamente a la culminación de las ‘negociaciones de paz’ y el desarme de las guerrillas, no sólo reaparecieron ostentosamente los ‘paramilitares’ actuando con total impunidad, sino que sus grupos están tomando cada vez más volumen.”

Masacres en Tumaco y otras poblaciones

En ese cuadro, en el jueves 5 de octubre se produce la masacre de Tumaco. Esta matanza… y las que le siguieron tienen gran repercusión.

Es una ciudad-puerto del Estado de Nariño que linda con Ecuador y da al Pacífico. Es también conocida como la “Perla del Pacífico”, por la belleza de sus playas y paisajes.

Pero este puerto es también una de las salidas de los productos del narco, el único sector de la estancada economía y de las exportaciones de Colombia que crece a “tasas chinas”… gracias al aumento vertiginoso del consumo de droga en Estados Unidos.

Ese jueves, las Fuerzas Armadas asesinan a por lo menos cinco campesinos y hieren a otras decenas. El número final de víctimas es difícil de determinar.

Luego, otras muertes siguieron produciéndose en la zona. La más resonante fue el asesinato de uno de los prominentes dirigentes sociales, José Jair Cortés, vocal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, población cercana a Tumaco.

Jair Cortés era también un referente de la comunidad afro-colombiana, numerosa en la costa del Pacífico… Hace poco había denunciado amenazas crecientes… a la cuales las autoridades no dieron respuesta… como de costumbre.

Estos asesinatos tienen en común que el “vacío” producido por el desarme y retirada de las guerrillas de las FARC a las llamadas “zonas veredales”, ha abierto los apetitos de sectores militares y civiles. Ven las puertas abiertas para dos operaciones combinadas: apoderarse de tierras ocupadas por los campesinos pobres, pero sobre todo tomar el control del cultivo y exportación de coca y otras drogas.

En los “acuerdos de paz” del gobierno con las FARC, quedó pendiente definir cómo se procedería a la “erradicación de cultivos ilícitos”. Los pequeños campesinos no los cultivan por “maldad” sino porque son los más rentables (aunque esa renta sea en verdad miserable: las grandes ganancias del narco se dan a niveles mucho más altos; en primer lugar, de los intocables distribuidores en EEUU). Es posible sustituir esos cultivos –que además no es lo único que producen los campesinos–, si se formula un plan agrario a gran escala, que también legalice su situación como propietarios legítimos de sus fincas.

Muchos de ellos no son “legalmente” propietarios de sus tierras. Ocuparon tierras baldías que nunca fueron de nadie, y ellos las desbrozaron. Esta forma de extensión de la frontera agrícola cruza toda la historia de Colombia… y ha sido simultáneamente fuente de violentos conflictos. La historia de las guerrillas (desde muchísimo antes de las FARC) tiene allí uno de sus motores. Es que un buen negocio de las burguesías y los políticos de las ciudades fue el de extenderse “títulos de propiedad” sobre esas tierras… y luego mandar el ejército a expulsar a los campesinos. Lo que a su vez era resistido como corresponde…

El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC en 2016, resaltaba que para la “construcción de una paz estable y duradera” es necesario, entre otros,” encontrar una “solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito”. “La persistencia de los cultivos –destaca el documento– está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.”

Asimismo, se subrayaba que “las comunidades tienen participación en la elaboración y ejecución de este proceso, como actores en la verificación de los mecanismos, atendiendo al problema de la tierra, la formalización de su tenencia y la preservación del medio ambiente. El Estado también debe garantizar los recursos de manera oportuna para la puesta en marcha del proyecto.”

Como era de esperar, todo eso resultó “papel mojado”. Lo que hoy sucede, es que los militares se presentan súbitamente, diciendo que vienen a “erradicar los cultivos ilícitos”. En verdad, vienen a destruirlos sin alternativa de reemplazo, un chantaje para que los campesinos se vayan y/o se sometan. Y si protestan, los masacran…

Dentro de esas muertes es especialmente significativa la de Jair Cortés, vocal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, que mencionamos antes. Su asesinato es, al mismo tiempo, un ejemplo del “doble discurso” del gobierno colombiano.

