por Alex Colman

“El escenario 2018-2019 va a estar directamente asociado a la posibilidad de aprovechar el guiño del FMI para balancear el ajuste de la cuenta corriente, que permita volver a los mercados de crédito y en simultáneo manejar la gobernabilidad. A diferencia de 2017, cuando al mercado sólo le importaba la gobernabilidad, hoy requiere ambas agendas, la de la gobernabilidad y la sustentabilidad. El problema es que ambas agendas son contradictorias y, sin acuerdos políticos, pueden llevar a equilibrios no óptimos”.

Marina Dal Poggetto, Clarín, 3 de junio de 2018.

La crisis cambiaria gatilló el brusco final del gradualismo, marcando un giro en la coyuntura política, un punto de inflexión en la historia del gobierno de Cambiemos. Desde algunos diarios burgueses, se ha salido a plantear la necesidad de concretar un “plan de austeridad sustentable”, y convencer a los mercados de que se tiene “una política económica seria”: ¹ lo que sin dudas significa capacidad de pago a los grandes capitales financieros y al mercado internacional, a costa de un ajuste pronunciado sobre las condiciones de vida de los trabajadores.

Entre las primeras grandes medidas directas de este ajuste está el congelamiento, por dos años, de los ingresos a la administración nacional. El gobierno busca la mentada “sustentabilidad” en un contexto de debilidad política y caída de su imagen pública. El cierre del ingreso a la administración central es la primera medida de cara a una reducción drástica de la esfera estatal en su conjunto, dado que también se buscará trasladar estas políticas al ámbito provincial y municipal.

Un plan de “austeridad sustentable”

Un “plan de austeridad sustentable” es un eufemismo perfecto para lo que se viene en materia de retórica política. La ambigüedad del término sustentabilidad (sustainability) proviene, en su origen (década de los noventa), de la conjunción de dos sentidos:² sostenibilidad ecológica, y perdurabilidad del proceso económico, los cuales se verían realizados a través de la “buena administración”. Apropiada progresivamente por las organizaciones empresariales, la retórica de la sustentabilidad pretende “presentar una salida para la crisis del actual modelo civilizatorio”³ a la vez que permanece lo suficientemente vaga, conceptualmente, como para orientar e integrar políticas y prácticas extremadamente diversas.⁴

Por su parte, la retórica de la austeridad se encuentra vinculada al recorte de determinados tipos de gasto público (no de todos, como demuestra el caso de la esfera financiera), tales como el financiamiento en salud y educación, así como a la reducción de la planta estatal. Como han comentado diversos analistas, la austeridad “no es capaz de reducir finalmente el montante de deuda de los estados, que es lo que aparentemente persigue”.⁵ Su argumento es básicamente la transpolación de una doctrina sacrificial: el “exceso” y el “derroche” (el populismo, el Estado de Bienestar, etcétera) deben ser equilibrados con ajuste y renuncia (a la satisfacción de las necesidades y a los derechos laborales). La culpabilización, como relato moral, parece algo estructural a las políticas deflacionarias de la economía neoliberal desde los años ochenta, bajo el leitmotiv de que alguien (es decir, la población) debe hacerse cargo de la crisis.

Si la retórica de la sustentabilidad apunta a dotar de falsas perspectivas a una población en un contexto marcado por el ajuste y las bajas expectativas de mejora, el discurso de la austeridad forma parte de las iniciativas gubernamentales y mediáticas que intentan influir en las relaciones de fuerza heredadas del argentinazo –y puestas a prueba, materialmente, el 14 y el 18 de diciembre pasado–, mediante la introyección de las responsabilidades de la crisis en la población.

El congelamiento del ingreso a la administración nacional

Para garantizar el préstamo del FMI, el gobierno debió presentar un estimativo de la reducción del déficit fiscal para 2019 y fines de 2020. En este marco, se ha intentado proyectar la figura de Dujovne como “médico general” que ajustará los gastos en diversas áreas, midiendo los efectos políticos de cada posible medida. El problema es que “nadie quiere ceder”, como se vio a fines de mayo con la presión de la Sociedad Rural contra el posible congelamiento de la baja de las retenciones a la soja.

Al presentar su plan de nueve puntos para “ahorrar” $20.000 millones de pesos (lo que hoy día es equivalente a 800 millones de dólares), Dujovne anunció con bombos y platillos una serie de medidas de “racionalización” de los gastos de la administración central. La mayor parte es de impacto simbólico; el quid es el congelamiento del ingreso a la administración nacional (centralizada y descentralizada), lo que exceptúa –por ahora– a Conicet (donde el cierre progresivo ya se viene realizando desde 2016), fuerzas represivas y servicio exterior. Según La Nación, estas medidas se orientarían “a demostrar la voluntad de la Casa Rosada de dar el ejemplo en un momento en el que reclama medidas de austeridad a distintos sectores”.⁶

Según declaraciones de Dujovne a mediados de mayo, congelando el ingreso al Estado se apuntaría a reducir el empleo público en un 3,5 % por año,⁷ aunque el acuerdo con el FMI recientemente alcanzado, con una duración de 36 meses y por un monto total de U$S 50.000 millones, prevé una reducción aún más drástica del déficit fiscal, lo que impactará en más reducción del empleo estatal, y también en materia salarial.

