La semana pasada la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de María López, dirigente de AMMAR de esa localidad. Se la acusa en una causa por el delito de trata con fines de explotación sexual, y se le imputa haber acogido y engañado a por lo menos tres víctimas, agravado por la situación de vulnerabilidad de las mismas. La explotación se daba en un prostíbulo con fachada de departamento, en esa localidad.

De acuerdo a la declaración de una de las víctimas, la modalidad constaba en captar a través de la propuesta de una cooperativa de “trabajo sexual”, pero que en realidad terminaba funcionando como cualquier prostíbulo más: había sistema de multas, horarios que cumplir, una cuota que pagar por pase (que llegaba al 50%), sin lugar a dudas María López cumplía el rol de proxeneta.

Además de estas ganancias, la dirigente de AMMAR preparaba a las mujeres para la eventualidad de allanamientos: debían decir que eran amigas, que alquilaban juntas el departamento, y por supuesto no nombrarla.

La causa se inició en 2013 tras un allanamiento por una denuncia anónima a la Línea 145, y luego de varios años de investigaciones se dictó el procesamiento de María López, que recientemente fue confirmado.

La farsa de la cooperativa se termina pronto, cuando alguien puede comenzar a sacar provecho. El problema es que en el fondo, lo que da lugar a la explotación sexual sigue siendo la necesidad; la necesidad de alimentarse, de pagar un alquiler, de mantener a una familia. Cuando hay necesidad, la posibilidad del lucro ajeno se precipita, y se aprovecha de la máxima vulnerabilidad de estas mujeres.

No es casualidad que la procesada por esta causa sea una dirigente de AMMAR, organización con amplio recorrido en militar a favor de la reglamentación de la prostitución apoyadas por el lobby proxeneta internacional.

Una vez más quienes dicen proteger a las mujeres de la violencia policial e institucional, se convierten en las propias explotadoras. Es verdad que el Estado no es garante de ninguna salida definitiva para estas mujeres; que luego del allanamiento no hay respuestas para las necesidades concretas de subsistencia más que algún subsidio miserable. Por eso la exigencia debe seguir siendo la de trabajo genuino, y no la legalización de una práctica que es inherentemente de explotación. La pantomima del “trabajo sexual autónomo” se cae una y otra vez: seguir naturalizando que los cuerpos de mujeres y trans pueden ser vendidos como mercancías, sólo redunda en más y más explotación.

La reglamentación sólo ha favorecido al proxenetismo, lo demuestra la experiencia. Frente a una institución tan podrida de sometimiento como es la prostitución, sólo cabe seguir peleando por su extinción, y la verdadera liberación sexual de mujeres y trans: poder elegir qué sexualidad tener, con quién o quiénes y en qué momento. Ponerle un precio a la sexualidad de las personas disfrazándolo de “autonomía”, no es más que maquillar la esclavitud como elección.

Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual!

Cárcel a proxenetas y cómplices!

Trabajo genuino para mujeres y trans!

Marina Hidalgo Robles

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