Víctor Artavia

21 de junio, 2018

Al momento de escribir este artículo se cumplen exactamente dos meses desde que iniciaron las protestas contra la reforma neoliberal al sistema de pensiones en Nicaragua que, ante la brutal represión del gobierno de Daniel Ortega, se transformó en una rebelión popular a nivel nacional que exige su salida inmediata del poder.

El país está prácticamente paralizado, pues hay más de 140 “tranques” (cortes de ruta en Nicaragua) y 700 barricadas en ciudades como Masaya, León, barrios de Managua y otras ciudades, las cuales se convirtieron en el principal medio de protesta contra el gobierno y en la mejor defensa contra los ataques de la Policía y las bandas paramilitares.

Una crisis política con perspectivas inciertas

Ante el estallido de la rebelión popular, Ortega desató una escalada represiva sin precedentes en Nicaragua desde la dictadura somocista y la guerra civil de los años ochenta. Los últimos datos brindados por los grupos de Derechos Humanos dan cuenta de la matanza librada por el régimen: 215 personas asesinadas (en promedio tres asesinatos diarios), 2 mil heridos y más de 3 mil detenidos. Los análisis de las heridas de bala confirman que fueron disparos hacia la cabeza o la parte superior del pecho, un patrón de tiro de los francotiradores con el objetivo de matar y no para neutralizar.

La represión brutal abrió una crisis de gobernabilidad que, al cabo de pocos días, hizo explotar el régimen político con que Ortega controló el país durante los últimos once años. Este funcionaba a partir del esquema del “diálogo-consenso” con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) mediante la creación de mesas de negociación de las políticas económicas y las reformas legales (refrendadas por un Congreso servil) en beneficio del gran capital, alianza estratégica que le permitió a Ortega ganarse el favor de la burguesía y controlar el país como si fuera su finca o fábrica particular.

Pero la combinación de las masas movilizadas y el repudio generalizado contra la represión, obligó a los empresarios a distanciarse de Ortega y, de forma oportunista, “sumarse” al bando opositor por la “democracia”, con el objetivo de reubicarse en el nuevo ajedrez político y no terminar arrastrados junto al gobierno. En este giro también pesó la extensión de la crisis política al terreno económico, pues se estima que la tasa de crecimiento del PIB para el 2018 será de un -2,0% (con relación al 2017) y se proyecta la pérdida de 150 mil empleos para finales de año[i], en un país donde el 80% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal y un 20% de la población vive en el exterior ante la falta de empleos[ii].

Esto configura una crisis política con perspectivas inciertas: las masas exigen la salida inmediata del gobierno de Ortega por medio de una rebelión popular con rasgos semi-insurrecionales (barricadas, pueblos auto-gobernados, etc.); los empresarios (con el auspicio de los Estados Unidos) apuestan por una transición ordenada con el adelanto de elecciones y evitar la ruptura del orden constitucional burgués; mientras que Ortega resiste con la represión brutal para sostenerse en el poder o acordar una salida en las mejores condiciones.

La Iglesia, la COSEP y la trampa del diálogo

El 16 de mayo inició el “Diálogo Nacional” orquestado por la Conferencia Episcopal y con el beneplácito de la COSEP, con el objetivo de lograr una salida “pacífica” a la crisis y evitar un desborde por la izquierda de la rebelión popular. Su objetivo es contener a toda costa las expresiones de lucha por abajo, generando expectativas en una instancia formal copada por los empresarios, los obispos y figuras notables del país (como académicos) para lograr reformas en el marco institucional del Estado burgués.

El gobierno de Ortega se vio forzado a sentarse en la mesa ante el ascenso del movimiento de masas que, antes que dejarse amedrentar por la represión, tendió a radicalizarse en sus métodos de lucha, incluso instaurando experiencias embrionarias de doble poder en algunas ciudades (particularmente en Masaya) donde la población controla la seguridad, alimentación y comunicaciones en los barrios[iii].

Es importante anotar que el diálogo es apoyado por el imperialismo estadounidense que, desde el inicio de la rebelión popular, se mueve con mucha cautela para evitar que el gobierno caiga directamente por la movilización de las masas y, además, porque Ortega es un socio (incómodo, pero socio al fin) de la agenda imperialista en Nicaragua.

