por Alex Colman[1]

El 1 de abril de 2018, en el marco de una represión en Barrio Obrero, fueron detenidos Roberto Frías, Lucas Frías y otros miembros de la comunidad wichí de Ingeniero Juárez.[2] Según testimonios, al momento de su detención, Roberto Frías (autoridad ancestral) tenía la espalda herida por una bala de plomo producto de las persecuciones policiales. Esta represión se enmarca en un nuevo ciclo de hostigamientos que (re)comenzó en marzo de este año. La situación se suma a otros problemas de gravedad como la internación forzada de niños y adolescentes –varios de ellos, familiares de activistas– tales como Facundo Agüero (13) y Miguel Ángel Rojas (18), de los cuales se desconoce el paradero actual. Este año, la situación de los wichí ya había cobrado notoriedad con la represión a jóvenes del Barrio 50 Viviendas, el 1 de enero, por parte de las fuerzas policiales insfranistas.[3]

El ciclo actual de hostigamientos se inscribe en el recrudecimiento de la represión a los wichí, que comenzó el 14 de abril de 2017 con la detención de Agustín Santillán, Roberto Frías y otros miembros de la comunidad, y el pedido de captura y persecución de más de 30 personas, entre ellos Lorena Frías. Entre los reales motivos de la operación se encuentran el intento de frenar la organización autónoma de la comunidad y desalojar a las familias de ciertos terrenos, como el predio en el que está actualmente ubicado el Barrio 50 Viviendas.[4]

Capitalismo y depredación

El oeste de Formosa ha sido habitado por grupos indígenas wichí y tobas, entre otros, desde antes de la colonización española, pero con la llegada del “blanco” estas comunidades han sido progresivamente desalojadas de sus territorios con objeto de facilitar la tala de árboles del monte (principalmente quebracho y algarrobo), y otras utilizaciones “productivas” de los recursos.[5]

La consolidación de las relaciones capital-trabajo en la región, durante el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, vino de la mano del surgimiento de agroindustrias como el algodón, que para ser rentables exigían mano de obra barata y abundante (y debidamente “disciplinada” por las fuerzas armadas).[6] Así se operó una transferencia de recursos hacia los ingenios amparada en la complementariedad de trabajo asalariado y actividades de caza, pesca y recolección en el monte, lo que permitía la supervivencia de las comunidades y hacía posible la superexplotación. Sin embargo, la migración de campesinos bolivianos durante y después de la Guerra del Chaco en los años treinta, y posteriormente la crisis de la industria algodonera en la década del sesenta, afectaron la asalarización de las comunidades wichí. En la segunda mitad del siglo XX la fuerza de trabajo indígena tendió a ser reemplazada o mecanizada.[7] Por su parte, el desmonte y la tala forestal indiscriminada jugaron un papel importante en el desequilibrio del ecosistema, causando mayores períodos de desborde de ríos e inundaciones, lo que sumado a los fenómenos sociales, económicos y demográficos antes mencionados forzó la migración de los wichí hacia las ciudades en busca de trabajo.

El asentamiento en las periferias de las ciudades data en muchos casos de las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, la “adaptación” de los wichí a la vida urbana no fue siempre “exitosa”. Según hipotetizo, esto no sólo obedece a las condiciones propias del pasaje de la vida rural al medio urbano, sino que está determinado por los modos específicos en que se configuró la relación entre las comunidades indígenas y el poder político-económico en la región. Pasaré ahora a delinear estos aspectos, dado que permiten comprender los actuales procesos de represión a los wichí en Ingeniero Juárez.

La destrucción de los wichí en Ingeniero Juárez

La cronología del conflicto ha sido comentada en otra parte,[8] si bien amerita una reconstrucción actualizada y con más detalle. Ampliamente, los wichí de Ingeniero Juárez viven en barrios situados en los márgenes de la ciudad, en un espacio territorial donde en muchos casos no llegan servicios básicos como el agua, compartiendo “rasgos socioestructurales propios de los guetos de la pobreza urbana”.[9] Aunque algunos miembros de la comunidad han logrado incorporarse –precariamente– al sistema de enseñanza y salud pública, la mayor parte de la población adulta wichí se encuentra en situación de desempleo estructural. La supervivencia –que en muchos casos, ni siquiera es tal– se da por vía de tres mecanismos combinados: la obtención de planes sociales, la realización de trabajos manuales irregulares, y la elaboración y venta de artesanías.[10] Esta situación habilita y condiciona, históricamente, el ingreso de los wichí –sobre todo los de menos recursos– en relaciones asimétricas de dependencia con el poder político, comentadas en la bibliografía bajo las categorías de “compra de votos” y “clientelismo”.

