Compartir el post "Hacia un país más injusto, desigual… e inestable"
“El programa tiene un riesgo, no menor. Como todo ajuste fiscal basado en mayor presión sobre el consumo y una pérdida inevitable en el poder adquisitivo, la gestión podría derivar en un atentado al consumo interno, con la consecuente pérdida de humor de la clase media criolla. (…) La aplicación podría sufrir una complicación: el plan no resiste un ‘cisne negro’. Cualquier alteración grave en la economía que no pueda anticiparse afectaría toda la estantería fiscalista y obligaría a un Plan B que aleje todo fantasma que recuerde el final que dejó el último que aplicó seriamente un programa de este tipo: José Luis Machinea. (…) El plan tiene una pátina demasiado cercana (suba de impuestos, castigo previsional y beneficios a largo plazo) al que en el pasado cercano pensó Machinea como estratega primario de la Alianza. A Machinea le falló el mercado interno, sumergiéndose en una recesión de corolario explosivo” (C. Burgueño, Ámbito Financiero, 31-10-17 y 1-11-17).
Uno de los centros principales (el otro es la rebaja del costo laboral para el conjunto de la clase capitalista argentina) de las “reformas” lanzadas por el gobierno es la reducción del déficit fiscal. Se trata de un tema eterno de la economía argentina, que salvo por períodos muy breves y espaciados jamás tuvo equilibrio o superávit fiscal. Eso se debía (y se debe) a una razón profunda: una economía dependiente de los ingresos de exportaciones de bienes primarios, de baja productividad general y con un piso histórico relativamente alto para la región de derechos y nivel de vida está en permanente necesidad de financiamiento. Macri es sólo uno más de los que se propusieron resolver un problema que, en las condiciones actuales, no tiene solución. Sólo puede tenerla infligiendo una derrota política categórica a la clase trabajadora que incline decisivamente la balanza de la lucha de clases hacia la clase burguesa. Algo que lograron, cada cual a su manera, la dictadura militar y el menemismo, pero nunca por demasiado tiempo.
Como señalamos, la cuestión de fondo es el lugar marginal que ocupa la inserción argentina en el marco de la globalización capitalista, que, como es incapaz de generar las divisas para el intercambio que acelere o al menos sostenga un crecimiento económico continuo, cae periódicamente en crisis que terminan de manera pendular y cíclica. Como dijo el propio Macri: “Si uno no va a financiar el déficit con inflación, lo tiene que hacer con deuda”.(1) Esto es: un vaivén entre el vano intento de “vivir con lo nuestro” y recurrir lo menos posible a la asistencia de dólares, lo que implica financiarse vía emisión de moneda local que genera inflación (Alfonsín y el último mandato de Cristina) y el no menos vano intento de tapar el agujero achicando el gasto público y con endeudamiento, a la eterna espera de que “esta vez sí” arranque el ciclo virtuoso de crecimiento que termine con la penuria permanente de ingresos y divisas (la dictadura militar, Menem, De la Rúa y ahora Macri). Todos saben cómo terminó cada uno de esos experimentos.
La “reforma tributaria” tiene como fin declarado demasiadas cosas: bajar el gasto para de esa manera reducir la inflación, hacer menos indispensable el financiamiento externo y promover la inversión. Lo que no se declara en voz alta, pero es la contrapartida de todo lo anterior, es que el resultado inevitable va a ser la contracción del consumo interno, justamente el único factor que sostenía algo el raquítico rumbo de una economía cuyas exportaciones caen en valores absolutos y que no recibe las famosas inversiones. Es exactamente lo que sucedió con todos los planes de ajuste fiscal de los últimos 30 años. Acaso lo único novedoso es que el propio Macri es el primer consciente de que un esquema basado en el puro endeudamiento va a un estallido a mediano plazo. Pero lo que propone en reemplazo no va a hacer otra cosa que ir hacia allá, salvo que la muy temeraria apuesta del gobierno le salga redonda y que, además, ningún “viento de frente” externo le complique las cosas. Son demasiadas condiciones.
