Por John Castellanos
Desde Bogotá para Socialismo o Barbarie, 24/05/2018+

A continuación presentamos un análisis de la situación política en Colombia escrito días antes de la primera vuelta electoral presidencial. Como complemento a esta nota recomendamos leer “Colombia después de la primera vuelta” del mismo autor.

El Proceso de Paz

El llamado “Proceso de Paz” en Colombia es la negociación entre la guerrilla de las FARC (hoy reconvertida en partido político con el nombre de Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común) y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Este “Proceso de Paz” ha venido de tumbo en tumbo… y en cada episodio la más perjudicada es la guerrilla. Y también, cada episodio sucesivo, es caracterizado como el más crítico para la consolidación del proceso.

Hay que reconocer que en ese Proceso de Paz, las FARC están jugadas a fondo. Así lo demostró la “dejación de armas” y el cumplimiento de parte suya de gran parte de lo acordado. El gobierno de Santos, próximo a dejar su cargo, ya saco grandes réditos políticos con el manejo de este tema (como por ejemplo el Premio Nobel de la Paz). Y también, por qué no decirlo, réditos históricos, como finalizar un conflicto armado y social de más de 50 años. Pero en cambio Santos ha mostrado incapacidad para hacerlo avanzar y culminar. Esto por asuntos inherentes tanto al propio gobierno como a la oposición, y en gran medida a los intereses que hay en juego.

El acuerdo de paz sufrió sorpresivamente un golpe importantísimo, días después de su rimbombante firma en Cartagena de Indias el 29 de septiembre de 2016.

El 2 de octubre de 2016, este acuerdo debía refrendarse mediante un plebiscito. Pero una mayoría –aunque con apenas un margen de 0,42% – votó al NO.

A partir de ese momento, el gobierno y quienes apoyaban el SÍ, gestionaron formas de ajustar el acuerdo, hacerle cambios.

Este nuevo escenario ha pasado por varias etapas. Entre ellas, un nuevo acuerdo guerrilla-gobierno, incorporándole observaciones que habían hecho los partidarios del NO y también el Fast-Track (tramite preferente y extraordinario en el legislativo).

Los principales aspectos que salen de esta renegociación, es que el Pacto de la Habana no entra como bloque en la constitucionalidad del país. Esta era un mecanismo que “blindaba” a las FARC ante posibles incumplimientos del Estado, haciendo que las cortes –principalmente la Corte Constitucional– mantendrían vigilia por medio de tutelas el desarrollo del proceso.

En esa nueva situación, gobierno y guerrilla mantienen vivo el proceso, pero mutilándole varios aspectos importantísimos. Nombremos que la Corte Constitucional determina que la JEP (Justicia Especial para la Paz) excluya a terceros civiles y/o agentes civiles del Estado comprometidos de manera directa e indirecta en crímenes de lesa humanidad.

El Congreso también colocó inhabilidades a los magistrados del sistema de la Justicia Especial para la Paz. Por ejemplo, sobre el asunto más importante, que podríamos decir fue causa primera del surgimiento de las FARC: la tierra… que incluye latifundios, despojos, desalojos, masacres, etc.

Este es un aspecto que –más allá de haberse firmado una “reforma rural integral” como primer punto de los acuerdos– su implementación en cálculos optimistas llevaría más de una década. Hasta el día de hoy, sus avances son desarticulados, a paso lento. Muestra la insuficiencia del aparato judicial, en la parte de logística, zonas veredales, dineros para la implementación, etc.

También en la claridad de la situación de algunos presos políticos, ha habido incumplimientos o lentitud de parte del gobierno.

Por el otro lado, marrulleramente, Uribe y su corte planteaban su propia “paz”. Lo hicieron en términos tales que en realidad mostraban lo contrario. La paz de Uribe es la cárcel y no la libertad de actividad política de los dirigentes de la guerrilla. Esta pretensión es simple y sencillamente una derrota total de la guerrilla por vía negociada.

Acorde con esta situación, la guerrilla ha venido enfrentando una realidad nada halagüeña, principalmente su impopularidad. Ella es reflejo, por un lado de la propaganda que a diario disparan los medios y los agitadores del uribismo. Pero también y más importante, por la mala imagen que se construyeron en las últimas décadas los farianos. Esto se mostró no sólo el plebiscito perdido, sino también en las elecciones al Congreso, donde su lista obtuvo poco más de 85.000 votos. Ese fue una de las razones por la cual el dirigente fariano Timochenko abandonó su candidatura presidencial. Y también revela que el paso de las FARC a la legalidad cuenta con muchos vientos en contra.

En estos últimos días, el Proceso de Paz recibió otro gran golpe. Por orden de la justicia estadunidense, fue capturado Jesús Santrich, ex comandante de las FARC-EP y actual miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido creado tras el proceso de paz. Santrich es también uno de los diputados interpuestos por el acuerdo de paz en el Congreso de la República de 2018 a 2022.