Sin embargo, más que relaciones clientelares, actualmente los wichí de Ingeniero Juárez forman parte de una población cautiva del poder político, expresado en los mecanismos de encierros, coerción, y retención de documentos de identidad durante los procesos electorales.[11] Como ha sido denunciado, durante el tiempo pre-electoral, se arman “punteros aborígenes” y se suplen ciertas necesidades básicas de las comunidades en calidad de pago político, y “el día de la elección se los lleva en camionetas o acoplados tirados por tractores y camiones hasta el lugar de la votación y allí el puntero le entrega a su dueño el DNI con la boleta, que generalmente no ha leído y que está doblado como avión, pájaro o barquito para que el fiscal de mesa de ese sub-lema controle a la hora de abrir las urnas”. En caso de no ganar, son castigados, despojándolos de servicios básicos como el agua.[12] Los planes sociales también son objeto de manipulación electoral.[13]

No sólo el poder político obtiene beneficios de la precariedad en la que abandona a los wichí. También ha habido denuncias de muertes dudosas y tráfico de órganos en el hospital de Formosa.[14] Lo mismo parecería ocurrir con la apropiación ilegal de niños. El narcotráfico y la venta abusiva de alcohol también sacan su provecho, íntimamente vinculados al poder.[15]

Las “irregularidades” del sistema sanitario parecen estar profundamente ligadas al poder político, judicial y represivo. No sólo hay un abandono, que ya se ha cobrado la vida de numerosas mujeres,[16] niños[17] y adultos, sino que algunas instituciones parecen incluso haber sido creadas como mecanismos de coerción. Este es el caso del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (I.A.P.A.). Esta institución, fundada en 2016 y presuntamente encargada de asistir a “personas afectadas por algún tipo de adicción”, se encuentra administrada por miembros del sub-lema “Consenso Federal” (FpV), algunos de los cuales, como Luis Kayser, se presentaron al cargo de concejales en octubre de 2017. Desde marzo de este año ha habido denuncias de que niños familiares de activistas,[18] han sido detenidos por las fuerzas represivas y trasladados irregularmente a Villafañe, localidad en la que existe un establecimiento de internación para el “tratamiento” de las adicciones ligado al IAPA, donde serían medicados a la fuerza. Según las denuncias, los niños y jóvenes son arrancados de forma violenta del seno de sus familias y comunidades mediante causas judiciales armadas, y en algunos casos trasladados ilegalmente a Villafañe o a instituciones en Buenos Aires, sin comunicar a sus familias sobre sus paraderos.

Soberanía e impunidad

La connivencia del poder judicial es un importante eslabón de toda esta maquinaria de hostigamientos y destrucción. Nos encontramos ante un sistema judicial cerrado, oscurantista, en el que se hace caso omiso de fallos y apelaciones según el interés político, y cuya clausura obstaculiza cualquier tipo de intervención federal. La matriculación para ejercer el Derecho en la provincia es un proceso controlado, dada la ausencia casi absoluta de abogados independientes del poder político provincial que puedan (y quieran) oficiar en las presentaciones correspondientes al Colegio de Abogados. El armado de causas penales hacia los originarios y la presentación de falsos testimonios por parte del personal policial son una carta común.[19] Por su parte, la investigación policial de los delitos es discrecional.[20]

Señalar este aspecto es importante. La represión a los wichí –tal como se despliega hoy en día– es posible sólo porque existe un estado “kenomático”, es decir, un estado que se define como de vacío jurídico.[21] En esta especie de estado de excepción no declarado, se desarrolla la aplicación de una violencia extrajurídica sobre una población y un espacio que es mantenida a propósito en los márgenes de la ley; en este espacio, la soberanía se ejerce mediante la forma comunicacional de la impunidad; de ahí su posible confusión con una guerra civil.[22] El vacío de derecho se construye sobre la conjunción de varios factores. Por una parte, existe una completa confusión de legalidades y legitimidades: títulos propietarios que se contraponen a las normativas internacionales y nacionales sobre la precedencia histórica de los pueblos indígenas para justificar los desalojos;[23] intervención de instituciones gubernamentales que supuestamente amparan los derechos de los pueblos indígenas, pero que en los hechos piden “todo a favor de los criollos” y no escuchan las demandas de los originarios;[24] sumado al problema de la autoridad legítima en las comunidades. Respecto de este último punto, a la forma de autoridad tradicional-hereditaria se le contraponen formas más “carismáticas” y otras de índole político-burocrática. Esta situación deforma los mecanismos de control civil de las comunidades, permitiendo el accionar de personajes de la burocracia indígena vinculados al gobierno local. También se inactivan las formas de rendición de cuentas propias de un “Estado de derecho” y se oscurecen aún más las relaciones entre los distintos niveles del Estado. En este punto es necesario aclarar que existe una explícita connivencia por parte del gobierno nacional de Cambiemos, lo que hace juego con los recientes acercamientos entre ambos sectores políticos.[25]

