por Marcelo Yunes

“Hay tres clases de mentiras: las mentiras comunes, las grandes mentiras y las estadísticas” (Mark Twain)

Un rasgo permanente de este gobierno es el desparpajo sin igual con que se dirige a la opinión pública para transmitir las mentiras más grandes sin que se le mueva un pelo al funcionario de turno. Si no existieran canales de información alternativos y uno dependiera exclusivamente de la comunicación oficial, estamos viviendo en una especie de mezcla mejorada de Suiza y Dinamarca. Al menos, es lo que se desprendería de lo que dicen cínicos profesionales como Marcos Peña o cínicos aficionados como el ministro de Finanzas Dujovne. Los últimos capítulos de esta verdadera saga del engaño de masas tienen como protagonistas a los tres temas más candentes de la situación económica y social argentina: la inflación, la pobreza y la deuda. Ver para creer… y desmentir.

Mentira 1: “Lo peor ya pasó, la inflación va a bajar”

En este caso sí que hace falta un esfuerzo adicional de parte de los estafadores PRO, ya que las propias estadísticas del INDEC dicen exactamente lo contrario. Cuando se ven acorralados, Peña y Cía. se escapan por la tangente diciendo que “bueno, justo ahora aumenta, pero a partir de mayo va a bajar”. Como sucede que no es la primera vez que escuchamos promesas vanas de esa índole, hagamos números antes de que la indignación nos ahogue. Aquí están las cifras de inflación versión Macri-Prat Gay-Sturzenegger-Peña-Dujovne vs. las de este planeta:

Año                 PROmesa delirante    Realidad

2016                25%                            41%

2017                17%                            25%

2018                10%, luego 15%         9% en cuatro meses

Aclaramos: las cifras oficiales del INDEC dan 6,7% para el primer trimestre, pero hasta el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, salió a admitir que el dato de abril no va a ser muy distinto al de marzo (2,3%).

Por supuesto, estas metas fantasiosas tuvieron siempre como objetivo, desde el primer día de la gestión PRO, limitar las paritarias y bajar el salario real. De allí el tope al 15% para la primera ronda de paritarias, alegremente aceptado y firmado por los burócratas sindicales más alcahuetes.

De más está decir que el 15% no lo cree ni el padre putativo de Macri, el FMI, que estimó en su último informe un (moderado) 19,2%. Gente más avisada y que conoce mejor el terreno que pisa da cifras más altas, como The Economist (20,3%) y el famoso “relevamiento de expectativas de mercado”, es decir, el consenso de empresarios y garconsultoras, que ya ronda el 21%. En parte por eso, y con gremios privados (no así los estatales) que aún no firmaron, como la UOM, el gobierno empieza a admitir por lo bajo que las paritarias se podrían estirar un poquito, hasta el 18,5%.

Eso sí, sin hacer olas: el Ministerio de Trabajo pidió a las dos partes “repensar el mecanismo de aumento para que no se difundiera como superador de la pauta oficial del 15%” (Ámbito Financiero, 16-4-18). Dicho en criollo: “Si arreglan por más, dibújenlo para que no quedemos como avalando la ruptura del techo salarial”.

Esto no es todo: un rumor insólito (pero verosímil) da cuenta de que si el índice de inflación de abril y mayo sigue dando mal, el gobierno recurrirá… a Elisa Carrió para que denuncie a las grandes cadenas “formadoras de precios”. Quién te ha visto y quién te ve, PRO: dos años de gobierno y diez en la oposición denunciando las “patoteadas” de Guillermo Moreno a los empresarios, dando clases de economía para explicar que la inflación se debe al déficit fiscal y la emisión, no a las manipulaciones empresarias… para terminar cayendo en el “populismo” de echarle la culpa a los supermercados. Risible y patético.

Desde ya, y como hemos desarrollado en otras oportunidades, la inflación argentina tiene varios afluentes. Hasta los liberales del IAE reconocen que además del déficit, la emisión y la “puja distributiva” (genial idea: sin paritarias la inflación sería más baja, ¡qué vivo!), la falta de inversión de la clase capitalista y las prácticas oligopólicas de las empresas más concentradas cumplen un papel importante. Pero ahora nos interesa más otro aspecto central: ¿hasta qué punto son creíbles las cifras del INDEC?