Entre las medidas anunciadas, se encuentra la eliminación de los convenios por asistencia técnica con universidades a partir de 2019. Desde el gobierno dijeron que estos trabajadores podrán pasar a planta transitoria, si así lo decide cada ministerio.⁸ Sin embargo, no se aclaró bajo qué modalidad. A muchos contratados se les ha propuesto el pase a planta pero con una reducción salarial importante (de hasta el 25%), y/o sin tener en cuenta títulos universitarios, lo que implica una disminución abrupta respecto de sus actuales derechos contractuales. Esta situación conduce a que muchos de estos trabajadores calificados, sobre todo los más jóvenes, comiencen a orientar su búsqueda al ámbito privado o internacional.

El otro gran polo del recorte tiene que ver con el salario de los estatales. La semana pasada, UPCN firmó un acuerdo paritario por el 15% de aumento (ATE firmó “en disconformidad”, pero no convocó ni a un paro). No sólo se trata de la firma de paritarias a la baja, lo que traiciona radicalmente a los trabajadores en un ámbito donde el salario inicial ya es extremadamente bajo ($13.000 en algunos sectores), sino que tampoco está garantizado que este aumento repercuta en todos los escalafones (sobre todo aquellos que están más precarizados: contratados, becarios, pasantes, etcétera). Por ejemplo, en un informe que ha sido difundido recientemente sobre una reunión entre las autoridades del Ministerio de Ciencia y Técnica y la burocracia sindical del sector científico, se plantea que por “decisión externa” todavía no se ha discutido el pago de la cláusula gatillo de las paritarias de 2017 y de los aumentos estatales de 2018 a los becarios doctorales.

Por si esto fuera poco, se ha suspendido el pago de todo tipo de bonificación o premio en la administración nacional “hasta que termine la revisión” sobre su pertinencia e impacto presupuestario.⁹ Esto incluye el pago de horas extras, comidas y viáticos, así como de “horas académicas”, y puede alcanzar el pago de bonos extraordinarios. Estas diversas situaciones implican la huida –hacia el sector privado o internacional– de muchos trabajadores, que no pueden vivir con estos sueldos de miseria.

Para frenar el ajuste, se debe combatir el desguace del sector público

El cierre del ingreso al Estado y los recortes en materia salarial se suman a los miles de despidos en el sector público que el gobierno de Macri viene imponiendo desde su llegada en diciembre de 2015, y que se reflejan en los 900 despidos del Hospital Posadas, en el conflicto del INTI y tantos otros. Sin embargo, el gobierno no ha podido terminar de negociar el ajuste en el Estado provincial y municipal. Se ha proyectado al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, como negociador político de cara a un “acuerdo nacional para el desarrollo” con las distintas provincias. “No en vano (…) ya se reunió en forma bilateral en la última semana con Gustavo Valdés (Corrientes), Juan Manzur (Tucumán), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Domingo Peppo (Chaco) y Mariano Arcioni (Chubut). Anteayer, también estuvo con Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza)”.¹⁰ Esto significa que se quiere trasladar al ámbito provincial y municipal las medidas de reducción del déficit que se vienen aplicando en la administración nacional. Pero ante la evidente debilidad del gobierno, la mayoría de los gobernadores se han comportado, hasta ahora, de forma “precavida”.

Desde el FMI han subrayado la necesidad de construir “consenso político” para poder concretar el ajuste que se viene.¹¹ Lo que ocurre es que el acuerdo, que señala las metas de ajuste fiscal y de inflación de acá a dos años, marca las pautas para el Presupuesto 2019, que comienza a discutirse en septiembre en el Congreso. Desde este punto de vista, será necesario que la oposición patronal garantice la gobernabilidad, tal como vienen haciendo la CGT y el resto de la burocracia.

En este contexto, resulta imprescindible presionar a las direcciones de los gremios estatales para que se rechace el cierre al ingreso al Estado, y combatir el desguace de todo el sector público. También, para rediscutir las paritarias de miseria que firmó UPCN. Hay que exigirles que convoquen a una gran jornada nacional de lucha contra los ataques de este gobierno y los lineamientos del recientemente firmado acuerdo con el FMI. Hay que presionar para que no puedan garantizar la gobernabilidad a costa de las condiciones de vida de los laburantes.

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