Por un trabajador marítimo

“Sandra, no vengas, eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda”.

Este es el audio de WhatsApp que el ministro Triaca le envió a su empleada doméstica que trabajaba en su quinta de Boulogne hace 4 meses. Sandra Heredia trabaja desde 2012 en la quinta de la familia Triaca. La empleada sostiene que mantuvo una relación de empleo informal, pero que una parte de su trabajo fue blanqueada «20 días antes de las elecciones» de 2015.

Podríamos con esto hacer una nota que apunte al maltrato y la condición de trabajo en negro a la que estaba sometida Heredia. En la misma línea podemos remarcar la violencia de género y la violencia laboral. Pero hoy queremos referirnos al destape que han causado las confesiones de Heredia respecto de las acciones del gobierno, puntualmente del ministro, en la intervención del SOMU.

La empleada dijo que en abril de 2017, después de pedir un aumento salarial a la familia Triaca, fue nombrada en la delegación San Fernando de la intervención del SOMU, el gremio perteneciente a Omar «Caballo» Suárez, que fue intervenido por el juez Rodolfo Canicoba Corral con el aval del gobierno.

En febrero de 2016, Canicoba Corral ordenó la intervención del SOMU, la cual se convirtió en emblema de transparencia de la gestión de Cambiemos. Gladys González, la persona que representó la imagen de la intervención, fue premiada en la última campaña electoral como segunda candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, banca que obtuvo detrás de Esteban Bullrich.

Entre febrero de 2016 y abril de 2017, la intervención, bajo las órdenes del ministro Jorge Triaca, contrató a 172 personas según documentación de la AFIP. Esta cifra es parcial, porque sólo abarca la primera etapa de la intervención, pero muestra el alcance que tuvo el manejo de contratos que dio a conocerse en el caso de Sandra Heredia, que dividía su tiempo entre la quinta del ministro y el trabajo en el gremio.

Esto marca un claro indicio de que el SOMU se convirtió en una agencia de contrataciones públicas más, a tono con una modalidad que tanto se criticó cuando el macrismo estaba en la oposición. En este caso, se hace con los fondos, no ya del Estado, sino de los afiliados de un gremio envuelto en denuncias y procesos judiciales contra su ex secretario general, Omar “Caballo” Suárez.

El número total de contrataciones realizadas durante la intervención del SOMU es aún un misterio, pero todo apunta a que se superaron con holgura los más de 250 contratos denunciados por Sandra Heredia. El manejo de contratos laborales no se limita al gremio, porque parte de la tropa propia que trabajó y trabaja aún en la intervención lo hace a partir de una criticada modalidad de contratación: los convenios con universidades.

El Ministerio de Trabajo mantiene un convenio, heredado de la gestión de Carlos Tomada, con la Universidad de La Matanza, que lo habilita a contratar trabajadores sin los mecanismos de transparencia que imponen las normas que regulan el empleo público. 

Por otro lado, las decisiones en la entidad corren por cuenta de un triunvirato que integran Sergio Borsalino (cuñado de Triaca), el abogado Roberto Porcel (un especialista en casos de fraude marcario con cercanía previa, según la época, a Sergio Massa y Daniel Scioli), quien también pasó por la intervención del gremio de vigiladores (UPSRA), y Alejandro «Serrucho» Gómez, un conocido en el ambiente de la CGT por haber recorrido en instancias de crisis en varios sindicatos como el de tintoreros, el de juegos de azar (por el barco casino) y luego en el SOMU. Con esto queda evidenciado que desde un principio el objetivo de la intervención no ha sido el de transparentar y normalizar el sindicato, sino que fue dejar inactivo al sindicato más importante del sector, y así permitió que las empresas realizaran despidos masivos, eliminaran puestos de trabajo en los barcos y cometieran todo tipo de incumplimientos de los convenios laborales tales como el no pago de viáticos, la no entrega de ropa de trabajo, la no efectivización del personal una vez cumplido el periodo de prueba, etc.

Para cerrar esto quiero destacar dos cosas, por un lado el desmoronamiento del discurso macrista de su pelea contra las mafias sindicales y pedido de transparencia en la gestión de las organizaciones, ya que ha puesto a conducir la intervención a personas procesadas por la justicia y con una trayectoria nefasta.

Lo segundo es el llamado a la reflexión de los compañeros marítimos, de los cuales algunos todavía esperan la vuelta del “Caballo” Suárez, catalogándola como el mal menor, y otros que se sintieron ilusionados con la intervención del macrismo, desilusionados con los resultados, ahora ven como algo positivo al moyanismo que ganó la conducción. Para defender las condiciones de trabajo y salario en un escenario que se vislumbra negro para el sector, hay que luchar, y Moyano, con su inacción y desaparición mientras el macrismo viene avanzando sobre los derechos adquiridos por los trabajadores, ha demostrado no ser la conducción que puede convocar a esa lucha.

Hay que empezar desde abajo a organizar la pelea frente a un gobierno que viene por todo, y en esa lucha se irá formando una conducción que no tenga nada que ver con todas las mafias que han pasado por nuestro sindicato.

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