El gobierno prepara grandes choques sociales

por José Luis Rojo

“En la hoja de ruta que propuso el gobierno también asoman muchos cambios que no irán al parlamento. Como sucedió con el mega-decreto para simplificar trámites y bajar costos de producción y con el decreto que dio de baja la paritaria nacional docente y con el que licuó el poder de CTERA, desde la Casa Rosada también advirtieron que ‘tomarán las decisiones que hagan falta’ (…) la decisión se enmarca dentro de la estrategia (…) de avanzar (…) ‘sin tanta ley”. (La Nación, 20/01/18)

Quizás el dato más saliente de este inicio del 2018 sea que el gobierno trata de hacer como si nada hubiera pasado. ¿A qué nos referimos con esto? Al intento oficialista de disimular que las jornadas del 13, 14 y 18 de diciembre produjeron un antes y un después: dejaron planteada una nueva situación política dando lugar a una serie de consecuencias que Macri pretende soslayar.

Que esto sea así suena hasta “lógico” desde el punto de vista del oficialismo. Ocurre que el gobierno pretende seguir adelante con su agenda, con su orientación general: no puede operar un giro a “izquierda” sin poner en entredicho su razón de ser.

El crecimiento de la bronca popular contra el gobierno viene siendo exponencial. Las encuestas marcan una fuerte caída en la popularidad del oficialismo, así como una caída en las expectativas para el año que se inicia. La burocracia cegetista (al menos una porción importante de la misma¹) y parte creciente del peronismo, han tomado nota de la nueva realidad: Moyano y Barrionuevo buscando una orientación más opositora; el PJ de provincia de Buenos Aires hablando de “unidad” y asumiendo que no es imposible desafiar a Cambiemos en el 2019. Incluso el papa Francisco esquiva recalar por estas tierras y se queja del “giro neoliberal” en la región…

¿Cómo hacer entonces para seguir adelante con la agenda oficialista teniendo en cuenta el carácter minoritario de Cambiemos en ambas Cámaras? Gobernar sin tanta ley parece ser el mantra actual.

El problema es que en las condiciones de una mayor soledad política aplicar el tan mentado “reformismo permanente”² sólo puede hacerse bajo formas de creciente “excepción”: mecanismos antidemocráticos que pueden estar preparando choques sociales de magnitud por parte de un gobierno que pretenda avanzar sin la suficiente legitimidad.

Nos dedicaremos a estos elementos a continuación no sin antes dejar sentado el alerta que siempre planteamos en los meses de verano: para que las “piezas” del rompecabezas de la coyuntura decanten hace falta que el año comience realmente, dejando de lado cierta “suspensión” de los acontecimientos que ocurre en todo verano.

Gobernar para los ricos

El reaccionario editorialista del diario La Nación, Morales Solá, marcó bien el escenario de Macri a la vuelta de sus vacaciones: “a Macri lo recibe una caída de la popularidad”, señaló.

Y así es: el triunfo pírrico de la imposición de la ley jubilatoria se comió todo el capital político conquistado en un largo año electoral, y encuentra al gobierno con una popularidad a la baja que orilla el 40% (una singular caída de 10 o 15 puntos respecto de noviembre último).

A esto se le debe agregar otra novedad: un 45% espera peores condiciones económicas para este año contra solo un 25% que espera una mejoría, lo que expresa una inversión completa de las expectativas anteriores que invariablemente eran de mejora.

Así las cosas (agregando además el “termómetro” que marca la calle³), el gobierno ha quedado en minoría pero no sólo en el Congreso, sino donde es más importante: entre la opinión pública.

La expresión máxima de esto es como, entre amplísimos sectores, ha decantado el carácter verdadero del gobierno de Macri: un gobierno de ricos para los ricos. Es verdad que el oficialismo puede jugar a su favor el ser un gobierno de unidad de la burguesía y el imperialismo, lo que le da un punto de apoyo sólido que por ahora aparece sin mayores fisuras.