Mantener a una población por fuera de la ley para que se pueda utilizar y matar a gusto es algo que hoy es posible por la invisibilidad a la que se la ha sometido. La falta de interés en contrarrestar estas situaciones, sumado a las múltiples complejidades que hacen a la organización política indígena, es otra condición que habilita la suspensión del derecho. Los wichí son seres humanos cuya situación jurídica es, de hecho, inexistente; sea por falta de datos o por retención de documentos, sea por un total abandono de parte del Estado. A esto se suma la eficacia política del racismo, que siembra el favor de sectores de la población trabajadora, e instaura el mitema del indio bandido, y del originario incompetente.[26]

¿Cuál es el sentido de este vacío de derecho? Fundamentalmente, permitir la acción de sectores que, con centro en el poder político provincial, pretenden hacer y deshacer a gusto en la región. Si bien estos grupos han adquirido su actual configuración durante el período de gobierno de Insfrán, que ya lleva seis mandatos, situaciones parecidas se expresan también en otras provincias como Salta o Chaco. Esto no debería sorprender, dado que todos estos casos comparten características propias del proceso de conformación del Estado y las relaciones capitalistas en la región. La rentabilidad de los diversos negocios dependieron –y dependen en la actualidad– de la posibilidad de explotación y manipulación política de estas poblaciones, precisan de una sociedad sometida [27]. Pero, actualmente, y desde hace por lo menos una década, se encuentran con modalidades específicas de resistencia indígena: se trata de una población que les sirve como objeto de extracción de renta, recursos biológicos, y beneficios políticos –esto explica en parte las violentas competencias mafiosas entre candidatos al interior del mismo espacio de Insfrán–[28], pero que tiene vida y dinámica propias, y ejerce sus propias presiones. En definitiva, se trata de una correlación de fuerzas en la que sectores de estas comunidades pretenden hacer valer –volver a poner en juego– su existencia social y política. Las organizaciones revolucionarias tenemos la obligación de visibilizar esta situación, y acompañar en sus demandas a los sectores de la comunidad wichí que, organizados de manera independiente, enfrentan el poder estatal y luchan contra la represión policial, contra el desalojo territorial y por mejores condiciones de vida.

[1]             Profesor en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Becario doctoral ANPCyT. Ayudante de Trabajos Prácticos en el Instituto de Lingüística, UBA. Contacto: alexdcolman@gmail.com.

[2]             Localidad ubicada en el departamento de Matacos, provincia de Formosa.

[3]             Brutal represión contra una comunidad wichi. (3 de enero de 2018). Página/12.

[4]             El terreno había sido traspasado en la década de 1970 al Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa (ICA), y desde entonces “algunas familias wichí realizaban allí tareas como construcción de cercos y limpieza del terreno, y también funcionaba una oficina del ICA”. Sin embargo, en 2005 la intendencia de Ingeniero Juárez –representada en ese momento por Cristino Vidal Mendoza–, con la excusa de que el ICA no poseía instrumentos legales a su nombre (títulos de propiedad) expropió los terrenos y edificó viviendas que, presuntamente, eran para “criollos” o para policías (en la ciudad funciona el denominado “Plan 30 Días”, un sistema de policía transitoria). En enero de 2007, aproximadamente 300 personas –entre mujeres, hombres, niños y ancianos– decidieron realizar la ocupación de ese predio. Véase: Ocupación de viviendas en Ingeniero Juárez, Formosa: “No sé de que me acusan, no entiendo cuando dicen que soy usurpadora”. (27 de noviembre de 2008). Red Agroforestal Chaco Argentina.

[5]             Sautu, R., P. Dalle y L. Vega (2008). “Clientelismo político y reproducción de la pobreza en una comunidad indígena del norte argentino”. En A. Ziccardi (comp.), Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

[6]             Fraguas, N., y P. Monsalve (1994). “Procesos de conformación de la identidad étnica en América Latina”. En M. Lischetti (comp.), Antropología. Buenos Aires: Eudeba.

[7]             Iñigo Carrera, N. (1994). “El problema indígena en la Argentina”. Razón y Revolución, núm. 4.

[8]             Colman, A. (2017). “La situación de los wichí en Ingeniero Juárez”. Socialismo o Barbarie, año XVI, núm. 444.

[9]             Ziccardi, A. (2008). “Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI”. En A. Ziccardi (comp.), Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

[10]           Sautu, R., P. Dalle y L. Vega (2008). “Clientelismo político y reproducción…”, op. cit.

[11]           López, F. (26 de junio de 2009). Sustracción de DNI a aborígenes: Insfrán le “soltó la mano” a Cristino Mendoza, Víctor Fernández y Chilú Leguizamón. Noticias Formosa.

[12]           Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. (8 de diciembre de 2003). Formosa, un pueblo cautivo. Noticias paginadigital.