Muestra de esto es que en la última reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la declaración sobre Nicaragua fue presentada conjuntamente por el gobierno de Estados Unidos y Nicaragua. Pero más significativo es que en las últimas semanas Ortega se reunió en varias ocasiones con Caleb McCarry, delegado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y especialista en temas de transición política, donde extraoficialmente acordaron adelantar las elecciones para inicios de 2019 procurando un cambio ordenado del poder desde arriba, a cambio de ofrecer inmunidad y seguridad a Ortega sobre sus propiedades.

Así las cosas, resulta evidente que el Diálogo Nacional es una trampa para cooptar la rebelión popular por medio de los mecanismos de la democracia burguesa, en la perspectiva de colocar en la presidencia a una figura afín a la COSEP y el imperialismo, manteniendo intactas todas las formas de explotación y opresión del capitalismo semicolonial en Nicaragua y dejando impunes los crímenes de Ortega. ¡Un caso típico de “cambiar algo para que no cambie nada”!

Síntomas de desborde al diálogo nacional

El 30 de mayo se conmemora el día de la madre en Nicaragua. Este año la fecha se convirtió en una jornada de lucha con la convocatoria de la “Madre de todas las marchas”, capitaneada por las madres de los jóvenes caídos en las protestas y que congregó a cientos de miles de personas por las calles de Managua. Al final de la movilización, un grupo de policías y francotiradores dispararon sobre la movilización, dejando como saldo 16 muertos y casi 90 heridos.

Esta masacre impactó fuertemente en la conciencia democrática de amplios sectores de la población, dando paso a una profundización de los métodos de lucha para sacar a Ortega del poder. Además la mesa de diálogo entró en crisis desde el comienzo, pues el gobierno tuvo como táctica dilatar el conflicto, combinando la negociación con la represión focalizada, en la perspectiva de lograr una mejor correlación de fuerzas y desmoralizar a las masas en lucha.

Pero la represión es un arma de doble filo y, en este caso, profundizó la rebelión popular con la puesta en pie de cientos de tranques sobre las principales carreteras (promovidos por el movimiento campesino) y generó un estado semi-insurreccional en varias ciudades del país, donde los pobladores construyeron cientos de barricadas para repeler los ataques del gobierno y, en los hechos, se convirtieron en la autoridad local (un doble poder embrionario).

De esta forma, en las primeras semanas de junio el país estaba prácticamente paralizado por la rebelión popular y la COSEP se vio presionada a convocar a paro nacional de 24 horas para el 14 de junio, con el objetivo de obligar a Ortega para sentarse a negociar, lo cual sucedió al día siguiente. En esa nueva sesión de negociación quedó en evidencia que los “representantes” de la oposición dejaron de lado la exigencia de la salida inmediata del gobierno, concentrándose en pedir el ingreso de los organismos internacionales de derechos humanos y comenzar a trabajar en comisiones las reformas para el adelantamiento de elecciones. Es decir, mientras el gobierno seguía masacrando a los jóvenes en las barricadas y tranques, los representantes del Diálogo Nacional defendían una agenda ajena al movimiento negociada con entre Ortega y el imperialismo yanqui.

En este marco se produjeron los primeros síntomas de desborde a la mesa de diálogo, particularmente desde el movimiento campesino anti-canal (liderado por Francisca Ramírez) y sectores estudiantiles que, en conferencia de prensa del 16 de junio, reiteraron que la consigna del movimiento era sacar a Ortega del poder mediante la movilización en las calles y presentaron un programa exigiendo la instauración de un gobierno provisional para convocar a una Asamblea Constituyente y elecciones nacionales. Asimismo, llamaron a conformar los “comités azul y blanco” para controlar la seguridad, abastecimiento y comunicaciones en los barrios y comunidades con tranques y barricadas.

Al día siguiente, el 17 de junio, ocurrió un hecho insólito: Masaya rebelde (con más de 200 barricadas) desconoció al gobierno y llamó a conformar una junta de transición municipal (un autogobierno), cuestionando directamente la potestad de dominio del Estado burgués sobre la comunidad.

A partir de estos síntomas de desborde por la izquierda de la mesa de diálogo y de la institucionalidad burguesa (aunque fuese en un plano muy elemental todavía), Ortega libró una brutal represión para retomar Masaya el 19 de junio (con saldo de seis muertos y casi cuarenta heridos) y para desarmar decenas de tranques en el país. Además el gobierno de los Estados Unidos presionó de nuevo a Ortega con el envío de su embajador ante la OEA, después de lo cual el gobierno hizo efectiva la invitación a los organismos internacionales para que ingresen a Nicaragua a estudiar las denuncias por violación a los derechos humanos y sentar las condiciones para reanudar el diálogo nacional.