La justica de Estados Unidos pide su extradición por presunto delito de tráfico de estupefacientes. La DEA (Drug Enforcement Administration) inculpa al dirigente de las FARC de conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a EEUU, que habría sido garantizado mediante un envió previo de 5 kilos de esa droga como muestra del compromiso.

Este hecho no sólo sacudió al Proceso de Paz, sino que también, en un primer momento, dejó entrever diferencias en la cúpula de la organización. Por un lado, Iván Márquez apoyó incondicionalmente a Santrich y su supuesta inocencia. Del otro lado, Timochenko llamó ante todo a seguir con el Proceso de Paz. Luego se retracta… pero no queda claro que ocurriría si el gobierno de Colombia extradita al guerrillero.

De este hecho, el ataque de la DEA, se desprenden varias cosas:

La primera es que el cambio de gobierno del norte con Trump como presidente, así como desbarató acuerdos más estratégicos de su antecesor a nivel mundial –como por ejemplo el PTT (Trans-Pacific Partnership) o el P5+1 con Irán– también podría estar haciéndolo con el Proceso de Paz de Colombia, que además, en su momento, Obama también apoyó.

Segundo, que la lucha por derechos democráticos en Colombia, es también parte del programa de lucha de los trabajadores y sectores progresistas. El asunto de la extradición así lo demuestra, ya que es una afrenta a la soberanía nacional de Colombia y una intromisión del imperialismo yanqui.

Tercero, que sólo el candidato liberal Humberto de la Calle, se ha pronunciado frente a la extradición de Santrich, llamando a que todo el proceso de acusación se lleve a cabo en Colombia, mientras que los otros candidatos obedecerían el dictamen gringo de extradición, incluido el “izquierdista” Petro.

Cuarto, que hay una situación de semejanzas en el acontecer de otras figuras “progresistas” en América Latina. Presuntos delitos estipulados en las legislaciones nacionales y/o criterios legales internacionales, golpean selectivamente a figuras populares, caso Lula y Dilma en Brasil, Maduro en Venezuela, y ahora Santrich en Colombia.

Por esos motivos, queda planteado, un análisis pormenorizado de cada caso y resolverlo como necesidad política para una acertada orientación de los militantes. La particularidad en el caso de Santrich, es que éste, aunque no es un dirigente obrero, y que su vida política la desarrollo con un método ajeno a la clase obrera, combatió al régimen y al imperialismo. Por esto no es increíble la teoría de un montaje para extraditarlo.

Como en el caso de Lula, esto no es una defensa a ultranza de los acusados, y tanto Lula como Santrich no son hermanitas de la caridad. Pero sus condenas viciadas pueden ser un mal presagio; en todo caso correspondería a los pueblos juzgar sus comportamientos y no a la justicia y el Estado patronal, razón por la cual en este tipo de casos estamos por la libertad de estos detenidos sin otorgarles, claro está, ni un gramo de apoyo político.

Elecciones parlamentarias y presidenciales

Por estos días el acontecer colombiano está pasando por el juego electoral. El pasado 11 de marzo ya se realizaron los primeros comicios del año, las elecciones del Congreso.

Estas mostraron que el sector de la derecha cuenta con el mejor pronóstico para quedarse con el gobierno por los cuatro próximos años, ganando las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el 27 de mayo.

Esto no lo lograría en primera vuelta, pero sí en una segunda (que se votaría el 17 de junio). El candidato del uribismo, Iván Duque (de la lista Centro Democrático) enfrentaría finalmente a Gustavo Petro, antiguo guerrillero del M19, quien ha sido congresista y alcalde de Bogotá y es segundo en las encuestas. Petro encabeza la lista Colombia Humana.

Como ha sido en los últimos años, los trabajadores no cuentan con candidaturas propias. Lo menos desconocido para ellos es Petro que, sin embargo, no es una candidatura anticapitalista ni de los trabajadores.

Las diferencias políticas de estos dos candidatos son de importancia, pero no en lo fundamental. Los dos defienden el “Estado de derecho” y por tanto los “principios constitucionales”… de la burguesía colombiana. “Honra, vida y bienes” para “todos” los colombianos, el papel del Congreso como organismo del debate que solucionaría los problemas de el país, el papel de las fuerzas armadas como columna vertebral del orden nacional y, en especial, el servilismo a los norteamericanos.

Pero esto no significa que no representen diferentes sectores sociales del país y que no tengan diferencias en su plan de gobierno.

Duque coloca el énfasis en la “seguridad y justicia”, fortalecimiento y “modernización” de las fuerzas armadas, mantener las directrices de los gringos en lo económico y la “lucha” contra las drogas, (erradicación de cultivos, lavado de activos, glifosato, etc.).

