por Martín Mandeb

El pasado jueves 5 de julio, la cámara nacional de casación penal votó por unanimidad la anulación de la resolución de la cámara federal de apelaciones, que requería la prisión preventiva para los militantes del Partido Obrero, Dimas Ponce y Cesar Arakaki, por haber participado de las históricas jornadas de diciembre contra la reforma previsional.

Este fallo se suma al reciente sobreseimiento que dictó el juez federal Claudio Bonadio en beneficio de 12 manifestantes a los cuales se les imputaba el delito de “intimidación pública”, una imputación que, como en el caso de los militantes del Partido Obrero,  no fue más que una feroz respuesta judicial contra la movilizaciones de diciembre y la protesta social.

Esta sumatoria de fallos a favor de los militantes, los trabajadores y estudiantes que se movilizaron en diciembre, significan un fuerte revés judicial para el gobierno. Porque, si bien los argumentos esgrimidos son puramente jurídicos (basándose en la disposición que tuvieron los imputados a presentarse ante la justicia^[1]), es evidente que el fallo está impregnado por toda la presión desde abajo contra la persecución judicial y mediática que llevó adelante el gobierno de Macri.

Los camaristas no quieren “prenderse fuego” siguiendo a rajatabla la política de Cambiemos. La justicia, aunque nunca es independiente, tampoco es un simple apéndice del gobierno. Tiene su propio campo de actuación, que se ve determinado por las relaciones de fuerzas más generales entre las clases.  Los fallos de las diferentes cámaras en estos casos son subproducto del repudio que tiene la reforma previsional en todos los sectores de la sociedad y de la legitimidad que tuvieron las históricas movilizaciones de diciembre. Legitimidad que la justicia no se atreve a cuestionar^[2].

Estos pequeños triunfos que se consiguen en la justicia reflejan las dificultades que deberá afrontar el gobierno para imponer el ajuste brutal que le exige el FMI, las dificultades de intentar dar un curso reaccionario a un país donde la protesta social tiene una enorme legitimidad.

^[1] https://www.pagina12.com.ar/126769-un-reves-para-el-gobierno

^[2] Hace tan solo algunas semanas, la justicia tuvo que fallar a favor de los jubilados, y en  contra de la reforma previsional. Véase https://www.mas.org.ar/?p=16528

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