La reforma al Código Civil y Comercial, tema muy meneado en el que intervinieron todos los poderes del Estado, está llegando a su recta final. El código anterior, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield en el siglo XIX, era evidentemente una rémora indigerible. Pero los cambios que introdujo el gobierno a la redacción original, a cargo de una comisión integrada por dos miembros de la Corte (Ricardo Lorenzetti y Elena Highton) y una jurista (Aída Kemelmajer), van en una dirección claramente reaccionaria. Así, lo que iba a ser un código civil burgués medianamente «modernizado» incorpora una serie de definiciones totalmente funcionales a las necesidades políticas del kirchnerismo. En particular las siguientes: a) respetar lo sustancial de los reclamos de la Iglesia Católica (obviamente, nada «modernizadores»), más allá de algún punto secundario para no quedar tan en evidencia; b) blindar al Estado y a sus altos funcionarios de reclamos por la vía civil, los más habituales y costosos, y c) por vía indirecta, salvaguardar los intereses de las compañías privadas que operan servicios y concesiones públicas, a la vez que se quitan derechos a los trabajadores, usuarios y la población en general en casi cualquier tipo de pleito contra el Estado.
El primer aspecto, las concesiones a la Iglesia, se trata aparte. El que más ruido hizo fue el segundo, el de eliminar explícitamente la responsabilidad civil del Estado del Código Civil y Comercial. Pero, como veremos, las consecuencias más lesivas aparecen en el tercer punto, que es consecuencia del anterior.

La reforma al Código Civil y Comercial, tema muy meneado en el que intervinieron todos los poderes del Estado, está llegando a su recta final. El código anterior, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield en el siglo XIX, era evidentemente una rémora indigerible. Pero los cambios que introdujo el gobierno a la redacción original, a cargo de una comisión integrada por dos miembros de la Corte (Ricardo Lorenzetti y Elena Highton) y una jurista (Aída Kemelmajer), van en una dirección claramente reaccionaria. Así, lo que iba a ser un código civil burgués medianamente «modernizado» incorpora una serie de definiciones totalmente funcionales a las necesidades políticas del kirchnerismo. En particular las siguientes: a) respetar lo sustancial de los reclamos de la Iglesia Católica (obviamente, nada «modernizadores»), más allá de algún punto secundario para no quedar tan en evidencia; b) blindar al Estado y a sus altos funcionarios de reclamos por la vía civil, los más habituales y costosos, y c) por vía indirecta, salvaguardar los intereses de las compañías privadas que operan servicios y concesiones públicas, a la vez que se quitan derechos a los trabajadores, usuarios y la población en general en casi cualquier tipo de pleito contra el Estado.
El primer aspecto, las concesiones a la Iglesia, se trata aparte. El que más ruido hizo fue el segundo, el de eliminar explícitamente la responsabilidad civil del Estado del Código Civil y Comercial. Pero, como veremos, las consecuencias más lesivas aparecen en el tercer punto, que es consecuencia del anterior.

De esta manera, como vemos, cualquier usuario de servicio público ve bloqueada la vía civil para reclamar al Estado en caso de daño provocado por un concesionario. Pero ni siquiera la propia gestión del Estado habilita al reclamo civil. La jugada del kirchnerismo de la «ley complementaria» o especial para regir la responsabilidad del Estado tiene una trampa muy sencilla: todo reclamo pasa al carril del derecho administrativo, un fuero especial que sólo vale para la actividad estatal. ¿Cuál es la diferencia? Simple: la vía civil (el «derecho de fondo», en la jerga leguleya) normalmente habilita montos indemnizatorios mucho más elevados que los fueros especiales. Eso es algo que los trabajadores conocen muy bien a partir de la experiencia de las ARTs: las indemnizaciones del fuero laboral son mucho más bajas que las civiles (y por eso mismo el kirchnerismo siempre intentó bloquear el acceso de los trabajadores a la vía civil, como reclamaban las empresas).
Pues bien, el kódigo reformado pretende recortar derechos a los trabajadores otra vez, con el argumento de los fueros. En efecto, al eliminarse la responsabilidad del Estado, los empleados estatales no podrían demandar por la vía civil al Estado en caso de un accidente laboral, como sí lo pueden hacer los trabajadores que se desempeñan en una empresa privada.
La frutilla del postre es que la reforma en su versión kirchnerista busca que en materia de servicios públicos rija el derecho administrativo (que atañe a la actividad estatal en general) y no el laboral (que en este caso esmás favorable al trabajador de la administración pública). Y como señala un observador agudo, «esta idea está emparentada con otra reforma que querría hacer avanzar el gobierno desde la presidencia de Néstor Kirchner y que rechazan los gremios: declarar por ley a ciertos servicios públicos como esenciales para evitar las huelgas salvajes y sorpresivas» (I. Zuleta, Ámbito Financiero, 15-11-13).
Desde ya, la oposición de derecha pone el grito en el cielo, pero por las razones opuestas a las de una oposición de clase y socialista. Para Carrió, Macri, la UCR y compañía, lo importante no es salvaguardar los derechos de los usuarios y trabajadores sino los de la «patria pleitera», es decir, los de empresas y abogados que viven de demandar a un «Cristo» que siempre paga, el Estado. Claro que el kirchnerismo quiere cortar ese negocio… liquidando los derechos de millones, lo que equivale a matar una vaca de un mazazo para aplastar a una mosca.
Hay algún sector del gobierno que teme que esta movida sea contraproducente y genere una avalancha de juicios en vez de impedirlos. Pero, en todo caso, queda claro que ni el gobierno, ni la oposición de derecha, ni la «corporación judicial» tienen la menor consideración por los intereses de las mayorías. Más allá del «divorcio exprés» y alguna otra actualización del derecho burgués, el código reformado es un retroceso y debe ser combatido por las organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores, así como sus sectores más independientes y de vanguardia.