Petro levanta un programa extenso y tejido con filigrana de “tercera vía”. No es por tanto serio, nada realista, y menos en estos tiempos. Su postura es un acuerdo en la construcción de un Estado donde todas y todos participemos y así mismo nos beneficiemos, tanto patrones como trabajadores, tanto el soldado como el general. Tanto el terrateniente explotador, como el campesino productor. Tanto las iglesias salva almas, como sus fieles pecadores, etc.

Gustavo Francisco Petro Urrego

El candidato del movimiento “Colombia Humana – Hacia una Era de Paz”, ha sido miembro del M-19[¹], representante a la cámara, agregado diplomático de Samper, senador, alcalde de Bogotá y candidato a la presidencia en varias ocasiones.

Gustavo Petro, personifica la esperanza para muchos sectores del país, desde intelectuales hasta industriales, trabajadores, campesinos y pueblo en general… Las encuestas lo muestran sólido en el segundo lugar de preferencias y firme candidato a disputar la presidencia con Iván Duque, candidato de la burguesía uribista. En esta campaña de 2018 se ha convertido en un fenómeno, llenando plazas publicas y mostrando sus dotes de gran orador, y lo mas importante, crea empatía con los más pobres y afectados por las políticas de la burguesía en las ultimas décadas.

Petro promete, una “Colombia más humana” y enarbola un país en el camino de la paz. Su propuesta da para “todos”. La producción estará a cargo un 80% para el sector privado y un 20% para el sector publico. La educación será gratuita desde los primeros años, hasta la universidad. Implantará la jornada única (8 horas) en la educación pública primaria y secundaria. Mejorará la remuneración a los maestros e implantara un estatuto único del gremio. La economía tendrá como eje al sector productivo y no el petrolífero y minero; privilegiando lo cultivable y no lo extractivo. A las tierras improductivas se le aumentará el impuesto para que sus poseedores las vendan (el Estado las puede adquirir, para darlas a los campesinos sin tierras); La fuerzas armadas y la policía, en la nueva situación de paz, deben “profesionalizarse”, con estudios superiores para los soldados y policías. También sostiene los derechos de las minorías LGTB, negros, indígenas, mujeres.

Este programa es mucho más extenso. Pero, como el resto de candidatos, no toca ni por equivocación los problemas neurálgicos de los trabajadores y las mayorías, en lo que tienen que ver con:

1. Lo laboral, derecho al trabajo y salario acorde con la canasta familiar; fin a los contratos por labor y a los tercerizados; el respeto y derecho a crear sindicatos y el derecho a huelga sin restricciones como los supuestos “servicios básicos esenciales”, que cada día amplia más su rango de afectados (Caso Avianca, casi un monopolio del sector), y que la Corte Suprema de Justicia, declaro ilegal la huelga de trabajadores, al señalarla con esta figura legal y donde se viola claramente lo acordado en la OIT, donde Colombia es miembro y firmante de sus acuerdos.

2. Tampoco ninguno de los candidatos presidenciales, osa enfrentar a los monopolios bancarios, que son los grupos nacionales más poderosos. Los señores de Bancolombia y el grupo Aval tienen un negocio redondo, por donde se los mire. En Colombia los bancos, (me dirán que en todas partes es lo mismo, pero aquí hace rato se pasaron de la raya) no pagan intereses a sus ahorradores, sacan beneficio de cualquier transacción realizada por el usuario, cobran manejo de cuenta, las deudas con ellos son onerosas, su papel en el crédito de vivienda toca al sector popular, quienes pagan dos o más veces el valor del inmueble, las nominas de casi todos los trabajadores con algún grado de formalidad en Colombia son atesoradas arbitrariamente por estos bandidos con el único consentimiento de sus patrones… y, si se descuidan, en poco tiempo en lugar de sacar intereses desaparecen sus pocos montos por las maniobras que en letra pequeña les hacen firmar.

Las cifras de sus beneficios son escandalosas, cuando en esencia no producen nada. Sólo especulan, ellos son los intocables… e innombrables por todos los políticos del sistema… desde Iván Duque hasta Gustavo Petro.

En cualquier caso, el limitado programa de Petro (que ni siquiera es consecuentemente anti-neoliberal), es muy difícil de llevar a cabo. Por un lado, sin un respaldo a fondo de las mayorías movilizadas (Petro las moviliza pero sólo en las elecciones o cuando su puesto político es amenazado), y, por el otro, sin que se tome del presupuesto nacional el dinero que se garantizaría para el plan.

Es que hacer eso iría en perjuicio de los intereses de la burguesía, que en su conjunto y de varias formas, mama de la teta del Estado. También afectaría a otros sectores estratégicos, como el militar, que son más prioritarios para el establishment. Por tanto la mayor parte del programa de Petro parece ser más un cañazo, que un plan para desarrollar. Su único fin es llegar a la cabeza del gobierno y gestionar para el sector de la burguesía emparentada con su programa, y dar pequeñas soluciones a los grandes problemas que aquejan a la mayoría de los trabajadores y pobres del país, como ya lo hizo en Bogotá siendo alcalde.

