El 31 de octubre pasado, Milagro Sala, presa desde el 16 de enero de 2016, se autolesionó golpeando un vidrio cuando le informaron que el juez Isidoro Cruz rechazó el hábeas corpus que le hubiera permitido volver a su casa y dejar el penal de Alto Comedero.

En febrero ya se había lastimado con una tijera luego de enterarse que tendría que presentarse en la fiscalía a notificarse sobre tres nuevas imputaciones en su contra. “La psicóloga de ella mandó un informe diciendo que Milagro no estaba en condiciones de ir a notificarse de estas causas en el marco de la crisis que tenía”, explicó el vocero de la Tupac Amaru, Garfagnini. “En este marco, Milagro intentó clavarse una tijera en el abdomen, cosa que las internas que están con ellas no permitieron”.

Según los estudios médicos que se le realizaron a principios de noviembre, Sala sufre de “gastritis aguda, colon irritable y escoliosis cervical, además de un cuadro de estrés y depresión”.

Frente a estos nuevos hechos, hacemos responsables al gobierno de Jujuy, al gobierno nacional y a la Justicia por el estado de salud y la seguridad de la dirigente, y reiteramos nuestra exigencia de libertad para Milagro Sala, a la que consideramos una presa política más allá de las causas penales por las que la investigan.

Recordemos que a fines de 2015, el Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a Sala a tres años de prisión en suspenso como instigadora de la rotura de vidrios del Colegio Profesional de Ciencias Económicas y el lanzamiento de huevos sobre el entonces senador Morales en 2009.

Ya con Morales como gobernador, el fiscal Mariano Miranda presentó en enero de 2016 la acusación contra Milagro Sala por un acampe de su organización en la plaza Belgrano. El fiscal de turno, Darío Osinaga, se había negado a hacerlo por no encontrar delito, a raíz de lo cual el gobierno provincial lo denunció por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. A raíz de esta nueva acusación Sala fue presa, y Morales fue agregando nuevas causas en las que distintos jueces le dictaron prisión preventiva.

Hay diversas denuncias que vinculan a Gerardo y su hermano Freddy Morales en negocios inmobiliarios bastante truchos y los acusan de querer apropiarse de los terrenos donde la Tupac construía casas. Pero hay una razón más política por la que el gobierno decidió atacar a Sala y a su organización, según dijo el propio Morales una semana después de los huevazos. Declaró en el Senado en esa ocasión que la Tupac Amaru logró “poner en la agenda pública de la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”, y que las organizaciones sociales influyen en la práctica política porque “los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”.

O sea, a las ganas del gobierno macrista y sus aliados de atacar a sus adversarios kirchneristas, se suma la necesidad de la burguesía jujeña de sacarse de encima la presión de cualquier organización popular, aunque la dirijan burócratas marca cañón como sabemos que son los dirigentes K.

A esto hay que sumarle el profundo racismo de la burguesía en estas provincias, racismo que impregna la política de una forma que en Buenos Aires es difícil de imaginar. Esto debe influir mucho en el ensañamiento del gobierno de Jujuy y su justicia arrastrada, que no ha guardado ni siquiera las formas legales en la persecución contra Milagro Sala.

Por ejemplo, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara dictarle prisión domiciliaria, el juez accedió, pero en lugar de mandarla a su casa, la llevaron a una propiedad de la Tupac Amaru que no estaba habitada, y que no tenía agua, ni luz, ni puertas, ni ventanas, ni baño.

Igualmente los abogados de Sala aceptaron la domiciliaria, pero denunciaron que, además del estado inhabitable del lugar, lo habían rodeado de alambre de púas y habían puesto una guardia de gendarmes y policías, violando la ley de prisión domiciliaria.

Mes y medio después, el juez Llermanos decide revocar la domiciliaria con la excusa de cuidar la salud de la prisionera, y sin avisar a la defensa, un grupo especial de operaciones entró violentamente en el lugar llevando a la rastra y a medio vestir a Sala de nuevo al penal.

Los hábeas corpus que presentan los abogados para atender la salud de la dirigente son invariablemente rechazados.

Otra integrante de Tupac presa en el mismo penal, Mirta Guerrero, también intentó quitarse la vida ahorcándose en el baño de la prisión, días después de que le revocaran la domiciliaria a Sala.

La persecución se extendió también a la psicóloga del Servicio Penitenciario, Laura Aguirre, separada del caso cuando en un escrito afirmó que Sala corre riesgo en la cárcel y que sufre “estado depresivo e ideación suicida”. Aguirre inició una causa por violencia de género y violencia institucional por los aprietes que sufrió de parte del director de Bienestar Policial Mario Taglioli.

La Corte Suprema de Justicia, que hace meses debía haberse pronunciado sobre la prisión domiciliaria de Sala, aun no lo ha hecho.

Los dirigentes sindicales y sociales corruptos tienen que ser juzgados por organizaciones obreras y populares clasistas e independientes. Si Milagro Sala realmente robó fondos destinados a viviendas, estamos seguros de que en ese caso tronaría el escarmiento. Pero de ninguna manera concedemos la capacidad de hacer “justicia” al gobierno jujeño amigo del genocida Blaquier, ni al gobierno nacional que buenamente les otorga prisión domiciliaria a los genocidas del proceso mientras tortura a Sala para ganar votos.

Y ni hablar del peligro que corremos todos los militantes o luchadores sociales con jueces que solo acatan las órdenes del gobierno y amañan las causas sin ningún tapujo para reprimir a quien el gobernador o el presidente les indica.

¡Libertad a Milagro Sala y demás dirigentes de Tupac Amaru!

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