Sin embargo, ser un gobierno agente directo de los negocios tiene su reverso: puede ser identificado más inmediatamente con los empresarios, cosa que no ocurre de igual modo con los gobiernos burgueses normales donde son los políticos “abstractamente” los que aparecen al mando de las cosas (es decir: desligados de la clase social que representan).

A este streap tease en materia política se le suman las restricciones en materia económica. Es como que a Macri se le vino todo encima de repente. Sus márgenes de maniobra se achican, de ahí la necesidad de multiplicar el ajuste. Todos los analistas insinúan que el actual ritmo de endeudamiento es insostenible: pone al país bajo el riesgo de una crisis que venga por el sector externo.

Grosso modo la Argentina se viene endeudando a un ritmo de 30.000 millones de dólares anuales desde comienzos del 2016. La gestión de Cambiemos acumula así 50 o 60 mil millones de dólares de deuda nueva en dos años y este 2018 deberá sumar 30 mil millones más…

El problema es que mientras se endeuda no se generan fuentes de divisas genuinas para afrontar los pagos; fuentes genuinas que son los ingresos de dólares contra exportaciones o inversiones productivas. El déficit comercial es record y alcanza en 2017 casi 10.000 millones de dólares. A esto hay que sumarle una cifra de igual magnitud (¡y también inédita!) en materia de déficit turístico. Y otros 10.000 millones que tienen que ver con la fuga de capitales al exterior producto del mercado libre.

Así se tiene hecha una cuenta sencilla y sumaria, tres importantes fuentes del déficit de divisas del país. Con semejante desbalance no se puede funcionar. De ahí que el gobierno haya apostado al espejismo de la “lluvia de inversiones” (que ahora sectores del propio oficialismo afirman que fue un error, una falsa expectativa).

Un gobierno que tiene como orientación central un ajuste económico permanente no parece una buena perspectiva para recuperar popularidad; un ajuste económico que siguiera garantiza una marcha económica ascendente consistente.

De ahí los tironeos con el BCRA para que baje las tasas de interés, o índices críticos como la caída del consumo en el 2017, entre otros factores problemáticos de la economía. Esto por no olvidarnos la devaluación del peso, de casi el 20% el último mes, devaluación que casi inevitablemente dará lugar a un traslado a los precios, multiplicando la presión sobre un nivel inflacionario para este año que muy lejos va a estar del 15% del que habla el gobierno (la estimación está girando algo en torno al 20%, como mínimo).

Se vive así un deterioro de las variables económicas que el gobierno pretende hacerles pagar a los trabajadores en materia de despidos (estatales y privados), cierre de plantas y paritarias a la baja.

Los que se pasan a la oposición

El deterior del gobierno se mide también en materia de gobernabilidad. El peronismo y la burocracia sindical han tomado nota de la caída de la popularidad del oficialismo.

En realidad, el problema es más profundo. El 14 y 18 de diciembre lo que se escenificó fueron los límites que marcan las relaciones de fuerzas para la aplicación del plan del gobierno.

Es decir: no se trata de un problema puramente electoral o de oportunidad; se trata de qué instituciones harán de factores mediadores si se desatara una gran crisis, algo que de ninguna manera se puede descartar.

Al gobierno le enojan dichos como el de Zaffaroni (que señaló que “cuanto antes se vaya Macri, mejor”). Morales Solá lo ha tomado como una manifestación “golpista”… Pero en lo que no parece reparar es en que Zaffaroni no está llamando a movilizarse para echar a Macri, sino dando cuenta de algo que generó el propio gobierno con la militarización del Congreso y la respuesta popular a esa provocación: la puesta en entredicho de su propia gobernabilidad.

Se trata de un dato nuevo que no se resuelve porque el gobierno reitere que está “firme” en su lugar y haga como si nada pasara. Tampoco es que estemos señalando que el gobierno tiene una debilidad tal para salir por la borda; reiteradas veces señalamos que, simultáneamente, a pesar de la crisis de determinados acuerdos y factores mediadores, es un gobierno fuerte.