Petro es un embaucador, un político burgués más. Así lo ha demostrado en el congreso, donde disciplinadamente hacía la tarea, mostrando que un alumno de la “izquierda” utiliza el establo de la burguesía, no para denunciarla, sino para supuestamente “beneficiar a las mayorías”…

En la alcaldía de Bogotá, no fue distinto. Lo de mayor importancia que realizó, fue la creación de una empresa no privada de las basuras (de entre cuatro), con 3.700 trabajadores recolectores, que al cambio de alcalde fueron despedidos y liquidados. Es que el contrato les había hecho Petro, era por labor: ¡terminada la labor, terminado el contrato!.

Su propósito no es de buena fe. Él es un hombre que conoce a la burguesía y los poderosos. Y no sólo desde la orilla de los desvalidos, como cuando fue guerrillero, pues a su (inconsecuente) manera la enfrentó. También los conoce desde la otra orilla en la que se encuentra hoy… Aunque sea visto por parte de la burguesía como un advenedizo de pasado oscuro y no del todo confiable, “sus nuevos amigos”, esperan que sus acciones políticas no los perjudiquen, pues ha dado muestras de avanzada domesticación.

Por último es un personaje con un partido de nombre más que de militantes activos, rodeado de académicos y políticos de oficio, donde su ego, que por cierto es muy elevado, asciende de manera exponencial y donde sus futuros sufragantes, no podrán exigirle cuentas.

Venezuela y el castro-chavismo

La crisis de Venezuela ha entrado a ser un factor de mucha importancia en el acontecer de la política colombiana, no sólo en el aspecto ideológico, también en lo social. Hablemos de lo segundo.

La cantidad de inmigración de venezolanos a Colombia en 2017, sumando a quienes lo hicieron legal o ilegalmente, es 923.000 aproximadamente. De estos, quienes sellaron su pasaporte, tienen derecho a quedarse por 90 días para luego hacer una prorroga por otros 180 días más. Luego pueden gestionar ante la cancillería un permiso de ingreso y permanencia (PEP). Unos 69 mil regularizaron su permanencia, otros sólo están de paso en su destino hacia otros países.

Los venezolanos que han llegado, reflejan todos los estratos económicos. Algunos con capital han montado sus propios negocios. Pero la gran mayoría han viajado con lo indispensable para sostenerse unos pocos días, donde familiares o amigos que se les han adelantado en la travesía. Estos vienen a conseguir trabajo para comer, subsistir, enviar remesas a sus familias y en busca de un mejor futuro.

Un fenómeno que se viene presentando, es que viendo su necesidad, los empleadores –ya sea empresas grandes o pequeñas– aprovechan esta situación para hacerse con mano de obra mas barata que la nativa. Así abaratan los costos de producción y mejoran el margen de ganancia de sus negocios.

Ante esta situación, que perjudica tanto a venezolanos como colombianos, los organismos de los trabajadores no han tenido una política de solidaridad con los hermanos venezolanos.

Las centrales obreras, se desentienden de la situación caótica del conjunto de la clase. No han diseñado un plan que llame a formalizar a estos hermanos trabajadores y que defienda los derechos básicos que aparecen en la Constitución, como salario mínimo y seguridad social. Estos burócratas, consecuentes con no hacer nada para la clase obrera nativa, mucho menos lo hacen con la emigrante.

El gobierno ha manejado el fenómeno con una política en la superestructura. ¡Qué mejor enfrentamiento al gobierno de Maduro, que mostrarse amigable con los recién llegados… pero sin una política gubernamental de responsabilidad social de conjunto para estos emigrados!

La tragedia venezolana hay que medirla en tanto que en Colombia la situación para las mayorías, es la de conseguir el sustento diario con el rebusque. ¡Y para que un extranjero, viendo esta situación, decida quedarse, es de dimensiones inmensas su necesidad!

El otro aspecto con Venezuela es el político. El “castro-chavismo”, como se les tilda de manera peyorativa a los gobiernos de “izquierda” (reformistas sin reformas), es utilizado por la burguesía y sus agoreros, para señalar a todo lo que disienta de las políticas “realistas”, tales como privatizar, promover la inversión extranjera, cumplir con la deuda publica… y el enriquecimiento exorbitante de unos pocos. En otros términos, el único rumbo a seguir es el del capitalismo sin control.

Venezuela es el ejemplo del chantaje que la clase poseedora coloca contra los que quieren luchar para acabar las injusticias. Todo el que hable y plantee el socialismo o el comunismo es un “castro-chavista” y quiere llevar a Colombia a la situación crítica del país vecino.

