por Roberto Sáenz

“Tener una justicia independiente es fundamental, y eso es lo que tiene hoy Brasil (…) Soñamos con que alguna vez, con las reformas que estamos haciendo a través del plan Justicia 2020, tengamos un sistema judicial más sólido y creíble” (Macri, La Nación, 11/04/18).

Lula da Silva, dirigente máximo del PT de Brasil y ex presidente de dicho país, se encuentra preso desde el pasado sábado 7. Con la intención de voto más alta para las próximas elecciones presidenciales, algo en torno al 35% (lejísimos de cualquier competidor), podría ser nuevamente presidente.

Pero al quedar detenido, y debido a que tiene dos condenas firmes (sin bien apelables), Lula quedaría excluido de la elección. Lo concreto es que la burguesía brasilera no quiere saber nada de que el PT (aun con los enormes favores que le hizo en sus mandatos), retorne al gobierno.

Se trata, así, de una detención política: la proscripción del principal candidato a las elecciones bajo la excusa de haber recibido “coimas” (sobre las cuales no hay pruebas formales), una práctica lamentablemente habitual en todos los gobiernos patronales[1]. La arbitraria prisión de Lula confirma que Brasil entró, bajo Michael Temer, en la dinámica de un “gobierno de excepción” (un gobierno donde se violentan las reglas de juego de la democracia patronal).

Cambiemos festejó –por lo bajo- la detención de Lula: una medida de evidente impacto en nuestro país. Entre otras cosas, porque legitima las tendencias más reaccionarias y le da indirectamente aire a Macri luego de los sofocones del verano. Un refuerzo que se suma a la escandalosa complicidad de la CGT y los k, que plancharon la coyuntura en beneficio de la gobernabilidad.

La batalla por la libertad de Lula, porque el pueblo brasilero sea el que decida si vota a Lula o no, es una pelea democrática elemental; una lucha que debemos llevar adelante sin dejar de lado las diferencias políticas que tenemos con el PT.

“Golpe parlamentario”

La detención de Lula configura un nuevo salto reaccionario en Brasil. Esta ofensiva comenzó dos años atrás con el juicio político y destitución de Dilma Roussef; una destitución llevada adelante con la excusa de una serie de maniobras fiscales denominadas “pedaleadas”.

¿Qué son las pedaleadas? Anotar los gastos fiscales del año en curso durante el próximo; maniobrar para que los números del ejercicio actual, cierren. Todo gobierno burgués hace maniobras de este tipo; son algo común en Brasil.

Sin embargo, formalmente, no dejan de configurar un delito. Tampoco la corrupción, el acaparamiento de bienes públicos de forma privada, es algo específico del PT, aunque esto sea más condenable para un partido que se dice de los “trabajadores” (el “patrimonialismo” viene del fondo de la historia del Brasil[2]).

Lo específico, sí, es que prácticas habituales en cualquier gobierno patronal, hayan sido motivo de juicio político a Roussef (y ahora de la detención de Lula).

Bajo una excusa trivial para los cánones burgueses, el juicio político a Dilma fue una maniobra reaccionaria por intermedio de la cual el PT fue sacado del gobierno (sin que atinara a cualquier resistencia seria): un “golpe parlamentario” (es decir, sin la intervención de las fuerzas armadas).

El procedimiento del juicio político es formalmente legal. Pero en los hechos significó avasallar las formas tradicionales de la democracia patronal: un gobierno electo con más del 50% de los votos, fue reemplazado por otro que nadie votó.

Temer imprimió un rotundo giro a la derecha redoblando la ofensiva sobre los trabajadores (atención que Dilma ya había comenzado el ajuste demandado por los mercados). Se votó un el congelamiento de los gastos estatales por 20 años; también una contrarreforma laboral brutal que es la envidia de las patronales argentinas; y todavía se pretende aumentar la edad jubilatoria a 49 años de aportes…

Simultáneamente, se operó un giro reaccionario en el régimen político. Expresión de esto es la intervención de las fuerzas armadas en Río de Janeiro, el asesinato de la concejala del PSOL, Marielle Franco, y la intervención directa de altos jefes de las FF.AA. en la vida política nacional: “Brasil es hoy una democracia tutelada, en la que los uniformados no gobiernan, pero tienen poder de veto” (Andrés Malamúd, La Nación, 11/04/18).

