El rol asignado a la burocracia sindical en la contrarreforma laboral

Después del cañonazo lanzado contra los trabajadores en forma de proyecto de ley, a pesar de las promesas de seducción a la burocracia que “todo sería por consenso”, que “sólo” afectaría a las pasantías y supondría un blanqueo laboral sin tocar la Ley de Contrato de Trabajo, la CGT le comunicó al gobierno que “rechaza el proyecto de reforma laboral porque se pierden derechos” pero acepta conformar “mesas técnicas” para continuar la negociación. Daer pidió seguir “debatiendo” y expresó que”vamos a pedir más tiempo para evaluarlo”(al proyecto). Si es como dice Pablo Moyano que “la reforma laboral es peor que la de los noventa de Menem” y que “con esto volvemos a la esclavitud”, ¿a qué viene tanto estudio y debate?

Las reformas por ley

Recordemos que el proyecto arranca declarando como uno de sus objetivos “promover la liberación de las fuerzas de producción y del trabajo de todos aquellos mecanismo regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas” o en términos más sencillos, aumentar las ganancias de la patronal a costa de la pérdida de derechos históricos de los trabajadores.

La aplicación concreta del “todos tenemos que ceder un poco” se proyecta directamente, sin intermediarios, a través de la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a la reducción de las indemnizaciones, la reducción de 2 a 1 año el plazo para hacer reclamos salariales vía judicial, la ampliación y extensión de la mayor parte del actual régimen de Pasantías de 20 a 30 horas semanales, y 40 en receso escolar, la eliminación del mínimo de duración de dos meses, la baja del cálculo de la remuneración sobre el neto en lugar del bruto de convenio, y la eliminación del docente guía y el tutor; además se extiende el régimen a los graduados, hasta 1 año desde la expedición de su título.

También se modifica la ley en cuanto a la limitación de la responsabilidad laboral y previsional hacia las empresas contratadas y tercerizadas, la posibilidad de renunciar a derechos consagrados en los contratos individuales, que son los que se promueven, y finalmente la exclusión lisa y llana de la Ley de Contrato de Trabajo de cientos de miles de trabajadores, de los empleadores de hasta 4 empleados, ahora llamados “colaboradores” y de los trabajadores que tengan algún ingreso extra, llamados “trabajadores autónomos económicamente dependientes”.

La “participación en las ganancias” de la burocracia

Pero la burocracia de ninguna manera queda excluida de la aplicación de diversas contrarreformas no menos importantes, como si fuese un mudo testigo impotente. Aquí el “ceder un poco” queda en sus manos. Así, se le asignan variadas funciones y facultades para negociar con la patronal. En el caso de modificación de las condiciones de trabajo, se reemplaza el actual acceso a la justicia a través de un juicio sumarísimo para reestablecer esas condiciones, por una imprecisa instancia que se contemplará en los Convenios Colectivos.

En cuanto a las Pasantías, quedaría en manos de cada Convenio Colectivo la fijación del cupo máximo por empresa, facultad actual que cede el Ministerio de Trabajo.

Un aspecto central le cabe a la burocracia en la implementación de la ampliación de la jornada de trabajo, a través del mecanismo de Banco de Horas, ya que será cada Convenio Colectivo donde se establecerán los mecanismos de compensación horaria.

Recordemos que la ley 11.544 de 1929 fija el límite de la jornada de trabajo en 8 horas diarias o 48 semanales diurnas, 7 horas diarias o 42 semanales nocturnas, 6 horas diarias o 36 semanales insalubres y sus posibles combinaciones, y si bien en el caso de trabajo en equipos se puede exceder el limite semanal, esto no se puede extender por más de tres semanas.

Con el nuevo mecanismo del Banco de Horas, el trabajador “adelanta” horas, ya que se eleva el límite a las 10 horas, debiendo compensarse en el periodo de 1 año ese aumento: piedra libre para los aumentos de producción estacionales y las suspensiones: se podrán trabajar 10 horas diarias, sin cobrarlas con recargo, y después la patronal suspender gratis. Eso sí, si hay despidos sin que se hayan compensado esas horas adelantadas, el trabajador tendrá derecho a cobrarlas. Gracias Macri! Además, hoy no está en principio el trabajador obligado legalmente a prestar servicios en horas suplementarias; con el Banco de horas tampoco, sólo que la hora suplementaria será la hora 11 y no la 9.

Tomá esos sillones

Por otro lado, se establece una integración orgánica de la burocracia a distintas instituciones y organismos que se crean para una mejor aplicación del ataque pro-patronal.

Así se crean Fondos de Cese Laboral sectoriales, por cada actividad, en forma de entes sin fines de lucro, para asumir el pago de indemnizaciones por despido, en reemplazo al pago de las indemnizaciones por el empleador. Si bien la adhesión del empleador es voluntaria, por lo que podrían convivir ambos regímenes, es también irrevocable (no hay vuelta atrás) y el trabajador quedará comprendido en el régimen que elija su patronal. La burocracia asume el rol de “partícipe necesario” al formar parte de la administración de dichos entes, junto a la patronal.

El mismo Macri quejoso de los trabajadores estatales, crea un Instituto Nacional de Formación Laboral, órgano “desconcentrado“(¿¿??) del Ministerio de Trabajo, a cargo de un Directorio nombrado por el gobierno y como ya sospechábamos, un sillón es para “un representante del Sector Trabajadores Registrados”. También se crean Consejos Sectoriales de Capacitación Laboral, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, integrados por la patronal y la burocracia.

Se crea también la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, con autarquía económica y financiera y personalidad jurídica propia, y capacidad de actuar en el ámbito de derecho público y privado. Estará dirigida por un Directorio nombrado por el Ejecutivo, donde seguramente la burocracia tendrá un sillón. Este monstruo va a determinar que se incluye y que no en Programa Medio Obligatorio (las prestaciones que deben brindar las Obras Sociales sin carencias ni exámenes de admisión), y en “la canasta básica de prestaciones que se determine para el sector publico”. Además dicha Agencia será el órgano de consulta en los procesos judiciales en los que se discutan dichas prestaciones.

En criollo: la burocracia va a participar del organismo que limitará las prestaciones que deben brindar sus propias Obras Sociales, las que atienden a “sus” afiliados, las que brinden los Hospitales, y por las dudas, las que “pretenda” imponerles la justicia a la que recurra algún afiliado: un frente único del gobierno, las patronales de las empresas de la salud y los sindicatos contra la salud de los trabajadores y sectores populares.

En definitiva, el proyecto oficial no es contra la burocracia, sino contra los trabajadores.

A pesar, que para recordarles de quién es el amo, el gobierno se reserva el derecho de dar de baja del Registro de Asociaciones Sindicales, tanto de sindicatos simplemente inscriptos como aquellos con personería, por cuestiones administrativas, les otorga un papel protagónico en varios de los institutos que promueve la legislación, como así también amplía su campo de negociación .

Resulta claro entonces que no es de la mano de los partícipes de la aplicación de la contrarreforma de donde vendrá la resistencia a la sanción de la misma y su eventual aplicación. Serán los sectores anti burocráticos y combativos sobre los que recae la responsabilidad de realizar una amplia campaña de denuncia promoviendo los ámbitos de agrupamiento para enfrentar en las calles el ajuste anti obrero de este gobierno reaccionario.

Marcelo Buitrago

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