Todo este veneno esconde la verdad de las cosas, pues es sabido por quienes de manera honesta y concienzuda han tratado de explicar el fenómeno venezolano, que lo que allí se ha empotrado no es socialismo ni mucho menos comunismo. Todo el proceso político del chavismo, en un primer momento y de Maduro después, no ha servido más que para enriquecer y favorecer a un nuevo sector burgués, conocido como la “boliburguesía”.

Su política no fue capaz de desarrollar otros frentes productivos, independientes de la renta petrolera. Y en esa misma medida es inconsistente, pues cuando los precios del oro negro bajan, todo se va para el piso.

Chávez y en especial Maduro han hecho un pobre favor a la causa del socialismo, ya que, mientras mentan esta palabra, sus amigos y familiares se embolsillan millones de dólares con el manejo del gobierno.

El castro-chavismo es en el fondo una propuesta de un sector diferente a la burguesía tradicional, que viendo los procesos de lucha de la población contra sus gobiernos y sus políticas, cabalgan o acaudillan estos procesos, pero con una vestimenta de “progresivos” o de “izquierdistas”, para diferenciarse al mismo tiempo de quienes combaten y de las otras opciones del establishment.

Sus dirigentes son caudillos, sus partidos y organizaciones son débiles, compuestos de seguidores que simplemente obedecen. Y sus programas populistas no tienen como actor estratégico al proletariado y su plan no es barrer con el Estado de la burguesía, sino en lo posible adaptarlo a sus conveniencias de clase emergente. Por eso, midiendo sus fuerzas y conveniencias, no tienen ningún problema de posar y actuar como “antiimperialistas” y “defensores de la nación”… pero en el fondo mantienen relaciones que les son imposibles de cortar, como su papel en la economía mundial. Por eso el imperialismo es echado y despreciado de boca… pero en el comercio exterior los negocios son con él.

Toda esta propaganda, repetimos, es mostrada como una “amenaza a las negociaciones de paz”. Se estigmatiza cualquier medida colectiva o de beneficio general. Los programas de gobierno de Petro y su Colombia humana, los Verdes, el Polo Alternativo e incluso de algunos personajes del establishment, serían el camino al desastre que siguió el pueblo venezolano.

El principal gestor de esto es la derecha de Uribe que auspicia la candidatura presidencial de Iván Duque. Este discurso, que aprovecha la catástrofe del chavismo y Maduro, ha calado muy hondo en grandes sectores sociales, la clase media e incluso en sectores más bajos económicamente, que temen que un gobierno diferente al autoritario y defensor de las buenas costumbres, les expropie sus pocos enseres, difumine la familia y acabe con la decencia y esas “buenas costumbres”.

La religión

Es sabido que religión y política, a través de los tiempos, han estado estrechamente relacionadas. En Colombia, como en el resto de América Latina, la religión mayoritaria ha sido la católica. Esta, en el siglo pasado, hacia política de manera solapada, o en acciones de respaldo a los partidos más conservadores.

A partir de la constitución 1991, quedó plasmada en la misma la libertad de cultos. Desde ese momento, las iglesias pentecostales hoy más conocidas como “cristianas”, han ganado influencia en el acontecer nacional. Su participación política es directa, con sus propios candidatos, o apoyando a los del establishment.

Estos “cristianos” han tomado fuerza en el país no sólo en sus templos, también en emisoras, programas de tv, etc. Todo esto con el consabido veneno ideológico a favor de la familia patriarcal, las “buenas costumbres” y sus iglesias como guía y garantía de una sociedad con “valores morales”.

Su inserción en la política se consolida, han ganado puestos en el Congreso y han pasado a ser factor de influencia electoral. Estos grupos, aunque también con sus divisiones, son en su inmensa mayoría, adeptos de las corrientes de derecha.

En la coyuntura actual, unos apoyan el Centro Democrático de Uribe, que lleva como candidato presidencial a Iván Duque. Otros apoyaron a Germán Vargas Lleras, que hasta el año pasado fue vicepresidente, acompañando la actual presidencia de Juan Manuel Santos.

El crecimiento de este fenómeno, ligado a la ignorancia y el desespero de grandes aglomerados humanos, está muy relacionado con la perdida de fieles del catolicismo.

Los “pentecostales” son un sector que amenaza los avances sociales en Colombia, tales como los derechos de las minorías, de la mujer, la dosis mínima (sustancias psicoactivas), el Estado laico y otros. Asimismo, no contentos con el diezmo que roban a sus fieles, algunos ya comienzan a hacer lobby para que dineros del erario público sean administrados por sus pastores para ejecutar programas gubernamentales. En el mismo sentido, respaldan un posible “Ministerio de la Familia”.

La clase media

La clase media en Colombia también tiene sus particularidades. Según el Departamento de Planeación nacional, considera en este nivel, en términos monetarios a quienes percibían el año 2017 entre 590.398 y 2.951.990 pesos al mes (U$280 y U$1.036 aproximadamente).