El gobierno suele decir que el INDEC está “saneado” luego de la intervención K que arruinó su credibilidad durante años. Sin poner las manos en el fuego por Todesca, su actual director, ni mucho menos descartar intromisiones gubernamentales algo más sutiles, es verdad que el trabajo es más serio. Pero es imprescindible prestar atención a tres puntos que, sumados, cambian todo el panorama.

Primero, el INDEC cambió la forma de medir la inflación, que antes se basaba en los precios de Capital y Gran Buenos Aires, y ahora incluye los de aglomerados urbanos de todo el país. Ese agregado en general tira el índice para abajo: la “inflación GBA” es casi invariablemente más alta que la del promedio nacional, por lo que cuando se compara con, por ejemplo, 2015, se están comparando mediciones sobre bases diferentes.

El segundo punto es mucho más serio aún. Sucede que el INDEC no cambió el porcentaje en que los servicios públicos inciden en el índice general (técnicamente, la ponderación), pese a que, después de los tarifazos, es evidente que el peso de las tarifas sobre la canasta total es hoy mucho mayor. Un informe de Ecolatina explica que la variación de precios entre diciembre de 2015 y marzo de 2018 fue del 88% para el índice general, pero del 226% para los “precios regulados” (tarifas y combustibles). De esa manera, al no actualizar el peso de cada factor en esa canasta, el índice oficial está inevitablemente distorsionado: la proporción de las tarifas sobre el total es mucho mayor en los hogares de bajos ingresos que en los de altos ingresos, de modo que la actual cifra del INDEC refleja mucho mejor la canasta de los ricos que la de los trabajadores y jubilados. Algo parecido pasa con los medicamentos y la canasta de los jubilados, por ejemplo. Como resume la UCA, “el registro de la pobreza no está ponderando el componente tarifario”.

Tercero: el resultado de estos cambios –y de los “no cambios”– es que, aunque el INDEC no la mide, hay una cada vez más evidente diferenciación de índices de inflación por capa de ingresos. Un estudio de la UMET (Universidad Metropolitana) señala que para el período noviembre 2015-febrero 2018, la inflación promedio fue del 88%. Pero mientras que para el decil 10 (el 10% más rico) la inflación fue del 80%, para el decil 1 (el 10% más pobre) fue la más alta del espectro: 104%, es decir, 24 puntos (¡un año!) más de aumento de precios (J. Guarino, Ámbito Financiero, 4-4-18). ¿Queda claro? Para los ricos, que podrían aguantar precios más altos, hay menos inflación; para los pobres, que sufren inmediatamente en alimentos, medicamentos e insumos básicos el aumento de precios, la inflación es más alta. Como siempre con este gobierno, es la lógica Hood Robin.

Mentira 2: “La pobreza está bajando”

El gobierno estalló en júbilo cuando el INDEC difundió una “baja de la pobreza” hasta el 25,6%. Rápidamente empezó la cantinela idiota de “vamos por la pobreza cero” y otros delirios inaguantables. Ya vimos hasta qué punto las cifras oficiales deben ser tomadas con pinzas, y por cierto que los marxistas no somos los únicos en sospechar. Una fuente tan insospechada de mala fe hacia el PRO como la muy pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) sostuvo que la cifra es para desconfiar precisamente por la misma razón que dimos más arriba: la “canasta de pobreza” no tiene una composición actualizada que dé cuenta del impacto de las tarifas de servicios públicos.

Aquí es necesario aclarar que el INDEC define la cifra de pobreza a partir de un único indicador: el ingreso. Eso es lo que explica que cuando la inflación sube (y el salario real baja), automáticamente sube la pobreza. Y viceversa: como la inflación bajó desde el estratosférico 41% de 2016 (sólo por debajo de Venezuela y Sudán del Sur a nivel mundial) a “apenas” el 25%, casi por pura estadística la pobreza baja.

