Ale Kur

Hace casi tres semanas, durante la navidad del año que acaba de finalizar, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski aprobó un indulto para el ex-presidente Alberto Fujimori, dejándolo de esta manera en libertad. El mismo había cumplido sólo 10 de los 25 años de prisión que había sentenciado la justicia en sus causas por violaciones a derechos humanos, responsabilidad en matanzas de Barrios Altos y La Cantuta a principios de la década de 1990, en las cuales militares masacraron a civiles como parte de su supuesta “guerra contra el terrorismo”.

Alberto Fujimori había gobernado Perú durante una década entera desde el 90 hasta el 2000. En 1992, a los dos años de ganar la presidencia, realizó un autogolpe disolviendo el parlamento, con el objetivo de concentrar todo el poder en sus manos. En el terreno económico su gobierno aplicó la “política de shock” liberalizadora y privatizadora recomendada por el FMI, al igual que su contemporáneo argentino Carlos Menem. En el terreno político, llevó adelante una campaña genocida de terrorismo estatal –que dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos- bajo la excusa de combatir a la guerrilla Sendero Luminoso y otras. Sus atrocidades van todavía más lejos: ordenó una campaña de esterilización forzada de cientos de miles de mujeres campesinas e indígenas. Finalmente, en el año 2000, Fujimori fue destituido por el parlamento por sus alevosos casos de corrupción.

El indulto a Fujimori, por lo tanto, es un escándalo que no puede más que provocar un rechazo visceral. Fue disfrazado de “humanitario” ante supuestas enfermedades y su “avanzada edad”, pero la razón de fondo es otra muy diferente: se trata de un pacto político de impunidad mutua entre las fuerzas del actual y el anterior mandatario. Por ello el indulto provocó una oleada de indignación en los sectores progresistas de la sociedad, dando lugar a grandes movilizaciones (que llegaron a abarcar a decenas de miles de personas) y que se plantean sostenerse hasta lograr sus objetivos. También se abrió una crisis en el propio bloque oficialista, debido al desprestigio del gobierno.

Sólo tres días antes del indulto, el actual presidente Kuczynski había estado al borde de su destitución parlamentaria por una moción por “incapacidad moral”, referida a su involucramiento (entre 2004 y 2007 cuando era ministro) con la empresa brasileña Odebrecht -sumida en un escándalo internacional de sobornos-. Por esta misma causa se encuentra preso el ex presidente peruano Ollanta Humala.

En dicha sesión, Kuczynski se salvó de la destitución por escasos 9 votos de diferencia… gracias a la abstención de 10 parlamentarios pertenecientes a un sector del fujimorismo. Se trata claramente de una transacción política: se comprometieron a no destituir al presidente a cambio de la promesa de este último de indultar a Fujimori. Y ambas partes cumplieron su acuerdo.

El partido de Kuczynski (“Peruanos por el Kambio”) y el partido fujimorista (“Fuerza Popular”) –liderado por Keiko Fujimori, hija del indultado- son los dos partidos que se disputaron el ballotage presidencial de junio de 2016. Ambos son partidos neoliberales, derechistas y conservadores: el propio Kuczynski está relacionado al mundo de las grandes empresas -donde se desempeñó como ejecutivo y a las que favoreció desde su función pública- y plantea un profundo ajuste contra los trabajadores y el pueblo, dándole un perfil muy similar al de Mauricio Macri en Argentina.

Sin embargo, un sector del progresismo peruano apoyó a Kuczynski como “mal menor” frente al fujimorismo, creyendo que esto los iba a proteger… de un posible indulto a Fujimori. La experiencia peruana demuestra que ningún “mal menor” neoliberal sirve realmente como “freno” para la derecha, sino que se convierte en un vector de su crecimiento. Ante el avance de la crisis política, los partidos del régimen dejaron sus diferencias de lado y se unieron en un pacto de impunidad y gobernabilidad, que tiene como trasfondo el ajuste económico.

En esta situación, todo el régimen político quedó expuesto como lo que es: una cáscara podrida y corrupta para proteger a los grandes empresarios, a los poderosos. Ese es el motivo por el cual se están desarrollando grandes protestas. Por ejemplo, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) junto a otras organizaciones está preparando una cuarta movilización para este jueves 11 de enero. La consigna principal es contra el indulto a Fujimori, pero se exige también que se vayan todos los corruptos, que se convoque una Asamblea Constituyente para establecer una nueva Constitución, así como nuevas elecciones generales para renovar todos los cargos. Apuntando principalmente contra la impunidad del antiguo mandatario, se enfrenta al conjunto del régimen planteando una salida democrática-radical.

Las protestas en Perú son un importante indicador de un resurgimiento de la resistencia contra los ajustes en América Latina, de un potencial rebote del péndulo político hacia la izquierda luego de la oleada de triunfos neoliberales y del fracaso de los gobiernos “progresistas” de la década pasada. En este sentido, empalman con la enorme pelea en Argentina contra la Reforma Previsional macrista, con la resistencia en Honduras contra el fraude electoral, con las luchas en Brasil contra el ajuste de Temer, etc. Un triunfo de las masas en Perú contra el régimen de la impunidad sería un enorme aliciente para el combate continental contra las fuerzas del ajuste y la “restauración conservadora”. Desde estas páginas, nuestro más completo apoyo.

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