por Rosi Luxemburgo

El domingo 8 de julio, el juez federal Rogério Favreto, concedió un habeas corpus al ex presidente Luis Inacio Lula Da Silva. La orden determinaba el cumplimiento de la liberación en régimen de urgencia. Esta fue la primera vez que se lograba una medida favorable para Lula al salirse del control de la operación Lava Jato. Esta es notoriamente una mega operación políticamente favorable a la ofensiva reaccionaria, a pesar de que Temer e importantes figuras de su gobierno están siendo investigados por esa operación.

El juez federal de primera instancia, héroe de la derecha, Sergio Moro, actuó de la mano de la Policía Federal (PF) en relación al habeas corpus, en un claro intento de bloquear la decisión del juez de turno. Moro declaró que Favreto no tenía competencia para decidir sobre el caso y determinó que la PF esperara ordenes del ponente del proceso, João Pedro Gebran Neto. Gebran Neto dictaminó que Lula permaneciera preso, pero luego Favreto reafirmó la liberación del ex presidente. Este ida y vuelta se terminó en cuanto el presidente del Tribunal Regional Federal de la 4ta región, Thompson Flores, decidió mantener la prisión de Lula, determinando que el ponente retomara el proceso.

A pesar de la acción judicial de la defensa de Lula, que vio la posibilidad de que fuera puesto en libertad, todos los actores de la operación Lava Jato se posicionaron contra el habeas corpus. Moro fue alertado por la PF y se opuso a la liberación del ex mandatario. Como él no contaba con el poder para hacer retroceder formalmente la decisión de segunda instancia del poder judicial, pasó a contar con el apoyo del ponente del proceso, del Ministerio Público, del Supremo Tribunal Federal (STF) y, evidentemente, de los grandes medios de comunicación.

Toda esta maniobra muestra claramente que Lula es un preso político, que los implicados en la condena tienen interés en el desenlace del proceso, mostrando lo que está realmente en juego: la aprobación de las contrarreformas que está en curso, con el fin de mantener y solidificar el avance neoliberal. Todo esto, aunque no existan pruebas suficientes contra el ex presidente que puedan mantenerlo preso.

Sergio Moro, el empleado del mes en el gobierno Temer

Ni Moro y ni Gebran Neto podían decidir sobre el hábeas corpus porque no estaban en ejercicio de sus funciones, pero la burguesía está siempre predispuesta a colaborar. «El juez federal Sérgio Moro está de vacaciones del 2 al 31 de julio (…) Él entendió que era posible despachar en el proceso. Si las partes se sienten perjudicadas, pueden recurrir en los autos», justificó ayer mismo la Justicia Federal. Muchos agradecerían el tener jueces que se pusieran en servicio, incluso durante la feria, con la misma dedicación para los miles que están presos sin juicio o que su pena ya se ha cumplido… Pero esa no es la realidad para la amplia mayoría del pueblo.

La buena voluntad presentada es sólo para garantizar el avance de las medidas contra los de abajo o para auxiliar a los de arriba, ya que el poder judicial está compuesto por una casta de privilegiados que está a años luz de la población. Casta que se fortaleció tras el impeachment de Dilma y que, junto con el poder legislativo, fue pieza fundamental para colocar en el poder Temer.

Moro actuó explícitamente para impedir el cumplimiento del habeas corpus. Esta no es función para un juez de primera instancia, principalmente tratándose de un proceso tan polémico y que ya se tramita en la esfera del STF. Aún más tratándose de una condena que no se apoya en pruebas cabales y que ocurre en medio de un debate abierto sobre la constitucionalidad o no de la prisión previa a la decisión en última instancia.

Obviamente, Moro no actúa solo, al contrario, cuenta con el apoyo de las cortes superiores. Para ello, basta ver que su decisión de condenar a Lula por el caso del departamento en Guarujá fue refrendada por los tres jueces del TRF-4. Sin embargo, ese fue el principal sustento de la operación Lava Jato. Por otro lado, la Policia Federal no intervino sobre la orden de liberación de Lula hasta la intervención de Moro junto al presidente de la Corte.

El registro de la candidatura de Lula puede aumentar la temperatura política

Movimientos sociales vinculados al petismo y la CUT ya anunciaron la realización de un acto en Brasilia el 15 de agosto, día en que el nombre de Lula será registrado como candidato a presidente. La convocatoria ya figura en las redes sociales y diversos sectores del movimiento «Lula Libre» prometen acompañar al registro en el Tribunal Superior Electoral (TSE) de la candidatura del lider del PT.

Sabemos que la ley electoral impide que condenados en segunda instancia –como en este caso- puedan presentarse a elecciones. Pero la dirección del PT llevará ese juego hasta el límite, pues mantener dicha candidatura permite que la presión por la liberación se mantenga sobre el poder judicial y que la militancia petista y los votos de Lula no se dispersen. Si nada de esto funciona, entrará en escena el plan b, pues una vez rechazada la solicitud de registro de Lula, el PT puede cambiar su candidatura hasta el 17 de septiembre o incluso acabar entrando en una alianza electoral con Ciro Gomes (PDT), o alguna táctica similar para que el partido tenga un lugar en la contienda electoral.

El pueblo es quien debe decidir

La gran cuestión para los trabajadores sobre este caso es que la dirección lulista, por la defensa ciega de la institucionalidad burguesa, deja pasar una y otra vez oportunidades de movilizar masivamente contra Temer, contra la intervención militar en Río de Janeiro y la ejecución política de Marielle Franco, contra la restricción de derechos democráticos e incluso contra la persecución del propio Lula. Al apostar sistemáticamente, y de forma irreductible, a la conciliación de clases, como ocurrió en el episodio de su prisión y en la huelga de los camioneros, entre otras luchas, no consiguen crear la movilización necesaria para imponer la libertad de su dirigente, ese es el gran la paradoja del lulismo hoy.

La cuestión que no puede ser obviada es que la lucha por la liberación de Lula sólo puede concretarse  si está ligada a la lucha en defensa de las cuestiones más sentidas de la clase obrera y de los demás sectores oprimidos. Quién tiene que decidir si Lula será presidente o no es el pueblo brasileño, de esta forma, aunque nuestra candidatura sea la de Guillermo Boulos y Sônia Guajajara (PSOL) a la presidencia, rechazamos las maniobras reaccionarias del poder judicial. Porque los ataques contra el lulismo del gobierno de Temer y su sucursal judicial están dirigidos en última instancia contra los millones de trabajadores que confían (equivocadamente) en él, contra sus derechos conquistados con décadas de lucha. Ese es el problema de fondo, no el propio Lula.

En el momento actual de Brasil sólo un poder puede ser considerado legítimo: el poder popular de las masas luchando en las calles. ¡Que el PT y la CUT convoquen a una movilización masiva por la liberación de Lula y contra el conjunto de los ataques de Temer y de la clase dominante hacia los trabajadores!

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