Por supuesto, este indicador tan mecánico es un disparate, por varias razones. Primero, nobleza obliga, el atribulado director del INDEK bajo Cristina, Néstor Itzcovich, no faltaba a la verdad cuando decía que la pobreza debe medirse con un conjunto de indicadores (claro que el pícaro Itzcovich usaba esto como excusa para no dar ningún índice de pobreza porque obedecía a “un conjunto de variables muy complejas”). Pero incluso si se miden sólo los ingresos, ya hemos visto que el termómetro del INDEC está fallado: invariablemente indica en los pobres menos “fiebre” de la real.

Veamos un indicador muy concreto. Según Ecolatina, consultora nada enemiga de este gobierno, componiendo los datos de 2016 y 2017, el consumo masivo cayó un 5%. Pero esa cifra global esconde una diferenciación muy clara: por un lado, el consumo en tiendas mayoristas (que normalmente no atienden al público en general) aumentó nada menos que un 25%, pero, por el otro, el consumo en hipermercados y supermercados (que dan el pulso del verdadero consumo de masas) se derrumbó un 12%. Lo que no tiene nada de extraño cuando recordamos lo que señalábamos más arriba sobre el mayor peso relativo de los tarifazos sobre los hogares pobres: si hay que destinar más dinero para pagar el gas, la luz, el agua y el transporte (que son cuentas únicas o imposibles de evadir), quedan menos ingresos para gastar en consumo “menudo”, que se puede racionar o reducir en porcentajes variables. Dicho en el lenguaje de los ruidazos y cacerolazos: “Si pago las boletas, no como”.

El propio Observatorio de la UCA pone las cosas en perspectiva cuando informa que el coeficiente de Gini del total del país (una medida de la desigualdad, que es tanto mayor cuanto más se acerca a 1 y disminuye si se acerca a 0) es ahora de 0,427, cuando en 2016 llegaba a 0,451. Esta baja de la desigualdad, primero, es casi un efecto estadístico de haber salido de la inflación brutal de 2016, y segundo, fuera de la gestión macrista, hay que remontarse hasta 2008 para encontrar un coeficiente tan alto. ¿Cuál es el “logro” de Macri? ¿Acercarse a los peores índices del kirchnerismo?

Otro indicador de la pobreza es el desempleo. Una vez más, uno ve los datos oficiales y no puede evitar la impresión de que la cosa es exactamente al revés. El gobierno se vanagloria del 7,2% del INDEC y comete la imprudencia, rayana en la imbecilidad, de hablar de “creación de empleo”. Pero basta desagregar un poco las propias cifras oficiales para que esa pompa de jabón reviente sola.

En efecto, un estudio de la UNSaM detalla que en los últimos dos años el número de empleos registrados aumentó, en términos absolutos, en 280.000 puestos de trabajo. ¡Aumenta el empleo de calidad!, graznan las urracas oficiales. Pues no, vean ustedes: ni aumentó el empleo, ni éste es de calidad.

Primero: esa “creación de empleos” en dos años está muy por debajo de la cantidad de puestos de trabajo que se necesita para absorber a los nuevos trabajadores (o aspirantes a serlo) que año a año se suman a la población económicamente activa por simple efecto de crecimiento de la población. De modo que en términos netos (no absolutos), esa “creación de empleo” es insuficiente. Y segundo, de esos 280.000 empleos, el 63% son monotributistas y personal doméstico –en el caso de los primeros, muchos incluso provenían de empleo asalariado estatal o privado–, y casi todo el resto son nuevos empleados estatales. El empleo privado (asalariado) en blanco cayó, y desde agosto de 2015 la industria perdió 66.000 empleos. “Más empleo de calidad”… ¡Pppfffff!

Mentira 3: “La deuda pública está bajo control”

El insigne caradura del ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, el hombre que pide a los inversores confianza en el país mientras guarda sus dinerillos en las Islas Vírgenes Británicas (1), barbotó en su “informe” –de alguna manera hay que llamarlo– al Congreso que la deuda pública es “manejable” y “sustentable” porque representa “apenas el 30% del PBI”.

Vamos a decirlo rápido: es mentira.

