Francia

Tati Larouge, SoB Francia

Macron sigue pegando duro allí donde más duele. Atrás quedó su primera gran victoria, la ley de trabajo y la reforma del código laboral para imponer con ella la flexibilización y la precarización del mercado laboral y, mientras en el gobierno aún se palmean las espaldas mutuamente y preparan los argumentos de la que va a ser la próxima gran batalla -la reforma de la ley de asilo e inmigración- posaron su dedo sobre los estudiantes y asestaron el golpe.

Tras años de crecimiento del número de alumnos en los grados superiores, (2.5 a 3 % por año) el gobierno actual decide ponerle un alto a este continuo crecimiento de profesionales en la calle con la implementación de un sistema de triage antes del ingreso en la Universidad.

Con el sistema anterior, todos los estudiantes que superaban el examen final de la escuela secundaria (el famoso BAC) tenían garantizado su acceso a la Universidad. Podían ingresar en la mejor o peor Universidad de Francia, pero estaban adentro. Repito: aprobar este examen aseguraba al 100% la permanencia del alumno en el sistema educativo.

Con esta reforma, aun aprobando el examen con la mejor de las notas, es posible que el estudiante en cuestión quede afuera del sistema, ya que su ingreso no está más garantizado, sino sujeto a decisión. Pero a no desesperarse, habrá seguramente alguna cadena de comidas rápidas o de supermercados esperando a aquellos que tuvieron un pronto NO como respuesta… Pero si no es el estudiante el que decide qué, cómo y dónde estudiar… ¿quién?

Y allí es donde empieza la carrera de obstáculos que deberá superar cada estudiante. El primero de ellos es el Consejo Educativo de su escuela, que en base a su historial de notas, antecedentes académicos y cualquier otro evento asentado en su dossier, va a decidir para qué Universidad, si hay alguna, está ese alumno preparado, y qué cursos puede tomar y cuáles no. Por ejemplo, si un alumno obtuvo notas sobresalientes en matemáticas, entonces se lo orientará por carreras como la ingeniería u otras, aunque su deseo sea estudiar artes plásticas o ser profesor de chino mandarín; la elección y los deseos del alumno poco importan.

El segundo obstáculo al que se van a enfrentar los deseosos de obtener un título de grado superior son los cursos, clases preparatorias, etc., (que pueden durar desde algunas semanas hasta un año) obligatorios para quienes son admitidos bajo reserva. Si el estudiante no asiste y aprueba estos cursos queda afuera, así de simple. Para quienes sean tocados por la varita mágica y entren con el apoyo y recomendación de profesores, directores, inspectores y del Consejo Educativo, deberán hacer frente a una suba importante en los aranceles, a una disminución de las ayudas del Estado y a un recorte general de becas. Para aquellos quienes tienen padres que lo puedan pagar, es lo de menos, pero para otros muchos estudiantes que deben trabajar para hacerlo significa más horas de trabajo y menos tiempo de estudio.

El tercer gran obstáculo es el contrato establecido entre cada estudiante y su Universidad, que hará dos cosas: la primera, establecer qué cursos puede tomar el alumno y con qué profesores (¡au revoir libertad de cátedra!) y qué pasa si el alumno debe recursar una materia o hacer el año completo (pérdida de su inscripción, beca, ayudas, etc.).

Esta atención personalizada concedida a cada alumno debería servir para encontrar el “mejor camino” para cada uno. Es, en realidad, una excusa más para seguir con el ajuste y los recortes, en este caso en el presupuesto de la educación pública, que es actualmente el más alto de todos. Y para, por qué no; con ello generar más precariedad en el sistema laboral y provocar incertidumbre a miles de jóvenes sobre su futuro.

Son varios los actores que van a ver las ventajas de esta reforma: en primer lugar las empresas, a quienes no les va a faltar mano de obra barata; los bancos, ya que los préstamos estudiantiles van a crecer en número en los próximos años; el gobierno actual que ahora dispone de más cash para solventar los negocios de ese 1%; sin dejar de nombrar a las universidades e institutos de educación privados que, de manera general, van a ver fluir en sus arcas el dinero de aquellos jóvenes que sean excluidos de la Universidad pública o a quienes se les niegue el acceso a becas y a ayudas del Estado:

Plantear la pregunta sobre quiénes pierden está, por supuesto, de más. La respuesta es: todos. La educación hace a la inclusión, a la moral, al mejoramiento de la salud pública, a tener mejor infraestructura y transporte público, en fin, a que todo funcione mejor, un pueblo bien formado es un pueblo difícil de dominar y manipular. De allí la importancia del acceso a la educación en todas sus instancias para todos. Con esta reforma, el acceso será solo para algunos; pero, ¿quiénes?

Por todos estos motivos, es necesario organizarse para defender el acceso a la Universidad pública, y es necesario enfrentar y derrotar este ajuste del gobierno de Macron masificando la gran movilización en las calles de todo el país convocada para el día 1° de febrero. Por la defensa de la educación pública: ¡No a la selección universitaria! ¡No a la reforma del BAC! ¡Abajo las reformas y el ajuste de Macron!

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