Pero el gobierno no es tan fuerte como para avasallar todos esos factores mediadores, para gobernar a como dé. Si pretende hacerlo así, el escenario de su salida anticipada podría hacerse plausible.

Incluso la movida del ala moyanista de la CGT, y de parte importante del peronismo, tiene que ver con una cuestión de evidente oportunidad, pero también con un movimiento preventivo por si los hechos se desencadenan: si se profundiza el desborde al gobierno.

La movida tiene que ver con no dejar “vacíos”. Muchos analistas señalaron el lugar privilegiado de la izquierda en las jornadas de diciembre. Pues bien: el sector de la CGT que se mueve hacia una ubicación crítica seguramente tiene en mente esta cuestión también; debe retomar la iniciativa que tuvieron en el acto del 29 de noviembre y luego perdieron al no mover un dedo el 14 y 18 de diciembre.

Por su parte el peronismo debe volver a mostrarse como una alternativa de gobierno factible en un escenario donde ya no es número puesto la reelección de Macri.

Seguramente nos estamos anticipando con todo esto. A pesar de algunas quejas y malhumores de uno u otro sector industrial, la burguesía está firme con Macri y su programa neoliberal.

Pero el problema es que este curso no está escrito sobre piedra, y genera creciente preocupación. A estas horas en Brasil se ha emitido el fallo en segunda instancia condenando a Lula; condena que podría dejarlo fuera de la elección cuando marcha primero en las encuestas.

La burguesía brasilera no puede imaginarlo retornando al gobierno aun cuando Lula es una garantía de estabilidad burguesa neoliberal (en todo caso aggiornada), mejor que cualquier otro gobierno burgués en lo que hace a la gobernabilidad.

Pero de todos modos se comprende lo que significaría aun potencial o “fantasmagóricamente” la vuelta al gobierno del PT en materia del “contragolpe progresista” frente al giro reaccionario y conservador en la región (un contragolpe que aun manteniéndose en los marcos del capitalismo podría desatar elementos de radicalización).

Como digresión adelantémonos a señalar que, de todos modos, si se avanzara en la exclusión de Lula de la elección; si el PT llamara a la abstención y el voto en blanco; si se desatara un proceso de movilización democrática contra dicho fraude, los elementos de desborde o radicalización podrían ser mayores aún, cuestión por la cual quizás no esté dicha la última palabra en la exclusión de Lula (aunque hoy luzca como la perspectiva más probable).

En todo caso, luego de las jornadas de diciembre, la posibilidad de un acuerdo político del gobierno con el PJ y los sindicatos parece haberse alejado. De ahí que Pichetto les haya recomendado gobernar “con las leyes que existen”…

La elasticidad de la democracia burguesa

¿Cómo se hace en la democracia burguesa para gobernar “sin leyes”? Su concepción misma es la de los “checks and balance”: la división de poderes: el Congreso legisla y el Ejecutivo ejecuta. ¿Pero de qué división de poderes se puede hablar cuando no se pasa por el Congreso? ¿O cuando la justicia es la nueva escribanía de Cambiemos?

En noviembre insistíamos en la contradicción que significaba llevar grandes contrarreformas al Congreso; si dichas reformas se aprobaban, se consolidaban mucho más que por medio de aplicaciones parciales. Pero llevarlas al debate nacional entrañaba riesgos de magnitud como se pudo apreciar en diciembre.

Esto ocurre porque los trabajadores no comen vidrio: si las reformas son antipopulares, el discurso de que “cada día vamos a estar un poquito mejor” queda como lo que es: puro cinismo.

La nueva solución al problema: gobernar con menos leyes, por medio de decretos. Hemos realizado en estas páginas la comparación con el gobierno de Temer: un gobierno producto de una maniobra parlamentaria reaccionaria que no fue electo por nadie y que dice no importarle la popularidad.