Una segunda referencia la tiene el Banco Mundial. Para él, la “clase media” tiene que vivir en zonas urbanas, viajar frecuentemente en avión, planear sus vacaciones, tener un empleo formal, escolaridad de la cabeza de hogar superior al promedio, no más de tres hijos por núcleo de familia, que además van a colegios privados… y, finalmente, que es atractivo para el mercado financiero.

En estos términos, el país (gobernantes y gobernados) hacen un esfuerzo por encasillarse o encasillar al mayor numero de familias dentro del grupo de “clase media”. Es un asunto de forzar lo que no se es. Es conocida en Colombia la frase, que “los hijos, son 2 estratos más altos que sus padres”.

El salario mínimo para llegar a fin de mes con lo básico para una familia de “clase media”, debería ser de $1.500.000 al mes, para solventar comida, vestido, transporte y educación básica pública. Aun, así, las vacaciones, diversiones y universidad serian poco probables con ese presupuesto. La clase media en Colombia no es sólida, no tiene un perfil determinado. Es volátil y puede fácilmente descender a la pobreza y muy difícilmente subir un escalón social… si lo intenta por medios legales.

En esto, los colombianos no tenemos identidad de clase; ser obrero no da estatus.[²] Son muy pocos los sectores de trabajadores que aun se pueden tildar de “clase media”, por sus ingresos y estabilidad. Entre ellos quedan el magisterio, bancarios y algunos empleados de servicios. De estos, una parte está sindicalizada… pero han venido descendiendo en la escala social y perdiendo derechos, por la dinámica del capitalismo mundial en la actualidad.

El imperialismo y Colombia

El imperialismo con respecto a Colombia y la zona continental, también ha sufrido cambios. De Bush en su guerra en Irak y su relativo abandono de la zona, se pasó a un Obama negociador y constructor de nuevas relaciones con cierto nivel de cooperación.

Hoy en día, Trump no coincide con esa política, mostrando toda su agresividad. Así como en el mundo ha replanteado tratados comerciales, en la zona lo viene implementando con México y Canadá. En lo concerniente a Latinoamérica, quiere sintonizar al mayor número de países mediante una ofensiva hacia el gobierno venezolano. Cuenta a su favor que los supuestos gobiernos “progresivos” de la zona, han venido siendo barridos del mapa y se fortalece la derecha.

Este último hecho sirvió para ajustar las prioridades de Trump, que no asistió a la Cumbre de las Américas 2018, y colocó sus miras en otras zonas del planeta más estratégicas.

El caso de Venezuela es el cabo suelto al que Trump ha dado mayor relevancia, y cuenta con la nueva situación y sus gobiernos para que obedezcan sus dictados a este respecto sobre una “Venezuela democrática”.

En Colombia, su política referente a Venezuela toma importancia por cuanto quiere utilizar al gobierno nacional y sus instituciones como arma, para restablecer un gobierno cien por ciento confiable a sus intereses. La frontera compartida y la diáspora venezolana en Colombia son hechos que puede utilizar a su favor.

La “guerra contra las drogas” es otro de los temas neurálgicos. El aumento en la producción de coca y las ciudades de EEUU como las principales destinatarias de la misma, no va abiertamente con los intereses de los capitalistas gringos. El Proceso de Paz con las FARC, respaldado resueltamente por el gobierno de Obama, muestra su primer contrapié en la era Trump. La exigencia de extradición de Jesús Santrich por una corte norteamericana, del que hablamos al inicio, más que un asunto legal, es una intervención en el acontecer nacional, así esté en las leyes colombianas el tratado de extradición. Los norteamericanos saben que están así enviando un mensaje a todo el espectro de su dominación imperial. Ni una hoja se mueve en este país sin su aprobación.

La organización de los trabajadores

La tarea de construcción de organizaciones de los trabajadores en Colombia ha venido transitando por un camino contradictorio.

Por un lado, la ofensiva del capital en las últimas tres décadas ha sido espantosa. Fue la masacre laboral en todos los rublos: sindical, individual, en derechos, en estabilidad, en beneficios… Ha desmoralizado y confundido el panorama.

Pero, por otro lado, la vía se despeja en tanto los trabajadores ante la realidad tan cruda y violenta, le queda como único camino, el de la lucha. Esta cuenta hoy con menos “mediadores” que llamen a representarlo, más allá de su propio ser y sus pares en la lucha: el compañero de trabajo, el vecino, el estudiante y el ama de casa.

Las esperanzas que algunos guardaban de que la guerrilla era su salvadora, ha sido despejada por la realidad. Nuevas organizaciones sindicales hacen su arribo para enfrentar al patrón. Pero en su mayoría las leyes y el ministerio del Trabajo actúan a favor de los patronos, y las derrotan en sus primeras avanzadas. Los pocos sindicatos que aun se mantienen, ven como único fin el transitar sin pena ni gloria, defendiendo únicamente su pequeña parcela y olvidando la solidaridad con sus hermanos que comienzan a luchar.