Por lo pronto, se ve que en el Banco Mundial no se enteraron, porque en su último informe sobre Latinoamérica estima que la ratio deuda pública/PBI de Argentina es del… 57%. ¡Casi el doble que la cifra de Dujovne! Pero no es la única trampa estadística que nos regala “el hombre que nos representa en Wall Street” (Macri dixit; como de costumbre, la realidad es casi exactamente la opuesta, ya que Dujovne es más bien un representante de Wall Street en el Estado argentino). Por empezar, Dujovne parece querer hacernos creer que la deuda del Banco Central no es parte de la deuda pública; debe ser porque es “independiente” (¡ja!).

Digamos que el PRO tiene un curioso razonamiento: cuando se refiere a las reservas del BCRA, las cuenta como propias: “tenemos 60.000 millones de dólares de reservas”, dicen, como si esa plata la hubieran ahorrado en vez de pedirla prestada. Pero a la hora de computar la deuda del Central en Lebac y otros instrumentos… pues no es deuda pública. No se sabe de quién es. La guita la debe Sturzenegger, parece, no el Estado argentino. Parafraseando a Atahualpa Yupanqui, “las reservas son de nosotros, las Lebac son ajenas”.

Pues bien, no: las Lebac son deuda del Estado, son más de 60.000 millones de dólares (¡el equivalente a las reservas, mirá vos!) y representan otro 12% del PBI que hay que sumar al mezquino 30% de Dujovne. Ah, los “olvidos” del ministro no terminan ahí. ¿Y la deuda externa de las provincias y de los organismos públicos? ¡No supondrá Dujovne que el Estado argentino puede desentenderse de eso! Pues allí tenemos por lo menos otro 5% del PBI.

Sigamos. Según un sugestivo estudio de Walter Graziano (desde ya, un ultraliberal que recomienda mega devaluación, ajuste de shock, etc., pero ser garca no lo convierte necesariamente en idiota), hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primera: no hace falta una suba fulminante de la ratio deuda/PBI para que se desencadene una crisis de deuda (es cierto: en la crisis de 2001 esa ratio no era más del 60%). Y segunda, si llega a haber una sacudida del tipo de cambio, esa ratio cambia bruscamente.

En efecto, aunque el PBI, por razones de comparación internacional, se expresa en dólares, la medición se hace en moneda local. Cualquier devaluación importante modificaría inmediatamente la proporción entre deuda y PBI. Y eso es tanto más así cuanto que uno de los elementos más graves de la política de endeudamiento PRO es que, además de emitir deuda a un ritmo nunca antes visto, está cambiando para peor la composición de la deuda en divisas sobre la deuda total. Según Ecolatina, la deuda estatal en dólares subió de 73.000 millones de dólares en 2015 a 125.000 millones en 2017, más de un 70% de incremento. Por eso Ecolatina advierte que “quien asuma en 2019 se va a encontrar con una economía más dependiente del financiamiento externo”.

Casi tan preocupante como eso es el perfil de vencimientos de la deuda. Contra las habituales mentiras PRO de que se han alargado los plazos de vencimientos en que hay que efectuar pagos grandes, la realidad es que la gigantesca masa de Lebac –como dijimos, 60.000 millones de dólares– vence a un plazo máximo de 7 meses (y casi la mitad de esa deuda hay renovarla mensualmente). Otros instrumentos de deuda, como las Letras del Tesoro en dólares y en pesos, también tienen plazos promedio de uno o dos años.

Algún incauto dirá que los tenedores de esa deuda son en su mayoría argentinos, y que, a diferencia de los acreedores internacionales, van a ser más contemplativos con las necesidades del país. Sí, justito esos lavadores, blanqueadores, especuladores y fugadores de divisas le van a perdonar la vida al fisco, sabiendo que las crisis nunca las pagan ellos. Por tercera vez: ¡ppffff!

Notas

1. ¿Será posible alguna vez que recorramos el globo terráqueo con el dedo sin posarnos en algún paraíso fiscal donde NO haya depósitos o empresas offshore de algún funcionario PRO? Repasemos la lista: empezamos por Panamá y las Bermudas, seguimos por las Islas Caimán, Suiza y Delaware, continuamos con Andorra y las Islas Vírgenes Británicas… ¿Dónde estará la guita en el próximo escandalete? Desde aquí, nos jugamos por Luxemburgo, pero se reciben apuestas. ¡Hagan juego, señores!

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