[13]           Sautu, R., P. Dalle y L. Vega (2008). “Clientelismo político y reproducción…”, op. cit.

[14]           Biskamp, S. (26 de marzo de 2014). Formosa, tierra de nadie y una guerra no declarada contra los Wichí. Agencia.de.Noticias.Redacción.

[15]           Juárez: «hace un mes detuvieron a la hija del intendente con droga y se tapó todo». (25 de abril de 2017). Opinión Ciudadana. Ver también: Funcionaria del ICA acusa a los políticos por la venta de droga y sospecha de avioneta que aterriza en un campo del intendente Nacif. (26 de abril de 2017). Noticias Formosa.

[16]           Existen denuncias de falta de tratamiento para el virus del papiloma humano y negativas a la vacunación por parte del personal sanitario, lo que se ha cobrado la vida de numerosas mujeres jóvenes, que desarrollan tempranamente cáncer de útero.

[17]           Formosa: referente wichí denuncia armado de causa en su contra. (27 de febrero de 2016). Agencia.de.Noticias.Redacción.

[18]           Como Facundo Agüero –sobrino de Ana María Agüero, del Barrio 50 Viviendas–, quien además había sido reprimido por la policía el 1 de enero pasado.

[19]           En marzo de 2014 se denunciaron 24 imputaciones a integrantes de la comunidad wichí bajo las carátulas de “incendios” y “robo en poblado y en banda”, entre otros delitos. “De hecho, en la lista están personas que probadamente no estaban en la localidad el día de los supuestos delitos, por ejemplo Mauricia Torres (número 17 en la lista), imputada de “robo en banda” estaba embarazada y en un hospital. Entre los imputados por robo y amenaza se encuentra también Hugo Torrico (número 20). Él es discapacitado, es manco y camina con bastón. “Ponen cualquier nombre”, dice Santillán”. Biskamp, S. (4 de marzo de 2014). Proceso armado contra la comunidad Wichí en Formosa. Agencia.de.Noticias.Redacción.

[20]           En abril de 2014 se denunciaron asesinatos de al menos 17 niños indígenas desde el año 2000, en parte asesinados por la policía, a lo que se sumarían asesinatos de personas mayores, violaciones sistemáticas de niñas, muertes dudosas en hospitales y tráfico de órganos. El asesinato de niños se habría dado en el contexto de “una verdadera cacería de niños realizada por policías provinciales”. Además, se denunció que los hechos no eran investigados oficialmente, y que tampoco hubo denuncias de familiares por miedo a la represión y “porque acá en Juárez no toman la denuncia”. Biskamp, S. (4 de marzo de 2014). Proceso armado contra la comunidad Wichí en Formosa. Agencia.de.Noticias.Redacción.

[21]           Agamben, G. (2014). Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

[22]           Miembros de la organización Enfermeros de Asistencia Humanitaria (ENASHU) de Buenos Aires expresaron en su momento que “[o]ficialmente no hay una guerra civil en Argentina, pero los aborígenes sí sufren las condiciones de una guerra”.

[23]           La venta de tierras fue realizada con las comunidades adentro; los procesos jurídicos que fundamentan la expropiación datan de fines de siglo XIX.

[24]           Aranda, D. (21 de agosto de 2014). El delito de defender la tierra. Página/12.

[25]           Mercado, S. (27 de febrero de 2018). Distensión con Gildo Insfrán: Mauricio Macri viajará mañana a Formosa después de dos años. Infobae.

[26]           Uno de los objetivos de la ideología racista es hacer coincidir la “igualdad de oportunidades” con la desigualdad realmente existente. Stolcke, V. (1999). “¿Es el sexo para el género como la raza para la etnicidad?”. Cuadernos para el Debate, núm. 6.

[27] Si bien la marginación del sistema es mayor en la actualidad que en la primera mitad del siglo XX, es común el traslado de los wichí de muchas comunidades del oeste de Formosa, en camiones, a Salta durante el mes de mayo para levantar cabos de soja. En Salta, de hecho, se ha avanzado con la desforestación de bosques (144.984 hectáreas) en territorios protegidos wichí, para su utilización en el cultivo de soja. El avance ha venido de parte del empresario Alejandro Jaime Braun Peña (primero del jefe de gabinete Marcos Peña) y de multinacionales como Coca Cola, obviamente favorecidos políticamente por el gobernador Urtubey. Véase: Desforestación en Salta: Urtubey y sus «favores» al primo de Marcos Peña y a multinacionales. (25 de diciembre de 2017).Infocielo, y Funes, J. (17 de febrero de 2018). Braun Peña sigue desmontando. Página/12″.

[28] El intendente de Juárez Cristino Mendoza mandó quemar un colectivo de Pachaga Naciff. (15 de octubre de 2015). Opinión Ciudadana.

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