La “ideología de género” y la lucha por el Estado Laico  

VÍCTOR ARTAVIA*

Candidato a diputado por San José

Nuevo Partido Socialista

“miles de católicos y muchas otras personas, inmersos en un ambiente festivo, nos lanzamos a la calle con el firme propósito de evidenciar nuestro compromiso por promover, construir y fortalecer a la familia como institución y fundamento de la sociedad”.

Monseñor Rafael Quirós. Arzobispo de San José.

El 03 de diciembre se realizó una enorme marcha del odio en Costa Rica, organizada por la Iglesia Católica con el apoyo de las sectas fundamentalistas cristianas. Cientos de miles de personas [1] se congregaron por la “defensa de la familia tradicional según Dios”, contra los programas de educación sexual del MEP, el matrimonio civil igualitario y el derecho al aborto.

A la movilización se sumaron siete candidatos presidenciales, algunos de los cuales figuran en los primeros lugares de las encuestas y sus respectivos partidos obtendrán una cuota significativa de diputaciones, por lo cual los ejes de la marcha tendrán una importante representación política en la próxima Asamblea Legislativa y posiblemente en el Poder Ejecutivo.

Sin duda alguna, fue una actividad política por parte de la Iglesia Católica para golpear la mesa en el marco de las elecciones nacionales, presionando para que la votación se incline más hacia la derecha conservadora.

Por todo lo anterior, la marcha del odio generó asombro e indignación entre el activismo feminista, LGBTI y de izquierda en general, dado el carácter masivo y abiertamente conservador que presentó.

En la presente nota expondremos nuestra interpretación de esta movilización y las tareas que se plantean para hacerle frente a la oleada reaccionaria y conservadora en el país.

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La campaña de la Iglesia y evangélicos contra la “ideología de género”

Si para Marx y Lenin, la conquista del “paraíso comunista”, supondrá la desaparición de la dualidad de clases entre burgueses y proletarios, para la “ideología de género”, este paraíso se hará presente una vez se disuelva la dualidad de sexos masculino-femenino, disolución que engendrará la unidad e igualdad total de la humanidad.

José Gil Llorca. Obispo español contra la ideología de género

En Latinoamérica, la Iglesia Católica y cristianas impulsan una campaña conservadora contra las reivindicaciones del movimiento de mujeres y LGBTI en la región, especialmente contra la educación sexual laica y científica, el matrimonio igualitario y el aborto. Esta campaña tomó fuerza en los últimos años, muy a tono con el giro a la derecha en la situación política internacional.

Su argumentación es que grupos minoritarios quieren imponer la “ideología de género”, con el objetivo de destruir la concepción tradicional de familia (entiéndase cristiana y heteronormada) que predomina en la región. También rechazan las diversas expresiones de la diversidad sexual, sostienen que no existe el patriarcado y niegan que los roles de género sean una construcción social.

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En síntesis, la particularidad de esta campaña de la Iglesia, las sectas cristianas y la derecha más conservadora en la región contra la “ideología de género” reside en dos aspectos: 1) está en sintonía con el giro a la derecha a nivel internacional, orientado contra toda reivindicación o reforma de corte progresista en materia de derechos de las mujeres y la población LGBTI, y 2)  adoptó el perfil de un credo político ciencializado, apelando a un discurso pseudocientífico para encubrir sus políticas discriminatorias.

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¡Patriarcado y capital: alianza criminal!

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) y Las Rojas rechazamos la existencia de la “ideología de género”. Por el contrario, sostenemos que las reivindicaciones de las mujeres y la población LGBTI son totalmente legítimas, pues responden a una situación de opresión y violencia institucionalizada dentro del capitalismo y el patriarcado, donde la explotación de clase se combina con la opresión de género para garantizar la dominación de la burguesía.

Al respecto, hay estadística que evidencian esta alianza criminal del capitalismo y el patriarcado, demostrando que la violencia hacia las mujeres y la población LGBTI no es una percepción o discurso subjetivo, sino que se reproduce en la cotidianeidad.

• En los últimos diez años (2007-2017) se produjeron 312 femicidios en Costa Rica, o lo que es lo mismo, 2,6 asesinatos por mes.

• Las mujeres destinan 37 horas semanales a los trabajos domésticos, muy distantes de las 6 horas que destinan los hombres.

• El desempleo entre las mujeres alcanza el 12%, mientras que la tasa nacional es del 8,5%.

• La brecha salarial en el sector privado tiene rostro mujer, pues éstas ganan un 27% menos que los hombres [2].

• El promedio de vida de una persona trans en la región es de 35 años, menos de la mitad que el resto de la población.

En el caso de Costa Rica, la alianza del patriarcado y el capital tiene un punto de apoyo singular: el estado costarricense aún mantiene su carácter confesional, por lo cual la Iglesia Católica cuenta con enormes cuotas de poder político y beneficios económicos.

En la administración de Laura Chinchilla, la Iglesia recibió 2,3 mil millones de colones y durante la administración Solís los aportes totales son menores, pero no dejan de ser enormes: en 2016 el gobierno destinó ¢428 millones a las Temporalidades de la diócesis de Tilarán para pagar profesores en los colegios católicos privados y subvencionados por el Estado [3].

Por otra parte, la Conferencia Episcopal maneja gran cantidad de bienes en el país. De acuerdo al bufete Jurisis en 2012 la Iglesia no pagó impuestos sobre más de 1500 propiedades (Iglesias, colegios privados, terrenos, etc.).

Esto dota a la Iglesia Católica de mucha fuerza política en el país, que combina una base social muy amplia y una gran capacidad financiera que sostiene su estructura a nivel nacional, lo cual les facilita la convocatoria a movilizaciones con cientos de miles.