Los otros sectores sociales también son golpeados en algún momento por esa turba de injusticias del capitalismo. Los estudiantes –hace pocos años en la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil), hoy en el ENEES (Encuentro Nacional de Estudiantes por la Educación Superior)– mantienen la defensa de la educación superior. Los campesinos y pueblos ancestrales luchan por la tierra, vías de acceso y financiación para sus cultivos. El proletariado agrícola y urbano, por garantías mínimas de contratación y salarios justos. Las minorías, por su reconocimiento, respeto y derechos de igualdad. Los líderes sociales, por el derecho a la vida y las causas irresueltas de sus comunidades.

La lucha de clases

En la historia de Colombia, la lucha de clases no ha tenido un desarrollo permanente de enfrentamiento entre los de arriba y los de abajo. Ha sido más bien episódica. En este orden señalemos tres, todas en el siglo pasado:

La primera fue la coyuntura mundial de los años 30, donde el proceso de construcción del Estado soviético prendió las alarmas de la burguesía a nivel mundial, y ésta a manera de prevención, negoció prebendas a las luchas del movimiento obrero. En Colombia, esta realidad tuvo que asumirla el gobierno de López Pumarejo (presidente de 1934 a 1938 y 1942 a 1945), donde los trabajadores ganaron derechos históricos.

La segunda se dio con el paro cívico de septiembre de 1977, en el cual el movimiento obrero, sus organismos y la población en general, hace su primera experiencia de lucha nacional contra un gobierno de la burguesía, con cierto grado de organización, y de avance en la conciencia colectiva. En él, las fuerzas de izquierda de la época jugaron un papel de importancia. Paradójicamente, esta acción la tuvo que enfrentar en la presidencia Alfonso López, hijo de López Pumarejo.

Por último, la tercera, fue en épocas de la Unión Patriótica (UP), en la década de los ’80. La UP, un híbrido entre la guerrilla y el Partido Comunista, mostró un proceso de ascenso en la lucha social que contó con el respaldo organizativo y electoral de un sector de la izquierda, con destacables elementos de programa de avanzada (aunque no socialista), con cuadros dirigentes nacidos muchos de las entrañas de la clase obrera y también con sectores populares. Esta experiencia consiguió réditos políticos de importancia como una tercera fuerza ajena a los dos partidos tradicionales Liberal y Conservador. La UP ganaba espacios en el parlamento y alcaldías del país.

La única respuesta a esta avanzada por parte del establishment, fue la masacre que diezmó a esta fuerza política.

Lo anterior no significa que el movimiento obrero y sus partidos no hayan tenido luego existencia y continuidad en la realidad nacional, sino que su actividad no fue ya un factor de importancia.

Además, pesó otro factor anterior: que luego del triunfo de la Revolución Cubana, una parte importante de los cuadros del movimiento obrero tuvieron como eje de construcción el de los movimientos armados y no el de su clase y organismos.

Así, la historia de la lucha de clases en Colombia ha tenido más de lucha que de clases. O, dicho de otro modo, ha sido una lucha de clases distorsionada.

Todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI muestran unas contiendas en las alturas, entre grupos de poder, que por diversos medios de enfrentamiento, resuelven sus disputas, que van desde dirigentes reconocidos a los niveles más bajos. El Congreso y los estamentos legales no logran contener estas disputas.

Esta realidad hoy pasa por los medios de comunicación, las plataformas digitales, el comentario en la calle y las campañas políticas.

Un ejemplo más reciente, fue cuando el senador Iván Cepeda, (Polo Democrático) dejó de ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, por presunta compra de testigos contra el senador Álvaro Uribe por hechos de paramilitarismo. La Corte resolvió mantener la investigación contra el ex presidente Uribe, por ser más bien él quien, mediante coerción, forzó a los testigos a cambiar lo dicho en un primer momento, implicando así a Cepeda.

Pero allí no termina el asunto. Días después, la fiscalía realizó allanamientos a una cadena de supermercados que supuestamente eran administrados por testaferros de las FARC. Estos hechos desencadenaron saqueos de los supermercados de una manera sorprendente, en ciudades pequeñas e incluso Bogotá,

La coincidencia entre uno y otro hecho (fortuito o no), cayó como anillo al dedo para que el senador Uribe y sus seguidores lo usaran como cortina de humo a su implicación con los paramilitares.

Al mismo tiempo, si el uribismo tuvo que ver con los saqueos, deja así un aviso de su poder de defensa, no sólo en los marcos legales sino por las vías de hecho por su responsabilidad en oscuras relaciones con el bajo mundo. Si por el contrario fueron las FARC las impulsoras de los saqueos, mostrarían un poder de respuesta importante, dada su nueva situación en el tinglado político.