Pierden los jubilados, ganan los acreedores
Pasemos a las medidas con las que se busca el ahorro fiscal, que debería significar una reducción del déficit del 4,5% del PBI en 2017 al 3,2% en 2018, a saber, 123.000 millones de pesos. Y la principal medida, paradójicamente, no está en el paquete de cambios impositivos, sino en la reforma previsional. Y es muy lógico: el gasto social total, que incluye jubilaciones, pensiones y las prestaciones sociales como asignaciones y planes, representa el 54% del gasto público primario (es decir, sin contar los pagos de intereses de la deuda). Si ese piso es inamovible, todo intento de reducción de gasto público arranca con un brazo y una pierna menos; tal era el diagnóstico de la Fundación Pensar, centro de generación de “ideas de gestión” del PRO, ya en 2015. ¿Cuál es la estrategia macrista para achicar eso?
Recordemos: gobiernos anteriores recurrieron a medidas brutales como la congelación o directamente rebaja de haberes jubilatorios (cuando Patricia Bullrich era ministra de De la Rúa). Ese “shock” es políticamente indigerible con una inflación superior al 20%. La “solución” que encontró el macrismo es más gradual y sofisticada, pero no menos pérfida: el cambio de la fórmula por la cual se ajustan los haberes de los jubilados.
Eso no significa que se haya renunciado a alguna variante de reintroducción de jubilación privada o semiprivada, o al aumento de la edad jubilatoria de mujeres y otros sectores. Eso sigue en pie, pero son medidas a largo plazo que no generan el ahorro inmediato que el macrismo requiere de manera urgente.
Ese ahorro a las arcas del Estado, que pagarán con su salud y su vida los jubilados, se logrará haciendo algo que parece muy justo: el ajuste de las jubilaciones por la inflación. ¿Cuál es la trampa? Que el kirchnerismo estableció un sistema distinto de actualización de haberes, por una razón muy simple: cuando se instaló la “movilidad jubilatoria” (2009), era imposible tomar como criterio de ajuste la inflación absurda que dibujaba el INDEK de Moreno. Entonces, debió recurrir a una fórmula que consideraba dos elementos: sobre todo, la variación salarial de los trabajadores en actividad, es decir, las paritarias, que se negociaban por cifras más cercanas a la inflación real, y también, por precaución, los ingresos de la ANSeS. Con esta fórmula, los jubilados reciben un aumento, por así decirlo, a “inflación vencida”, es decir, tomando en cuenta la inflación del año anterior: “Cuando la inflación sube, como en 2014 y 2016, las jubilaciones pierden, y a la inversa, cuando la inflación se frena, como meses atrás, las jubilaciones le ganan a los precios” (J. Herrera, Ámbito Financiero, 31-10-17).
Esa dinámica es la que aterra al gobierno, que encontró esta salida: si las jubilaciones (y las asignaciones familiares, y casi todo el gasto social) se ajustan, como las paritarias salariales, sobre el cálculo de la inflación futura, la ecuación se da vuelta. Es decir, el fisco aumenta por debajo de la inflación real y el gasto social se achica. La prioridad es clara: “Alguno de los componentes del gasto público tiene aumentar menos que la inflación para que el total se aproxime al objetivo fijado y se cumpla con la reducción del déficit primario. (…) El gradualismo será quien guíe el ritmo de las reformas estructurales, pero la previsional tendrá otra velocidad” (ídem).
Lo que no tiene nada de raro: con el peso de este gasto sobre el total, incluso un ahorro moderado tendrá un impacto clave, mientras que ahorros más grandes en rubros chicos se notarán mucho menos. En el fondo, el pensamiento del gobierno sobre el tema lo resumió el mismo Macri: “Sabemos que el sistema previsional no es sustentable”. Lo que significa que los cambios actuales son vistos más bien como un puente o transición a una reforma más integral… y privatizadora.