Y así es: gobierna pasando por arriba de cualquier soberanía popular (esto no quiere decir que no tenga una base social de importancia: la burguesía, el imperialismo y las clases medias altas reaccionarias). Da todo el tiempo pasos de excepción, como sería ahora excluir a Lula de la competencia electoral.

En la Argentina no se impuso un “golpe” parlamentario sino que Macri llegó con elecciones normales. Pero el problema es que tiene minoría en ambas Cámaras y, además, llevó adelante campañas con globos y engaños sin decir las duras medidas que iba a tomar; son el conjunto de estos elementos los que hicieron eclosión en la crisis de diciembre pasado.

De ahí que ahora pretenda gobernar esquivando el Congreso. No hay que exagerar. No es que vaya a cerrar el Congreso ni nada por el estilo. Las relaciones de fuerzas no dan para algo así (¡el país explotaría inmediatamente con la cabeza de Macri rodando por el piso!).

Pero decretazos como el DNU del 6 de enero pasado o la eliminación de la paritaria docente muestran su aparente decisión de llevar adelante sus planes a como dé; pasar por arriba de la falta de acuerdos y legitimidad, una decisión que entraña graves peligros.

El de Macri es un gobierno democrático burgués: no hay que confundirse con eso. Pero la democracia burguesa es un régimen elástico que se estira o se encoge de formas variables: puede tanto entrañar formas de “democracia participativa” (ampliando el voto popular mediante referéndums o constituyentes), como restricciones antidemocráticas del voto o avasallamientos del parlamento (como cuando el macrismo sueña con eliminar las elecciones de medio término o extender el mandato presidencial a seis años).

La democracia burguesa macrista podría tener su cara más derechista desde 1983… pero también podría morir en el intento. Porque el avasallamiento de las mínimas condiciones democráticas y de legitimidad podrían ser leídas por amplios sectores como una provocación, generando escenarios amplificados respecto de los de diciembre último.

Rodeemos de apoyo las luchas

Como hemos señalado en este editorial, el gobierno no parece dispuesto a retroceder en su orientación. Los mecanismos de “excepción” podrían provenir de intentar avanzar sin la legitimidad ni los acuerdos suficientes y bajo la morsa del deterioro económico; también bajo el espaldarazo o no de los acontecimientos regionales.

Pero esta apuesta entraña un grave riesgo. Si tiene el apoyo de lo más granado de la burguesía y el imperialismo, amplios sectores de la burocracia y el peronismo pasan a la oposición y esto sin hablar de lo más importante: el repudio popular que crece por abajo y la eventual mayor disposición de lucha entre los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Por lo pronto, el gobierno sigue adelante con su ajuste: se multiplican los despidos como en el Hospital Posadas, los cierres de plantas y reparticiones.

También es un hecho que no es tan fácil trasladar un escenario de enfrentamiento de conjunto con las jornadas de diciembre (que terminaron en una semi-derrota del gobierno; ver ahora sus dificultades con la ley laboral), a cada conflicto por lugar, que de momento son más bien defensivos.

En todo caso la tarea del momento es rodear de solidaridad esos conflictos, buscar que tengan un curso independiente, superar la complicidad de la burocracia con el ajuste económico, fortalecer a nuestros partidos con una nueva camada que está sumándose a la izquierda y prepararse para un 2018 que seguramente no será un año más.

Porque este 2018 puede ser tanto un año de consolidación derechista de Macri como uno en el cual salga disparado por los aires al pretender ir más lejos que lo que dan las relaciones de fuerzas.

Los desafíos para la izquierda revolucionaria y nuestro partido son inmensos. Por lo pronto la tarea principal es apoyar las luchas levantando bien en alto las banderas de la necesidad de una huelga general contra el ajuste y las medidas reaccionarias y engrosar nuestras filas.

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