“Desde hace tres años –informa Clarín de Colombia (19/10/2017)– a Jair Cortés lo venían amenazando. Lo señalaban como ‘enemigo de la coca’, una situación que no solamente afrontan los líderes en Tumaco sino en varias regiones del territorio nacional. Jair siguió animando a las comunidades a montarse en el plan de la sustitución, a pesar de los signos negativos del incumplimiento del gobierno. Denunció las amenazas, pidió protección, pero fue asesinado.

“Celimo Cortés, representante legal de los 17 Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, aseguró que desde abril la situación se ha vuelto crítica. Los campesinos y negros que veían que se venía encima la erradicación forzada, decidieron realizar un paro para decirle al gobierno que están dispuestos a sustituir, pero que la solución debe ser integral.

“El gobierno estuvo de acuerdo y se firmaron documentos en los que se establecía que los planes de sustitución serían concertados y construidos con las comunidades. Sin embargo, llegó la policía antinarcóticos con las planillas de las hectáreas a erradicar, pasando por encima de los acuerdos…”

Es que el verdadero “plan de substitución” de Santos y la burguesía colombiana no es de los “cultivos ilícitos”, sino de los campesinos que se autoorganizan y no se someten. Como siempre ha sucedido, los “cultivos ilícitos” van a volver a florecer, pero ahora bajo el control de los “narcos” y nuevos carteles amigos del gobierno.

Como sintetizaba un corresponsal colombiano de “El País” de Madrid (11/10/2017), “la masacre en Alto Mira-Tumaco es la prueba final de que el problema no es la droga sino esta guerra abyecta e hipócrita contra la droga”. (Ricardo Silva Romero, «Colombia – El país de las masacres», El País, Madrid, 11/10/2017.

Más asesinatos y atentados también en las ciudades

Ya relatamos la ola de represión y asesinatos en Tumaco y Alto Mira. Pero a eso se suman otros atentados y crímenes. Días atrás, el 22 de octubre, Clarín de Colombia, hacía la lista de los últimos “incidentes” sangrientos sólo en la región del “Suroccidente” del país.[¹]

>> “El viernes 20 de octubre en Cali, intento de asesinato de Omar Romero Díaz, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción (SUTIMaC). Fracasó por la “rápida reacción del equipo de escoltas”.

>> El 8 de octubre, ya se había producido el asesinato de la periodista radial Efigenia Vásquez Astudillo. Fue muerta a tiros por cubrir la represión policial de una protesta de indígenas que reivindican la tierra. La UNESCO y Reporteros Sin Fronteras exigieron el castigo de los culpables y denunciaron “el preocupante aumento de los actos de violencia policial contra la profesión periodística”.

>> Ese mismo día, domingo 8 de octubre, la Policía Antinarcóticos atacó a una comisión humanitaria integrada por periodistas, delegados de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que clarificaba la ‘masacre de Tumaco’. Cuando la comisión estaba llegando fue atacada con disparos, gases lacrimógenos, balas aturdidoras, e incluso granadas.

>> El domingo 15 de octubre, Pazífico Noticias informó de otra masacre en Nariño. Fueron asesinados seis excombatientes de las FARC.

>> El miércoles 18 de octubre, también Pazífico Noticias informó los homicidios de Alirio y Geovanny Zabala, padre e hijo, activistas de la comunidad awá de Tumaco. Hacía un año, Alirio Zabala había sido víctima de otro atentado, en el que murieron dos de sus hijos.

>> Varios crímenes más fueron cometidos en las personas de activistas sociales en Villa Rica, Corinto, Miranda y otros municipios del Cauca, el más reciente es el de Berenice Tovar, en Guachené. Y el sábado 21 de octubre se informó el asesinato de otro activista, Henry Meneses Ruiz, en Miranda, Cauca.”

Y estos crímenes –insistimos– son sólo datos de las últimas dos semanas y de una región de Colombia que abarca sólo a tres departamentos sobre 32.

Bajo la cubertura del “Premio Nobel”, ya se está delineando la tradicional masacre que ha seguido a todos los “acuerdos de paz” en la historia de Colombia.

Es necesario que los trabajadores y la juventud hagan frente a esta amenaza, antes que sea tarde.

…………………..

1.- Esta región incluye a tres departamentos sobre el Pacífico: Nariño (donde está Tumaco), Cauca y Valle del Cauca.

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