ASCENSO DEL GENDARME ECHAZÚ

Como una desagradable sorpresa de fin de año, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó el ascenso de varios integrantes del cuerpo de Gendarmería Nacional, entre ellos se encuentra el único imputado en la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, Emmanuel Echazú. La noticia fue publicada en el Boletín Oficial del último día del año 2017 con la siguiente justificación: «Personal superior de la citada fuerza de seguridad, que se encuentra en condiciones de ascenso al 31 de diciembre de 2017, fue considerado por el respectivo organismo de calificación, no existiendo impedimentos para su promoción al grado inmediato superior».

Se trata a todas luces de una sucia provocación por parte del gobierno, ya que la investigación de la causa de Santiago aún sigue abierta y hasta ahora muy poca es la información que se ha recabado sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante la brutal represión que tuvo lugar aquel 1ro de agosto en Pu Lof. Con esto lo que queremos decir es que los gendarmes implicados en la desaparición y muerte de Santiago hace ya cinco meses, no sólo cuentan con la protección incondicional del gobierno nacional, sino que además son premiados con ascensos por los servicios prestados al Estado represor. La misma complicidad mantiene el gobierno con la Prefectura, responsable del asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche, la mismísima ministra de Seguridad salió a defender a los asesinos uniformados argumentando que los manifestantes portaban armas, cosa que luego se probó que no era cierta.

La promoción de Echazú a un mando superior de la fuerza no es un hecho aislado, sino que forma parte de una cadena de medidas que viene llevando a cabo el gobierno para garantizar la impunidad de los represores y profundizar la criminalización de la protesta social. Hace sólo días beneficiaron con la prisión domiciliaria al genocida Etchecolatz, responsable de la tortura y desaparición de cientos de personas en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. Un personaje tan siniestro que hasta su propia hija denuncia que es un peligro para sus víctimas y para la sociedad toda que esté en su casa y no en una cárcel común donde debería estar por el resto de su vida. Además, no nos olvidamos de que la segunda desaparición de Julio López fue durante el juicio al genocida Etchecolatz.

Casi al mismo tiempo que le otorgaron el ascenso a Echazú y le dieron domiciliaria a Etchecolatz, encarcelaron a César Arakaki y detuvieron a Dimas Ponce, ambos compañeros del Partido Obrero que participaron de las jornadas de lucha del 14 y 18 de diciembre en contra de la reforma previsional. En la última de estas jornadas, las fuerzas de seguridad, luego de reprimir brutalmente con gases lacrimógenos y balas de goma, detuvieron a decenas de personas. Sin embargo, hace sólo unos días dejaron libre por “falta de mérito” a Dante Berisone, el policía federal que arrolló brutalmente con su moto a Alejandro Rosado, que salvó su vida gracias a la solidaridad de otros manifestantes que lo asistieron hasta que llegó la ambulancia, cuando se encontraba al borde de la muerte.

Está más que claro que las políticas de este gobierno reaccionario son palos y cárcel para los luchadores y ascensos y beneficios para los represores. Pero esto no debe darnos lugar a retroceder en nuestra lucha para pararle la mano a las contrarreformas que el gobierno de Macri quiere hacer pasar a costa de reprimir y encarcelar a los que luchan. Más que nunca debemos enfrentarlas unidos y en las calles. Por eso llamamos a apoyar todas las luchas en curso por los despidos en el sector estatal y privado, en contra del ajuste y las contrarreformas y a movilizar junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia este jueves a las 17 horas exigiendo: ¡justicia por Maldonado y Rafael Nahuel!, ¡libertad inmediata de César Arakaki y Dimas Ponce!, ¡basta perseguir a los que luchan!

Verónica R.

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