Desde ya, como se habla siempre del déficit primario, el monto destinado al pago de la deuda pública nadie lo menciona ni lo cuestiona. Pero se trata, cada vez más, de la carga más pesada que tienen que afrontar las arcas fiscales. Para no hablar de los pagos de intereses de las letras del Banco Central, que superarán largamente sólo este año ¡todo el ajuste que se pretende hacer para 2018!
Ganan los empresarios, pierden los consumidores
Siempre con el cuento de “fomentar la inversión”, los garcas seriales proponen que toda la población se ajuste para beneficio de los empresarios, a ver si se deciden de una vez a invertir y que seamos todos felices. No hace falta decir que este argumento se ha utilizado siempre de manera falaz, como lo hizo Cavallo en los 90 para justificar a la vez la suba del IVA y la rebaja de aportes patronales. Parte muy importante de este paquete de regalos a la clase capitalista es el blanqueo laboral, que se trata aparte, pero que sigue en general los lineamientos que hemos adelantado en ediciones anteriores.
A esto cabe agregar la reducción progresiva del impuesto a las ganancias a las empresas que reinviertan, devoluciones varias de IVA, reducción del impuesto al cheque y otros beneficios, con la aclaración de que esos beneficios se aplicarán de manera escalonada para no erosionar tanto los ingresos del Estado.
El tan cacareado impuesto a la renta financiera (algo que el kirchnerismo siempre prometió y jamás se atrevió a hacer) es tan tímido (5%, y nada de tocar las acciones; sólo los plazos fijos) y de impacto recaudatorio tan bajo que es evidente que no cumple ninguna otra función más que intentar darle un barniz “igualitario” y hasta “progre” a una reforma profundamente reaccionaria.(2) En efecto, el criterio general de todo el paquete tributario fue definido inequívocamente por Macri como de “responsabilidad fiscal” y “no gastar más de lo que ingresa”, que es el leitmotiv de todas las reformas impositivas de ajuste.
Un tema aparte serán las negociaciones con las provincias por dos temas urticantes: las cajas previsionales provinciales y la rebaja de ingresos brutos y sellados locales, que el gobierno quiere eliminar ara alivio de los empresarios, pero que amenaza con desfinanciar a las provincias. ¿Será que se pretende que salgan a endeudarse más todavía?
Sin embargo, uno de los costados más peligrosos de la reforma es el retoque a los impuestos internos, eterna fuente de discrecionalidades, curros y lobbies. El macrismo pretende disfrazar de “progresiva” la idea de bajar impuestos a los autos y motos de gama media y artículos electrónicos como televisores y celulares. Pero eso se ve totalmente relativizado por la suba grosera de los impuestos a artículos de consumo masivo y diario como bebidas alcohólicas, cigarrillos y gaseosas con azúcar, con el cuento de la salud pública. Estos cambios no sólo van a crear un serio desbarajuste en el interior (Tierra del Fuego y Mendoza pusieron el grito en el cielo), sino que el resultado de esto será precios más altos en esos rubros, con la consiguiente caída del consumo y hasta impacto inflacionario. Ni la clase media se salva, ya que se prevé gravar servicios digitales como Netflix, Spotify y Mercado Libre, que pasarían a tributar pleno el 21% de IVA.
Con este escenario, está claro que el mayor castigado por los cambios tributarios es el consumo interno masivo, que ya venía alicaído por la política económica macrista. Aquí, como hemos señalado en otras oportunidades, se verifica una evidente bifurcación de los patrones de consumo, con un aumento a niveles de fiesta en los rubros de alta gama y un retroceso marcado en renglones tan básicos como alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Algo que no sorprende, ya que para el gobierno, a diferencia del kirchnerismo, el consumo interno no es visto como un factor de recuperación económica.
Pero si la apuesta es a inversiones que no vienen mientras el consumo se resiente (y lo hará aún más después de los brutales tarifazos que se vienen en todos los servicios), es lógico que el gobierno mida con mucho cuidado si no empieza a asomar en el horizonte una cuadro de creciente penuria económica que no por desigual deja de ser amenazante.
Marcelo Yunes
Notas