Ocurrió un desplazamiento hacia la derecha de las correlaciones de clase. La burguesía se unificó alrededor de Temer. Las clases medias altas giraron a la derecha comprando todo el discurso sobre la corrupción. La clase obrera quedo hecha un sándwich entre la ofensiva reaccionaria y el sentimiento justo de que el PT defraudó.

La base social actual del PT son sectores de vanguardia de masas y de las clases medias progresistas; franjas importantes pero que no alcanzan para revertir las cosas. Las amplias masas miran las cosas desde afuera; no se han movilizado contra la detención de Lula.

El PT se dedicó a sabotear los avances en una conciencia de clase reformista conquistados en los años ‘80; para amplios sectores que “repudian la política”, izquierda y derecha “son lo mismo” (son los votantes del extremo derechista Bolsonaro).

La institucionalidad, primero  

La orden de detención de Lula llegó el viernes 6; el PT no la esperaba (cretinismo institucional, le llaman). Ahí comenzó una guerra de nervios con Lula atrincherándose en el sindicato metalúrgico de San Bernardo, un lugar histórico donde 30 años atrás había sido detenido luego de protagonizar una huelga no menos histórica.

Se creó una inmensa expectativa: Lula resistiría la detención. La respuesta popular comenzó lentamente. Pero a medida que pasaban las horas, los desarrollos iban polarizándose.

Miles rodearon el sindicato; si bien no eran mayormente trabajadores metalúrgicos, conformaban una multitud que iba creciendo, un sector de la misma dispuesta a jugársela contra la detención de líder. La policía no osaba aproximarse por miedo al desborde.

Conforme pasaban las horas, se multiplicaban las movilizaciones todo el país. Comenzaban los cortes de rutas, la quema de gomas. La tensión aumentaba; el país se detenía expectante.  

Lula no tomó la palabra ese día; lo hizo el sábado luego de un acto religioso en memoria de su fallecida esposa. Sobre el final de un discurso “combativo”, anunció que se “presentaría ante la justicia”. Lula seguía siendo Lula (reformista, conciliador).

Pasadas unas horas, cuando la policía apareció finalmente para cumplir la orden de detención, sectores de la base petista se opusieron. Desde el palco la dirección del PT (Gleisi Hoffman, su secretaria general), arengó para pedir que “dejarán que Lula sea detenido”, afirmando que, si no se cumplía la orden, “sería peor” y despertando expectativas en un enésimo recurso judicial.

Las direcciones del PT y la CUT (Central Única de Trabajadores), no atinaron a desafiar la detención. Calificaron de “histórica” la resistencia (parcialmente pactada con el juez Moro), y punto.

Hay sectores de la izquierda que erróneamente justifican a Lula afirmando que “no había condiciones para un paro general”. Erran en el blanco porque esa no es la clave del asunto. Se podría haber convocado a paros cívicos, al corte de carreteras, a jornadas nacionales de lucha o lo que sea; la disposición a salir a las calles era creciente en amplios sectores.

Pero la clave de todo está en la apuesta del PT a la institucionalidad; jamás romperla. Hacer un poco de “show” para cubrirse, pero siempre bajo la excusa de “respetar a la justicia” (a las instituciones).

En Brasil es una obligación el combate unitario y democrático contra las medidas de excepción; contra las emergentes corrientes de extrema derecha; contra las formaciones “postfascistas”[3]. Un combate que debe hacerse llevando adelante la más amplia unidad de acción, e, incluso, formas de frente único (claro que cuidando siempre la independencia política y libertad de crítica de los revolucionarios). Un combate irrenunciable que grupos como el PSTU se llenan de vergüenza a estar de espaldas al mismo.

Pero, simultáneamente, es muy peligroso olvidarse una enseñanza universal: la crítica a la adaptación pasiva a la institucionalidad por parte de la socialdemocracia. El fetiche de una “legalidad”, que sólo servía para paralizar las fuerzas de la clase obrera, mientras que las fuerzas reaccionarias la rompían a cada paso.

Nada de esto significa promover locuras sin sustento. Pero cuando se pone en juego la arbitraria detención de un líder popular, cuando las cosas comienzan a radicalizarse, cuando se está en presencia de un sector real que está dispuesto a defenderlo físicamente, entregarse sin siquiera esbozar una resistencia, nos parece que es postrarse frente a la institucionalidad (ver las declaraciones de Temer afirmando que “debe respetarse la constitución”, sic).

Lula cometió la enésima capitulación al presentarse. Lo hizo con la expectativa de que rápidamente podría ser liberado. De momento, sigue preso. Y el peligro es desmoralizar a la propia base social.