Posiblemente la entrada de los organismos internacionales (programada para el 25 de junio) le de respiro a la mesa de diálogo, pero también es factible que de paso a más movilizaciones desde abajo al interpretarlo como una conquista arrancada al gobierno por las presión en las calles.

De esta forma, pareciera que hay planteadas dos alternativas para cerrar la crisis política y desmontar la rebelión popular: a) la del imperialismo, la COSEP y la Iglesia de pactar una salida ordenada del gobierno y mantener intacta la estructura explotadora y opresiva del capitalismo en Nicaragua, y b) la que delineó el movimiento campesino y la población de Masaya de exigir la salida inmediata de Ortega, instaurar el control desde debajo de las zonas en rebelión y levantar un programa para refundar el país con una asamblea constituyente.

¡Por una Nicaragua verdaderamente libre, soberana y socialista!

La rebelión popular nicaragüense tiene en crisis al régimen de Ortega, pero más importante aún es que, al calor de la experiencia de lucha, hay sectores que comienzan a desconfiar de la mesa de diálogo y los acuerdos que están pactando la COSEP, la Iglesia y otros representantes con el gobierno.

Por otra parte, no se puede desconocer que el gobierno de Ortega aún ostenta el control sobre la Policía Nacional (con 15 mil efectivos) y alrededor de 700 paramilitares, los cuales constituyen su principal sostén (a nivel social no se ven sectores movilizados defendiendo al FSLN). Mientras Ortega permanezca en el poder seguirá reprimiendo, aniquilando adversarios políticos e, incluso, puede tratar de violentar cualquier acuerdo para mantenerse en el poder.

Ante eso, la única vía para que se produzca un triunfo del pueblo nicaragüense es que la rebelión popular avance hacia una huelga general indefinida que acabe con el gobierno de Ortega y de los primeros pasos para refundar el país. En ese sentido, desde Socialismo o Barbarie planteamos los siguientes ejes programáticos:

1. Exigir la salida inmediata del poder de Ortega, su condena por los asesinatos y la expropiación de todos sus bienes para resarcir a las familias de las víctimas. La continuidad del gobierno autoritario y corrupto de Ortega representaría una derrota de la rebelión popular; además coloca en peligro la vida e integridad física de los miles de luchadores y luchadoras que actualmente sostienen las barricadas y tranques.
2. Denunciar la trampa del “Diálogo Nacional” como un operativo funcional a los intereses de la COSEP, la Iglesia y el imperialismo yanqui. El diálogo y los acuerdos por arriba no son la solución para los problemas de la clase trabajadora, estudiantes, campesinos y mujeres en Nicaragua. ¡Ni con Ortega, ni con la COSEP, ni con la Iglesia!
3. Por la conformación de un gobierno provisional de trabajadores, campesinos, estudiantes y mujeres en lucha. Estos sectores han puesto los muertos y heridos, sostienen los tranques y barricadas, por eso deben ser quienes asuman las riendas del país y no dar paso para que figuras de la COSEP (o cualquier variante de oposición burguesa) intente hacerse del control de un nuevo gobierno.
4. Por una Asamblea Constituyente para refundar el país desde los explotados y oprimidos. La salida tiene que ser democrática y por abajo, en la perspectiva de construir una Nicaragua verdaderamente libre, independiente del imperialismo y socialista.
5. Por la construcción de un instrumentos político de la clase trabajadora, la juventud, el campesinado y las mujeres en lucha. Durante décadas el sandinismo copó el espacio de la izquierda e impuso una tradición autoritaria en el FSLN. En la rebelión ha quedado de manifiesto la importancia de contar con una organización política que agrupe a todos los sectores en lucha y con un programa de independencia de clase.

[i] «Panorama económico cada vez más complicado». En https://centralamericadata.com/es/article/home/Empeoran_las_perspectivas_econmicas (Consultada el 19 de junio de 2018).

[ii] «Las remesas familiares en Nicaragua crecieron un 10,6 % en enero de 2018». En https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/457163-remesas-familiares-crecimiento-nicaragua/  (Consultada el 20 de junio de 2018).

[iii] Escribimos este artículo un día después de la brutal represión sobre Masaya del 19 de junio, donde el gobierno pudo recuperar el control de varios barrios de la ciudad, pero tenemos informes de que otras partes (como Monimbó) continúan bajo control de la rebelión popular.

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