Aunque el texto final todavía está en discusión, en este punto sobre todo con la Iglesia, transcribimos acá la parte del proyecto defendido por el kirchnerismo sobre el “Comienzo de la existencia”:
“La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado.” (Libro primero, parte general, Título I Persona humana, Capítulo 1 Comienzo de la existencia, Artículo 19)
Con este artículo, el gobierno y todos los que defienden estas reformas sancionan una nueva prohibición del aborto, y otorgan una reforzada base legal para los que se oponen incluso a los abortos no punibles en caso de violación o riesgo para la madre.
Es decir, las indignaciones de los legisladores kirchneristas de la Ciudad ante el veto de Macri a la reglamentación del fallo de la Corte fueron, como Las Rojas y el Nuevo MAS adelantamos en ese momento, nada más que cháchara.
Lo increíble es que personas que se dicen feministas pretenden que a pesar de la expresa prohibición del aborto, este texto es un avance porque “excluye del concepto de persona al embrión in vitro, es un paso adelante”. (Nelly Minyersky, funcionaria K e integrante de la comisión que redactó el anteproyecto, en debate con la Campaña Verde)
Justamente, lo maravilloso de esta formulación es que desnuda todo el pragmatismo burgués del gobierno, al evidenciar que las consideraciones sobre cuándo empieza la “persona humana” no tienen nada que ver con la moral, la filosofía o la ciencia, y todo que ver con la necesidad del Estado.
El capitalismo patriarcal necesita que las mujeres se dediquen a la maternidad, porque necesita la reproducción gratuita de la mano de obra, y porque no puede ofrecer a las mujeres otra cosa en qué ocuparse, como puestos de trabajo genuino, por ejemplo. Entonces, los embriones “de más” que se generan en la reproducción asistida no son “personas humanas” y pueden tirarse alegremente a la basura, porque son “efectos secundarios” de un proceso de maternidad.
En cambio, los embriones generados en un embarazo no deseado, sí son “personas humanas” y hay que protegerlos, porque al eliminarlos se eliminaría también un proceso de maternidad.
Lo que el gobierno quiere prohibir en el nuevo código es el derecho de las mujeres a elegir no ser madres. La condición de “persona humana” del embrión se otorgará o se quitará mágicamente según conduzca a convertir en madre a una mujer, o a evitar que lo sea.
La Iglesia protesta, aunque suavemente. Le concedieron nada más que una parte de lo que quieren, pero es la parte más importante: la maternidad obligatoria para las mujeres. Igual, no nos apresuremos, porque el texto está todavía en discusión y en una de esas les terminan perdonando la vida a los embriones in vitro también, lanzando por la borda la ley de reproducción asistida junto con el derecho al aborto. Pero lo que el gobierno quiere, y lo que no quiere, queda muy claro en esta formulación.
De paso, anotemos que este proyecto de código demuestra –por si hacía falta– lo equivocados que están los compañeros del PO cuando, cada vez que dicen estar de acuerdo con el derecho al aborto, agregan rápidamente, para no caer antipáticos ante la idealización de la madre argentina: “pero también hay que luchar por el derecho a la maternidad”. El gobierno quiere sancionar con total claridad la maternidad como imposición: admite la eliminación de embriones con tal de que eso ayude a ser madre a alguien que necesita reproducción asistida. Lo que no admite es que una mujer elija no ser madre. Ese es el derecho que hay que arrancarle al gobierno, que con este código quiere alejarlo una vez más.