Lo cierto es que al día de hoy los supuestos testaferros de las FARC, aunque siguen vinculados al proceso, ya no están en la cárcel, por pruebas inconsistentes y posible falsos testigos.

Estos hechos muestran de manera fehaciente, que el país es caldo de cultivo de eventos imprevistos, enfrentamientos de aparatos en diferentes niveles. Y, en ese mismo sentido, podríamos nombrar los atentados , abucheos y persecuciones que han sufrido los candidatos presidenciales del 2018, de las campañas uribista, petrista y del mismo Timochenko.

Conclusiones:

En esa nueva situación, hay que entender que el acuerdo entre guerrilla y el gobierno, es un asunto político que nos concierne, nos afecta para bien o para mal y nos obliga a tomar posición en cada momento del mismo.

El caso Santrich dibuja de manera clara que debemos estar por la soberanía nacional y rechazar la extradición de nacionales a la justicia norteamericana. Sirve además para entender que una dejación de la lucha armada como estrategia de combate contra las injusticias, no significa dejar de luchar contra las injusticias, que no son ni serán resueltas con el simple embeleco de la paz por la paz misma.

Esto abre la posibilidad de que los problemas de la mayoría de los colombianos y de su clase trabajadora sean enfrentados por medio de la lucha, la organización y los postulados de clase. Que se propongan como opción de poder: en lo electoral, en las confrontaciones directas, en el avance de la conciencia de clase. Es importante ir construyendo una alternativa en todos los campos. Y esto sólo se consigue construyendo un partido para los trabajadores, socialista, revolucionario y por tanto internacionalista.

En el caso de Venezuela, es importante una campaña de solidaridad con los trabajadores venezolanos en tierras extranjeras producto de la crisis económica de su país de origen, exigir a los gobiernos anfitriones, plenos derechos laborales de los venezolanos y garantías de permanencia como lo estipulan los tratados internacionales. Solidaridad de clase a los trabajadores venezolanos desde nuestras propias organizaciones.

La evaluación de si el apoyo a Petro es estratégicamente una buena elección, debe ser resuelta individual, pero mas importante colectivamente, por los organismos de los trabajadores con la discusión en sus organismos naturales, sindicatos, partidos y otros, con detractores y seguidores del mismo, en el caso de (el, los, ¿?) responsable(s) de estas línea(s), ve(mos, o,) mas conveniente, para el presente y futuro de la clase trabajadora, el ir a votar en blanco o anular el voto, ya que Petro no es garantía de un gobierno progresivo, en tanto , su programa de gobierno es un cañazo, con el único fin de beneficiar al propio Petro y su circulo mas cercano, además de tener un fin estratégico que es el dar como viable el sistema capitalista, que es el contrario a un gobierno de trabajadores, por ultimo, por mas que nos blindemos con argumentos de advertencia a su candidatura y seguidamente llamemos a un voto critico por el candidato de la Colombia humana, este presupuesto no es suficiente para desarrollar una lucha por los incumplimientos de su programa de gobierno, que serán la dinámica de un supuesto gobierno suyo.

El principal plan para los siguientes cuatro años, no es solo señalar a Petro de gobernar para los ricos, sino el de construir, con los sectores inconformes y que luchan, un plan de organización, y enfrentamiento a las políticas del imperialismo y burguesía colombiana, que han trazado en las ultimas décadas una dinámica de hacer a los pocos ricos, cada vez mas ricos y a los muchos pobres cada vez mas pobres, dinámica que es el espejo de la situación a nivel mundial.

₁“Te decía, no hay una consciencia de clase porque no pensamos por qué somos pobres o qué hace que seamos pobres. Es culpa de nosotros y lo que tenemos que hacer es conseguir una ropa de marca para salir de la imagen de pobre al menos.”

………………………….

1.- Como movimiento guerrillero, el Movimiento 19 de Abril (M-19) se inició en protesta por el escandaloso fraude de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero –del reaccionario Partido Conservador– sobre el general “nacional-populista” Gustavo Rojas Pinilla. Sus fundadores fueron un grupo de estudiantes universitarios, entre los que se contaba Gustavo Petro, que tuvo el cargo de “Comandante Político y Vocero”. En 1990, el M-19 negoció la desmovilización y entrega de sus armas, convirtiéndose en el partido “Alianza Democrática M-19”.(Nota de Socialismo o Barbarie)

2.- “Te decía, no hay una consciencia de clase porque no pensamos por qué somos pobres o qué hace que seamos pobres. Es culpa de nosotros y lo que tenemos que hacer es conseguir una ropa de marca para salir de la imagen de pobre al menos.” (“No somos un país de sicarios, somos un país de chichipatos”, Entrevista al novelista colombiano Luis Miguel Rivas, revista Semana, 18/09/2017)

Dejanos tu comentario!