Mientras defendemos incondicionalmente la libertad de Lula, jamás debemos perder nuestra libertad de crítica. Recordar siempre que el PT es organizador de derrotas; una burocracia que incluso cuando encabeza una lucha por su líder, está preocupada por evitar el desborde de las bases; tendencia que los lleva a acordar siempre con los enemigos de la clase obrera.

Vamos por un 1ª de Mayo unificado

Macri mantuvo un perfil bajo, pero festejó a manos llenas la detención de Lula. De ahí que haya salido a elogiar a la “justicia independiente” de Brasil… una farsa que no es más que un arbitraje al servicio de los poderosos.

La detención de Lula lo fortalece. Las ingenuas veleidades de los k, de que habría “2019”, pueden quedar rápidamente en la nada. Porque la situación en nuestro país, y la región como un todo, no está estabilizada. Puede rebotar hacia la izquierda, como reafirmarse hacia la derecha.

La profesión de fe de los k y la CGT por la gobernabilidad, planchó la coyuntura: dejaron pasar marzo sin hacer olas. El gobierno se recuperó, retomó la iniciativa, largó el debate sobre el aborto, pero, simultáneamente, decretó otro aumento de tarifas y prepara una nueva ofensiva para junio: llevar al Congreso la postergada reforma laboral.

Mientras tanto, la CGT sigue borrada con la excusa de que debe “reorganizarse”. Y a nivel de la vanguardia, por ejemplo, las autoridades del Posadas han anunciado que despedirán a todo el activismo los próximos meses; una verdadera provocación; una lucha enorme que debe comenzar a prepararse desde ahora mismo.

Como frutilla del postre, Servini de Cubría, en una maniobra que parece a pedir de boca de Macri, acaba de decretar la intervención del PJ por parte de Barrionuevo y sus muchachos. Una maniobra para dejar fuera de juego al peronismo.

En el PJ hay dos proyectos en danza: reordenarse en clave “progresista” o poner en pie un “peronismo racional”. En el primer caso, se busca una unidad para disputarle a Macri la próxima elección; en el segundo, dividir el peronismo para que Macri siga hasta 2023 (algo que, evidentemente, es lo que reclama la patronal).

La tregua eterna de las direcciones sindicales y la gobernabilidad k; las duras luchas aisladas como la de los mineros de Río Turbio, el INTI y el Posadas; los zarpazos reaccionarios en Brasil y la necesidad de defender una perspectiva de independencia política de los trabajadores, les plantean a ambos frente de la izquierda levantar el 1º de Mayo un acto unificado.

Desde la Izquierda al Frente mandamos al FIT una carta formal que todavía no ha tenido respuesta. Extraoficialmente, se ha escuchado a alguno de sus integrantes afirmar que “la unidad ya está, es el FIT”.

Pero esto no es más que una bravuconada. Todo el mundo sabe que la izquierda está dividida, que tiene varias figuras, varias expresiones en las luchas obreras y de la juventud, en el movimiento de mujeres.

Pretender que el FIT es la “unidad de la izquierda” es un camino de derrotas. Una autoproclamación de sectas cobardes.

La coyuntura plantea ir a un acto unificado. La militancia del nuevo MAS se va a jugar entero por esta perspectiva, al tiempo que sostiene la lucha en defensa de los conflictos en curso y por el aborto legal.

[1] No hay ninguna duda de que Lula recibió coimas, favores y regalos en sus años de mandato. En la administración del Estados burgués, venga de donde se venga, sea del color que se sea, se sucumbe a estas prácticas. Lo específico aquí es la judicialización de una circunstancia no en función de cualquier criterio de “justicia”, sino del muy político objetivo de proscribir a Lula para la próxima elección. 

[2] El patrimonialismo refiere precisamente a lo que estamos señalando: la apropiación privada de bienes públicos.

[3] Existe todo un debate que requiere “finura” en el análisis que aquí no podemos hacer, pero que plantea no pecar ni por defecto ni por exceso. En todo caso señalemos que Enzo Traverso define genéricamente formaciones como las de Bolsonaro en Brasil como postfascistas en el sentido que siquiera están las condiciones históricas que dieron lugar al verdadero fascismo, lo que no quiere decir que las actuales expresiones de la extrema derecha no sean un peligro; sólo busca ponerles medidas a las cosas.

Dejanos tu comentario!