Los gobiernos patronales nos tienen acostumbrados y los de raíz peronista también, pero muchos compañeros lo desconocen o confiaban en este gobierno que, producto de la gran movilización del Argentinazo, tuvo que dar concesiones democráticas, aunque no dudó en reprimir a desocupados, trabajadores que cortaban lugares de acceso o hacer la vista gorda ante el ataque de patotas armadas de la burocracia.

Ha sido ampliamente divulgado el carácter represivo y reaccionario del gobierno de Isabel Perón y la acción durante él de bandas fascistas. Pero es menos público, porque se han encargado de esconderlo muy bien, que el gobierno del general Perón, recién llegado a la Argentina con todos los honores, impuso el Pacto Social que congelaba los salarios y ante la lucha contra él, reformó el Código Penal para imponer penas severas a los luchadores obreros que cometían el delito de hacer huelgas o tomar fábricas. Muchos de ellos pasaron por la cárcel gracias a estas medidas antiobreras del general.

Aunque no sea nuevo en un gobierno peronista, ahora los K “muestran la hilacha” y barren bajo la alfombra todo su discurso democrático y a favor de la permisividad de la protesta social. Diputados del FPV presentaron un anteproyecto de ley anti-piquete, militarizaron las fábricas que luchan como Gestamp, llueven causas contra los activistas y delegados gremiales, encarcelan y condenan a trabajadores como lo están haciendo con los petroleros de Las Heras.

A los K les saltó la “A” de antiobreros

Ante el paro nacional del 10A y la amenaza para el gobierno del recrudecimiento de los reclamos, el kirchnerismo presenta un proyecto de ley bajo el nombre “Convivencia en manifestaciones públicas”. Es la continuidad, en el terreno de la legislación represiva, del tope a las paritarias, de los aumentos tarifarios, de los discursos de Cristina y del ministro Randazzo, entre otros, contra los trabajadores, sean docentes, petroleros, ferroviarios, etc.

En base a este texto, las manifestaciones deben comunicarse con 48 horas de antelación, no deben cortar calles ni rutas y las autoridades definen si son consideradas legítimas o ilegítimas. Pero no todo está perdido, si los funcionarios gubernamentales las consideran ilegítimas, el gobierno nos tira una soga: “…el mediador (personal civil designado por el Ministerio de Seguridad) podrá ofrecer a los manifestantes dar adecuada difusión en los medios mencionados en el art. anterior cuando considere que exista cooperación por parte de aquéllos” (art. 32-cap. IV-Proyecto Kunkel).

¡Aleluya, no nos acordábamos que contábamos con la Ley de Medios para que nos quedemos en casa sin protestar, sin chistar, aguantándonos el ajuste, mientras miramos por TV cómo se difunden nuestras demandas!

La reprobación de, incluso sectores del kirchnerismo o afines a él como el CELS e integrantes de Carta abierta, hizo que presentaran un nuevo anteproyecto las diputadas Diana Conti y Alicia Comelli, un poco más “lavado”.Este es el que se ha empezado a debatir en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de la Nación.

Pero más allá del desarrollo de la iniciativa, lo que sí vivimos cotidianamente son los palos contra los trabajadores que salen a la calle o pelean en su lugar de trabajo. Así lo han vivido los trabajadores estatales, docentes y desocupados chaqueños que se manifestaron la semana pasada en la capital de esa provincia, sufriendo detenciones y compañeros heridos.

Así lo están viviendo los trabajadores de Gestamp que, en su resistencia a las suspensiones dentro de la planta, la vieron invadidano precisamente por “mediadores”, sino por fuerzas de seguridad que se metieron en su playón, en sus secciones, impidiendo y amenazando toda actividad y libre iniciativa de los trabajadores. De igual manera que los trabajadores de EmFer y Tatsa que cortaron la Av. General Paz en reclamo de su fuente de trabajo y fueron desalojados “amigablemente” por centenares de gendarmes y policías comandados por el secretario de Seguridad Sergio Berni. Los trabajadores siguieron manifestando sin interrumpir el tránsito custodiados por los expertos de Berni.

La cara de este gobierno ya tiene la marca en el orillo ante los ojos de todos los que lo quieran ver: “A” de antiobrero. Contra él debemos luchar en forma independiente y contra los burócratas que lo defienden para parar las suspensiones y despidos y quebrar su ofensiva represiva contra la lucha y la libre organización de los trabajadores.

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