Además evidencia que las relaciones entre la Conferencia Episcopal y la burguesía son muy profundas, tanto por el rol de la Iglesia como institución de mediación y control social, así como por sostener negocios mutuos con los principales sectores burgueses del país.  De ahí que la lucha contra el patriarcado y los derechos democráticos de las mujeres y la población LGBTI en Costa Rica, apunte directamente contra la Iglesia Católica, institución central en el ordenamiento capitalista del país.

Las Iglesias cristianas también concentran un importante caudal político, sobre todo desde que optaron por constituir partidos para elegir diputados. De acuerdo al diario La Nación entre “1998 y el 2014, el voto para sus diputados se triplicó: pasó de un 2,7% a 8,2% a nivel nacional”[4]. Además, en los nueve directorios que impulsó el PLN desde 1998, siempre hubo presencia de al menos un representante de los partidos cristianos en el principal órgano de poder legislativo.

Esto se explica por el aumento significativo de su feligresía en esos años, pues en menos de una década sus miembros totales se duplicaron y hoy suman alrededor de medio millón de personas en todo el país. Esto dota a los pastores evangélicos de una base electoral que alcanza para obtener diputaciones en cada elección, haciendo uso de sus Iglesias para el proselitismo político y apelando a las creencias religiosas para votar, aunque sea algo prohibido por las leyes electorales del país. Gonzalo Ramírez, actual diputado y presidente legislativo, planteó en 2013 durante la campaña electoral que “Dios tiene el poder de llevarnos ahí para que nosotros como iglesia ejerzamos gobierno”.

Lo anterior explica que el gobierno del PAC, el ala más progresista de la burguesía costarricense, no hiciera nada por cumplir su promesa de convertir a Costa Rica en un Estado laico. Aunque avanzó con los planes de educación sexual (una medida progresiva pero insuficiente), no impulsó la reforma al artículo 75 de la Constitución Política donde se consagra el carácter confesional del Estado, pues esto representaba chocar con una institución pilar del capitalismo costarricense. Además terminó negociando con el bloque de diputados cristianos en varias ocasiones, incluso apoyando en 2014 el proyecto de Ley para la Libertad Religiosa y de Culto”, con el cual las Iglesias Evangélicas persiguen contar con un trato diferenciado ante el Estado costarricense[5].

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La lucha por el Estado Laico y la refundación social del país

“Así anunciamos el Evangelio del matrimonio y de la familia, es decir una buena noticia que da el sustento más valioso a nuestra sociedad, más que la organización política y social, más que las leyes y la misma Constitución.”

Monseñor Rafael Quirós. Arzobispo de San José [6].

Esta cita corresponde al mensaje del Arzobispo de San José para la marcha del odio. Su contenido es claro: el Evangelio está por encima de las leyes y la Constitución. Bajo esta consigna es que funcionan las Iglesias y por eso insisten en imponer sus dogmas como normas para regular las relaciones sociales. Es decir: ¡plantean un ordenamiento social y una forma de Estado en beneficio de los burgueses y los conservadores!

Para avanzar en su agenda, la Iglesia y conservadores cuentan con enormes ventajas dentro el Estado: el carácter confesional del mismo, apoyo de los principales partidos políticos burgueses y sus bancadas legislativas, etc. Así pueden apostar a implementar sus ataques y contrarreformas desde arriba, paso a paso, con cambios parciales y apoyándose en la inercia de los valores capitalistas y patriarcales predominantes.

Con el triunfo del gobierno del PAC muchos activistas feministas y LGBTI apostaron al lobby parlamentario y a visitar el despacho de la vicepresidenta Ana H. Chacón con la aspiración de materializar sus reivindicaciones. Cuatro años después quedó claro que ese método no logró avances significativos, por el contrario, se retrocedió en la exigencia del Estado Laico (que tuvo un ascenso luego de la marcha de Invisibles en 2012) y terminó derrotada la campaña por el matrimonio igualitario (¡ni siquiera se aprobó la moderada versión de uniones civiles!).

Además, el retroceso del movimiento LGBTI y feminista fortaleció a los sectores más conservadores, quienes avanzaron a tomar las calles con marchas de derecha y conservadoras. ¡Nuevamente se demuestra que en la lucha política no hay vacíos!

Por todo lo anterior, es necesario retomar la lucha por un Estado Laico sin concordato en Costa Rica, articulada con el conjunto de reivindicaciones del movimiento de mujeres y LGBTI.  Para eso hay que comenzar a retomar las calles, respondiendo a cada provocación desde la Iglesia y los conservadores.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) y Las Rojas planteamos los siguientes puntos para reorganizar políticamente al movimiento feminista y LGBTI en Costa Rica:

Notas

* Por cuestiones de espacio reproducimos fragmentos del artículo publicado por los compañeros del NPS, se puede ver la versión completa en nuestra página web del NPS: http://npssob.com

[1] Reformar el artículo 75 de la Constitución política para que el Costa Rica se convierta en un Estado Laico sin concordato. ¡Ni un centavo más para esa pandilla de machistas y homofóbicos que es la Conferencia Episcopal!

[2] “Tomaría 70 años eliminar brecha salarial entre géneros”. En www.crhoy.com. Julio 12, 2016

[3] “Cancillería deja en cero aportes para la Iglesia”. En www.nacion.com.

[4] “Voto por diputados evangélicos se triplicó en cinco elecciones”. En www.nacion.com

[5] Ley de libertad religiosa abriría portillo para dar beneficios a otras iglesias, afirma analista en www.ameliarueda.com

[6] “Costarricenses exigen cambio de rumbo en el país”. www.ecocatolico.org.

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